Sobre el autor:
Max Fisher radica en Londres y es reportero y columnista en The New York Times desde 2016. Antes trabajó en Vox.com, el Washington Post y The Atlantic. Ha reporteado desde cinco continentes sobre conflictos, diplomacia, cambio social, entre otros temas. Es coautor, con Amanda Taub, de The Interpreter, de una columna que explora las ideas y el contexto detrás de los principales eventos globales. Estudió una licenciatura en Letras en William & Mary y un Master en Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad John Hopkins.

Las recientes imágenes que llegan desde Ecuador y Chile han despertado el recuerdo traumático de las dictaduras militares en la región. En ellas vemos a los presidentes de estos países declarando estado de emergencia rodeados de generales y el subsecuente despliegue militar en las calles para contener las protestas populares. Sin embargo, también otros mandatarios latinoamericanos, que no están enfrentando este tipo de protestas masivas, han recurrido a las fuerzas militares para apuntalar su propia legitimidad ante una crisis política como recientemente sucedió en Perú y Bolivia. La situación en todos estos países ha puesto de manifiesto una peligrosa dinámica producto de la tensión que está recibiendo el pacto informal entre los militares y las democracias latinoamericanas.

Al terminar la Guerra Fría, los ejércitos latinoamericanos se retiraron de la arena política conservando un gran poder de influencia en la sociedad y una autonomía relativa con respecto al Estado. Desde entonces, las democracias latinoamericanas han recurrido a los militares para compensar su debilidad institucional y fortalecer su propia legitimidad ante sociedades muy polarizadas, con grandes problemas de corrupción y enfrentamiento de clases. Frecuentemente, gobiernos débiles se han visto tentados a recurrir a los militares para apuntalarse al enfrentar crisis importantes. Sin embargo, la creciente inestabilidad política y social en la región ha provocado la invocación del ejército cada vez con más frecuencia y en situaciones cada vez más desesperadas.

Para muchos este pacto informal no representa el regreso de los militares al poder, como en el pasado, ya que los gobernantes solo buscan dar el mensaje de que las fuerzas armadas son aliadas de las autoridades democráticas. Para otros, esta dinámica conduce inexorablemente a la politización del ejército, al involucrarlo en la política cotidiana de los países de la región y a posicionarlo como el actor que tiene la última palabra ante estas crisis. Para el autor, esto constituye una peligrosa dinámica.

El nuevo militarismo

Rut Diamint ha llamado a este acuerdo entre autoridades civiles y militares “nuevo militarismo”. Este pacto informal ha significado el regreso de los militares al centro de la esfera política, esta vez como aliados y garantes de las autoridades democráticas. Este acuerdo implica, por un lado, el encargo a los militares de nuevos proyectos de seguridad e infraestructura, lo que les devolvió a los militares la justificación de su existencia, presupuesto y autonomía. Y, por otro lado, les permite a las autoridades civiles presentarse como socios de una de las instituciones con el índice de aprobación más alto en las sociedades latinoamericanas.

Aunque durante la década del 90 las democracias se afianzaron por toda la región, a medida que fueron presentándose crisis, los presidentes, tanto de izquierda como de derecha, no dudaron en esconderse detrás de los militares, lo que ha llevado a una progresiva “militarización de las democracias”. Esto ha sucedido tanto en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que se conciben como vanguardias revolucionarias cívico-militares asediadas por enemigos internos y externos como en gobiernos de derecha, como Colombia, Guatemala y Brasil, que han recurrido al ejército para responder a tareas de seguridad pública. También el gobierno de México ha incorporado a los militares a una nueva fuerza de seguridad a pesar de haber prometido durante la campaña electoral regresarlos a los cuarteles.

Se frena la democracia, aumentan los disturbios

Mientras que a nivel mundial ha comenzado revertirse el desarrollo democrático de las décadas anteriores, en América Latina ha venido creciendo la frustración social debido a la desigualdad y la corrupción, lo que ha minado la confianza de los ciudadanos en las instituciones. De la misma forma, la polarización política ha crecido dando la impresión a muchos de una fractura en el sistema político. Al tiempo que, por todo el mundo, ha venido ganando fuerza una furia colectiva y una esperanza de cambio a través de insurrecciones masivas, como se observa en las protestas en Chile.

A pesar de que las fuerzas armadas gustan presentarse como una autoridad moral, un árbitro neutral que puede resolver las crisis políticas de forma rápida y pacífica, la dinámica parece haber cambiado. Cada vez más se recurre al ejército para rescatar a los presidentes en conflicto, mostrando el respaldo de los militares como una forma de disuadir a los opositores y a los manifestantes. Aunque el pacto no les da mucho margen a los militares, muchos oficiales latinoamericanos podrían no estar tan dispuestos a cumplir el nuevo papel de garantes políticas públicas y las posiciones políticas de los presidentes, pues los militares prefieren presentarse como una autoridad moral que defiende a la constitución o a la bandera. Sin embargo, para John Polga-Hecimovich, investigador de la Academia Naval de Estados Unidos, si los militares no participan en conflagraciones internacionales, les toca el papel de responder ante estas crisis.