El terrorismo de ultraderecha en Alemania ha aumentado: la Oficina federal de investigación criminal clasifica como amenaza a alrededor de 60 personas cuya ideología podría derivar en serios actos violentos.

En dos bares de pipas de la ciudad alemana Hanau, Tobias R. abrió fuego, mató a nueve personas e hirió a otras cuatro, después mató a su madre y se suicidó dejando un vídeo sobre teorías de la conspiración y discursos de odio racista. Las autoridades no tenían información previa de este sujeto y la Fiscalía federal alemana intenta ahora dilucidar si tuvo contactos con terroristas de ultraderecha o si llevaba tiempo planeando el ataque en solitario.

De la fantasía al acto

La Oficina federal para la protección de la constitución, una agencia de inteligencia alemana, señala en un reporte que hasta 12 700 personas tendrían una orientación hacia la violencia y la comunicación entre estas personas se lleva a cabo en entornos digitales. Por ejemplo, una célula terrorista descubierta recientemente se radicalizó en la red. Lo mismo ocurrió con Stephan B., quien planeaba un ataque en la sinagoga de Halle en octubre de 2019.

Las autoridades de seguridad se encuentran con grandes problemas al enfrentar a los extremistas religiosos y políticos. Por ejemplo, la cuestión sobre quién materializa sus valores ideológicos y quién no. La Oficina central de coordinación contra la cibercriminalidad del estado federado de Renania del Norte-Westfalia ha recibido 1 000 denuncias desde febrero de 2018, principalmente en contra de actividades de ultraderecha, aunque señala que sólo alrededor de una de cada dos denuncias se lleva a cabo.

Redadas contra presuntos grupos terroristas

El 14 de febrero de 2020 la policía alemana desarticuló a un grupo terrorista de ultraderecha: fueron registradas las viviendas de 13 personas en los estados federados de Baden-Württemberg, Baja Sajonia, Baviera, Renania-Palatinado, Renania del Norte-Westfalia y Sajonia-Anhalt; cuatro presuntos terroristas y ocho presuntos simpatizantes fueron puestos en prisión preventiva. Los detenidos fueron acusados de querer provocar una situación similar a una guerra civil a través de ataques contra políticos, solicitantes de asilo y musulmanes; sin embargo, las autoridades aún necesitan comprobar las sospechas contra los acusados.

El proceso contra Franco A. aún no ha empezado

Franco A., soldado actualmente suspendido, pasó siete meses en prisión preventiva en 2017 por preparar un intento de acto violento en contra del estado: es acusado de planear ataques contra el ministro de asuntos exteriores alemán, Heiko Maas, y contra la vicepresidenta del Bundestag, Claudia Roth.

Sin embargo, la ausencia de una acusación suficientemente fundada, hizo que el Tribunal superior de justicia de Frankfort rechazará abrir un juicio contra Franco A., aunque se demostró que el acusado tenía armas y explosivos. El tribunal también certificó que el acusado tenía un pensamiento nacionalista, racista y antisemita, pero consideró que existía la posibilidad de que los ataques no se llevaran a cabo. Aún no se sabe cuando empezará el juicio en contra de Franco A.

De esta manera, la pugna jurídico-penal de este caso expone los obstáculos judiciales que persisten en Alemania. En este sentido, no está claro que los doce sospechosos de terrorismo detenidos el 14 de febrero vayan a ser juzgados.

El Gobierno federal quiere castigar los crímenes de odio con mayor dureza

El 19 de febrero de 2020, el Gobierno federal presentó un proyecto de ley para endurecer la pena de los crímenes de odio; si el Parlamento apoya la iniciativa, las amenazas de muerte y violación en internet serían castigadas con hasta tres años de cárcel. Lo anterior es una reacción al aumento de las amenazas a políticos por internet.

El Gobierno federal quiere castigar los crímenes de odio con mayor dureza

En la actualidad, la pena máxima por amenazas por internet es un año, pero con la nueva ley presentada por el gobierno podría aumentar a cinco. Del mismo modo, la pena por difamación y acoso público de políticos municipales sería aún más severa: hasta cinco años de prisión.

Se espera que la lucha contra los crímenes de odio se respalde con un registro obligatorio de las empresas digitales como Facebook cuando funcionen como plataforma de instigación al odio o de la propaganda neonazi.

Horst Seehofer, ministro federal del interior, prohibió al grupo neonazi Combat 18, lo cual se perfila como el futuro combate de la ultraderecha radical. Sin embargo, la cuestión es si se puede detener la radicalización de los sujetos con medidas como estas: en 2011 se desarticuló el grupo terrorista La Clandestinidad Nacionalsocialista que asesinó a diez personas, nueve de ellas migrantes. En el verano de 2018, la principal acusada del proceso, Beate Zschäpe, fue condenada a cadena perpetua. No obstante, esta decisión judicial parece no tener efectos disuasorios.

También existe una serie de asesinatos no aclarados, ya que con la llegada de migrantes y refugiados a Alemania, se dio una ola de odio y violencia que, al parecer, la memoria de Alemania había reprimido.