Movimientos sociales en la Sierra Norte de Puebla: la alternativa para frenar megaproyectos de muerte
Couturier, Delia y Luciano Concheiro [2019], "Movimientos sociales en la Sierra Norte de Puebla: la alternativa para frenar megaproyectos de muerte", Gisela Espinosa y Alejandra Meza (coordinadoras), Reconfiguraciones socioterritoriales. Entre el despojo y las resistencias comunitarias, México, UAM-Xochimilco, BUAP, pp. 253-272.
Delia Couturier es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, jefa del área de economía agraria, desarrollo rural y campesinado.
Luciano Concheiro es doctor en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco. Actualmente es subsecretario de educación superior.
EL artículo aborda las luchas de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla que han logrado frenar los megaproyectos impulsados por los gobiernos de los últimos tres sexenios y empresarios nacionales y extranjeros.
Megaproyectos y resistencias comunitarias
En respuesta a la construcción de megaproyectos en México, particularmente en la Sierra Norte de Puebla, surgieron organizaciones y formas de resistencia comunitaria que se negaban a permitir la devastación económica, ambiental y comunitaria-existencial que traerían.
Los principales megaproyectos extractivos en el país son mineros, hidroeléctricos, parques eólicos, gasoductos, extracción de petróleo, turísticos, autopistas y cultivos transgénicos. Todos implican despojo de recursos naturales, desplazamiento forzado, deterioro del tejido social de comunidades y familias, aumento de la inseguridad y violencia contra defensores de los territorios, así como violación a los derechos humanos y colectivos de las comunidades (el derecho a la vivienda, al trabajo, a la subsistencia y a la propiedad, especialmente a la propiedad colectiva o comunal de la población desplazada; el derecho de los pueblos a la autonomía, el de consulta previa, y el de acceso a información clara y confiable).
Megaproyectos y Estado
Los megaproyectos se entretejen con el advenimiento neoliberal en la década de 1980, cuando el poder político se somete al interés capitalista, exacerbando la mercantilización de la naturaleza y la corrupción política y administrativa, ambos pilares del sistema capitalista. Así, el capitalismo en México se permitió explotar y despojar territorios y reservas naturales y modificar leyes pisando lo derechos indígenas.
En la década de 1990 Carlos Salinas y Ernesto Zedillo abrieron el camino para la inversión extranjera en México del sector minero (actualmente las firmas mineras extranjeras son más de dos terceras partes del total). Por su parte, Enrique Peña Nieto, modificó las leyes energética, laboral y fiscal a fin de que el capital pudiera explotar y extraer los recursos naturales. La reforma energética cedió el dominio de aguas y tierras, que eran propiedad del estado, a particulares para mejorar la explotación de los recursos y disminuir sus precios. La Ley de Biodiversidad permitió mercantilizar tierras y Áreas Naturales Protegidas.
Son dos las amenazas en la relación capital-naturaleza que destacan en el giro neoliberal en México: 1) la intervención minera en áreas protegidas y; 2) el saqueo de recursos genéticos conservados por comunidades indígenas, por parte de industrias y comercios. Ante estas dos amenazas se encuentran surgiendo y resistiendo movimientos y organización que se oponen a las consecuencias del modelo de acumulación capitalista neoliberal y extractivista.
La Sierra Norte de Puebla y Cuacuila, acosados por megaproyectos
La Sierra Norte de Puebla ha sido flanco constante de las amenazas por proyectos mineros de empresas trasnacionales y nacionales, articulados a grandes proyectos de presas que provean agua y energía hidráulica. Frente a este panorama, desde 2013 las comunidades de Cuetzalan, Zautla, Tetela de Ocampo, entre muchos otros, se han organizado para detener el despojo de su modo de vida que conlleva el desarrollo de los proyectos mineros, y han logrado frenar algunos de los proyectos.
En el 2014, las comunidades de Zapotitlán de Méndez y de Zoquiapan se unieron para rechazar el proyecto de presas hidroeléctricas en el río Zempoala y San Antonio de la empresa GESA. No obstante, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó el permiso, bajo la realización de una consulta dirigida por la empresa.
Más de 11 comunidades de Ixtacamaxtitlán, Puebla, luchan contra el proyecto de una minera canadiense que contaminaría el río Apulco. En 2012 sacaron a la minera china JDC Minerals; en 2013 detuvieron el proyecto de presa hidroeléctrica y minas de Grupo México; y frustraron el proyecto de envasar el agua de ríos por parte de Walmart, Grupo México, Almaden Minerals y Suburbia.
Movimientos de resistencia frente al gasoducto Tuxpan-Atotonilco, fractura hidráulica y el agua
Gasoducto
En el 2013, se aprobó la construcción del gasoducto Tuxpan-Atotonilco, de la empresa TransCanada, que compró las parcelas por las que pasaría el gasoducto, asegurando a los campesinos que el proyecto no le afectaría y promocionando una serie de ‘recompensas’ (viviendas y opciones de trabajo) a quienes colaborarán, dividiendo así a la comunidad. La empresa omitió informar que el megaproyecto los podría expulsar de la zona, además contaminaría y dañaría los mantos acuíferos de Cuacuila. Por otra parte, el gasoducto atravesaría “el bosque de niebla”, territorio que ocupa 1% del territorio nacional y alberga 10% de la biodiversidad del país.
En 2014, gracias a los movimientos en contra del gasoducto, el juzgado primero del Distrito concedió el amparo para frenar el gasoducto. Sin embargo, los trabajos nunca se suspendieron. En 2015, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorgó la licitación a la empresa TransCanada para construir y operar el gasoducto Tuxpan-Tula, amparado en un estudio de impacto ambiental realizado por la Secretaría de Energía (Sener) donde minimizaba los efectos. En respuesta, varias comunidades de la Sierra Norte de Puebla se organizaron y en 2016 formaron el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo.
El gasoducto estaba casi concluido, sólo los pueblos de la Sierra Norte de Puebla y de la Sierra Hidalguense se rehusaban a vender sus tierras a TransCanada. En 2017 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, ante las denuncias por violaciones a derechos humanos y daños al medio ambiente, realizó una misión de observación.
En total se interpusieron cuatro amparos para impedir que el gasoducto entrara a Chila de Juárez y a tres comunidades de Puebla e Hidalgo. Así, el 18 de noviembre de 2018, después de una ardua lucha de las comunidades poblanas e hidalguenses, la empresa TransCanada anunció la cancelación del gasoducto Tuxpan-Tula.
Fractura hidráulica o fracking
La reforma energética promovió la explotación petrolera mediante la fractura hidráulica (fracking). Debido a las plantas que operan con fractura hidráulica en la Sierra Norte de Puebla disminuyó la disposición del agua y se contaminaron sus fuentes hídricas, además se encontraron problemas de salud en sus habitantes y obstrucciones a la ganadería, agricultura y turismo.
En contra del fracking los movimientos sociales han logrado promover las siguientes demandas en México:
1. Prohibir la extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica con base en el principio precautorio.
2. En toda política energética se deben asegurar el respeto y garantía de los derechos humanos, priorizando a los pueblos indígenas y campesinos sus tierras, territorios y recursos naturales.
3. El Estado debe garantizar el derecho humano al agua.
4. El Estado debe garantizar el derecho al medio ambiente sano.
5. El Estado debe adecuarse legal e institucionalmente para impulsar el desarrollo de energías renovables asegurando los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. Así como, trabajar por la reducción del consumo de energía y la eficiencia energética.
Agua
El fracking y la minería a cielo abierto, además de contaminar el agua, implican un consumo descomunal; la fracturación de un pozo requiere de 9 a 29 millones de litros de agua. En los fluidos de fracturación se identificaron 750 tipos diferentes de productos químicos (entre ellos sustancias tóxicas, metales pesados, hidrocarburos y materiales radioactivos). No existe tratamiento efectivo para estos fluidos.
El Movimiento para la Defensa del Agua y de la Tierra declara que desde 1992, con la reforma del artículo 27 constitucional y ahora con las reformas energéticas, se pretende concesionar más de la mitad del territorio.
Despojo y desarticulación comunitaria
La lógica capitalista por parte del gobierno mexicano ha permitido la libre explotación de recursos naturales, principalmente en comunidades indígenas. La construcción del gasoducto en Cuacuila ha trastocado la concepción colectiva del trabajo agrícola influyendo en los jóvenes la lógica individualista, el desarraigo a las costumbres y el interés por laborar en el sector privado. De esta manera se muestra una pérdida de identidad dentro de las comunidades indígenas, facilitando de esta manera el acaparamiento de tierras por parte del sector privado.
Reflexiones finales
Las élites políticas y económicas en México lucran con los bienes nacionales aprovechándose de vacíos legales y reformas estructurales. La cesión del territorio ha aumentado desde el 2000 y con ella la degradación de los recursos naturales y, en consecuencia, la desintegración comunitaria. Así, todo diseño de política pública de desarrollo sustentable debe considerar la interrelación entre sociedad comunitaria y diversidad biológica.
Los pueblos de la Sierra Norte de Puebla han sido sacudidos por los embates de megaproyectos, sin embargo, a cada intervención se han organizado para defender sus tierras y formas de existir, declarándose en contra de cualquier “megaproyecto de muerte”. De esta manera generan cohesión mediante la equivalencia de sus afectaciones, movilizándose hacia soluciones legales mediante las cuales, el caso observado, logró frenar la obra.
1. Entre enero de 2009 y diciembre de 2013, la prensa nacional reportó más de 160 casos de conflictividad socioambiental.
2.Canadá participa con 74% de los proyectos mineros, Estados Unidos con 15%, China con 3%, Japón con 2%, los demás con 4%.
3. A inicios de 2010 se habían otorgado 26 559 concesiones mineras que abarcan una superficie aproximada de 27.1 millones de hectáreas, es decir, 13.8% del territorio nacional.
4. El gobierno federal ha otorgado concesiones mineras sobre más de 56 millones de hectáreas de la Sierra Norte de Puebla, aproximadamente 28.58% del territorio continental mexicano.
5. En 2013 se registraron en el país cerca de 857 proyectos mineros con capital extranjero distribuidos en 16 estados de la República. Las empresas más favorecidas son de capital canadiense, como Goldcorp, Agnico Eagle, Alamos Gold, New Gold, Yamana Gold y Torex Gold Resources.
5. En 2011, las empresas que desarrollaron alguna actividad minera en Puebla fueron Minera Frio Zac SA de CV, Consorcio Impulso SA de CV, Almaden Minerals LTD, Minera Pinnacle de México SA de CV, Minera Meteoro SA de CV, Gold Corp Inc., Starcore International Lentures LTD y Compañía Minera Plata Real (Castillo y Ánimas, 2012).
6. En 2016, se entregaron 98 concesiones mineras y nueve permisos para hidroeléctricas, sobre 31 de los 65 municipios de la Sierra Norte de Puebla.
7. En México, desde el 2003, se han perforado pozos de hidrocarburos mediante la técnica de la fracturación hidráulica. Al 2016, existen más de mil pozos con fracking que Pemex ha delegado a grandes empresas petroleras.
8. De acuerdo con Deborah Rogers, analista financiera estadounidense, 80% de los pozos de fracking perforados en Estados Unidos hasta 2012, presentaron costos de producción superiores a las utilidades percibidas.
9.En 2017, según la CNDH, México tiene 3 780 pozos que utilizan la fractura hidráulica como modalidad de extracción de gas y petróleo, el estado de Veracruz tiene 2 288, el estado de Puebla tiene 1 440.
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El artículo es útil en cuanto presenta información sobre el acaparamiento de recursos y territorio nacional por parte del capital transnacional y a la vez presenta las luchas y movimientos que se desenvuelven alrededor y enfrentado las prácticas depredadoras del capital. De esta manera hace una reconstrucción de los conflictos etnoambientales sucedidos por el avance de megaproyectos en la Sierra Norte de Puebla, remarca las consecuencias ambientales, económicas, sociales y culturales que conlleva para estas comunidades, y por otra parte las formas y estrategias de luchas de las comunidades.