Santiago Navarro es economista, periodista, fotógrafo y documentalista. Es cofundador de Avispa Midia, colaborador de Truthout, Nacla y miembro de la Comunidad Periodística Connectas.

Renata Bessi es periodista autónoma y colaboradora del Programa Américas y Desinformémonos. Ha publicado artículos en medios brasileños como Revista del diario Trecheiro, Página 22, Repórter Brasil, Rede Brasil Atual, Brasil de Fato, Outras Palavras.

La empresa de capital canadiense Compañía Minera Cuzcatlán, es la sexta mayor productora de plata en México y de oro en menor medida (ver Dato Crucial 1). En 2018, esta minera derramó desechos tóxicos en el arroyo El Coyote, en Oaxaca.

Lo anterior generó una gran controversia respecto a si los residuos mineros habían contaminado o no el suelo y el agua de las comunidades. La investigación de los autores identifica los informes originales que mostraban la presencia de materiales tóxicos en niveles que superaron las normas mexicanas hasta 1 845%, en algunos casos.

El artículo denuncia que además, las autoridades y la empresa relegaron esos documentos para dejar a Minera Cuzcatlán libre de responsabilidades sobre los efectos de la contaminación en el sur de México.

La tormenta

En 2018 las aguas del arroyo El Coyote estaban teñidas de un material grisáceo que parecía cemento: más de 4 kilómetros del arroyo se habían cubierto con este lodo gris. Los campesinos, que necesitan del agua del arroyo para uso agrícola y pecuario, se llevaron la sorpresa de que ésta era completamente grisácea; la vegetación y el suelo a su alrededor también.

La masa lodosa se extendió hasta el municipio de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, donde existe un pozo de agua potable. También fueron afectadas las comunidades zapotecas en San Pedro Apóstol, San Felipe Apóstol, San Matías Chilazoa y Tejas de Morelos, en el mismo municipio oaxaqueño.

El artículo explica que el lodo que contaminó el arroyo El Coyote era una mezcla del agua de lluvia con los desechos del proceso minero (relaves). Los relaves tienen forma de polvo fino, semejante al cemento. Estos relaves podían visibilizarse al interior de las instalaciones de la Minera Cuzcatlán.

La minera canadiense sostiene que esos relaves no son peligrosos para la salud y el ambiente; no obstante, éstos son resultado de un proceso en el cual se utiliza una gama de productos químicos tóxicos.

En 2018, la tormenta rebasó la capacidad de la pileta que captura agua de lluvia y los escurrimientos del depósito de relaves secos (la cual mide tres piscinas olímpicas), según la Minera Cuzcatlán. Los relaves se desbordaron porque los dos equipos de bombeo en la pileta no fueron suficientes para sacar el agua a la presa de relaves, lo que ocasionó que el agua se desbordara.

La Minera Cuzcatlán defendió públicamente que no había contaminado nada, sin embargo, las comunidades denunciaron que su territorio había sido afectado.

Según los informes oficiales, la Minera Cuzcatlán “arrojó contaminantes” en el arroyo El Coyote, “ocasionando daños ambientales”, menciona el artículo. Un laboratorio británico hizo unos análisis que identificaron contaminación del suelo afectado por el derrame. Pero la Comisión nacional del agua (Conagua), la Procuraduría federal de protección al ambiente (Profepa) y la Minera Cuzcatlán menospreciaron a los primeros informes que indicaban la contaminación en el agua y el suelo.

El agua sí estaba contaminada

La comunidad más afectada por la contaminación fue Magdalena Ocotlán, ahí los animales murieron y los niños, así como los adultos mayores comenzaron a tener dolores de estómago, diarrea y alergias en la piel. Esta situación fue particularmente difícil para esta comunidad porque sus miembros tienen una situación socioeconómica vulnerable: no pueden comprar más de un garrafón de agua de 20 litros a la semana, ya que cada campesino depende de su cosecha y por lo regular no recibe un sueldo fijo (ver Dato crucial 2).

Las autoridades ambientales realizaron una inspección en las áreas afectadas, después del derrame, mientras las comunidades no sabían lo que estaba pasando. La Conagua fue responsable de analizar el agua; mientras que la Profepa, el suelo. Así, se abrió un expediente en cada instancia.

Los funcionarios de Conagua constataron que el derrame venía de la pila que recolectaba las aguas de lluvia que deslavan la tierra. En el momento en que los técnicos de Conagua realizaban su exploración, volvió a llover y presenciaron un nuevo derrame: mientras llovía, el canal que conduce las escorrentías hacia la pileta no soportó la cantidad de agua de la lluvia mezclada con relaves y el canal se rompió.

También se tomaron muestras del arroyo El Coyote. Se identificaron metales pesados con niveles más altos de los permitidos por la Secretaría del medio ambiente y recursos naturales (Semarnat) y los Criterios ecológicos de calidad del agua (CECA) de 1989 para uso pecuario y riego agrícola (ver Dato crucial 3). Conagua también afirmó que hubo “daño ambiental” y mencionó que las aguas no debían ser usadas para uso agrícola y pecuario porque estaban contaminadas.

Sin embargo, el artículo reporta que se dio un giro en las investigaciones: los primeros diagnósticos de la autoridad ambiental fueron cambiando debido a los nuevos análisis realizados por las consultoras y laboratorios pagados por la Minera Cuzcatlán.

Se señala que un momento clave fue el 27 de noviembre de 2018, cuando la Conagua notificó a la Minera Cuzcatlán que abrió un “procedimiento administrativo” sobre el caso del derrame con las primeras muestras realizadas por los laboratorios de Conagua. Como el arroyo El Coyote había sido contaminado con el derrame, se determinó la implementación de tres medidas urgentes responsabilidad de la empresa: dos de ellas, que tenían que ver con mejorar sus instalaciones, sí fueron cumplidas (ver Dato crucial 4).

La tercera medida tenía que ver con la presentación de un programa de remediación, en el que Minera Cuzcatlán evaluara los riesgos de sus relaves en el ambiente y en la salud de las comunidades afectadas. Eso significó que Conagua le dio una oportunidad a la Minera Cuzcatlán de presentar nuevos estudios del agua para caracterizar la contaminación.

La empresa presentó el documento Programa de actividades para las acciones tendientes a la remediación del Arroyo el Coyote en el que presentó la intención de la realización de nuevos muestreos de agua para determinar la afectación y formular el programa de remediación correspondiente. Los autores informan que dicho programa de actividades fue aceptado por Conagua.

En consecuencia, el nuevo muestreo de agua se realizó 71 días después del derrame; éste se llevó a cabo por el Laboratorio ingeniería de control ambiental y saneamiento y posteriormente fue analizado por Nova Consultores Ambientales, ambos presentados por Minera Cuzcatlán.

El artículo señala una serie de irregularidades. Las muestras se tomaron en un escenario distinto al del derrame del 8 de octubre de 2018: en primera instancia, no hubo muestreo en la pileta colectora de aguas de lluvia con relaves secos porque la temporada de lluvias ya había pasado. Luego, los muestreos fueron realizados en el arroyo El Coyote, pero el estudio concluyó que las concentraciones de metales pesados estaban por debajo de los límites permisibles; en consecuencia, se determinó que no hubo afectación al arroyo.

Según el reporte de sostenibilidad de la matriz Fortuna Silver Mines de 2018, la Minera Cuzcatlán recibió una multa de 42 000 dólares relacionada con el incidente. Por su parte, el director general del Organismo de cuenca Pacífico-Sur de Conagua, Miguel Ángel Martínez Cordero, admitió que en el primer análisis se encontraron “elementos contaminantes que no deberían estar ahí”.

Se relata que, dentro del proceso administrativo, a la minera se le dieron las garantías para que presentara “lo que a su derecho corresponde”. Eso significa que la Minera Cuzcatlán recibió el “derecho de réplica” y le hicieron llegar una serie de documentos a Miguel Ángel Martínez Cordero.

Minera Cuzcatlán hizo otro muestreo y de acuerdo con su versión, los muestreos realizados 70 días después del derrame “estuvieron dentro del procedimiento administrativo, con base en lo que dice la ley”. No obstante, la contaminación ya no estaba ahí porque los contaminantes migraron “a otro lado”, debido al movimiento del agua.

Omar Arellano Aguilar, investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, apuntó que el factor tiempo es crucial para la realización de las muestras: éstas deben realizarse lo más pronto posible porque los metales se mueven (debido al agua del río) y la tendencia es que se acumulen en el suelo por donde pasan las aguas.

Los autores observan que, como los primeros estudios de Conagua presentaron elementos suficientes para determinar que sí hubo afectación, se tuvo que haber implementado “un plan de remediación urgente para el arroyo y otro de atención para las comunidades afectadas”, al tiempo que se debió monitorear la evolución de la contaminación. Pero se descalificaron los análisis de Conagua y si se hubieran seguido, con los elementos iniciales identificados por este organismo, la empresa hubiera sido responsable de su negligencia.

¿Un error de transcripción?

Dos días después del derrame, Profepa, realizó una inspección a la minera para verificar que la empresa cumpliera con sus obligaciones ambientales. En el reporte final se registró que la pileta tenía una compuerta que comunica con el arroyo El Coyote y sobre su superficie se encontró tierra húmeda impregnada de relaves mineros de color grisáceo, misma que se observa sobre el suelo del arroyo.

Profepa no tomó muestras del suelo, ya que la Minera Cuzcatlán debía realizar los estudios correspondientes. Con ese objetivo, la minera recurrió al laboratorio Intertek-ABC Analitic y después de 10 días del derrame, se realizaron 12 muestreos a lo largo del arroyo El Coyote. Según el artículo, los resultados arrojaron contaminación en el suelo por talio en dos lugares distintos a lo largo del arroyo. Uno de ellos, estaba cerca del pozo de agua potable.

Después de los estudios realizados por Intertek-ABC Analitic, la Subdelegación de auditoría ambiental e inspección industrial, de Profepa, emitió una opinión técnica en la cual señalaba que sí existía contaminación por talio (ver Dato crucial 5). La Minera Cuzcatlán, argumentó ante Profepa que los metales pesados identificados en el suelo no eran su responsabilidad y contrató a tres distintas consultorías ambientales para analizar los resultados. Esas consultorías argumentaron que el talio no representaba un riesgo a la salud y al medio ambiente (ver Dato crucial 6).

Asimismo, Intertek-ABC Analitic llevó a cabo una “revisión documental” de las muestras donde aparecía este metal y concluyó que había cometido un error en los datos que indicaban talio por arriba de las normas. Entonces el laboratorio presentó una nueva tabla donde la cantidad del metal pesado por arriba de los límites permitidos fue remplazada por el símbolo “ND”, o sea, que no había presencia del metal.

Luego, Profepa concluyó que debido a un error en la transcripción de los resultados se determinó que la presencia de metales pesados no rebasaba los límites permitidos, “concluyendo que el suelo no requiere de remediación”. Según la subdirectora de sostenibilidad de Minera Cuzcatlán, Cristina Rodríguez, el escurrimiento de la pileta de colección de 2018, no causó daño ambiental. Pero Martha Patricia Mora Flores, bióloga duda sobre el error de transcripción de Intertek-ABC Analitic, ya que es difícil de creer.

El eterno suspenso de los pobladores

Lamentablemente, las comunidades afectadas nunca supieron cuál era el papel que jugaban las autoridades ambientales para atender el problema que les afectó (falta de agua potable y problemas de salud). Lo anterior se puede interpretar como una violación a los derechos humanos, según la abogada Claudia Gómez Godoy. Además, las instituciones de salud locales tampoco recibieron aviso alguno sobre la presencia de los metales identificados ni recomendaciones.

Después del derrame, se notó un aumento de enfermedades de tipo intestinal, problemas relacionados con el hígado, aumento de alergias principalmente en la piel, además de enfermedades bucodentales. No obstante, las autoridades municipales negaron que existieran registros de las enfermedades. La Secretaría de salud del gobierno federal, tampoco mostró registros en la comunidad.

Miguel Ángel Martínez Cordero argumenta que Conagua no informó a las comunidades afectadas sobre los riesgos a la salud y al ambiente era una tarea de Semanart.

La historia se vuelve a repetir

Finalmente, los autores narran que el expediente del caso sobre el derrame de 2018 está oficialmente cerrado; sin embargo, las comunidades afectadas desconocen cómo fue el desenlace de este derrame y cómo les afectó. Aunado a lo anterior, las comunidades detectaron nueva contaminación en julio de 2020: el agua, utilizada para hidratar al ganado, tenía un color rojizo y una lama blanca.

Los pobladores de la comunidad avisaron a las autoridades del pueblo y éstos presentaron una denuncia ante la Profepa. Pero, Minera Cuzcatlán mencionó que no hubo ningún tipo de derrame y se deslindó de toda responsabilidad. De nuevo las instituciones ambientales realizaron estudios del agua y de los sedimento; dos meses después se presentó Ernesto Faustino González Vázquez, jefe de proyecto de impacto ambiental de Conagua, en Magdalena Ocotlán, para entregar físicamente un resumen de los resultados (ver Dato crucial 7).

El documento que Conagua presentó volvió a eximir a Minera Cuzcatlán de la responsabilidad por la contaminación del agua, con tan solo una revisión ocular de sus instalaciones: realizaron una visita de reconocimiento y se revisaron las muestras de agua de 6 sitios. Con esa visita Conagua apuntó que no era posible establecer que el agente causante de una probable contaminación sea la Minera Cuzcatlán.