José Antonio Romero Tellaeche realizó sus estudios de licenciatura en la UNAM, cursó la maestría en Economía en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), es maestro por la Northwestern University, Illinois, y doctor en Economía por la University of Texas, Austin. Es profesor de Economía en el Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México desde 1988. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel III.

En 1982, en México comenzó la adopción de políticas neoliberales, de manera destacada la apertura de la economía mexicana a bienes y capitales extranjeros, así como el desmantelamiento de todos los programas sectoriales. Como consecuencia de lo anterior, el sector manufacturero mexicano redujo su importancia en el Producto Interno Bruto (PIB) del país. Además, este mismo sector actualmente se encuentra dominado por empresas extranjeras (asiáticas, europeas y estadounidenses) que invierten en México con el objetivo de abastecer al mercado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al mismo tiempo que aprovechan las ventajas que dicho acuerdo comercial provee.

Romero Tellaeche afirma que las empresas manufactureras extranjeras trasladan a México procesos productivos fragmentados e intensivos en mano de obra, que tienen un nivel tecnológico reducido. A principios de la década de 1980, las importaciones de bienes intermedios eran el 40% de las importaciones totales, pero en 2018 representaban el 80% del total. En ese mismo periodo las importaciones de bienes de capital se redujeron de 60% de las importaciones totales a únicamente 10%. Estos datos ilustran el estado actual de la industria mexicana, un sector manufacturero que produce para el mercado interno, así como para el internacional, con un alto nivel de importaciones de bienes intermedios y con poca especialización tecnológica.

De acuerdo con información de la revista Expansión y su listado de 2017 sobre las 500 empresas más grandes en México, se aprecia que la manufactura mexicana está dominada por empresas extranjeras, principalmente en los sectores como armadoras de autos, automotriz y autopartes, electrónica de consumo, así como también en el sector de maquinaria y equipo, sectores que –por cierto– son principalmente exportadores. Estas empresas no tienen ningún incentivo ni obligación para trasladar sus redes de proveedores o sus centros de investigación a México, ni siquiera para asociarse con otros empresarios mexicanos, lo que pudo haber facilitado una transferencia tecnológica.

Vale la pena notar que el porcentaje de empresas mexicanas presentes por sector aumenta considerablemente en sectores que no son tan comerciables internacionalmente, es decir, que no compiten con otros países, como el financiero, telecomunicaciones, comercio, restaurantes, entre otros. La participación de las empresas mexicanas también aumenta en sectores que dependen de concesiones del gobierno.

Para poner en contraste lo que pasa en México con su sector manufacturero, se puede analizar lo que hizo China. En 1985, el Partido Comunista chino tomo la decisión de canalizar los factores científico-tecnológicos al desarrollo económico del país. Esta estrategia adoptada por China estableció que las divisiones entre ciencia, tecnología, empresa, academia, educación y el aparato productivo, debían desaparecer, para así sumarse hacia un esfuerzo común que hiciera que el país alcanzara a los países desarrollados. Se crearon institutos de investigación, se rediseñaron instituciones y se impulsó una reforma educativa enfocada al aprovechamiento de la fuerzas científicas y tecnológicas del país.

En México, durante el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976), los funcionarios mexicanos, al darse cuenta de que el modelo de industrialización mexicano necesitaba modificaciones importantes para volverse más eficiente y competitivo, y buscando que la ciencia y la tecnología fueran las piezas centrales del crecimiento económico de México, impulsaron la creación de varias leyes e instituciones. Como parte de este proceso, en diciembre de 1970 se crearon el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Instituto Mexicano de Comercio Exterior; en los años siguientes impulsaron leyes que protegían la tecnología, las patentes, invenciones y marcas, así como para promover la inversión en el país, tanto doméstica como extranjera.

Todas estas iniciativas, aun cuando eran buenas y oportunas, perdieron sentido y fuerza cuando el país adoptó políticas neoliberales en 1982, con lo que se inició el desmantelamiento del sector productivo nacional. En 1993, la ley de inversión extranjera directa dejó de regular la inversión extranjera, promoviéndola como la pieza central de la nueva estrategia de crecimiento económico.

El resultado más relevante de las políticas de 1970, el Conacyt, pensado como un mecanismo para transferir tecnología a las empresas nacionales, carece de un propósito real, ya que ya no existe una política industrial que fomente la industria nacional. El problema del Conacyt es que se formó sin planeación y sin vinculación con el sector productivo del país. La mayor parte de los miembros del Sistema nacional de investigadores trabajan en áreas que, aun cuando son importantes, no generan conocimientos para el sector productivo del país. No hay una conexión clara entre el sector académico y el sector productivo.

Debido a la apertura comercial y de capitales en las décadas de 1980 y 1990, México perdió sus instrumentos de política económica de desarrollo. Las políticas fiscal y monetaria ya no son efectivas para regular el ciclo económico y promover el crecimiento; únicamente sirven para mantener estable el tipo de cambio y la inflación.

Debido a que las políticas económicas de México tienen poco efecto para dirigir la economía, el motor de crecimiento de la economía de México es la economía de Estados Unidos. Romero estima que el coeficiente de correlación entre el crecimiento del PIB de Estados Unidos y el de México es 95.5%. Estados Unidos, al ser un país desarrollado, tienen bajas tasas de crecimiento, lo que explica el bajo nivel de crecimiento de México durante los últimos años.

Además de este bajo nivel de crecimiento, el autor destaca que las administraciones federales anteriores endeudaron al país en forma exponencial. En 2007, Felipe Calderón recibió al país con una deuda pública en relación con el PIB de 18.3%, finalizando su sexenio en 32.7%. La siguiente administración, de Enrique Peña Nieto, dejó la presidencia con una relación deuda/PIB de 44.5%. Un gran endeudamiento público que reduce el margen de maniobra de la nueva administración y lastra el crecimiento económico.

El rol de la inversión extranjera directa sobre el crecimiento económico y la productividad en México es escaso. Un estudio reciente mostró que el capital nacional privado representa el 43.2% de la productividad, el público 10.8%, y el capital extranjero 16.9%; el capital humano tiene poco impacto. Es por esto por lo que es necesario promover la inversión nacional, así como también regular la inversión extranjera.

Para crecer por arriba de lo niveles que la dependencia con Estados Unidos nos permite, el autor considera que es necesario transformar y reformar la estructura económica actual y adaptar la estrategia económica nacional conforme a lo hecho por otros países exitosos. Esta reforma estructural requiere de armonía y entendimiento entre el capital privado nacional y el actual Gobierno Federal, por lo que las actitudes de enfrentamiento no ayudan al país. En opinión del autor, los empresarios nacionales y el gobierno federal deberían "diseñar una estrategia integral de industrialización del país" (p. 417) para promover el desarrollo nacional.