Pietro Ameglio Patella es académico de la Facultad de filosofía y letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es considerado uno de los promotores de la filosofía de noviolencia, además de ser reconocido por la creación del Movimiento por la paz y el antimilitarismo en México.

Myriam Fracchia Figueiredo es socióloga, trabajadora social, maestra en desarrollo rural y doctora en ciencias sociales. Sus temas de investigación se relacionan con el proceso constituyente de la violencia social y escolar.

El proceso de guerra en México

La violencia desmedida que se vive en México ha trastocado la vida cotidiana de sus habitantes en formas que han restructurado el territorio y las relaciones sociales de la población.

De acuerdo al supuesto weberariano, en el que el orden social se construye con violencia y en donde su ejercicio se realiza a través de luchas entre diferentes ámbitos de poder, la violencia en México puede ser comprendida como una lucha en la que el costo humano de cada ámbito de la contienda es necesario para liberar y construir una territorialidad social. En este sentido, México vive una “guerra” que conlleva la reestructuración o destrucción de las relaciones sociales tradicionales para crear otras nuevas basadas en el mercado.

Según el análisis que el Equipo Bourbaki realizó entre 2008 y 2009, en México existen dos dominios de la violencia que se contraponen y al mismo tiempo, se interpenetran: el “orden delictual” y el “orden legal”. El primero, alude al crimen organizado y provoca la muerte; el segundo, hace referencia a los tres niveles del aparato del poder y además de la muerte, realiza actividades como la detención, la tortura y la desaparición.

Cuando el "orden legal" y el "orden delictual" se entrelazan, el resultado es la muerte; no obstante, cuando se recurre a acciones del "orden legal", estas no están destinadas contra el crimen organizado, como declara el discurso, sino hacia la sociedad y hacia los “desconocidos”, es decir las personas a las que se les niega el mínimo reconocimiento de su identidad social. Lo anterior, como parte de una interconexión de procesos de violencia que han llevado a una guerra basada en el aterrorizamiento social, en donde la sociedad es la primera en sufrir bajas y en donde se ha dado un “exterminio selectivo” de las poblaciones que luchan por sus derechos, por justicia y por su territorio; es decir, un proceso de eliminación selectiva y masiva de población en condiciones de impunidad, uniteralidad y desarme de la víctima.

La violencia civil territorial

La guerra basada en el aterrorizamiento social ha provocado que en México se dé una diversidad de resistencias civiles orientadas principalmente a la defensa de recursos naturales, la defensa de la cultura y como combate a la penetración de los órdenes legal y delictual.

De acuerdo con la Campaña nacional en defensa de la Madre tierra y el territorio, la cual está compuesta por numerosos movimientos y organizaciones sociales, las luchas en México son ambientales, culturales, políticas y sociales y están orientadas a preservar formas de vida y de relaciones sociales y culturales que están siendo amenazadas por el despojo masivo del territorio.

En este sentido, para 2016 la Campaña identificó en el país al menos 66 movimientos de resistencia civil y social que se dieron en todo el país, principalmente en los estados de Quintana Roo, Michoacán, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Sonora y Baja California (Dato crucial 2). Estos movimientos, según Víctor Toledo, tuvieron y tienen dos expresiones: las de carácter defensivo, en donde se busca evitar la implantación de proyectos destructivos; y, las que impulsan y realizan proyectos alternativos.

Las resistencias que han surgido en México son producto del avance del sistema capitalista, basado en la explotación y el despojo, que ha comenzado a atacar los espacios de muchos cuerpos de la sociedad, lo que la ha obligado a solidarizarse y a emprender una lucha social a partir de la violencia desmedida que el sistema ha generado en su entorno inmediato. Además de luchas sociales, han surgido nuevas organizaciones y liderazgos comunitarios que en diversas ocasiones cuentan con la solidaridad pública.

Para que el surgimiento de nuevas identidades sociales dentro de las resistencias sea posible es necesaria la generación de una reflexión colectiva sobre la violencia y las agresiones ejercidas en su contra, lo que da oportunidad a que se tome conciencia acerca del poder y del hecho de que este radica en la población y se refleja a través de las votaciones y la elección de representantes. Es por ello, que estas formas de lucha social tienen como objetivo último, por el hecho de ser los habitantes de los territorios, que se respete su derecho de decidir sobre su forma de vida y destino.

En línea con lo anterior, se puede encontrar que los principales responsables del despojo y de la violencia ejercida en contra de las resistencias son el “orden legal”, las corporaciones transnacionales, los representantes gubernamentales, los cuerpos de seguridad, los caciques locales y el “orden delictual”; los cuales buscan tener un control generalizado sobre los territorios, es decir, un control sobre lo regional, sobre lo económico, sobre lo cotidiano, sobre la represión o disciplinamiento, sobre la cooptación y sobre el clientelismo.

¿Cuál es la caracterización que ha estado asumiendo el proceso de luchas sociales y de resistencia civil en el país?

Desde 1994, las luchas sociales y la resistencia civil en México han tenido diferentes formas de expresión, por lo que se pueden distinguir cuatro niveles de acciones:

1. Reestructuración organizativa: implica que el bloque de la sociedad civil realiza acciones de carácter político, legislativo, institucional, jurídico para lograr acuerdos con el bloque político.
2. Movilización de masas: refiere a acciones de masas en espacios abiertos que son resultado de un juicio crítico; implica una “acción directa” sobre las entidades de los otros con el fin de impugnar, obstaculizar o inhibir sus acciones.
3. Resistencia civil: refiere a una lucha de alta intensidad que se basa en la “No-Cooperación” y en la “Desobediencia Civil”; es decir, una lucha que se niega a reproducir los modelos establecidos por los agresores, y que de forma abierta y masiva deja de seguir reglas que reproducen inhumanidad.
4. Acciones de fuerza: son acciones en las cuales se utilizan instrumentos de fuerza material o legal con violencia, pueden ser desde enfrentamientos hasta asesinatos.

Entre los años 1994 y 2000 aumentaron de forma considerable las acciones de lucha social de tipo “Reestructuración organizativa” en México. De manera simultánea, se dio un descenso de las acciones de “Resistencia civil”, por lo que las luchas sociales y de resistencia comenzaron a dejar las calles y se fueron desplazando al ámbito institucional y de acuerdos políticos.

Por su parte, en el mismo periodo, las “Movilizaciones de masas” se mantuvieron constantes, así como las “Acciones de fuerza”.

Fue a partir de 2006, con el inicio de la “Otra Campaña”, la lucha de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la resistencia civil al fraude electoral, que se dio una intensificación de las luchas sociales, especialmente las de tipo “Resistencia civil” (Dato crucial 7). Aunado a lo previo, se dio un aumento en las “autonomías”, caracterizadas por ser espacios en donde se desconocen a las autoridades oficiales en el ámbito gubernamental, social y de seguridad, al mismo tiempo que se nombran otras autoridades que responden a asambleas y organizaciones comunitarias.

El aumento de las luchas sociales y resistencias en 2006, tuvo como resultado la aparición de seis diversos movimientos que fueron caracterizados por su magnitud, violencia y radicalidad, conocidos como “Gritos masivos de indignación moral y material”, entre los que se encuentran “¡Fue el Estado!” y “¡No al gasolinazo!” (Dato crucial 8).

Es necesario mencionar que, como parte del proceso en donde las acciones civiles pasan a ser una resistencia, ha sido fundamental que estas lleven a cabo una reflexión de los procesos históricos-económicos que las rodean, para llegar a una toma de conciencia que invite a la acción y promueva la desobediencia y la no-cooperación ante un orden inhumano.

El costo humano de la resistencia civil territorial

Alrededor del mundo, se ha dado un incremento exponencial en el número de luchas por la defensa del territorio y de los derechos humanos (DDHH). Estas luchas, son consecuencia del avance del capitalismo transnacional y de sus prácticas de expropiación, los cuales se apoyan en un “brazo militarizado” para suprimir cualquier forma de resistencia a través de amenazas, el cerco, control territorial, represión, desplazamiento y del exterminio del activismo social.

Recientemente, se ha dado un fenómeno global de criminalización del activismo social, lo cual ha tenido como consecuencia el incremento de asesinatos de líderes ambientalistas y de DDHH en el mundo (Dato crucial 9). En este sentido, México ha destacado como una de las naciones más peligrosas para periodistas y defensores de derechos, ya que la violencia y la impunidad han propiciado el incremento de victimas (Dato crucial 10).

Desde 2011 y la llamada “guerra contra el narco”, la lucha social en México ha producido una “guerra de exterminio” que conlleva dos tipos de víctimas: los muertos y desaparecidos resultado de un “exterminio masivo” de la población y, el asesinato y desaparición de líderes de organizaciones comunitarias de resistencia territorial, de activistas sociales, de defensores de DDHH, de periodistas y de autoridades políticas, resultado de un “exterminio selectivo”.

El “exterminio selectivo”, se destaca ya que ilustra la forma en que las resistencias son atacadas por los tres niveles de gobierno y por el crimen organizado en orden de obtener el control sobre los territorios en disputa a través de asesinatos, encarcelamientos injustificados, fomento de divisiones internas, cooptación de líderes locales y penetración delictual. Un ejemplo de “exterminio selectivo” se dio en 2017 con los asesinatos de los activistas sociales rarámuris Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros en enero; asimismo, con los secuestros de policías comunales en Santa María Ostula en Michoacán, en febrero del mismo año.

Los asesinatos y desapariciones en contra de identidades sociales que defienden su territorio en México, se han dado en su mayoría en contra de organizaciones indígenas-campesinas y pueblos rurales que defienden bosques, agua, cultura, formas de vida y que buscan impedir la inmersión del crimen organizado en sus territorios. Estos procesos de inhumanidad, son acompañados de impunidad y de una falta de difusión, por lo que para detenerlos es necesaria la solidaridad con las comunidades afectadas y la elaboración de estrategias de resistencia civil más efectivas que ayuden a disminuir la indefensión social.

¿Dónde y cómo se está dando con mayor intensidad el “exterminio selectivo” en el país?

En México, desde 2012 se ha dado un incremento de la violencia social en el país y por ende, el incremento de nuevas víctimas del “exterminio masivo” y de los “desconocidos”, principalmente en los estados de Oaxaca y Guerrero (Dato crucial 11 y 12). Esto, ha llevado a una invisibilización de la histórica “cuota de exterminio selectivo” lo que no ha permitido que se perciba la gravedad, magnitud, intencionalidad y las consecuencias que este tipo de exterminio tiene sobre las comunidades que luchan por la defensa de sus tierras y formas de vida.

Esto permite suponer que el grado de las acciones para detener el costo humano de las luchas sociales nacionales se debe intensificar en su radicalidad moral y material.

Algunos rostros del “extermino selectivo” por la defensa territorial (octubre 2012-junio 2014)

De octubre de 2012 a junio de 2014, se registró el “extermino selectivo” de 58 luchadores por sus derechos y los de su colectividad.

En este sentido, las bajas humanas se dieron a lo largo del país; no obstante, la región sur fue la más afectada con 70% de los asesinatos (Dato crucial 13). Asimismo, los asesinados fueron en su mayoría dirigentes y líderes comunitarios, regionales o locales en defensa del territorio contra proyectos mineros, de expropiación del agua y de su cultura.

Finalmente, es de gran relevancia mencionar que la gran mayoría de los casos de “extermino selectivo” han quedado impunes, lo que muestra el involucramiento de funcionarios del gobierno, de empresas y del crimen organizado en el “exterminio selectivo”, fenómeno que no ha minado con las resistencias sociales y sus procesos organizativos.