Colonial Pipeline Paid Roughly $5 Million in Ransom to Hackers
Shear, Michael D., Nicole Perlroth y Clifford Krauss [2021], "Colonial Pipeline Paid Roughly $5 Million in Ransom to Hackers", The New York Times, New York, 13 de mayo, https://www.nytimes.com/2021/05/13/us/politics/biden-colonial-pipeline-r...
Michael D. Shear es corresponsal para The New York Times desde 2010.
Nicole Perlroth cubre la ciberseguridad y el espionaje digital para The New York Times. Es autora del libro "This Is How They Tell Me The World Ends" publicado en 2021.
Clifford Krauss es corresponsal para The New York Times desde 1990. Es autor del libro "Inside Central America: Its People, Politics, and History".
El grupo de ciberdelincuentes DarkSide bloqueó las redes informáticas de la empresa Colonial Pipeline con una forma de malware que encripta la información. Para recuperar los datos y desbloquear las redes, la empresa tuvo que pagar al grupo criminal alrededor de 75 Bitcoin, equivalente a casi 5 millones de dólares. Se cree que el origen del grupo se encuentra en Europa del Este, probablemente en Rusia.
La empresa Colonial Pipeline suministra casi la mitad de los combustibles de transporte para la Costa Atlántica. Su oleoducto se extiende desde desde Texas hasta Nueva Jersey. Producto del ciberataque, la empresa cerró el oleoducto como medida preventiva provocando una “crisis en cascada”. En el caso de los vuelos de larga distancia, las aerolíneas se vieron obligadas a hacer paradas para el suministro de gasolina, la Casa Blanca convocó a reuniones de emergencia, los precios de la gasolina se dispararon y dieron lugar a compras de pánico. Los republicanos responsabilizaron al presidente Biden del aumento de los precios y compras de pánico de la gasolina.
El jueves 13 de mayo de 2021, el presidente anunció que el oleoducto volvería a funcionar y que resolver el problema de escasez tomaría tiempo. Al mismo tiempo, Biden “no descartó la posibilidad de que la administración se dirija a los criminales con un ataque de represalia, diciendo que Estados Unidos perseguiría una medida para interrumpir su capacidad de operar”. Razón por la cual la administración esperaba las recomendaciones del Comando Cibernético de los Estados Unidos.
Los sitios web que estaban asociados a DarkSide fueron retirados de la red. El Comando Cibernético y el Consejo de Seguridad Nacional no hicieron ningún comentario sobre esta acción.
Estados Unidos “se enfrenta a un número creciente de ciberataques contra el gobierno y la industria”. El pago realizado por la empresa a los ciberdelincuentes supuso un freno a las repercusiones políticas en contra de la administración de Biden, pero al mismo tiempo puede motivar a otros grupos criminales a operar de la misma forma y atacar los ordenadores de las empresas estadounidenses. En este sentido, la administración no reconoció si Colonial pagó o no a los extorsionistas.
Del mismo modo, la empresa no confirmó o negó el pago realizado a los ciberdelincuentes. No obstante, el pago fue confirmado posteriormente por personas que tenían acceso a la información confidencial.
Al tiempo que Colonial anunció que la “cadena de suministro de entrega de productos tardaría varios días en volver a la normalidad”, los precios de la gasolina seguían aumentando en el sureste del país, aunque a un ritmo más lento que días previos.
El ataque al oleoducto tuvo repercusiones políticas, económicas y tecnológicas para la administración de Biden. En el ámbito político, se responsabilizó a la administración por la escasez en las gasolineras. En el económico, la falta de suministro de gasolina tiene efectos en los viajes aéreos y en la producción de productos químicos. Con relación al ámbito tecnológico, se intenta descifrar cómo el ataque de ransomware pasó a ser un asunto de seguridad nacional. A las repercusiones políticas producidas por la escasez de gasolina, se le suman otros factores como la crisis fronteriza, la inflación, el estancamiento económico, los sucesos en Israel, el confinamiento y la imposibilidad de retomar clases presenciales.
Dado que la escasez de gasolina “podría interrumpir la actividad económica y la vida cotidiana”, la administración de Biden redujo las regulaciones y normas ambientales para que las empresas entregaran el combustible más fácilmente en las zonas afectadas. Al mismo tiempo, Biden hizo un llamado a la población de las regiones afectadas a no realizar compras de pánico y acaparar el combustible, debido a que estas acciones sólo retrasarían la regularización del suministro de gasolina.
El presidente emitió una orden ejecutiva sobre ciberseguridad con la finalidad de frenar y combatir los ataques de ransomware y establecer normas para aquellas empresas que quisieran vender software al gobierno federal.
Las empresas y departamentos de policía de Estados Unidos que han sufrido ciberataques, optan por pagar las extorsiones, pues el coste de pagar el rescate es menor a tener que restaurar sus sistemas informáticos o la responsabilidad potencial de perder datos críticos.
El presidente Biden señaló que el hackeo de la empresa Colonial Pipeline da cuenta de la necesidad de mejorar las infraestructuras críticas de Estados Unidos. En este sentido, instó a los legisladores a aprobar su propuesta de 2 300 mil millones de dólares para la reconstrucción de carreteras, puentes, oleoductos y otros proyectos. Para la financiación de estos proyectos, Biden ha propuesto el aumento de impuestos a los ricos y a las empresas, pero se encuentra abierto a otras posibilidades.
El aumento y suministro de gasolina fluctuó entre cada Estado debido a la capacidad de almacenamiento de cada uno. Por esta razón, en Nueva Jersey sólo 1% de las estaciones de servicio no contaban con gasolina, mientras que más de la mitad de las estaciones en Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur carecían del combustible. Aun con la escasez del suministro de gasolina, “los analistas energéticos se mostraron optimistas ante la crisis, pues ésta pasaría pronto”.
El artículo plantea que los ciberataques pueden constituirse como asuntos de seguridad nacional. En este contexto, existe una transición en las formas en las que se presentan las competencias entre el Estado, las empresas y la tecnología. El Estado busca descifrar la transformación de las relaciones y, por tanto, juega un papel fundamental en la “competencia intercapitalista”.