La administración de Joe Biden, en Estados Unidos, se ha caracterizado por promover la recaudación de impuestos corporativos, lo que a nivel internacional ha puesto en discusión la migración de las utilidades de empresas transnacionales a paraísos fiscales. Sin embargo, el presidente Biden no tiene motivaciones puras, ya que se encuentra más interesado en financiar el gasto público ocasionado por la pandemia, a través de los ingresos de las corporaciones.

El actual sistema internacional impositivo fue establecido en 1920, se basa en evitar la doble fiscalidad más no el abuso de las grandes corporaciones. Ello generó un alto índice de la evasión de impuestos por parte de las empresas transnacionales, el cual ha crecido considerablemente con las firmas tecnológicas y los activos intangibles. Se estima que 40% de los ingresos de las corporaciones transnacionales es transferido a paraísos fiscales. La OCDE calcula que para el erario representa un costo de 140 miles de millones de dólares al año.

Por lo anterior, en junio de 2021 los países del G7 respaldaron la mayor reforma al sistema impositivo internacional en un siglo. En el pasado, los resultados de establecer un sistema han sido parciales. Sin embargo, Rishi Sunak, canciller británico, calificó el acuerdo del G7 como “sísmico”, ya que el G7 acordó un impuesto mínimo del 15% y una reasignación de derechos fiscales para dar más a los países donde las empresas tienen ventas.

Un nuevo acuerdo fiscal internacional requiere la aceptación de 132 países, incluidos China e India. Por un lado, los países pobres temen una trampa de los países ricos, éstos últimos podrían obtener más del 60% de sus ingresos del impuesto mínimo. Por otro lado, es probable que los paraísos fiscales se opongan; por ejemplo, Irlanda, que tiene derecho de veto de asuntos fiscales en la Unión Europea puede resistirse, ya que mantiene un impuesto corporativo del 12.5%.

En Estados Unidos el Congreso muestra preocupación sobre la pérdida de competitividad en las empresas estadounidenses derivada del impuesto mínimo. Para avanzar en las negociaciones, Estados Unidos quiere que Francia, Gran Bretaña y otros países eliminen el impuesto que han establecido a los servicios digitales ofrecido por empresas de Silicon Valley. Los impuestos a las empresas tecnológicas han provocado aranceles de represalias por parte de Estados Unidos, aunque actualmente se encuentren suspendidos. La OCDE estima que una guerra comercial ocasionada por alzas en los impuestos llevaría a una perdida de 1% en el PIB mundial.

Es importante no elevar las expectativas. Un impuesto mínimo de 15% elevaría los ingresos provenientes de las corporaciones en apenas 2.7%. Las reformas recaudarían entre 50 y 80 mil millones de dólares, lo cual es muy poco comparado con los ingresos anuales de las transnacionales, equivalentes a 6 billones de dólares. “Los países donde un grupo no definido de empresas transnacionales realice ventas tendrían que compartir los derechos de imposición sobre al menos el 20% de los beneficios globales que esas empresas obtuvieran por encima de un margen del 10%”. La ganancia neta sería de poco más de 10 mil millones de dólares.

El debate sobre un nuevo sistema fiscal se retomó con la crisis financiera de 2008. Hoy en día los gobiernos concuerdan en que el arbitraje de impuestos se ha salido de control y que, por lo tanto, se deben establecer nuevos derechos fiscales alineado con la actividad económica. La discusión en torno a la soberanía fiscal actualmente considera dos elementos: 1) los países tienen derecho a establecer sus propias tasas impositivas y 2) que los países afectados por la existencia de jurisdicciones con bajas tasas impositivas, como los países del Caribe y otros paraísos fiscales, tienen derecho a detener el “saqueo”.

A pesar de los esfuerzos, el nuevo sistema fiscal internacional enfrentará diversos retos. Por ejemplo, será más que complicado compensar el gasto público generado por el COVID-19. Es probable que el acuerdo internacional beneficie más a las economías desarrolladas que a las emergentes, lo que generará resistencias acuerdo. Adicionalmente, los departamentos jurídicos de las corporaciones transnacionales hallarán eventualmente vacíos en las leyes de cada país. No obstante, el acuerdo parece un buen primer paso para construir un sistema fiscal más equitativo.