Darren Byler es un antropólogo estadounidense que labora como investigador postdoctoral en la Universidad de Colorado, Boulder. Entre sus áreas de interés se encuentran los estudios islámicos, migración, raza y etnia, la guerra contra el terror, la antropología sociocultural, el socialismo, la nación Uigur y China.

Puestos de control, sistemas de reconocimiento, aplicaciones de rastreo, confesiones falsas, desapariciones forzadas, reclusión en campamentos y asignación de trabajo con sueldos bajos, son algunas de las condiciones a las que se enfrenta la población uigur en Xinjiang, en el noroeste de China. En un contexto en el que convergen el capitalismo global, la digitalización de la vida social, la guerra global contra el terrorismo y la demanda de productos de bajo costo, el estado chino ha construido un sistema de control y de “reeducación”, de esta minoría.

Capitalismo del terror

En los últimos años, en la Región autónoma Uigur, también conocida como Xinjiang, ha aumentado la presencia de fuerzas políticas y económicas que ejercen influencia en los puestos de control, campamentos y fábricas que se encuentran en ese territorio. A partir de su investigación etnográfica, el autor denomina capitalismo del terror o terror capitalism al proceso de acumulación que se ha configurado recientemente en la región.

El capitalismo del terror, es una forma de capitalismo que crea fronteras aprovechando las diferencias étnico-raciales y, así, producir formas de acumulación de capital y de poder estatal. Este término, pone énfasis en el papel del complejo militar-industrial en la construcción de las economías nacionales y lo relaciona con la expansión de las industrias tecnológicas y la profundización de las formas de explotación laboral.

En el caso uigur, el término “terror” hace referencia a la forma en que esta minoría, y otros ciudadanos musulmanes nativos de la frontera entre China y Asia Central, ha sido considerada un "otro irracional" y una amenaza para la mayoría no musulmana. Para ello, se ha expandido en China una visión de los musulmanes que los estigmatiza como potenciales terroristas, hecho que ha provocado un estado de excepción. Una vez que alguien ha sido calificado de sospechoso de terrorismo, se le considera como un "pre-criminal", lo que no solo cancela los derechos civiles de esa persona, sino que justifica que el gobierno chino decrete un estado de emergencia en contra de las personas pertenecientes a esta minoría. La participación de la industria privada y de los ciudadanos, como representantes del Estado, ha dado lugar a una clase particular de complejo de seguridad o complejo militar-industrial contemporáneo.

Con este complejo, se han generado dos tipos de capital que encajan en la economía global de diversas formas. El primer tipo son los datos.

Para el gobierno chino, Xinjiang se ha convertido en una zona de guerra con las condiciones ideales para el uso intensivo de datos, dando la posibilidad a algunas empresas de tecnología, privadas y estatales, de desarrollar nuevas herramientas de análisis digital. Los programas de recopilación de datos han proporcionado a las empresas un conjunto de bases de datos, en gran escala y de alta fiabilidad, de millones de musulmanes.

La segunda forma de capital que se ha producido se encuentra en el sistema de “cercamiento digital”, un sistema de trabajo sin libertad. Desde 2018 y bajo el argumento de que se trata de un motor para la economía, la autoridad de desarrollo regional de Xinjiang instaló un sistema de internamiento y de “reeducación” en donde cientos de miles de musulmanes son ingresados a campos para después trabajar en las fábricas. Cabe señalar, que las personas ingresan a estos campos bajo amenaza de detención, la cual junto con el poder de la infraestructura, han creado un sistema de vigilancia que los mantiene bajo formas de trabajo “asignado”.

En las condiciones de trabajo asignado, uigures, kazajos y otras minorías musulmanas de Asia Central, se han convertido en “mano de obra excedente” que ha servido como un recurso adicional en la economía de Xinjiang. Con un paquete de subsidios, presión política y la población “cautiva” de trabajadores, las empresas privadas tienen incentivos para trasladar segmentos de su producción a la Región autónoma Uigur. A su vez, los sistemas de información y el miedo a la detención arbitraria, han asegurado el trabajo de las minorías musulmanas, fortaleciendo el acceso a una fuerza laboral dócil y creando condiciones endémicas de falta de libertad.

En este contexto, es imposible para las minorías musulmanas elegir su trabajo libremente. En su lugar, las autoridades locales se encargan de asignar grupos de ex detenidos y miembros de la fuerza laboral excedente, a las fábricas en donde llevaran a cabo sus labores. En las fábricas, los trabajadores no pueden negociar salarios o protestar contra su retención.

El capitalismo del terror utiliza la retórica del terrorismo para justificar la inversión de capital, estatal y privado, en industrias que buscan de manera intensiva la recopilación de datos y de mano de obra. En este sentido, la “amenaza” etno-racializada de los musulmanes, ha permitido la expropiación y explotación legal de su tierra y trabajo, creando una nueva frontera en el capitalismo global que no es exclusiva de Xinjiang, sino que deriva de sistemas que están vinculados a una infraestructura de poder a nivel global.

Una historia de antagonismo estructural

Al tratarse de una zona que limita con otros países, en Xinjiang el grupo más grande de personas nativas son los uigures, seguidos por poblaciones uzbekas, kazajas y kirguís.

En 1949, la población de habitantes de la región uigur identificados como han, la mayoría étnica en China, era de alrededor del 6%, y los uigures comprendían aproximadamente 75%. Fue a partir de ese año que el estado chino comenzó a trasladar a millones de personas de origen han al norte de la región para ocuparla con el argumento que trabajarían en la agricultura. En la actualidad, lo uigures representan menos de 50% de la población total y los han más de 40%.

Fue hasta la década de 1990, que las áreas de mayoría uigur del sur de Xinjiang se convirtieron en el objetivo de un proyecto colonial chino. Las reservas de petróleo y gas natural de la región se volvieron el principal foco de interés de las corporaciones que comenzaron a trasladar sus negocios a la región.

De acuerdo con el antropólogo Andrew Fischer, en Xinjiang se ha producido un sistema económico de “desarrollo sin poder”. Éste se refiere a las formas en que los proyectos de desarrollo, por medio de los colonos, han capturado a las instituciones económicas y políticas de los territorios ocupados. En el caso uigur, este sistema de dominación ha expulsado a los maestros uigures del sistema educativo, ha restringido la práctica religiosa, ha excluido a los uigures del acceso a un trabajo digno y con ello, ha llevado a una economía basada en la discriminación laboral sistémica en la que los musulmanes son altamente explotados.

El sistema mencionado por Fischer está configurado por antagonismos estructurales, mismos que se agudizaron en 2009, con las protestas callejeras uigures en Urumqi, la región uigur. La respuesta de las autoridades locales fue una serie de campañas militarizadas en toda la región, lo que provocó la desaparición forzada de miles de uigures y generó resentimiento por la brutalidad policial y el control estatal. Al mismo tiempo, el estado chino incentivó el asentamiento han en áreas de mayoría uigur, a partir de la confiscación de tierras.

Estas formas de control y robo, fueron legalizadas por el gobierno chino, provocando un aumento en las protestas uigures que fueron calificadas como terrorismo. En 2011, con la expansión de los servicios de Internet en los smartphones, el gobierno precipitó la criminalización de la práctica religiosa y la afiliación étnica uigur. Lo que, entre 2013 y 2014, ocasionó diversas confrontaciones violentas entre civiles uigures y civiles han; así como a la declaración, en mayo de 2014, del inicio de la “guerra popular contra el terrorismo”; y, en 2017, del inicio del encarcelamiento de la población musulmana y su subsecuente envío a campos de trabajo.

La guerra popular contra el terrorismo y las medidas que el gobierno chino ha tomado al respecto, no solo se han encargado de prevenir el terrorismo, sino que han cimentado en China las formas globales de islamofobia. Por ejemplo, las autoridades estatales han descrito prácticas regulares, como la asistencia a las mezquitas o el ayuno durante Ramadán, como signo de la propagación del extremismo religioso, como una forma de negar a los uigures que sean musulmanes y con ello, arrebatándoles un aspecto cultural que los ha definido históricamente.

Para llevar a cabo su guerra contra el terrorismo, los organismos de seguridad chinos contrataron a empresas privadas y contratistas policiales para intentar transformar a las poblaciones nativas de la región y para construir los campos de internamiento. Los privados y los colonos han sido los más beneficiados de esta guerra contra los uigures, ya que han obtenido acceso a recursos naturales, a mano de obra barata y han aumentado las asociaciones público-privadas (APP), para desarrollar una industria de la vigilancia a la vanguardia de los sistemas tecnológicos actuales.

Discursos globales de lucha contra el terrorismo

De acuerdo con el académico David Brophy, el sistema que se ha establecido en Xinjiang está basado en la lógica del contraterrorismo que se practica otros países, como Estados Unidos e Israel: la teoría de contrainsurgencia o COIN. COIN, alude a una forma dominante de ciencia militar y policial que se basa en tres elementos: vigilar a toda la población, fracturar las relaciones sociales de los insurgentes y “ganarse los corazones y las mentes” del resto de la población.

Utilizado en Afganistán e Irak por Estados Unidos, COIN se convirtió en el modelo a seguir para el gobierno chino, aplicando esta teoría a las particularidades de las minorías musulmanas y de los han.

Desde las academias de policía, las autoridades estatales chinas instauraron COIN para que las fuerzas policiales siempre muestren sospecha ante la población musulmana, lo que ha logrado normalizar y sistematizar las operaciones de inteligencia y los exámenes a las minorías musulmanas.

Como parte de las operaciones en contra de los musulmanes, se ha establecido el sistema de campamentos de Xinjiang, basados en los campos de reeducación de Mao. El sistema de campamentos está destinado a reformar el pensamiento o transformar a los detenidos debido al aspecto punitivo y transformador del programa, el cual es impuesto y gestionado por autoridades estatales no musulmanas y sus representantes, los colonos.

Los teóricos chinos se refieren a este aspecto de COIN como las “características chinas” de la teoría: siguiendo la lógica revolucionaria de masas de la era maoísta, se ha convertido a los intentos de “ganarse los corazones y las mentes” de los musulmanes, en un proyecto colonial. Bajo esta lógica, Xinjiang se está convirtiendo en una colonia con un gobierno dirigido por sus colonizadores y un sistema sofisticado de infraestructura de poder.

Mantener a las personas en su lugar: infraestructura y poder estatal

Los puestos de control instalados a lo largo de la Región autónoma Uigur, son un ejemplo de la forma en que se ha desarrollado el sistema de cercamiento en la región, sistema en el que trabajan el poder estatal y las corporaciones. Los puestos de control digitales y los sistemas de información han hecho posible que las fuerzas policiales chinas clasifiquen a la población uigur bajo “guiones de acción” que funcionan con criterios etno-raciales y de género.

Estas estructuras de control, con efectos panópticos, han mantenido subyugados a aquellos a los que apunta. Esto es parte de lo que Michael Mann llama “poder infraestructural”, el cual comienza a definir la vida y ubica a los individuos en roles definidos dentro de las fábricas, la comunidad y la nación.

El régimen laboral de reeducación

A través de la recopilación de datos en Xinjiang, para sus propios intereses y al servicio del poder estatal, empresas tecnológicas han podido ampliar su participación en el mercado como parte de un sistema de control que ha logrado extender la acumulación de capital en relación con el trabajo.

Esto ha sido posible desde 2017, cuando propietarios de fábricas instaladas en el Este de China, reubicaron sus negocios a Xinjiang con la promesa de nuevos parques industriales basados en un sistema de campamentos de reeducación, mano de obra barata y los subsidios, asegurando la expansión de su producción.

En 2018, la Comisión de reforma y desarrollo de Xinjiang emitió un comunicado en el que anunciaba que los campamentos o “centros de educación y formación profesional” son lugares que propician la estabilidad económica en la región Uigur. Asimismo, la Comisión ordenó a las autoridades locales “establecer un vínculo del mecanismo de desarrollo entre la gestión industrial de las organizaciones económicas colectivas rurales y la industria de los centros de educación y formación”, es decir, los campos de reeducación y las fábricas en el sistema.

El mecanismo de desarrollo al que aludía la Comisión, es la forma en que los administradores de los campos y los propietarios de las fábricas coordinan los traslados de los detenidos con las autoridades de las comunidades de origen de las personas que están siendo reeducadas.

No todos los trabajadores bajo este sistema son uigures o kazajos; sin embargo, las personas que son parte de este mecanismo comúnmente provienen de grupos étnicos que han sido dispersados o han sido separados de su familia. Por su parte, los funcionarios locales y sus homólogos al Este de China, crean trabajos para tener más acceso a mano de obra barata.

Los trabajadores que entran en este sistema, son obligados a aprender mandarín y a seguir la política estatal mientras se desempeñan en las fábricas. Si los trabajadores rechazan esas medidas o muestran descontento a sus asignaciones de trabajo, son enviadas a los campos bajo el argumento de extremismo religioso.

Que un trabajador ingrese a los complejos fabriles, significa que dedicará su vida a la fábrica. En este sentido, los trabajadores se alojan, comen, se asean, en la planta de producción; esto, como parte de un “régimen de trabajo de dormitorio” en el que los dueños de las fábricas explotan sin medida a sus trabajadores mediante la exigencia de horas extras o mediante la retención de sus salarios para compensar los costos de vivienda.

El régimen de trabajo de dormitorio, ha restringido la libertad de los trabajadores musulmanes en el noroeste de China a través del poder de los sistemas de vigilancia, las barreras materiales y la amenaza de internamiento. Las fábricas que se rigen bajo este sistema son administradas por una combinación de personal policial de bajo nivel y del Ministerio de asuntos civiles, que también trabaja en los campamentos, en un esquema de gestión que desdibuja aún más la línea entre la empresa privada y los campos de internamiento.

Las autoridades locales también han establecido sistemas integrales de vigilancia de “condado seguro” en toda la región. Estos sistemas utilizan puestos de control de identificación reales y sistemas de cámaras para monitorear los movimientos de los ciudadanos registrados en el condado. Asimismo, las fábricas suelen estar situadas cerca de las “comisarías populares” o centros de vigilancia, que vigilan y controlan los movimientos de los trabajadores detenidos. También, en las fábricas, los sistemas de cámaras y los cuidadores observan a los trabajadores, aplicando una lógica de fábrica y almacén “inteligentes”, restringiendo el movimiento de los trabajadores que se consideran peligrosos por detenciones anteriores.

La región uigur es productora de más de 80% del algodón chino y, es donde el gobierno chino espera reubicar alrededor de 10% de los empleos de fabricación de prendas de vestir. Esto, significa que para que los consumidores obtengamos cada vez productos más baratos, estos deben ser producidos en lugares que, como Xinjiang, tienen una población de trabajadores no libres que son explotados, bajo mecanismos como el del capitalismo del terror en beneficio del capitalismo global.

¿El capitalismo del terror es global?

El sistema que se está implementando en Xinjiang es único en términos de escala y de crueldad sistémica en contra de los uigures y otras minorías musulmanas; sin embargo, los uigures no son los únicos grupos marginados, a nivel mundial, que están siendo divididos por una estructura de vigilancia y un sistema de trabajo similares a los de China.

En muchos países, estas formas de poder están dirigidas sistemáticamente a controlar a las minorías y a las poblaciones de refugiados. Los palestinos en Cisjordania, bajo el régimen de Israel y los inmigrantes musulmanes indocumentados, o Kuala Lumpur en Malasia, son otros ejemplos de la forma en que el estado puede usar a la tecnología para documentar la información de poblaciones objetivo y restringir su movimiento.

De acuerdo con la geógrafa Shae Frydenlund, la vigilancia ha generado miedo en las poblaciones objetivo, lo que las ha llevado a aceptar y realizar trabajos de bajos salarios para evadir acciones punitivas por parte de los estados. Europa y América del Norte, son otras geografías en donde existen sistemas de información administrados por agencias estatales y empresas de vigilancia que han alterado la forma de vida de cientos de miles de musulmanes y otras minorías racializadas: latinos, asiáticos, afrodescendientes, refugiados, entre otros.

En 2020, la antropóloga Carolina Sánchez Boe y Darren Byler trabajaron para comprender los paralelismos y las diferencias entre estos sistemas, ya sea en Xinjiang, Cisjordania o Estados Unidos. Sánchez Boe mostró que en Estados Unidos, los solicitantes de asilo provenientes de África, América Latina, Medio Oriente y el sur de Asia, que ingresan al país a través de la frontera con México, son liberados de los centros de detención del Servicio de inmigración y control de aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y se les coloca monitores GPS. Estos solicitantes son registrados en listas de vigilancia que no solo les impide viajar a través de Estados Unidos, sino que los obliga a realizar escaneos faciales para detectar su posición y confirmar su identidad.

En Estados Unidos, las infraestructuras de vigilancia surgieron después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, y se trata de sistemas que han obligado a las poblaciones más desprotegidas a moverse a las periferias, en donde trabajan por salarios muy bajos. Estas infraestructuras, han producido formas de destierro y violencia estructural. No obstante, a diferencia de Xinjiang, estas formas no han colonizado las organizaciones sociales de los inmigrantes ni sus formas de vida.

En Estados Unidos y Europa, los sistemas tecnológicos de poder se centran en la detención y exclusión de personas e ideas que son consideradas perjudiciales o racialmente amenazantes en las cárceles, centros de detención o mediante la aplicación de formas de vigilancia electrónica. Por su parte, en Xinjiang, el objetivo del sistema de vigilancia es incluir a la minoría musulmana para vigilarla de cerca, ocasionando que el trabajo de esta minoría se devalúe y se convierta en una fuente de mayor explotación.

A pesar de sus diferencias, tanto en Estados Unidos como en China, las poblaciones que son objetivo de estos sistemas de vigilancia, son parte de un continuo de falta de libertad en donde el estigma hacia sus orígenes los ha hecho foco de un sistema que los considera una amenaza y por ende, busca las formas de controlarlos.

Finalmente, la concurrencia de vigilancia y explotación racializada puede aludir a un momento histórico que Jason Moore reformuló bajo la frase: “detrás de Manchester está Misisipi”. Esta frase, hace referencia a Manchester como la capital de la producción textil en el siglo XIX, es decir, el florecimiento de esta ciudad inglesa con base en el trabajo esclavo en las plantaciones de algodón en Misisipi. En este sentido, la situación en China bajo el capitalismo del terror, ha provocado una reformulación en la frase por parte de Darren Byler: “al lado de Xinjiang está Misisipi”.