Mauricio González González es etnólogo egresado de la Escuela nacional de antropología e historia (ENAH), donde también es profesor.

Milton Gabriel Hernández García es profesor de la licenciatura en Antropología social de la ENAH y socio del Centro de investigación y capacitación rural (CEDICAR).

Introducción

La utilización y el aprovechamiento de los recursos naturales por parte de las sociedades, y especialmente por parte de los pueblos indígenas, es uno de los enfoques más explorados de la antropología política. Esto se debe a que el sistema-mundo actual, caracterizado por la búsqueda de la acumulación, la expropiación y la privatización, ha provocado alteraciones en la relación que los pueblos originarios tienen con la naturaleza, propiciando que, a pesar de la existencia de mecanismos que “protegen y regulan” los derechos de los pueblos, estos sean objeto de atentados contra la defensa de su territorio y su territorialidad.

Ecología y sistema-mundo capitalista

La ecología es la diversidad de prácticas que el ser humano ha desarrollado a lo largo de la historia para dar respuesta a necesidades intrínsecas de su realidad. Esta práctica ha dado lugar a una multiplicidad de explicaciones, entre las que se encuentra la concepción de ecosistema: una interacción de varios organismos que no solo forman parte de un equilibrio y una contradicción, sino que generan respuestas a coyunturas.

La aparición de la ecología y de la concepción de ecosistema son parte del contexto en el cual surgió el fenómeno de la degradación ambiental. La Cumbre de la Tierra de 1992 sirvió para la construcción de lineamientos de atención no vinculantes que se oponían al desarrollo de un sistema dominante basado en dinámicas destructivas con el ambiente. Lo que propició que se firmaran tres convenios internacionales en contra de la destrucción ambiental y la instauración de la categoría de “desarrollo sustentable” en la agenda internacional.

Para la periferia, la Cumbre de la Tierra de 1992 fue una confirmación de que la sustentabilidad es simplemente un discurso de lo políticamente correcto, ya que se trata de un fenómeno poco viable e insostenible por 1) la constante expansión del capitalismo en su búsqueda de la acumulación de capital; y, 2) lo que Immanuel Wallerstein llama “el secreto sucio del capitalismo”, en donde los dueños del capital trasladan las consecuencias de sus acciones a los gobiernos y la sociedad.

Este elemento ideológico ha llevado a una relación sociedad-naturaleza en la que predomina la idea de la conquista de la última. Esta forma de pensar deriva del siglo XVI, cuando el capitalismo instauró una estructura institucional que priorizó los valores capitalistas y propició la expansión progresiva y la consolidación del sistema-mundo capitalista. La tendencia estructural del sistema capitalista es una propuesta de Wallerstein, quien argumenta que desde el inicio se crearon patrones que a lo largo de la historia han agudizado las contradicciones del capitalismo y lo seguirán haciendo, llevando a una polarización de las periferias y semiperiferias en donde la desigualdad demanda mayores tasas de productividad.

En estos espacios, los dueños del capital buscan mayores beneficios económicos a partir de la apropiación del excedente de la fuerza del trabajo, es decir, el salario y la ganancia. Esto es parte de una estrategia global en la que el capital busca explotar la oferta de materias primas en la periferia, sus menores costos de producción y la forma en que eso garantiza el acceso a sus mercados. A cambio, las periferias, en particular los habitantes de comunidades rurales, se ven obligados a reducir la resistencia a la adquisición de materias primas de sus territorios y son expulsados de los mismos, lo que ha incrementado el fenómeno de la desruralización y de la mano con este, ha aumentado el número de los ejércitos de reserva de mano de obra.

Ante esto, los grandes capitalistas han optado por “la no internalización de los costos de producción y su consecuente pago a través de un Otro que no sean ellos mismos”; es decir, los costos de producción son asumidos por el Estado y la sociedad, dejando únicamente dos opciones a los gobiernos: la generación de subsidios o acatar el Consenso de Washington, opciones que únicamente aseguran la destrucción de los nichos ecológicos del planeta.

Respuesta de la lógica de acumulación capitalista a sus efectos socioambientales

Llevar a cabo un análisis crítico del sistema-mundo capitalista actual, puede servir para crear conciencia de que asumir que los mecanismos multilaterales internacionales que buscan revertir el deterioro ambiental son ejercidos en su totalidad y bajo el marco de los tratados internacionales, por lo que son una forma de ignorar el proceso en el cual está inmersa la constante acumulación de capital.

Por su parte, los principales beneficiados por la lógica de acumulación han respondido a las críticas de una manera clásica, es decir, haciendo uso de uno de los principales efectos del sistema: la polarización y la desigualdad mundial. Haciendo uso del esquema sobre la topología socioeconómica de Wallerstein -la localización de países en un centro, periferia, semiperiferia y “arenas exteriores”-, puede explicarse ya que la escasez de recursos naturales en el centro recae sobre países con condiciones precarias de subsistencia, subsanando su materia prima y la mano de obra barata, en un proceso que: 1) altera las relaciones recíprocas entre sociedad y sociedad-naturaleza que existían en esas naciones; y, 2) es parte de una lógica específica que se encuentra dominada por los países del centro, en particular por Estados Unidos.

Esta respuesta, sus efectos, los casi inexistentes mecanismos de solución efectivos a la destrucción medioambiental y las múltiples discusiones relacionadas con el desarrollo sustentable, han generado no solo la exacerbación de la polarización social, sino han generalizado procesos de explotación intensiva también en los países del centro.

Asimismo, esta apuesta del capital tiene diversas orientaciones, entre las que se destacan dos: 1) la generación de mecanismos políticos que busquen la perdurabilidad de los nichos ambientales con el objetivo de que, acompañados con convenios internacionales y normas y regulaciones nacionales, los países del centro puedan tener acceso a los recursos “protegidos” y a su distribución comercial; y 2) la apuesta a nuevos avances tecnológicos -como la bioprospección, la biopiratería, la ingeniería genética, entre otros- que logren que los gobiernos y distintos actores sociales opten por llevar a cabo prácticas que permitan la acumulación de capital sin menoscabar la expansión capitalista.

El Convenio de diversidad biológica (CDB) y los Acuerdos sobre propiedad intelectual relacionada con el comercio (ADPIC)

El Convenio de diversidad biológica (CDB) fue firmado en 1992, y se trata de un documento cuyo principal objetivo es garantizar la persistencia de todas las especies vivas del planeta.

El CDB prescribe mecanismos políticos para la generación de estrategias de conservación y manejo de la biodiversidad a nivel mundial. No obstante, se trata de un convenio con errores, ya que en lugar de prescribir sanciones ante su violación dio lugar a la implementación de mecanismos que los países del centro utilizan para mantener el sistema como lo conocemos, afectando a los sectores rurales y a las comunidades indígenas en materia de acceso a recursos naturales y agrícolas.

El problema de contenido del CDB está relacionado con un inciso que tiene implicaciones comerciales desde la consolidación de la Organización mundial del comercio (OMC) que favorece la conservación in situ y ex situ de diferentes especies con el fin de asegurar su supervivencia. En el inciso, la conservación in situ fomenta la implementación de estrategias políticas, sociales y científicas para la conservación de grandes extensiones naturales; por su parte, la conservación ex situ, clama que dicha conservación debe darse a través de mecanismos especializados que no se remitan únicamente a las zonas que se buscan salvaguardar, como es el caso de centros de investigación.

En este sentido, la OMC hizo uso de sus Acuerdos sobre propiedad intelectual relacionada con el comercio (ADPIC) para construir mecanismos que permitan patentar la “generación” de conocimiento, principalmente en procesos biológicos realizados por especialistas. Los ADPIC hicieron uso de la conservación in situ y ex situ para tener acceso a diferentes recursos naturales y diferentes saberes, saberes que, por no pertenecer al dispositivo epistemológico occidental ni a su sistema de patentación de conocimiento, son susceptibles a ser apropiados. Lo anterior, no solo es una práctica de abuso sobre los saberes tradicionales, sino una imposición de la lógica dominante y una práctica etnocida hacia las arenas exteriores del sistema.

Casos controversiales sobre el uso del conocimiento tradicional y la posesión y usufructo de los recursos genéticos a través de las ADPIC

Existen experiencias documentadas en relación con controversias generadas a partir de las ADPIC. En estas, se buscó o se dio la posesión, la privatización y el usufructo de algunos recursos naturales y genéticos de diferentes regiones y pueblos originarios de México. Estas controversias se dieron contra empresas transnacionales y organismos diversos, los cuales aprovecharon las coyunturas de alerta de riesgo ecológico para obtener beneficios económicos de los saberes tradicionales del país.

Una de las controversias fue protagonizada por el Instituto de Biotecnología de la Universidad nacional autónoma de México (UNAM) y Diversa Corporation. Este caso tuvo su inicio en noviembre de 1998, cuando el Instituto de Biotecnología firmó con Diversa Corp. un convenio en el que la compañía estadounidense adquiriría muestras de ecosistemas mexicanos recolectadas por científicos de la UNAM. A cambio, Diversa Corp. proporcionaría al Instituto parte de las regalías de los productos desarrollados con las muestras, daría a los científicos equipamiento y ayudaría a la UNAM a establecer un centro de investigación en biodiversidad microbial en México.

El problema comenzó a desarrollarse en marzo del año 2000, cuando diversas organizaciones e investigadores presentaron una denuncia en contra del acuerdo UNAM-Diversa Corp., ya que consideraron que el convenio no tenía límites y, por lo tanto, la UNAM le estaba dando acceso a toda la biodiversidad microbiana de México a la compañía. La denuncia argumentó que la UNAM violó la legislación ambiental de México, debido a que sólo dependencias del gobierno federal están capacitadas a dar acceso a recursos genéticos del país, por lo que tanto autoridades de la UNAM como del Instituto Nacional de Ecología (INE) cometieron faltas, la primera al firmar el acuerdo, y la segunda al fallar en impedir su autorización y aplicación.

En respuesta a la denuncia, en diciembre del 2000, la Procuraduría federal de protección al ambiente (Profepa) emitió una recomendación al INE en la que pedía que se diera claridad al objetivo del convenio y que se cumplieran con las disposiciones contenidas en la Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente (LGEEPA) y en el CDB. Con base a los requisitos establecidos para el aprovechamiento de los recursos biológicos, se determinó que la Federación no había otorgado consentimiento para las actividades de exploración y extracción de los recursos biológicos que la UNAM pactó.

Por su parte, la UNAM presentó un segundo convenio que había firmado con el INE y la Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad (Conabio), en el que se le obligaba a solicitar los permisos correspondientes para la realización de las actividades de bioprospección, permisos que el INE, a través de la Dirección de vida silvestre, otorgó. La Profepa determinó que estas autorizaciones debían ser invalidadas, ya que la Dirección de vida silvestre no representaba a la Federación y como consecuencia, a fines del 2000, se suspendió el convenio UNAM-Diversa Corp.

Además de la controversia UNAM-Diversa Corp., existen otras polémicas en donde organizaciones de pueblos originarios se han enfrentado a grandes empresas y organizaciones, en una resistencia para defender sus conocimientos tradicionales y su tierra. Ejemplos de lo anterior, son los casos de la resistencia de la Organización de médicos indígenas del estado de Chiapas (OMIECH) contra el proyecto del Grupo internacional para la cooperación de la biodiversidad Maya (Maya ICBG) en 2001; y, el conflicto entre la Unión de comunidades Zapotecas Chinantecas de la región norte de Oaxaca (Uzachi) y la farmacéutica Sandoz en 1997.

En el primer caso, las comunidades mayas y curanderos tradicionales que conforman la OMIECH, pidieron la suspensión del proyecto Maya ICBG en 2001 y un análisis completo de las leyes mexicanas, con el fin de proteger su cultura y recursos naturales ante las concesiones. El proyecto Maya ICBG estaba recogiendo plantas para usos biotecnológicos de la región de la OMIECH a partir de un convenio firmado entre el Centro de investigación académica Ecosur, la Universidad de Georgia y la Molecular Nature Limited, en un trato que, de acuerdo con el Consejo de organizaciones de médicos y parteras indígenas tradicionales de Chiapas (COMPITCH), es contra las leyes mexicanas ya que no se había realizado ninguna consulta previa e informada a las comunidades afectadas.

El caso de la OMIECH se destaca porque la organización logró poner una resistencia que no solo llamó la atención de organismos estatales y los que conformaban el Maya ICBG, y los obligó a dialogar y a tratar de ser consecuentes con la legislación mexicana y las demandas indígenas; sino que, también generó expectación a nivel internacional, lo que llevó a la COMPITCH al foro sobre Racismo y pueblos originarios en Durban, por invitación de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, el caso es de gran importancia ya que la resistencia de la OMIECH tuvo resultados, puesto que en noviembre de 2001 el convenio del proyecto Maya ICBG fue cancelado de forma definitiva.

Por su parte, la polémica entre la Unión de comunidades Zapotecas Chinantecas de la región norte de Oaxaca (Uzachi) y la farmacéutica Sandoz, aún está inconclusa. Como parte de esta controversia, Sandoz firmó un convenio con la Uzachi en donde la última le entregaría alrededor de 2 mil muestras anuales de hongos, en un ciclo inicial de tres años, a cambio de que la farmacéutica brindara a Uzachi: un porcentaje de las regalías del uso de las muestras, la transferencia de tecnología para la clasificación de hongos, apoyo en algunos proyectos de manejo sustentable de sus recursos y asesoría para el establecimiento de un orquideario.

Este pareciera un acuerdo justo entre la empresa y la periferia, no obstante, tras la firma del convenio diversas organizaciones, como la Unión de organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (Unosjo), denunciaron que el trato fue firmado sin informar a las comunidades de la región. Asimismo, denunciaron que se entregaron más de las 6 mil muestras pactadas para 3 años, que los pagos no corresponden a los beneficios que las muestras conllevan y finalmente, que ese tipo de convenios no solo facilita a las empresas el acceso a recursos, sino que fomentan la competencia entre comunidades, acrecentando la confrontación entre pueblos originarios.

Las acciones colectivas desde la periferia: nuevas formas de construcción del sujeto de la historia

El desplazamiento y el atropello de las comunidades campesinas, de sus modos de producción, de sus conocimientos y de sus relaciones con la naturaleza, son una constante en el proceso civilizatorio occidental. Esta constante ha llevado a que actualmente el mundo se encuentre en una crisis medioambiental que parece irreversible. Ante la crisis, desde el centro se han alzado actores que buscan hacerle frente, no obstante, son las resistencias que habitan las periferias las que se están colocando como las protagonistas de las luchas por la defensa de la naturaleza y de la vida.

Debido a su gran biodiversidad y a su abundancia de recursos naturales, los territorios rurales, a lo largo de la historia, se han convertido en zonas sobre las cuales se busca tener una tutela sobre su patrimonio y administración. Esta tutela, ha sido implementada desde los estados y a través de distintos proyectos generados por los gobiernos y por agencias internacionales, los cuales buscan la modernización a partir del despojo, la expulsión y la expropiación de territorios, en lo que son procesos de desarrollo económico que han resultado en graves problemas sociales y ecológicos.

Como respuesta, desde la década de 1970, han surgido organizaciones y movilizaciones campesinas e indígenas en defensa de los recursos y del derecho en su aprovechamiento colectivo. Estas resistencias, al paso de los años, han logrado dar una dimensión política al manejo tradicional de los recursos naturales, lo que ha desencadenado no sólo críticas al sistema político vigente y a su legitimidad, sino que ha alentado el regreso a modelos productivos tradicionales y se ha posicionado como un elemento clave para comprender los nuevos contextos y horizontes de la acción colectiva.

En México, los procesos comunitarios y regionales de resistencia hacia las prácticas hegemónicas de explotación, expropiación y despojo, han dado lugar a coaliciones entre campesinos e indígenas, mismas que han desarrollado una serie de manifiestos políticos -como la declaración de Zirahuén del Congreso nacional indígena, región Centro Pacífico de 2005- que ha dado a las movilizaciones campesinas un carácter político que les ha permitido ampliar las prácticas que constituyen las acciones colectivas emergentes. Esto ha sido clave para el desarrollo de la crítica y de una posible emancipación económica y social del campesinado, en la que se muestran los principales problemas del desarrollismo hegemónico y por ende, obliga a construir nuevos procesos en busca de una autonomía del sistema.

Conclusiones
Los centros del capital tienen múltiples estrategias para expandir el sistema a todo el mundo. A pesar de ello, existen diferentes actores y posiciones que, desde diversas geografías, se oponen a la hegemonía absoluta del sistema-mundo capitalista a partir de análisis, especulaciones, críticas y el desarrollo de propuestas que buscan vías antisistémicas, apostando por formas de vida comunitarias que velen por todos los seres vivos en el planeta.

Lo anterior demuestra que la periferia es el lugar en donde se construyen procesos históricos de negación de la negación, es decir, procesos configurados en las luchas cotidianas, que no solo se reducen al aspecto ecológico, sino a un redimensionamiento de las condiciones de vida y de la posibilidad de cambiarlas en beneficio de todos. Estos procesos periféricos contrahegemónicos niegan todo aquello que se ha impuesto desde los centros, por lo que brindan explicaciones sociopolíticas a la coyuntura de destrucción medioambiental y de formas de vida actual. Es por ello que, a partir de estos, la naturaleza “está dando los primeros atisbos de una herida de autorregulación crítica que marcará los caminos de las bifurcaciones que el devenir tendrá” bifurcaciones que parten de los grandes movimientos y del día a día, de lo que el centro considera como lo Otro.