Edgar Guerra es investigador adscrito al Programa de política de drogas del Centro de investigación y docencia económicas (CIDE).

“A partir de 2006 la violencia vinculada a las organizaciones criminales de drogas comenzó a presentarse de forma sistémica y escalofriante”, multiplicándose los enfrentamientos entre cárteles de drogas y las fuerzas de seguridad pública. De pronto el shock de violencia abarcó no solo a instituciones de procuración de Justicia, sino también a medios de comunicación, organizaciones civiles, a la academia y a la ciudadanía.

Con mayor frecuencia era la población la que padecía las consecuencias de la violencia del crimen organizado de drogas: desde agresiones y enfrentamientos hasta secuestros, violaciones y extorsiones.

Desde entonces la ciudadanía ha mostrado diversas formas de responder ante la adversidad, tanto de forma individual como colectiva. En los mecanismos de reacción se identificando una variedad de estrategias de adaptación y negociación ante la violencia, estas son: a) acciones colectivas desorganizadas, b) organizaciones sociales y c) movimientos sociales/grupos armados. Este último el objeto de investigación de este artículo.

Los ejemplos de mayor relevancia son “el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), el movimiento armado de las autodefensas michoacanas y las movilizaciones sociales generadas a partir de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa”. Los tres casos exhiben coincidencias en términos de sus factores causales, pues se originan tras un shock de violencia. Adicionalmente, reflejan el fracaso de las intervenciones estatales para generar alternativas de vida en el país.

II. La guerra contras las drogas y la violencia criminal

La política de combate a los grupos criminales iniciada por Felipe Calderón, y seguida por Enrique Peña Nieto, ha generado en muchas regiones del país un estado permanente de guerra, al mismo tiempo que se conformaba una espiral de violencia sostenida por factores exógenos a la dinámica de las organizaciones criminales. Entre ellos, destacan las fallas estructurales del Estado, como la falta de coordinación entre los cuerpos de seguridad pública y la falta de fortaleza institucional.

Todos los análisis coinciden que las estrategias tanto de Felipe Calderón como de Peña Nieto tuvieron como eje rector la militarización, y cómo es que la intervención de contingentes militares (factor exógeno) detonó los altos niveles de homicidios dolosos a partir de 2007.

La política de guerra de Felipe Calderón consistió: en 1) operaciones conjuntas, 2) aprehensión o eliminación de lideres de los cárteles y 3) aseguramiento de drogas. Esta estrategia careció de objetivos claros y consistentes, falta de mecanismos de transparencia, y un rotundo fracaso en el análisis de cómo reaccionarían los criminales. El gobierno de Peña Nieto no fue muy distinto de su antecesor: su política pública intentó integrar programas anticrímenes desde una perspectiva económica y social, diseñar mecanismos de rendición de cuentas y anticorrupción, no obstante, el cártel de los Zetas al noroeste del país frustró los planes de Peña Nieto en 2012. “En ambas abundan las deficiencias del diseño, implementación y evaluación de la estrategia s de seguridad pública” (p. 22).

Como consecuencia de las políticas de Calderón y Peña Nieto, las grandes organizaciones criminales se fragmentaron en pequeños grupos de drogas. Por un lado, estos grupos diversificaron su actividad ilegal para competir por el mercado, por el otro, comenzaron a usar más violencia como medio para resolver las disputas.

El fracaso de la guerra se filtró a la vida cotidiana de los ciudadanos y ha aumentado la corrupción y redes de protección hacia las organizaciones criminales. Por último, las zonas con mayor rezago social son consideradas como un detonante indirecto de la violencia, ya que en dichos territorios las organizaciones criminales reclutan sicarios, en particular, la zona conocida como “Tierra caliente”, es vista por el crimen organizado como un enorme mercado de recursos humanos.

Tierra caliente en Michoacán y Guerrero

La región de Tierra caliente comprende las entidades de Michoacán, Estado de México y Guerrero. En general, la región está integrada por pequeñas poblaciones y rancherías; la actividad principal es la ganadería y la agricultura, ambas insuficientes para generar riqueza y desarrollo. Geográficamente, el territorio es poco accesible por la escasez de infraestructura de carreteras, las condiciones climatológicas: se destaca por un sol infame y desolación en diversos valles.

Desde la década de 1950, la geografía accidentada hizo de Tierra caliente un territorio óptimo para el cultivo de cannabis, goma de opio y precursores para drogas sintéticas. Históricamente Michoacán y Guerrero se han situado en los primeros lugares de rezago social. En ambas entidades federativas la pobreza, la represión y radicalización han capturado las principales instituciones políticas, económicas y sociales.

Carlos Illades, historiador mexicano, “ha demostrado el nexo profundo entre la violencia estructural (pobreza, marginación) que históricamente se ha manifestado en el enfrentamiento entre las comunidades y organizaciones sociales contra los caciques regionales guerrerenses, y cómo este proceso se ha acelerado con la irrupción de la violencia criminal que se desbordó a partir del gobierno de Felipe Calderón” (p. 26).

Violencia criminal en Tierra caliente

La muerte del líder Arturo Beltrán Leyva y los enfrentamientos contra la organización de El Chapo Guzmán en 2010, rompieron la gobernabilidad del cartel de los Beltrán Leyva en Morelos y Guerrero. La lucha y división interna de los carteles llevó a la creación de los siguientes grupos delictivos: Guerreros Unidos, en Morelos y Guerrero, Los Pelones en el Estado de México y Morelos, Los Rojos en Morelos y Guerrero y la Mano con Ojos en el Estado de México. Desde entonces, se registró un aumento de homicidios y diversificación de la platea de delitos.

La fragmentación de las grandes organizaciones de drogas provocó dos procesos, i) enfrentamientos por el control de regiones y ii) redirección de actividades de pequeños grupos al no contar con poder suficientes para participar en el mercado transnacional de drogas (secuestro, extorsiones y robo).

La reconfiguración del campo criminal convirtió a Morelos, Guerrero y Michoacán en la primera zona de producción de heroína en el país. Por otro lado, el “triángulo dorado” conformado por Sinaloa, Chihuahua y Durango, colocó a México en el tercer lugar de producción de goma de opio, solo por debajo de Afganistán y Myanmar.

En conjunto, las organizaciones criminales de Tierra caliente se fortalecieron al aumentar su poder financiero, contratar sicarios y coludirse con autoridades policiacas y de gobierno.

La base PPD-CIDE (Programa de Política de Drogas-Centro de Investigación y Docencia Económica) permite visualizar cómo el aumento de las organizaciones criminales de drogas condujo a más víctimas. Estas se clasifican en tres categorías: enfrentamientos (3 mil 523), agresiones (mil 561) y ejecuciones (30 mil 983).
La gráfica 2 muestra el aumento de grupos, células y organizaciones criminales en la región de Tierra caliente. Solo destacan dos periodos de disminución del número de grupos: en 2007 se debió a un breve éxito en la estrategia del gobierno federal, y en 2010 como resultado de efecto coyuntural de la muerte de Arturo Beltrán Leyva y la detención de Edgar Valdéz.

En el siguiente gráfico se puedo ver el resultado de la fragmentación a partir de 2007, en términos de ejecuciones y muertes vinculadas al crimen organizado de drogas.

“Para observar si efectivamente la mayor diversidad y cantidad de grupos de crimen organizado se vincula con el aumento de la tasa de homicidios dolosos de drogas contamos con dos métodos” (p. 33). Por una parte, la base PPD-CIDE registra el nombre de la organización que, con alta probabilidad, pudo cometer la ejecución. La gráfica 4 señala el número de homicidios dolosos en los que, en efecto, se encontró un mensaje en el que se atribuía la ejecución a un grupo identificado como organización criminal vinculada al tráfico de drogas ilegales.

“Por otro lado, una forma más de vincular la mayor fragmentación de las organizaciones criminales con el aumento de homicidios de drogas en la región de Tierra caliente se da al observar el modo de muerte de los casos registrados” (p.35).

Los criterios para reconocer los homicidios dolosos como “narcoejecuciones” se toma de los reportes de 2011 de Ríos & Shirk, estos son: 1) la víctima fue muerta por un arma de alto calibre; 2) la víctima presenta signos de tortura o lesiones severas; 3) la víctima fue asesinada en el lugar en que se encontró su cuerpo, o el cuerpo fue localizado en un auto; 4) el cuerpo fue envuelto con cobijas, vendado o encintado; 5) el homicidio ocurrió dentro de una cárcel; 6) en el contexto del asesinato se registran circunstancias especiales como levantones o narcomensaje.

De acuerdo con Guerra (2006) la violencia es consustancial a los crímenes de drogas porque los asesinatos expresan las siguientes tres racionalidades: son asesinatos perpetrados bajo la lógica costo/beneficio (la victima representa un costo oneroso para el victimario u organización criminal y su muerte se debe al control de mercados y territorios), bajo la alógica estratégico/instrumental (la víctima es eliminada por haber cometido traición) y bajo la lógica ritualista (la muerte de la víctima incluye tortura corporal y psicológica más allá de lo necesario para producirle la muerte).

Los tres tipos de muertes se pueden observar también en la tabla anterior. “A saber: 1) la muerte con una lógica costo/beneficio ocurre, en el modelo, a través de la ejecución con arma de fuego; 2) la muerte estratégico/instrumental, al llevar implícita una carga de venganza ocurre, dentro de la tipología, en la forma de un mensaje, como podría ser la decapitación de la víctima; y 3) el ritual de mortificación de los cuerpos se presenta en los cascos de tortura y desmembramiento” (p. 37).

En la región de Tierra caliente, zona donde se fragmentaron los grandes grupos criminales de drogas, detonó la espiral de violencia que impactó la vida cotidiana de la ciudadanía, por lo que el autor identifica condiciones para que ciertos eventos (shocks de violencia) dieran paso a respuestas colectivas de acción y organización que tomarían la forma de movimientos sociales y grupos armados.

Shock de violencia y movimiento social

Por un shock de violencia se entiende eventos contingentes, de alto impacto y que afectan a más de un individuo, en los que la violencia criminal se caracteriza por ejecuciones pequeñas o masivas, enfrentamientos, desapariciones forzadas y/o agresiones perpetradas por individuos o grupos criminales contra la población civil. Como se ha mencionado con anterioridad, la sociedad desarrolla dos tipos de respuesta: despliega estrategias de adaptación y negociación ante la violencia, o da paso a la organización de movimientos sociales o de grupos armados.

El concepto de shocks de violencia permite articular tres niveles analíticos, el nivel micro, meso y macro. El nivel micro se encuentra si el evento se trató de una ejecución funcional-impersonal, de una estratégico-instrumental o de un ritual de mortificación de los cuerpos; a nivel meso, el shock de violencia expresa la estructura del campo criminal y su dinámica, es decir, cómo las organizaciones criminales se han involucrado con estructuras comunitarias, instituciones políticas y policiales. Finalmente, el nivel macro, “permite e observar la conexión entre violencia criminal y otros tipos de violencia, como la social o la política”.

El autor propone los siguientes shocks de violencia, “a) el asesinato del hijo de un prominente miembro de la sociedad; b) una oleada de extorsiones, secuestros, robos, violaciones, etc., en la Tierra caliente michoacana; y c) la desaparición de 43 estudiantes normalistas” (p. 39).

El evento a), o la muerte del hijo de Javier Sicilia el 28 de marzo de 2011 en Temixco, Morelos, recibió mucha atención de la prensa, porque la presión social obligo a las autoridades argumentaran que el asesinato se debía a un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales, es decir, fue una confusión. El joven no era una figura pública, pero las redes de contacto de su padre, políticas y con organizaciones civiles, originó el nacimiento de uno de los movimientos sociales más significativos, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

El segundo evento, tuvo lugar en Michoacán en 2003, región donde operaban Los Zetas, La Familia Michoacana y finalmente, los Caballeros Templarios, y que frecuentemente aterrorizaban a la población mediante extorsiones, secuestros, violaciones y asesinatos. Una diferencia importante respecto los otros ejemplos, es que el impacto mediático fue menor, debido a la intimidación de los grupos criminales hacia los medios de comunicación. En contraste, la ciudadanía formuló estrategias de adaptación y negociación de violencia, paulatinamente la respuesta individual pasó a ser una colectiva donde se configuró un movimiento armado, el de las autodefensas michoacanas en las poblaciones de Tepalcatepec y La Ruana.

“El movimiento armado de las autodefensas expresó las fuertes y contrastantes tensiones estructurales regionales (macro nivel), a la par que mostraba la hegemonía que una organización criminal particular había logrado construir en la región (meso nivel)” (p. 39).

El ultimo evento, la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre en 2014, generó un enorme impacto en la opinión pública y derivó en una respuesta masiva en diferentes sectores de la sociedad. Primero, se cuestionaron los resultados de la investigación gubernamental, así como la llamada “verdad histórica”, segundo, las movilizaciones en apoyo a las familias de las victimas ha generado una serie discusión sobre como las políticas de seguridad, la forma de afrontar el tráfico de drogas y la función de las fuerzas armadas.

“El concepto de shock de violencia tienen la intención de sistematizar el estudio de aquellos eventos traumáticos que ocurren en un contexto de reconfiguración del campo criminal y que impactan en forma profunda en la vida cotidiana de la ciudadanía, estos episodios se presentan en contextos de violencia social (marginación y exclusión) y de violencia política (autoritarismo y represión)” (p. 41).

Conclusiones

Michoacán, Guerrero y Morelos, no sólo comparten fronteras territoriales sino toda una red criminal que se estructura a partir del negocio del cultivo, producción y tráfico de drogas ilícitas, la cual tiene como pináculo el control de los delitos del fuero común y hasta la captura de los gobiernos municipales.

La guerra contra el narcotráfico, que inició Felipe Calderón, ha detonado enfrentamientos a muerte entre estas organizaciones por el control del mercado, la consecuencia más significativa es el alto nivel de violencia que padecen los ciudadanos día a día.

El autor propone utilizar el concepto de shock de violencia como una herramienta útil para entender cómo la sociedad ha respondido a la brutalidad y el terror de la violencia criminal en el contexto de guerra contra las drogas. “Los shocks de violencia son eventos que, no por efímeros, deja de tener profundas raíces en nuestra sociedad y cuya causalidad inmediata se encuentran las políticas de los gobiernos. Estos movimientos se forman en una zona de mucha marginación, de enorme rezago y violencia social. En una región en que las políticas de seguridad fracasaron, en que las autoridades se rindieron y las policías se vendieron” (p. 42).