Mizue Aizeki lidera el proyecto de defensa de inmigrantes ante la tecnología y vigilancia de la inmigración, que incluye la construcción de defensas comunitarias y legales contra las redadas de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Aizeki se posiciona en torno a la justicia racial, los derechos de los trabajadores y la vigilancia y deportación de inmigrantes en el interior y en la frontera entre Estados Unidos y México.

Resumen ejecutivo

El 20 de enero de 2021, el recién electo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pausó la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México iniciada durante el periodo presidencial de Donald Trump. Después, la Casa Blanca envió al Congreso una propuesta llamada Citizenship Act of 2021 para implementar tecnología inteligente (Smart Technology), con el fin de asegurar la frontera sur.

En este tenor, el reporte ahonda en la retórica sobre las fronteras inteligentes (smart borders) y el régimen sobre la política fronteriza que impulsa la expulsión y exclusión de refugiados y migrantes que buscan refugio en Estados Unidos o que ya viven en ese país. En este sentido, uno de los casos de estudio del reporte es lo que acontece en Chula Vista, California. El objetivo es ilustrar la estrategia que propone tener una frontera militarizada en Estados Unidos. Aunado a lo anterior se observa también el crecimiento del complejo industrial de fronteras, la expansión de la red de vigilancia y la relación entre la construcción de muros con la desigualdad global, el cambio climático y su respectivo desplazamiento.

La adopción de las smart borders emergió con los atentados del 11 de septiembre de 2001 y su expansión genera el uso de tecnologías para vigilar y monitorear las fronteras. Estas tecnologías incluyen cámaras, drones, biométrica y sensores de movimiento, lo que contribuye a detener, efectivamente, la inmigración no deseada y permitir el rastreo de migrantes.

Defender las fronteras inteligentes fue, y sigue siendo, uno de los tres pilares clave de la estrategia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), junto con las barreras físicas y el personal. Las smart borders también están pensadas en la lógica de la disuasión: debido a la militarización, la migración se vuelve tan difícil y dolorosa que provoca que las personas dejen de considerar entrar a Estados Unidos sin autorización.

El uso de la tecnología por parte de las agencias encargadas de las fronteras Estadounidenses no es nuevo: desde 1919 ha sido utilizada por el gobierno. No obstante, las smart borders actuales contienen una tecnología sofisticada que involucra información personal y que posibilita su almacenamiento, al tiempo que sus sistemas se integran unos con otros (Dato crucial 1).

Así, el reporte detalla algunos de los más prominentes despliegues de las tecnologías que forman las smart borders. Además de los drones y los lectores automáticos de matrículas, estas tecnologías incluyen:

Torres fijas integradas (IFT, por sus siglas en inglés): éstas son construidas por Elbit Systems of America, una subsidiaria de la compañía de armas israelí. Existen 50 IFT en todo el sur de Arizona. Cada una de las torres tiene cámaras diurnas, de visión nocturna y de energía térmica que pueden ver a una distancia de hasta siete millas y media, así como un radar de barrido con un radio de casi trece millas.

Monitores de tobillo: permiten que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) rastree a las personas con solicitudes de asilo pendientes y a otros bajo la supervisión de ICE. Los grilletes en los tobillos someten a las personas al encarcelamiento electrónico con consecuencias económicas, sociales, psicológicas y legales. En agosto de 2019, había más de 43 mil personas sujetas a esta tecnología.

Análisis de rastreo y migrantes: ICE colabora con la empresa de software Palantir para desarrollar dos herramientas clave: 1) la plataforma de gestión de casos de investigación (ICM, por sus siglas en inglés), que vincula registros a múltiples investigaciones; y 2) FALCON Search and Analysis (FALCON-SA), que analiza datos de múltiples bases de datos administradas por agencias legales, así como de flujos de datos vinculados a la actividad de las personas en internet y redes sociales. Estas plataformas permiten a ICE aplicar inteligencia artificial para acelerar enormemente la capacidad y eficiencia de la agencia para detener y deportar.

Demócratas y republicanos piensan que este tipo de fronteras inteligentes son una forma más humana de lidiar con la inmigración. Sin embargo, inteligentes o no, la política fronteriza se basa en controlar seres humanos y negar la entrada a aquellos considerados como indeseables o que no merecen estar en el país.

Aunado a lo anterior, el informe subraya y explora 5 daños centrales de la política fronteriza de Estados Unidos.

1) Un crecimiento en el complejo industrial de fronteras y vigilancia. Entre 2008 y 2020, CBP e ICE emitieron 105 997 contratos por valor de 55.1 mil millones de dólares a corporaciones privadas, como CoreCivic, Deloitte, Elbit Systems, GEO Group, General Atomics, G4S, IBM, Leidos, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Palantir, con cada vez más contratos para tecnologías de “frontera inteligente”.

2) Creciente vigilancia policial de los inmigrantes y sus comunidades, las zonas fronterizas y la sociedad en su conjunto. A través de las tecnologías de vigilancia, la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional para vigilar a las personas aumenta: diariamente se colocan monitores de tobillo con GPS en los cuerpos de decenas de miles de personas que no son ciudadanos. Este tipo de vigilancia se complementa con otras más pasivas, que monitorean una franja creciente de la población estadounidense (ver Dato crucial 2).

Además, la capacidad para arrestar y detener a personas que no son ciudadanos ha crecido drásticamente, ya que ICE ha ampliado enormemente su arsenal de vigilancia a través de dispositivos móviles de toma de huellas dactilares y análisis de datos desarrollados por Palantir para facilitar el seguimiento y selección de personas.

3) Separación y debilitamiento de familias y comunidades. Los estudios muestran que el arresto, detención y deportación de miembros de la familia causan síntomas asociados con el trastorno de estrés postraumático. Esos síntomas también provocan una disminución en el rendimiento escolar, impactos negativos en la salud y la nutrición, pobreza, entre otras.

4) Mutilación y muerte de un gran número de quienes cruzan la frontera. La patrulla fronteriza estadounidense informa un promedio anual de 355 muertes de personas que intentaban migrar hacia Estados Unidos entre 1998 y 2019, lo que equivale aproximadamente a una muerte por día durante un período de veintidós años. Sin embargo, debido a que muchos cadáveres no se recuperan, la cifra real podría ser mucho mayor (ver Dato crucial 3).

5) Agudización de la desigualdad socioeconómica. La creciente criminalización de los trabajadores inmigrantes reduce su poder frente a los empleadores, aumentando su explotación. Durante la pandemia de COVID-19, los y las trabajadoras agrícolas estadounidenses, la mayoría indocumentadas, fueron declarados "trabajadores esenciales".

Esto ejemplifica que el Estado y los intereses a los que sirve ven a los trabajadores como recursos que deben ser explotados cuando se necesitan y descartados cuando no lo son. Así, este tipo de prácticas reflejan y refuerzan las distinciones de clase, etnia y las desigualdades asociadas.

En este sentido, el informe remarca que la variable más relevante para comprender el uso de tecnologías de vigilancia y la construcción de muros en las fronteras es la brecha de riqueza entre los países que construyen la barrera y las poblaciones que son consideradas como una amenaza. Es decir, los muros y los dispositivos tecnológicos para vigilar la movilidad internacional producen circunstancias injustas de vida o muerte.

El crecimiento en el gasto para afrontar la inmigración refleja una elección política (ver Datos cruciales 4 y 5), basada en la supuesta necesidad de una inversión masiva en la vigilancia fronteriza. Sin embargo, la política fronteriza nunca aborda ninguna de las causas fundamentales de la migración: la desigualdad económica mundial, la intensificación de la crisis climática, los fracasos de la política comercial multilateral y la violencia política.

El informe concluye argumentando que se debe ir más allá de un debate estrecho limitado a fronteras "duras" versus "inteligentes"; y más bien, debe de dirigirse hacia una discusión sobre cómo se puede avanzar hacia un mundo donde todas las personas tengan el apoyo necesario para llevar vidas saludables, seguras y vibrantes.