Anabel Hernández es una periodista de investigación y escritora mexicana conocida por sus investigaciones sobre el narcotráfico en México. También es ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2002.

México es el país donde más periodistas han sido asesinados en la última década y también el país donde más periodistas han sido espiados. Lo cual es casi igual de grave, pues el objetivo es el mismo: impedir el derecho de la sociedad ha estar informada.

La investigación multinacional “Pegasus Project” ha confirmado el espionaje sistemático realizado por distintos gobiernos con fines políticos y para proteger intereses privados. Una lista de más de 50 mil números telefónicos, que fue filtrada a Amnistía Internacional y a “Forbiden Stories”, muestra los blancos de espionaje a través de Pegasus.

Este virus o “spyware” es comercializado por NSO, una empresa israelí, y ha sido comprado por los gobiernos de más de 180 países. Utilizando este programa se puede acceder todos los archivos, contactos, mensajes e incluso activar la cámara o el micrófono de un teléfono celular y grabar con ellos sin ser detectado.

Entre los números espiados por el gobierno de México se identificaron al menos 15 periodistas, así como decenas de defensores de derechos humanos y actores políticos, como el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y su círculo cercano. El perfil de estas víctimas es claro, personas incomodas al gobierno de ese momento.

El tema del espionaje no solo afecta a las personas que son espiadas, sino que produce víctimas colaterales. Durante el año 2013, la autora sufrió represalias en forma de una advertencia en la puerta de su casa, tan solo a unas horas de haberse reunido con Manuel Mondragón, Comisionado de Seguridad Nacional en el sexenio de Peña Nieto. En 2021, la FGR ha confirmado que Manuel Mondragón era espiado durante esas fechas. Ese es el alcance del daño colateral.

Lamentablemente el tema no es nuevo en México y ya en 2016 la Universidad de Toronto publicaba información de la utilización del virus contra el periodista Rafael Cabrera, quien se encontraba investigando una residencia millonaria regalada a Peña Nieto por parte de un contratista. En 2017, “The New York Times” abundó en el tema y desde entonces las organizaciones Articulo 19 y R3D presentaron una demanda penal como representantes de diversas víctimas de espionaje.

Según Leopoldo Maldonado, director de Articulo 19, organización que representa legalmente a víctimas de Pegasus desde 2017, hasta ahora existen omisiones y resistencia a investigar por parte de las autoridades, y se ha dejado la carga de la prueba a la víctima en vez de llevar a cabo una investigación profunda por sus propios medios.

Desde 2017, la defensa ha propuesto diversas líneas de investigación para dar con los responsables, pero ni la PGR ni la actual FGR han seguido dichas líneas, incluso tras ser instruidos a ello por un juez. Por otro lado, la Secretaria de Marina y la Secretaria de la Defensa Nacional, que se presume también usaron el virus, no han negado ni reconocido abiertamente su uso, ni han proporcionado información a la investigación.

Esto lleva a preguntarnos; ¿por qué si ahora existe una Fiscalía General de la República independiente, e incluso el actual presidente fue víctima de su uso, el caso sigue impune? La respuesta puede radicar en que el “dark state” en México permanece intocable al cambio y sus integrantes han sido absorbidos por la nueva administración.

Un ejemplo de este fenómeno es Omar García Harfuch, quien pertenece al grupo de policías corruptos de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Tomas Zeron. Garcia Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México bajo la administración de Claudia Sheinbaum, también fue director de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y uno de los posibles responsables del uso del virus Pegasus hasta 2018, sin embargo no ha sido investigado.

Tomas Zerón había sido llamado a declarar por el caso Pegasus, sin embargo, su influencia al interior de la FGR lo liberó para no ser juzgado por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.