Lourdes Medina es abogada en el equipo Indignación, una organización no gubernamental con el objetivo de promover y defender los derechos humanos desde una perspectiva integral, pluricultural y de género.

Jorge Fernández es doctor en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Barcelona y forma parte del equipo de Indignación.

1. Planteamiento del problema

La Península de Yucatán es de las regiones hídricas más importantes del país debido a la diversidad biológica generada por el tipo de subsuelo, denominado kárstico, los cuales se destacan por sus formas de absorción, sumideros u hoyos, que conectan directamente con las redes de conductos internos del acuífero. Así como pueden transportar o almacenar gran cantidad de agua son altamente vulnerables de ser contaminados por las actividades humanas. También, se dice que un sistema kárstico es poco eficiente en atenuar contaminantes.

El acuífero peninsular ha estado ligado al desarrollo de las comunidades mayas, ya que abastece a tales poblaciones de agua para beber, regar, lavar y hasta generar energía. Particularmente, Quintana Roo y Yucatán son las entidades federativas con mayor dependencia a los recursos hídricos de la región, principalmente por el turismo y las actividades primarias. En los últimos años el riesgo de contaminación del acuífero ha aumentado por la construcción de megaproyectos que afectan la calidad y asequibilidad del agua.

Con mayor frecuencia surgen investigaciones que demuestran como los megaproyectos impactan negativamente los mantos acuíferos de la Península de Yucatán y a las comunidades de la región. En el presente trabajo, además de revisar las afectaciones en el acuífero peninsular y sus consecuencias, se realiza un análisis del papel de las autoridades mexicanas en materia de verificación y garantización de los estándares mínimos de protección al derecho al agua y el medio ambiente sano. Como eje vertical, los autores se proponen identificar las responsabilidades del gobierno, en sus diferentes niveles, y contrastar dos realidades, la de los pueblos indígenas marginados por cientos de años y el gran poder económico y político de las grandes empresas.

Capítulo 5. Principales riesgos de afectación al derecho a un medioambiente sano y al agua

5.1 Afectaciones derivadas del establecimiento de granjas industriales porcícolas en la península de Yucatán

5.1.1 Daños ambientales ocasionados por las granjas industriales porcícolas

La producción de carne de cerdo y aves a gran escala genera enormes volúmenes de residuos y riesgos a la salud humana. Los residuos de las ganaderías se trasmiten directamente por tierra (saturación con minerales y toxicidad), por agua superficial y subterránea (filtración, escorrentía y derrames) y por aire (producción de amoniaco, gases de invernadero y olores), e indirectamente por la lluvia ácida que afecta la biodiversidad. “A nivel mundial, el efecto mayor es por las emisiones de nitrógeno, fósforo y metales pesados (cobre, zinc y cadmio), que pueden provenir de las heces en naves y corrales, de su almacenamiento o cuando se aplican a los suelos” (p. 25).

Rosario Pérez Espejo, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, añade que la contaminación del aire por generación de gases tóxicos (dióxido de carbono, metano, amoniaco y ácido sulfihídrico) afecta no solo a los trabajadores y comunidades cercanas de granjas sino también al cerdo mismo. Se estima que la contaminación de metales pesados es absorbida entre 5 y 15% por lo cerdos. Adicionalmente, la actividad porcina produce contaminación en la aplicación de excretas a terrenos agrícolas y pérdida de biodiversidad por erosión genética.

Diversos estudios científicos señalan que la contaminación por materia orgánica a causa de los animales está entre los principales factores de contaminación del subsuelo. En la Península de Yucatán hay aproximadamente un millón de cerdos, que requieren gran cantidad de recursos hídricos y que por las propiedades del suelo representan un enorme riesgo de contaminación y escasez de agua. Por otro lado, el manejo de los residuos de la industria porcícola en la región ha sido prejudicial en términos ecológicos y sanitarios.

En Yucatán, a partir de la década de los años 90, la industria porcícola ha crecido aceleradamente por cambios en la estructura productiva de la región; tanto grandes empresas como nuevos acuerdos entre ejidatarios y particulares han impulsado al alza la producción de carne. De 1984 a 1992 la producción media anual de carne de cerdo fue de 17 mil 667 toneladas, de 1993 a 1994 fue de 38 mil 178 toneladas, es decir, cubrió el 95% de la demanda nacional.

“Todo lo anterior indica que pronto puede producirse un rompimiento de las tramas ecológicas que dan soporte al ecosistema en su conjunto y hasta provocar la extinción de especies locales, principalmente porque en la Península de Yucatán […] las autoridades no han tomado las medidas adecuadas para prevenir las múltiples violaciones a los derechos humanos como son el derecho a la libre determinación, a la autonomía, a la consulta indígena, libre previa, informada y culturalmente adecuada” (p. 26-27).

5.1.2 Situación de la industria porcícola en la península de Yucatán

En la Península de Yucatán se encuentran 14.2% de las grandes porcícolas identificadas en el país. El Estado de Yucatán provee 9% de la producción nacional de carne de cerdo. La porcicultura crece anualmente a 4.5%, más que en Sonora y Jalisco, 2.6 y 1.7% respectivamente. De 2006 a 2018 la producción porcina de la península aumentó 39%, frente a Campeche y Quintana Roo, con tasas de 10 y 9%, respectivamente.

En Yucatán se encuentra la empresa con mayor presencia en la producción y comercialización de cerdo. El Grupo Porcícola Mexicano, conocido como Kekén, cuenta con 12.1% de producción en México y es el más importante a nivel nacional y ocupa el lugar 20 a nivel mundial.

Un informe de 2020 de Greenpeace México indica que para la carne de cerdo proveniente de Yucatán no hay fuentes de información transparente y fidedigna sobre la capacidad instalada, la capacidad utilizada, el número de naves, superficie, raza de cerdos, ciclos, tecnificación, existencia de manifestación de impacto ambiental (MIA), volumen de agua concesionada para aprovechamiento y volumen de aguas residuales permitidas para descarga.

El bajo número de MIAs para las granjas porcinas, junto con la omisión de reportes de emisiones de contaminantes ante la Secretaría de medioambiente y recursos naturales (SEMARNAT) y la inconsistencia en los trámites del aprovechamiento del agua y descarga indican que muchas de de ellas operan fuera de la ley.

Entre los daños ambientales por la actividad porcícola se encuentra el cambio de uso de suelo (INEGI estima que la porcicultura ha deforestado 31% de la superficie de la Península de Yucatán), el riesgo de desaparición de algunas especies endémicas (mono araña, jaguar, loro yucateco y peces ciegos) por vertimiento de sustancias a los cuerpos de agua o devastación de hábitats, afectación a áreas naturales protegidas (122 granjas porcícolas están en áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad y 102 están en sitios para la restauración), la contaminación del aire por emisión de gases de efecto invernadero (en México 15% de las emisiones provienen del ganado bovino y porcino, en especial el manejo de estiércol produce la misma cantidad de emisiones de CO2 que toda la electricidad del Estado de México), la contaminación del agua por sustancias tóxicas (nitratos, amonio y nitritos) que producen enfermedades como el cáncer de estomago y afectaciones respiratorias.

5.1.3 Homún y Kinchil dos pueblos indígenas mayas afectados por las granjas industriales porcícolas en Yucatán

Homún y Kinchil son dos ejemplos representativos de la contaminación ambiental al manto acuífero y la pérdida de biodiversidad en la Península de Yucatán a causa de la industria y el otorgamiento de permisos para la construcción y operación de granjas de cerdos por parte de las autoridades.

Homún es un pueblo indígena maya que se encuentra en un área natural protegida denominada Reserva Estatal Hidrológica Anillo de los Cenotes, al interior del mismo se encuentra otra área natural protegida llamada Parque Estatal Lagunas de Yalahau. Kinchil también es un pueblo maya, cuyos pobladores recientemente descubrieron a una distancia corta de sus domicilios una laguna pestilente, donde se vierten los desechos orgánicos de las granjas porcícolas. Ambos han sido declarados como Humedales de Importancia Internacional por el Convenio de Ramsar.

El caso de Homún gira alrededor de una autorización que hizo el presidente municipal en 2016 de la construcción de una megagranja de la empresa Producción alimentaria porcícola (PAPO), sin contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). “Por su parte, la SEDUMA (Secretaría de Desarrollo Urbano y Medioiombiente del Estado) autorizó a la empresa la Manifestación de Impacto Ambiental sin haber observado el principio precautorio que establece que las autoridades deben tomar las medidas necesarias a fin de evitar un posible daño ambiental y a la salud, cuando no hay evidencias científicas suficientes para asegurar que el daño no será producido” (p. 34). En 2017, el ayuntamiento de Homún revocó los permisos a la empresa, acto seguido PAPO entabló un juicio contencioso ante el Tribunal de justicia administrativa del Poder judicial del estado de Yucatán. En 2018, este último determinó que la construcción de granjas de cerdos no representaba un perjuicio al interés social ni contravenía disposiciones de orden público, por lo declaro "nula" la petición de revocación de permisos.

En Kinchil, las empresas KUO y Kekén llegaron a la región en 2010 para establecer granjas de cerdos, por lo que comenzaron a explotar los mantos acuíferos hasta que PROFEPA las detuvo por las demandas de la población, posteriormente se cancelaron diversos permisos. Las ilegalidades de Kekén van desde el despojo de tierras hasta la transgresión de normas de cuidado al medioambiente, por ejemplo, se reportó la disminución de la población de abejas, de cosechas de miel, la obstrucción de cenotes y la formación de pantanos de aguas negras. Adicionalmente, Kekén estaba adjudicándose terrenos y ganado bovino de la población con el consentimiento de las autoridades. Actualmente se encuentra abierto un proceso de denuncia popular por daños ambientales ante la PROFEPA. De igual forma se encuentra en curso un juicio administrativo en contra del gobierno del estado de Yucatán por cerrar la denuncia popular interpuesta por las pobladoras afectadas por la mencionada granja.

Así como Homún y Kinchil, existe más poblaciones en la Península de Yucatán que han sido severamente afectadas por la industria porcícola. “Resulta de vital importancia que el gobierno mexicano en sus tres ámbitos de competencia –federal, estatal y municipal– lleven a cabo acciones conjuntas con la finalidad de vigilar que se cumplan con las leyes ambientales, y que se ponga en práctica el principio precautorio, cuando no haya evidencia científica de los daños ambientales que traerán la instalación y operación de dichas granjas, es importante también que, antes de otorgar cualquier permiso, se lleve a cabo un proceso de consulta a los integrantes de los pueblos indígenas, a fin de que estos decidan si otorgan o no su consentimiento libre e informado, sobre qué proyectos quieren o no, haciendo uso de su derecho a la autonomía como pueblos indígenas” (p. 37).

5.2 Afectaciones derivadas de la utilización masiva de agrotóxicos

Según la oficina de la Organización de naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), la mayor fuente de contaminación de los acuíferos subterráneos son los nitratos procedentes de la actividad agrícola. El informe de la misma institución, Más gente, más alimentos, ¿peor agua? Un examen mundial de la contaminación del agua de la agricultura, señala que la agricultura es el mayor productor de aguas residuales y que, por su intensificación, los países se han visto obligados a usar pesticidas y fertilizantes sintéticos.

“Otros datos alarmantes son que las tierras agrícolas reciben anualmente alrededor de 115 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados, cuyo 20% termina por acumularse en los suelos y la biomasa; y 35% acaba en los océanos. Los países en desarrollo representan 25% del uso mundial de plaguicidas en la agricultura, pero suman 99% de las muertes derivadas de su uso en el mundo” (p. 38).

La FAO estima que la demanda mundial de plaguicidas ha llevado al desarrollo de más de 6 400 ingredientes activos, que combinados con otros componentes representan más de 100 mil formulaciones comerciales de plaguicidas. En 2016 el mundo utilizó cuatro millones de toneladas de plaguicidas. El uso indiscriminado de pesticidas y agrotóxicos se ha convertido en un problema ambiental y de salud a escala mundial debido a la falta de saneamiento del agua de sustancias tóxicas como plaguicidas, metales pesados y fármacos.

El problema de los agrotóxicos se extiende hasta los países desarrollados, pues estos exportan a América Latina, África y Asia sustancias peligrosas que han sido prohibidas en sus territorios por motivos sanitarios y ambientales. La falta de marcos regulatorios en las regiones emergentes representa una externalización de los impactos sanitarios y ambientales sobre las sociedades más vulnerables. “No se puede soslayar que el incremento del uso de plaguicidas está asociado a la lógica del mercado oligopólico de semillas; es decir existen unas cuantas empresas productoras de semillas y promotoras de agrotóxicos que se oponen a la prohibición de plaguicidas” (p. 40).

La problemática ha recibido especial atención por parte de diversos organismos internacionales como el Convenio de Rotterdam, cuyo objetivo es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos entre las partes en la Feria del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medioambiente. El Convenio de Estocolmo pretende adoptar medidas de control para eliminar la producción, utilización, exportación e importación de los contaminantes orgánicos persistentes determinados como peligrosos. Mientras el Protocolo de Montreal tiene el objetivo de proteger la capa de ozono de la tierra, con la meta de eliminar el uso de sustancias que la agotan.

Las últimas administraciones en México han contribuido a convertir el país en una potencia agroindustrial, lo que implica un aumento notable de la utilización de agrotóxicos que se encuentran prohibidos en otros países por su alta peligrosidad y toxicidad. Greenpeace México y la Red de acción sobre plaguicidas y sus alternativas en México han exhibido la omisión del estado mexicano (CNDH, COFEPRIS, SEMARNAT, SADER y SENASICA) para garantizar el derecho a la salud y el medioambiente derivada de la falta de adecuados marcos regulatorios y políticas públicas que adapten el uso de plaguicidas y otro tipo de agrotóxicos a los estándares internacionales en la materia.

La recomendación 82/2018 emitida por la Comisión nacional de los derechos humanos (en adelante CNDH) señala que en México se ha prohibido 20 de los 35 productos químicos catalogados como severamente tóxicos en el Convenio de Rotterdam. Si se considera el potencial daño de los plaguicidas a los mantos acuíferos el riesgo la salud y medioambiente es aún mayor. De hecho, estudios realizados por la SEMARNAT y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático reconocen la existencia de compuestos químicos como plaguicidas en los cuerpos de agua superficial y subterránea en zonas agrícolas, así como niveles compuestos en la flora y la fauna; otros hallazgos son:

1.- Se identificaron 125 sitios en México que registran presencia de plaguicidas en el suelo, aguas superficiales y subterráneas.
2.- El tipo de sitio en el que se ubican la mayoría de los reportes corresponde a pozos, ríos, lagos, lagunas o sistemas costeros y zonas agrícolas.
3.- De los sitios identificados, en al menos seis se rebasan los valores límites de referencia para suelo y en al menos otros trece los valores de referencia para agua reportándose en total 82 ingredientes activos diferentes y nueve metabolitos. En el suelo se detectaron y midieron 45 plaguicidas o sus metabolitos, en el agua superficial 58 y en el agua subterránea 24.

5.2.1 La situación de la Península de Yucatán

Como se ha señalado anteriormente la Península de Yucatán es una de las regiones más afectadas por los plaguicidas utilizados en la agricultura en general. Otro factor responsable de esta situación es el desplazamiento de conocimientos tradicionales (deshierbe o chapeo) por nuevas tecnologías para combatir las plagas en la agricultura. Sin embargo, dicho factor es generado por la demanda del mercado y el cambio de paradigma en los agricultores, quienes se ven obligados a cultivar mayores extensiones de terreno para adquirir un ingreso digno.

“Por otra parte, la agricultura industrial en los últimos años se ha caracterizado por la siembra de monocultivos y especialmente de semillas transgénicas, lo que ha significado un aumento en la Península de Yucatán del uso de herbicidas como el glifosato señalado como posiblemente cancerígeno por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud” (p. 48).

“Las investigaciones realizadas en los cuerpos de agua de la Península de Yucatán coinciden en señalar que existen prácticas incorrectas en algunas actividades antropogénicas y la falta de tratamiento de los residuos sólidos y líquidos coadyuvan a este riesgo potencial” (p. 49). A nivel nacional, Yucatán es el último estado que realiza acciones de saneamiento de agua y 30% de la población en la zona rural bebe agua de pozo o de cenotes contaminado. Por lo tanto, sobra decir que en los últimos 15 años el estado de Yucatán ha presentado alta prevalencia de muertes en mujeres causadas por cáncer cervicouterino, cáncer de mama, así como una alta prevalencia de malformaciones congénitas y de mortalidad fetal e infantil.

Los hallazgos de la comunidad científica identifican como principales sustancias peligrosas al heptacloro, lindano, endosulfán y DDT, en municipios del Anillo de Cenotes de Yucatán, en las zonas costeras de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y en los ríos Champotón y Candelaria en Campeche. También se han encontrado altas concentraciones de herbicidas de Monsanto en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, sobre todo a raíz de la apuesta de la siembra de organismos genéticamente modificados, fundamentalmente la soya genéticamente modificada. Muchos de estos plaguicidas y herbicidas están restringidos por organizaciones internacionales.

5.3 Otras afectaciones derivadas de megaproyectos de extracción del agua

La Ley de aguas nacionales de 1992, fundamentada en el artículo 27 constitucional, sentó las bases para que un “particular” mediante concesiones pueda acceder a las aguas nacionales, sin la necesidad de obtener una concesión por mandato presidencial y mediante consulta.

Hoy en día, México vive una crisis hídrica marcada por la enorme inequidad en la distribución del agua por la construcción de megaproyectos hidráulicos y por la prioridad a inmobiliarias que agudizan la saturación urbana en zonas de no disponibilidad hídrica; el avasallamiento del territorio con megaminería toxica, la persistencia de la fracturación hidráulica (fracking) y la priorización de la agroexportación en gran escala.

Un análisis del sistema de concesiones de agua en México reveló que existe un grupo de millonarios de agua (MA) que anualmente concentran poco más de 13 millones de metros cúbicos para su uso privado. “Se trata de 966 empresas en las que se encuentran empresas de energía eléctrica, cerveceras, acereras, agroindustrias, mineras, papeleras, automotrices, embotelladoras, entre muchas otras; 1,537 personas físicas que acaparan grandes volúmenes de agua (2,547 hm³ de agua al año) y 800 asociaciones civiles (con 4,856 hm³ de agua al año), y que en conjunto explotan más de una quinta parte del agua concesionada a nivel nacional” (p. 58).

“Dentro de los MA se encuentra una empresa biotecnológica, Enerall, que explota un volumen de 12.9 millones de m³ de los mantos acuíferos de Yucatán, zona una de las reservas de agua dulce más importante del país y cuyo fundador es Alfonso Romo Garza, quien fuera jefe de la Oficina de la Presidencia de México y cuya compañía fue investigada en 2018 por destruir un cenote en la Riviera Maya” (p. 59).

Los negocios que le dan un servicio único al agua son principalmente grandes hoteles situados en la Riviera Maya, que además han privatizado y mercantilizado un gran número de cenotes para el uso turístico. Otras empresas como Bachoco, con 229 concesiones en 20 estados de la república, dan un uso mixto al agua.

La investigación sobre los MA clasifica las formas de monopolización del agua del sector privado: “1) los usuarios pueden acceder a una sola concesión con grandes volúmenes de agua, ya que no se establecen un límite preciso -salvo las consideraciones de disponibilidad media anual; 2) un mismo usuario puede tener distintas concesiones de distintos tipos con diferentes volúmenes y también usos; 3) un mismo usuario puede tener varias concesiones a partir de varios usuarios con varias concesiones como en el caso de la Coca Cola y la familia Tricio” (p.60).

Lo anterior no indica que no existan otras formas de monopolización o arrebato del agua, como la transmisión de concesiones o tomando por la fuerza el agua sin necesidad de una concesión, como en el caso del Ayutla Mixe. La característica que comparten todas estas formas es el conjunto de conflictos locales que se generan por el despojo de tierra y agua para la vida.

De 2013 a 2018 las concesiones han hecho que la capacidad media anual de agua del acuífero de Yucatán haya disminuida en 38.5%. A pesar de que en 2012 se aprobó una reforma constitucional para adicionar el derecho humano al agua en 2021 subsiste esta omisión legislativa debido a intereses particulares y a la Ley de aguas nacionales de 1992. “De ahí la importancia de sustituir la actual Ley de Aguas Nacionales por una nueva Ley General de Aguas que establezca las nuevas bases sobre el acceso y el uso de los recursos hídricos en el país, teniendo como fundamento clave de toda ella el contenido del derecho humano al agua” (p. 64).

La Ley general de aguas, de acuerdo con la iniciativa ciudad, debe incorporar consensos sobre gestión democrática de los recursos hídricos, servicios municipales de agua y saneamiento democratizados, instrumentos de defensa sociohídrica ambiental, concesiones y asignaciones para el acceso equitativo y sustentable al agua, respeto a las aguas de los pueblos originarios, ejidos y comunidades, respeto a la naturaleza y una economía del derecho humanos al agua.

Capítulo 6. ¿Qué acciones se pueden realizar para hacer frente a esta situación?

A grandes rasgos las autoridades deben inspeccionar, regular y sancionar las actividades de la industria porcícola, la industria agrícola y la actividad turística en la Península de Yucatán, que incumplen las normas o que incluso teniendo una Manifestación de Impacto Ambiental autorizada están causando contaminación y degradación ambiental. Mientras que las dependencias gubernamentales ambientales deben realizar estudios para conocer todas las posibles fuentes de contaminación de las actividades mencionadas.

1.- La Secretaría de medioambiente y recursos naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de desarrollo sustentable deben realizar una revisión exhaustiva de todas las granjas porcícolas del estado de Yucatán y suspender aquellas con alto riesgo de impacto ambiental y a la salud.

2.- Previo a otorgar permisos las autoridades federales, estatales y municipales, deben llevar a cabo una consulta informada a la población, específicamente los pueblos mayas, para cualquier megaproyecto o actividad económica que pueda dañar los mantos acuíferos, la biodiversidad o la salud pública.

3.- “El modelo industrial tiene que transitar hacia la producción agroecológica, sustentable y saludable; que garantice el respeto al derecho a un medio ambiente sano, al agua, a la salud, los derechos humanos de los pueblos indígenas y el respeto por su modelo de desarrollo comunitario y autonómico”.

4.- Es imprescindible homologar la legislación nacional en materia ambiental y de salud sobre el uso de agroquímicos cancerígenos prohibidos con los estándares internacionales. En ella debe considerarse los límites máximos de residuos de plaguicidas, la creación de un sistema de monitoreo ambiental, la prohibición de los plaguicidas con mayor peligrosidad, especialmente aquellos prohibidos en otros países por el Convenio de Rotterdam, y crear sistemas de saneamiento de aguas residuales.

5.- “Promover la agricultura orgánica sin uso de plaguicidas tóxicos, apoyando e impulsando toda la cadena productiva a los agricultores. Para lo anterior, es fundamental que la Secretaría de agricultura y desarrollo rural (SADER) establezca y coordine, junto con las otras dependencias involucradas, programas de capacitación y que incentiven a las y los agricultores a generar cadenas de producción que permitan no solo cultivar de manera sustentable, sino colocar en el mercado los productos orgánicos”.

6.- Crear una nueva Ley general de aguas, que sustituya a la actual Ley de aguas nacionales, basada en el derecho humano al agua.

7.- El Poder judicial debe garantizar el acceso a la justicia ambiental mediante la aplicación del principio precautorio para frenar la degradación ambiental y adoptar medidas provisionales y resoluciones definitivas con el objetivo de proteger todos los derechos relacionados con el tema ambiental. El mismo principio precautorio debe ser utilizado por el estado para tomar decisiones ambientales o en otros campos relacionados con el tema ambiental como es la salud, el comercio, la seguridad alimentaria y en general el desarrollo sustentable de la sociedad mexicana.