Ernesto Martínez Elorriaga es corresponsal de La Jornada.

En Morelia, la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, municipio de Chinicuila, ganó un amparo contra las empresas mineras Las Encinas y ArcelorMittal. Éstas extraen hierro de las tierras nahuas sin haberse realizado una consulta o el proceso judicial que exige la ley.

El 21 de enero de 2022, el juez sexto de distrito con sede en Uruapan concedió un amparo a San Juan Huitzontla, al noroeste de Michoacán, contra las concesiones mineras brindadas por la Secretaría de Economía. Esas concesiones se otorgaron sin previa deliberación libre e informada.

Después de tres años del proceso legal, la sentencia del juicio de amparo 590/2018 reconoció la violación de los derechos de San Juan Huitzontla. Cabe destacar que esa comunidad está representada legalmente por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). El amparo concedió la suspensión de las concesiones a dichos consorcios.

El Centro Prodh espera que la Secretaría de Economía no impugne la resolución, y que el gobierno federal respete los derechos indígenas. La sentencia del amparo se emitió al tiempo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pretende analizar el amparo en revisión 134/2021 presentado por los ejidatarios de Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla, en febrero de 2022.

El Centro Prodh argumenta que si la SCJN no examina profundamente la Ley Minera, “seguirá validando una norma que permita concesionar tierras sin considerar la obligatoriedad de la consulta y de obtener el consentimiento libre e informado de los moradores”. Cabe señalar también que la mayoría de las comunidades indígenas del país no tienen los recursos necesarios “para sostener litigios largos contra intereses económicos poderosos”. Este tipo de organizaciones exigieron una revisión integral de la ley en la materia.

Por otra parte, comuneros del municipio de Aquila denunciaron a Jorge Arturo Bernal y a Juan Carlos Robles, magistrado y secretario de acuerdos del tribunal unitario agrario 38 de Colima, respectivamente. Estos personajes otorgaron “derechos a un grupo minoritario de esa localidad nahua que pretende obtener regalías de la minera trasnacional Ternium, sin ser parte de los beneficiarios” (ver Dato crucial 1).