La minería en Zacatecas y la disputa por el agua
Azamar, Aleida [2020], "La minería en Zacatecas y la disputa por el agua", Aleida Azamar y Carlos Rodríguez (coordinadores), Conflictos sociales por megaproyectos extractivos, de infraestructura y energéticos en la Cuarta Transformación, México, Fundación Rosa Luxemburg, febrero, pp. 4-10.
Aleida Alonso es profesora-investigadora del Departamento de Producción Económica de la UAM-Xochimilco.
Extractivismo: conceptos y antecedentes
El artículo comienza definiendo el concepto de extractivismo: actividad productiva e intensiva que se enfoca en explotar bienes naturales con el fin de comercializarlos internacionalmente, manteniendo una configuración de enclave. Es una práctica vinculada a la profundización de la dependencia de la renta de materias primas provocada por el comercio de estos bienes.
En la región de América Latina se carece de la infraestructura necesaria para transformar las llamadas commodities en productos manufacturados de consumo final. Así, el fin práctico del extractivismo en esa región es asegurar la acumulación de capital de las regiones industrializadas mediante el acaparamiento de los bienes primarios de producción. Esta actividad cuenta con el respaldo del Estado.
El extractivismo puede ser interpretado como una consecuencia necesaria del capitalismo, ya que expande las posibilidades del mercado de bienes primarios debido a que se centra en la especulación sobre dichos recursos. Por tanto, el extractivismo cobra sentido si se toma en cuenta el sistema económico inscrito en un proceso de mundialización: es una serie de actividades productivas que atrae capital en forma de inversión.
Cabe resaltar que existe una amplia variedad de prácticas extractivas. No obstante, una práctica que ha provocado múltiples conflictos en defensa del territorio en México es la minería debido a los siguientes puntos:
1) La mayoría de los lugares donde se localizan los depósitos minerales están en zonas urbanas e indígenas.
2) La minería provoca la destrucción del suelo y el subsuelo: en las minas a cielo abierto se extraen millones de toneladas de tierra, por lo que se destruyen ecosistemas.
3) En varias ocasiones se detectan esquemas de violencia sistémica que proviene del Estado o las empresas mineras.
4) En las etapas de extracción, se extraen millones de litros de recursos básicos para la vida como el agua.
5) Sólo se ha explotado una cuarta parte de lo que se designa como territorio adecuado para la extracción de minerales, es decir, el potencial minero en México es grande.
Por otra parte, se realizan labores de explotación que utilizan métodos invasivos y dañinos que provocan malestar a la población y al medio ambiente.
En el texto se explora el conflicto socioambiental que provoca la minería en Zacatecas.
Minería en Zacatecas y riesgos socioambientales
En Zacatecas existe una gran cantidad de yacimientos de metales preciosos y otros minerales. Lo anterior ubica a esa entidad federativa entre los primeros lugares de producción de metales como el oro y la plata a nivel nacional. Otros minerales (como el zinc, plomo y cobre) también se pueden encontrar en Zacatecas.
Esta entidad tiene una política extractivista que se sustenta en el despojo y la apropiación hídrica, lo que incrementa la conflictividad social. Además, el gobierno de Zacatecas mantiene un constante y fuerte impulso a la minería, ya que se considera una actividad económica fundamental (ver Dato crucial 1).
Se puede observar que en las dos zonas de Zacatecas con mayor cantidad de concesiones mineras otorgadas están en el centro de la entidad, donde se encuentra la capital; ahí, se han otorgado permisos hasta en 80% de la extensión territorial.
Asimismo, en la zona norte del estado (en el municipio de Mazapil), compañías mineras han recibido la autorización para el libre aprovechamiento de 7 200 km2, lo que equivale a 59% del territorio municipal. En este lugar se encuentran más de un centenar de comunidades rurales que superan los 17 000 habitantes.
Ahí, las concesiones se encuentran a pocos kilómetros de Cedros, El Vergel, Mazapil y Cerro Gordo e invaden las viviendas y los lugares del trabajo. Al respecto, los funcionarios gubernamentales que se dedican a administrar las cuestiones relacionadas con la minería, argumentan que las concesiones a las mineras fueron otorgadas antes de la instalación de las comunidades. Pero eso no es verdad: son tierras ejidales que fueron formadas después de 1947 en el periodo del reparto agrario.
Otra problemática es el agua. La extracción de minerales conduce a la sobreexplotación de las cuencas hídricas, la contaminación de los depósitos subterráneos y a la degradación de la tierra.
El gobierno de Zacatecas indica que la minería es benéfica para el crecimiento económico, pero ésta tiene nulo impacto en el bienestar de las comunidades. La mayoría de los proyectos pertenecen a empresas canadienses que fomentan las economías de enclave.
Las empresas instaladas en Zacatecas se caracterizan por concentrarse principalmente en extracción y beneficio, las fases de la minería que implican menor valor agregado: su impacto económico es mínimo.
A lo anterior se suma la gran necesidad y consumo de recursos como el agua, pues la extracción y beneficio requieren millones de litros para la purificación de los materiales (ver Dato crucial 3).
El texto argumenta que la instrumentación de proyectos mineros llevados a cabo por empresas transnacionales fomenta una cultura de la explotación de los bienes naturales auspiciados por el Estado.
Newmont Goldcorp y la minería en Mazapil
Mazapil es un municipio del norte de Zacatecas con 17 000 habitantes que pertenecen a 169 comunidades. Es una de las áreas con mayor nivel de pobreza y marginación del país. En esa misma zona se ubica la minera Peñasquito, perteneciente a la empresa canadiense Newmont Goldcorp.
La población se enfrenta a la poca disponibilidad del agua, ya que la mina requiere demasiada. La extracción de la minera se lleva a cabo por medio del tajo a cielo abierto, que implica una gran cantidad de agua para la purificación de los recursos obtenidos y es muy destructiva para el ambiente. El diámetro del boquete de la mina es de 1 820 metros.
La mina es de sulfuros, así como óxidos que contienen oro, plata, plomo y zinc. Éstos se obtienen en una condición que requiere técnicas especiales de purificación. Para limpiarlos de impurezas y aprovechar al máximo los recursos minerales, se emplean los procedimientos de lixiviación y flotación (ver Datos cruciales 4 y 5).
La actividades mineras de la empresa canadiense se realizan en 77.38 km2, extensión obtenida en un proceso de negociación con las poblaciones circundantes que comenzó en 2006. Como resultado de este proceso de negociación, se permitió a la minera ocupar 4 500 hectáreas durante máximo 30 años, a cambio de un pago de 5 000 pesos por hectárea, equivalente a 22 millones de pesos.
Al final de las negociaciones (ver Dato crucial 6), en 2010, la empresa inauguró la minera con la participación del ex presidente Felipe Calderón y la ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García.
Por su parte, en 2011, los ejidatarios de Cerro Gordo comenzaron un proceso legal contra la empresa canadiense por uso indebido de la tierra y falta de cumplimiento de los pagos acordados. Entre otras cosas, esta demanda destaca que la empresa no compartió información relevante respecto al impacto ambiental con las comunidades. Por tanto, no se conocen los riesgos a los que se someten las tierras explotadas.
Pero la problemática más importante entre los actores locales y la compañía minera es por el agua. La empresa monopolizó tierras en las que se encontraba la mayor toma de alimentación del agua. Eso garantizó el abasto para su actividad y disminuyó el peligro de que las poblaciones bloquearan esos suministros como protesta.
En el estudio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) titulado Disponibilidad hídrica del acuífero de Cedros, publicado en 2007, se describe la cantidad de agua potable que puede ser concesionada para usos privados y públicos. La recarga anual del acuífero era de 10 millones de metros cúbicos (m3), mientras que las concesiones que se le otorgaron a la compañía eran de 4.8 millones de m3, de 10 pozos. No obstante, la empresa estaba extrayendo 8 millones de m3 y se tenía como objetivo duplicar la cifra para finales de 2011.
Debido a esta falta de claridad, se revisó el informe de Conagua de 2010. Ahí se señala que se hicieron correcciones y se establece que la recarga anual es de 54.4 millones de m3, equivalente a una caída de agua igual a la que se presenta en la Selva Lacandona. Ese dato es falso: Mazapil y sus alrededores son zonas semidesérticas, por lo tanto, la recarga anual se mantiene en 10 millones de m3.
En 2016, transportistas, ejidatarios, campesinos y diferentes grupos de población cerraron la mina hasta que la empresa cumpliera los acuerdos previos a la apertura del proyecto; así se creó el Frente de Comunidades Afectadas por la Minería (FCAM), favorecido y fortalecido por el Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ).
En marzo de 2019, los ejidatarios de Cedros llamaron al cierre de la mina Peñasquito y bloquearon el camino que da acceso a la empresa para presionar a Newmont Goldcorp. El objetivo es que la empresa se encargue de los efectos nocivos que provocó la mina al secar el manantial que alimenta a Cedros y a las comunidades aledañas.
La actividades de dicha empresa, no sólo representan un riesgo de vida o muerte para los pobladores, sino también un factor que detona la migración y la disminución del precio de la tierra. Como consecuencia, a las empresas mineras se les facilita acumular territorio.
Reflexiones finales
En Mazapil existen diferentes intereses de por medio en el conflicto socioambiental antes descrito. Sin embargo, también existe gran sufrimiento colectivo. Los obstáculos más relevantes para conciliar acuerdos son los económicos, pues desde que Peñasquito comenzó con sus actividades, los beneficios económicos y sociales para la población son pocos.
El comportamiento de la empresa coincide con el interés que caracteriza al extractivismo, a saber: la búsqueda del beneficio empresarial, sin considerar los riesgos sociales y ambientales.
1. La minería en Zacatecas contribuye 28% del PIB industrial estatal, así como 40% de su producción bruta.
2. En Zacatecas, 46.1% del territorio estaba concesionado en 2016.
3. La minería consume 80% de los derechos de este bien correspondientes al sector industrial, el cual utiliza aproximadamente 6% del agua disponible en la entidad.
4. Las reservas de la mina son 1 191 000 t de roca mineralizada. Una tonelada puede contener una cantidad mínima de minerales del orden de 0.45 g de oro, 29 g de plata, 3.2 g de plomo y 6.9 kg de zinc en promedio.
5. En 2007, la empresa negoció con la población la firma de un contrato de arrendamiento de más de 1 000 ha, cada ha valía 4 900 pesos, equivalente a 5 millones de pesos en total.
6. En 2008, la empresa minera quiso obtener 1 265 ha más, aunque en esta ocasión la población obtuvo un acuerdo de 31 000 pesos por hectárea, equivalente a 40 millones de pesos en total.
Esta investigación pone de manifiesto cómo las empresas transnacionales se vuelven sujetos que destruyen el ambiente con sus actividades económicas. En este caso, las corporaciones mineras transnacionales explotan los recursos y dañan el ambiente afectando también a las comunidades rurales que ya viven en una situación crítica económica y social. Ante este panorama las instituciones gubernamentales locales y nacionales defienden no el interés de los ciudadanos mexicanos, sino el de las empresas y del capital.