Humberto Márquez es docente-investigador y responsable del Programa de doctorado en Estudios del desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas en México.

Rentismo de los commodities

Durante la primera década del siglo XXI, América Latina experimentó el auge exportador de commodities como petróleo, gas y productos agrícolas, entre otras materias primas. Esta bonanza estimuló una reorientación, incluso regresión, de las economías latinoamericanas hacia el extractivismo y los monocultivos para aprovechar los favorables términos de intercambio. Algunos gobiernos promovieron programas de redistribución de la renta en favor de los sectores excluidos por el modelo neoliberal. En contraste, otras administraciones utilizaron el auge de las materias primas para transferir la renta a las arcas privadas de las corporaciones extractivas. Ambas formas de gestión no exentan al extractivismo de ser un proyecto insustentable para la transformación social, además de que la economía se subordina a los vaivenes del mercado mundial.

“Los recursos naturales son incorporados al proceso de producción, donde la máquina de hierro los devora sin consideración a su carácter no renovable o relativa escasez y los valoriza de forma superlativa merced al control monopólico” (p. 7). La cuestión de la renta de la tierra se vuelve inevitable debido a la apropiación de tierras comunales, campesinas e indígenas y su reconversión en fraccionamientos urbanos, parques industriales, zonas mineras, la privatización de playas y la puesta en valor de patrimonios culturales para el gran turismo. Las consideraciones analíticas de la renta de la tierra se extienden a actividades más complejas como la ciencia, que resguarda las innovaciones mediante licencias y patentes.

Una aplicación singular del concepto de renta es la economía criminal articulada por la producción, la distribución y la venta de drogas, junto con otras actividades ilícitas. La política de prohibición, contra las drogas eleva el precio de las mercancías debido a que contempla una renta criminal o una forma de ganancia extraordinaria, de tal forma que la exportación de drogas ilícitas representa un sector muy lucrativo y configura el otro auge de los commodities.

La alta rentabilidad de la economía encubierta es impulsado por la escasez relativa de tierras disponibles para el cultivo, cosecha, procesamiento y almacenamiento de drogas como la mariguana y la amapola. La droga se presenta como un producto escaso por su carácter ilegal y la persecución policíaco-militar es el motor de la cadena de valor (producción-distribución-consumo) hacia el mercado negro, donde se forma un precio monopólico que genera abundantes ingresos, los cuales son "blanqueados" y reintroducidos en el sistema financiero de forma legal. El sector financiero se presenta como un vehículo de transformación del dinero negro a instrumentos financieros disponibles para proyectos de inversión.

“Un poderoso sector empresarial reinvierte tales dineros en proyectos de negocio e importantes parcelas del sector político reciben sobornos. Al final de cuentas, la burbujeante economía criminal no es más que un eslabón dinámico y oscuro de la economía capitalista” (p. 9).

Necroeconomía

En México la venta de drogas al exterior y el lavado de dinero en los circuitos financieros y empresariales ha tomado un papel central en la economía. El negocio narcótico-mercantil está inmerso en redes globales de capital y es impulsado por el "dinero negro progresivo": hacer más dinero mediante la violencia, el monopolio clandestino y la corrupción. Mediante un conjunto de actividades ilícitas (drogadicción, tráfico de drogas, trata de personas, secuestro, extorsión) las organizaciones criminales diversifican las fuentes de ingresos, con la venta de commodities ilícitos (mariguana, opio, cocaína y metanfetaminas), lícitos (petróleo) y otras formas de despojo (robo de tierras y bienes comunales), extorsión (cobro ilegal de impuestos y venta de protección) y corrupción (cooptación de funcionarios públicos), entre otras.

Se estima que el tráfico de drogas es la actividad más redituable en México, que genera entre 60 y 70 mil millones de dólares de la venta de estupefacientes, un monto que duplica las remesas enviadas por los migrantes. México es uno de los principales exportadores de drogas y el principal destino de estas exportaciones es Estados Unidos, con un mercado de aproximadamente 225 millones de habitantes que padecen distintos niveles de adicción. Además, México es el segundo productor mundial de opio y heroína, el primero es Afganistán, junto con este último comparte la segunda posición como productor de mariguana, listado que encabeza Marruecos. La capacidad de producción de drogas del territorio mexicano es más que considerable: 12 000 hectáreas de adormidera, precursora de opio y heroína. Además, el potencial productivo de heroína en México supera 30 veces a Colombia, país considerado por Estados Unidos como su principal fuente de abasto.

“El papel asignado a México en este contexto es el de proveedor de drogas de acuerdo con la demanda de sustancias ilícitas, en un mercado controlado por el principal consumidor, Estados Unidos” (p. 10). Mientras México suministra drogas a costa de desencadenar una ola de violencia irracional, violación masiva de derechos humanos y fractura del tejido social, en Estados Unidos se lava el dinero y se apropia del mayor margen de renta criminal.

Asimismo, México es de las principales economías por la que circula un flujo de dinero ilícito, aproximadamente 150 mil millones de dólares, sólo después de China y Rusia. “En el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el dinero criminal se ha incrementado para alcanzar una media anual de 6.3 por ciento respecto del producto interno bruto (PIB)” (p. 11).

La mayor parte del lavado del dinero proviene de actividades ilícitas como la venta de drogas, la trata de personas y delitos cibernéticos, éste se envía a paraísos fiscales mediante varios canales financieros, uno de ellos son las empresas fachadas que filtran y eliminan la "suciedad" del dinero, luego se trasladan a otros países para adquirir propiedades que se venden para comprar activos. “El destino final del dinero lavado son los países del Norte global en los que existen sistemas que resguardan la propiedad privada y no indagan la procedencia de las fortunas. En esos países, la narcoburguesía lo invierte con el objetivo de generar beneficios o en propiedades que le permiten llevar un estilo de vida de primer mundo” (p. 11).

Aproximadamente, 70% del dinero lavado se transfiere a Europa, Estados Unidos y Canadá, donde se presume la existencia de estados de derecho que garantizan mecanismos institucionales para integrar los capitales mal habidos a la economía. Además, brindan la seguridad jurídica con el estatuto de la propiedad privada para lavarlo y convertirlo en dinero legal, invertirlo en busca de beneficios o adquirir propiedades. El restante (30%) se dirige a gasto operativo, sueldos, compra de políticos, autoridades y financiamiento de campañas electorales.

El efecto multiplicador del dinero criminal se manifiesta en la necesidad de “blanquearlo” en los circuitos financieros legales: bancos o casas de cambio, venta de bienes suntuarios (joyería, automóviles de lujo, obras de arte) y proyectos de inversión de todo tipo, turísticos, inmobiliarios, agroindustriales, etc.

Adicionalmente, la economía criminal es una fuente de empleo. En México se estima que el número de trabajadores asciende a 500 mil personas, tres veces el personal de Petróleos Mexicanos, de las cuales 300 mil siembran drogas, 160 mil se dedican al narcomenudeo, al transporte, la distribución o son informantes, finalmente 40 mil tiene cargos de liderazgo, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Violencias estatal y protoestatal

“El neoliberalismo ha propagado la creencia de que el Estado es una entidad que resguarda el orden y la seguridad merced a disponer del monopolio de la violencia legítima y de contar con la potestad de ser fuente de la legalidad, la ideología y la verdad, independientemente de las necesidades sociales, por lo que fetichiza el poder. En los hechos es una estructura concentrada de modo oligárquico, subordinada a los poderes externos de los grandes capitales y a los intereses geoestratégicos de las potencias capitalistas encabezadas por Estados Unidos, de tal forma que la población se ha ido desgarrando” (p. 12).

La crisis de legitimidad del Estado ha conducido a la fragmentación de la unidad territorial en México. La guerra contra el narcotráfico que inició el gobierno mexicano, basada en el esquema de seguridad de Estados Unidos, cuyo antecedente es el Plan Colombia y la propia «guerra contra las drogas» de Estados Unidos. En el siglo pasado, la confrontación armada rendición total e incondicional era algo propio de los Estados nacionales. La actual guerra mexicana entre el Estado nacional y los cuasi-Estados se engendra como una cruzada ideológica más que una guerra civil. Es decir, la lucha contra la economía criminal tiene un doble objetivo, resguardar el modelo neoliberal depredador y su régimen político autoritario. “Se combate en algunos frentes, pero la economía criminal no se destruye, pues el capital criminal es una fracción activa del capital colectivo y existen múltiples intereses en el ámbito nacional que sustraen enormes beneficios de la necroeconomía” (p. 13).

Los cuasi-Estados, considerados como formaciones socioterritoriales articuladas por capitales criminales, al igual que los Estados nacionales, disponen de un poder fratricida dentro de los espacios provistos de una soberanía acotada y obedecen a los poderes de los Estados centrales, comandados por Estados Unidos, y por las corporaciones capitalistas que organizan el territorio en mercados.

Las fuerzas armadas pueden limitar el dominio de las organizaciones criminales, pero ello no las hace inmunes de la corrupción entre instancias estatales y criminales, a tal grado que la violencia se confunde como el control territorial de ambas estructuras, estatales y protoestatales. La confrontación entre el estado y los estados puede ser extremadamente violenta, si bien existe una zona gris es la sociedad civil la que resulta la más afectada, ya sea por los delitos del crimen organizado o por el acoso de las Fuerzas Armadas. “El Estado ha liquidado o apresado a determinados jefes de algunas organizaciones y en apariencia ha protegido a otros, pero en cualquier caso no ha logrado o no ha querido desarticular a los proto-Estados en ninguna región del país y mucho menos a la economía criminal y su fuente de ganancia extraordinaria” (p. 14).

Nueva geografía del protoestado

“Las estructuras formales del Estado provistas de autoridad, sociedad, economía y cultura establecen relaciones con formas paralelas de cuasi-Estados criminales que disponen de sus estructuras de autoridad, economía, cultura y organización social” (p. 14). En el territorio mexicano se alojan en Sinaloa, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Estado de México y otras entidades del país, donde operan organizaciones criminales como la Federación de Sinaloa, los Zetas de Tamaulipas, los Caballeros Templarios en Michoacán, Guerreros Unidos en Guerrero y Jalisco Nueva Generación en Jalisco.

Los grupos criminales constituyen una especie de protoestados que disponen de estructuras diferenciadas y jerárquicas, poseen dominio territorial, poder ilegal y brutal, ejercido mediante la fuerza, la violencia y la amenaza, por ejemplo, el pago de “impuestos” a la sociedad o el ejercicio de la psedojusticia que resuelve de modo expedito disputas entre particulares y mantienen una red compleja de relaciones con su entorno externo. No obstante, no son instancias separadas del estado nacional, sino que mantiene vínculos con las estructuras legales, el nexo es el financiamiento a campañas electorales y partidos políticos, en su nómina se encuentran policías y militares de distinto rango.

Las organizaciones criminales a nivel local tienden a ejercer presión y capturar instancias estatales, reconvierten a los cuerpos policíacos y militares en favor de la criminalidad. La política prohibicionista y punitiva del estado nacional ha configurado una economía criminal que se beneficia de las mismas debido a la obtención de rentas.

“La renta criminal sustenta la figura de proto-Estado y el auge de la economía criminal. Esta forma paralela y contrahecha del Estado criminal reparte la renta entre segmentos preclaros del Estado nacional. La bonanza de la economía criminal dimana del mundo de la corrupción y la cooptación de las agencias del Estado que se requieren para la formación y administración de los mercados” (p.15).

La nueva geografía criminal subsume instancias como el ejército, la marina, policías, jueces, notarios, diputados, senadores, presidentes municipales, etc., convierte al territorio en narcoestados y a los narcotraficantes en empresarios prósperos, al exportar drogas y materias primas a los grandes centros industriales. “Por ejemplo, los Caballeros Templarios exportaban hierro a China desde el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y los Zetas ex portaron carbón de Coahuila. Por esta vía, hay una imbricación entre el extractivismo de materias primas y la economía criminal” (p. 15).

Resistencias y potencias

“Las clases populares mexicanas se encuentran supeditadas a los poderes legales e ilegales, que por igual se fundan en la violencia y expanden sus ámbitos de dominio mediante el despojo y la explotación” (p. 16), el miedo y el terror, todos enmarcados en la necropolítica. La ciudadanía además de ser subsumida por la democracia burguesa y la acumulación monopolista, ahora se enfrenta con la proliferación de la economía criminal. La conjunción de la violencia legal e ilegal convierte a la población en una ciudadanía precaria, sometida por una minoría de tiranos.

Por lo anterior, han surgido movimientos sociales de víctimas impugnando la política de violencia militarizada y la criminalización encubierta en la guerra contra las drogas, por ejemplo, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, setores que defienden a los migrantes centroamericanos, los movimientos que exigen la resolución de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Las respuestas de la sociedad reflejan un sentimiento de resiliencia que trata de articular nuevos movimientos para reconstruir la ciudadanía en un sentido amplio y propiciar la formación de sujetos políticos alentados por otra cultura política, “forjar una nueva subjetividad, una nueva ciudadanía, un poder destituyente que eventualmente abra paso a otro proyecto civilizatorio” (p. 17)