Violeta R. Núñez Rodríguez es profesora-investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Introducción

En 1910 se llevó a cabo un proceso de reforma agraria en México. Uno de los resultados fue la repartición de más de 50% del territorio nacional en ejidos y comunidades. En 1992, como resultado de políticas neoliberales, se hizo una modificación al artículo 27 constitucional para frenar el reparto.

Aunque estos intentos neoliberales de privatización se llevaron a cabo, 99.7 millones de hectáreas, de un total de 196 millones de hectáreas, son de propiedad social en México, según el Registro Agrario Nacional (RAN). Eso representa más de 51% del territorio del país.

En entidades federativas como Quintana Roo, Yucatán y Campeche, la propiedad social abarca aproximadamente 61%, 54%, y 52%, respectivamente. Estos datos indican que ese tipo de propiedad social es muy importante. No obstante, la autora argumenta que con el Tren Maya y su desarrollo, parte de la propiedad “podría estar en riesgo”, debido a que se propone “incorporar las tierras ejidales a instrumentos financieros”. Esto se debe a que la ruta del Tren Maya pasaría por territorios ejidales.

Estos instrumentos financieros cotizarían en la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores como cualquier otra acción en el mercado de capitales. Los instrumentos financieros se llaman “Fideicomiso de Infraestructura de Bienes Raíces y Certificados de Capital de Desarrollo” y se conocen por su acrónimo FIBRA.

Esta estrategía pretende incorporar a los ejidos como socios del megaproyecto, el Tren Maya. Con los certificados bursátiles, a los ejidatarios se les proporcionará una “renta monetaria”. Esto eliminaría la posibilidad de su continuación como ejidatarios; además, podrían perder los certificados que recibirían a cambio de la tierra en el largo plazo, debido a que la rentabilidad que se les promete está condicionada a la situación económica y financiera.

Por tanto, Violeta Nuñez argumenta que este instrumento financiero, aunado a la construcción del megaproyecto, implicará procesos de acumulación por desposesión. Así, 170 ejidos están amenazados de sufrir ese destino al construirse ahí las vías del Tren Maya.

Acumulación por desposesión

Para interpretar el despojo que la construcción del Tren Maya podría traer consigo, la autora recurre, en primera instancia, a la noción de acumulación originaria planteada por Karl Marx. Esto explica la separación de los productores directos de sus medios de producción.

Dicha escisión contribuye a que los productores, despojados, vendan su fuerza de trabajo en el mercado. La acumulación por desposesión fue un proceso violento en Inglaterra del siglo XIX. Asimismo, la colonización de los continentes americano y africano también trajo consigo procesos de acumulación originaria.

En este marco, la autora se pregunta si el Tren Maya propiciará la escisión entre las comunidades mayas y las tierras que habitan. Lo anterior se podría llevar a cabo de dos formas: mediante la bursatilización de la tierra o “a partir del propio financiamiento de los mercados de capitales”.

Aunado a lo anterior, Nuñez rescata también el concepto de “acumulación por desposesión”, acuñado por David Harvey. Ese tipo de acumulación hace referencia a las prácticas múltiples que “necesitan ser valorizadas para hablar de acumulación de capital”. Un ejemplo de esas diversas prácticas es la privatización de activos públicos o de los bienes comunes.

Retornando al Tren Maya, la autora se cuestiona si la propiedad ejidal experimentará un proceso similar al de la acumulación originaria y a la acumulación por desposesión.

Reforma para privatizar propiedad social: 1992

En la primera década del siglo XX en México, 1% de la población (835 familias), poseía 97% del territorio del país; 3% del territorio nacional le correspondía al resto de la población.

Sin embargo, en 1917 inició la reforma agraria que logró repartir más de la mitad del territorio mexicano (ver Dato crucial 1). Gracias a la Revolución, se transformó la estructura de la tenencia de la tierra. En el sur del país, los territorios agrarios también fueron testigos de ese cambio.

En 1992, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari reformó el artículo 27 constitucional para acabar de manera legal con el reparto agrario (ver Cuadro 2). Esa reforma puede ser considerada como contrarrevolucionaria; asimismo fue acompañada de otras leyes reglamentarias como la agraria, minera y de aguas nacionales que le permitieron a las empresas privadas obtener concesiones en diversas extensiones territoriales del país.

Aunque el reparto agrario se llevó a cabo a lo largo del siglo XX, aún había muchas personas que demandaban tierra (ver Dato crucial 2). Nuñez observa que con la reforma de 1992 se acabó el reparto agrario y se establecieron las “disposiciones legales para la compraventa del ejido”. De lo anterior, resultó la neutralización de la propiedad ejidal y comunal.

Así se pasó al periodo neoliberal que impulsaba una serie de privatizaciones y el proceso de acumulación por desposesión. Un medio a través del cual se garantizó la privatización de la propiedad social fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que “condicionó la reforma al artículo 27 constitucional, lo que daría seguridad a los inversionistas extranjeros”.

Ejidos y comunidades agrarias no vendieron su tierra

Según la autora, a pesar de la reforma al artículo 27 constitucional, no se vendió la tierra ejidal como se había propuesto. Según el Censo Ejidal de 2007, la propiedad ejidal se incrementó “pese a la cancelación del reparto agrario”. En 2007, dicha superficie era de casi 106 millones de hectáreas, respecto de 102.8 millones de hectáreas en 1992. Para 2019, se observó una disminución de la superficie (ver Cuadro 3). Lo anterior se sustenta en los datos de las parcelas que optan por el dominio pleno: según el RAN, 285 mil parcelas (3.5 millones de hectáreas) optaron por el dominio pleno; eso representa 5% del total de las parcelas ejidales que están certificadas.

Las concesiones podrían explicar lo anterior; éstas han generado la expansión y proliferación de empresas privadas que se apropian de los recursos naturales (ver Dato crucial 3). De esta manera, se resalta que las concesiones de tierra y la explotación de recursos naturales no requieren del título de propiedad para realizar proyectos extractivistas (por ejemplo, en lo que se refiere a la minería).

Propiedad social en el sur del país

En los estados donde se va a construir el Tren Maya, existen más de 5 000 ejidos (eso representa 18% del total “de los núcleos agrarios” nacionales), (ver Cuadros 4 y 5). En entidades federativas como Chiapas, el número de ejidos se acrecentó: de 2 116 a 3 164 de 1991 a 2019. Según estos datos, existe una tendencia a no vender los ejidos.

Por su parte, la propiedad social ejidal por donde pasará el Tren Maya se incrementó de 10.7 millones a 12.5 millones de hectáreas (ver Cuadro 6). En Quintana Roo, los ejidos constituyen más de 60% de la superficie estatal. En Yucatán, esta superficie constituye 54%; en Campeche 52%.

En Chiapas la superficie de los ejidos aumentó 2.5 millones de hectáreas. Sin embargo, en el resto de los estados ocurrió una disminución de la superficie (ver cuadro 7).

La Procuraduría Agraria (PA) señala que en Campeche, “existe despojo a través de la simulación de cambio de destino de tierras y existen grupos inmobiliarios y el intento de compras de tierras por la comunidad menonita”. En el último Censo Ejidal en Campeche se encontraron 61 conflictos de linderos al interior del ejido y 55 con colindantes. También existen 42 problemas de invasión (ver Cuadro 8).

La PA señala que Yucatán “ha sido el principal escenario de los procesos de despojo”: el número de “juicios agrarios por nulidad de asamblea que están siendo representados por la PA es de 52”. Sin embargo, el Censo Ejidal indica que los conflictos son 58 al interior; y 66 de linderos; mientras 64 son de invasión de terrenos. En Campeche se ha dado la mayor disminución de hectáreas de propiedad social: se registra que 8% de las parcelas ejidales han optado por el dominio pleno.

En los 5 estados por donde transitará el Tren Maya, 245 000 hectáreas de 32 000 parcelas optaron por el título de propiedad y cancelaron el certificado parcelario (ver Cuadro 9). Para la autora, esto es evidencia de la acumulación por desposesión. Esto pone en entredicho la intención del gobierno de detener el proceso de compra de tierras en el sur del país.

Por otra parte, la mayoría de los ejidatarios tiene actividad agropecuaria y forestal: 99% de ellos, realizan actividades primarias (ver Cuadro 10). En esos territorios agropecuarios, existen también 25 comunidades indígenas con más de 3.5 millones de personas.

Otra de las actividades agrarias es la milpa en la región: “más de 55% de la superficie agrícola de la Península está dedicada a la milpa con una superficie milpera de 168 123 hectáreas anuales en promedio, contra 304 788 hectáreas agrícolas”. En la ruta del Tren Maya, se encuentra la mayor superficie milpera.

A manera de conclusión: ¿ejidos en riesgo frente al proyecto Tren Maya?

Este artículo problematiza si México vivirá un proceso de acumulación por desposesión. Es necesario recordar que el capitalismo sigue existiendo gracias a que emprende nuevas “rondas de acumulación originaria”. Esto conlleva una prolongación de acumulaciones originarias que se dan en los países periféricos.

Así, observamos un resurgir de los diversos mecanismos de acumulación por desposesión, que van de la mano con la expansión del sistema de crédito y la apropiación financiera.

Con el Tren Maya, la desposesión se pone de manifiesto debido a la propuesta de los instrumentos financieros que ponen en entredicho la propiedad ejidal y las formas de vida campesina en las regiones afectadas.