Introducción

El trabajo plantea una perspectiva institucional y sistémica para el estudio de las grandes organizaciones en México. El objetivo es realizar un análisis de las grandes organizaciones empresariales nacionales en un ejercicio interdisciplinario que vincule elementos económicos, sociológicos, históricos y políticos. Se asume que las trayectorias sociales están influenciadas por el poder y tendencias históricas que crean “camisas de fuerza” para la estructuración del poder político a partir de la coalición que forma con el poder económico y que determinan los marcos institucionales (formales e informales). “Las redes de poder son aspectos que tienden a afianzarse históricamente en la conformación de élites dirigentes, y que refuerzan los condicionantes de la matriz institucional de los países” (p. 2).

El terreno “económico” y las grandes organizaciones empresariales

El sistema social es un sistema con subsistemas y relaciones en constante cambio. La mayoría de estos cambios en el sistema son endógenos al funcionamiento y modificaciones de su estructura.

La teoría económica convencional y su tesis del equilibrio general deriva conceptos como eficacia, racionalidad y linealidad, los cuales de acuerdo con el autor están limitados para concebir la dinámica, los cambios y asimetrías en el sistema.

El enfoque sistémico reconoce que las relaciones sociales (económicas, políticas, etc.) son las que “estimulan o inhiben las potencialidades que hay en un sistema” (p. 3). La estabilidad de estas relaciones conforma instituciones y reglas, según el enfoque organicista. Aquí el aporte del autor consiste en articular el enfoque sistémico con el organicista (Rivera, 2007).

En un segundo momento, las grandes organizaciones empresariales de carácter privado son ubicadas como los agentes centrales del sistema económico capitalista, imbricadas también en la estructura de poder: derechos de propiedad y hábitos en el mercado (competencia). De aquí que su comportamiento está relacionado en un proceso de interacción constante con otros agentes del sistema.

El sistema económico al ser dinámico y no lineal implica condiciones caóticas, con crisis recurrentes. “El plano determinista está fijado subjetiva y objetivamente por las instituciones entre las que se reconocen a las leyes y normas humanas, pero también a los hábitos y costumbres; la relación entre las reglas y las fuerzas que estructuran al sistema capitalista” (p. 4). Adicionalmente la dinámica compleja, caótica, no es homogénea, hay diferencias particulares, dentro las cuales el autor se centrará en el análisis de las organizaciones empresariales.

La injerencia de las instituciones en el desempeño económico y organizacional

Las instituciones tienen un rol central en la direccionalidad de los sistemas sociales (Zemelman, 1992) y en el desempeño económico y organizacional. Mario Hernández retoma la vertiente macro-institucionalista, para conceptualizar las instituciones como marcos de sentido que orientan la acción de los sujetos y de la sociedad (p. 5); entendidos como conjunto de reglas (formales e informales) que se manifiesta como conductas desde una arquitectura estatal y más allá del estado (cultura, creencias, ideología, etc.). Las instituciones son una matriz que estabiliza las relaciones sociales y sirven para organizar el sistema en torno a valores, pasiones, hábitos que conforma un sentido común.

Entre todos los factores que intervienen en la matriz institucional del sistema capitalista, “el Estado es el actor encargado de imponer la cooperación y coordinación productiva que puede favorecer el progreso económico” (p. 5). Lo hace mediante el establecimiento institucional-formal de la vida económica que establece las reglas que orientan a la acción y crean marcos de sentido común. Sin embargo, su existencia no garantiza el funcionamiento óptimo dado que suelen influir “bloques dominantes” que ejercen hegemonía con recursos formales e informales.

Con el paso del tiempo, la matriz institucional logra imprimir una trayectoria histórica en el comportamiento de los agentes mediante procesos de conductas aprendidas y legitimadas socialmente que condicionan el desempeño de la estructura económica en una escala macro-social, delineando un sendero de dependencia (path dependence).

La relación estado-capital y el desarrollo

Aunque todo estado interviene de alguna forma en el sistema social y económico, no toda intervención apunta al “desarrollo”. Hernández explica que la teoría del desarrollo es un enfoque heterodoxo que enfatiza el rol implícito del estado para encaminar el desarrollo. Sin embargo, aunque la teoría del desarrollo reconoce las fallas de mercado, no contempla las condiciones políticas, es decir las fallas de coordinación (Hoff y Stiglitz, 2002). Dar cuenta de estos elementos en la trayectoria histórica de muchos países es también reconocer que el desarrollo es un proceso posible pero no es inevitable.

Se afirma que “los problemas económicos no son puramente, objetivos, sino también subjetivos; por lo que hay que advertir que los sujetos no sólo tienen intereses, sino también pasiones” (p. 7). Sin romantizar la intervención estatal, Hernández aclara que la “tendencia histórica del Estado se inclina a la matriz depredador”; es decir, a limitar el aprendizaje social y el comportamiento innovador” (p. 7).

El problema de la trasposición de modelos de desarrollo

Para el autor, el caso de México ilustra un estado depredador cuya complejidad económica-política-social de las estructuras de poder e instituciones son adversas al aprendizaje e innovación, al mismo tiempo que dificultan la posibilidad de transformar la trayectoria histórica del país mediante la adopción de medidas institucionales exitosas de otros lares. El desarrollo tecnológico no es la causa del desarrollo sino uno de sus efectos. Esto complejiza los enfoques tradicionales de políticas públicas que simplemente buscan hacer calca de modelos externos exitosos y aplicarlos internamente, pero soslayan el “factor determinante de la decisión política para modificar la trayectoria histórica de un país hacia el desarrollo o la depredación” (Evans, 1995) (p. 8).

La problemática está entonces en cómo romper los eslabones históricos que arraigan la “trampa del atraso”. Hernández señala que tienen que existir choques internos o externos que desestabilicen el arreglo institucional de la cúpula del poder y genere los incentivos al cambio para que los grupos dominantes consideren intervenciones profundas. Con choques se refiere a las tensiones de fuerzas que incentivan al estado a adoptar políticas desarrollistas y ejecutarlas (Rivera, 2009), y las hay de dos tipos: de primer orden (incentivos para adoptar) y segundo orden (ejecución).

La relación institucional entre poder económico y poder político en México

Para el autor el funcionamiento de las grandes organizaciones económicas en México está ligado al poder político. Situación que se remonta a la consolidación del capitalismo mexicano al preservar intereses de los grandes hacendados en la política del país, hasta su incorporación institucional en la organización del estado posrevolucionario (Hamilton, 1986). Durante este periodo el fortalecimiento del estado con un fuerte intervencionismo logró articular un “sistema de consenso” que concilió distintas facciones en torno al objetivo de industrializar el país de la mano de un “autoritarismo fuerte”. En este proceso emergió la facción más moderna del gran capital, los grupos industriales que se beneficiaron de la correlación política de un proteccionismo “frívolo”. Ulteriormente se consolidó una “mutua dependencia” entre los grupos industriales y el Estado, donde el poder político apoyó a los grandes capitales a cambio de que éstos respaldaran y financiaran el régimen. De tal forma se crearon las condiciones para la obtención de rentas de monopolio, concentrar amplias masas de capital y diversificarlas sobre sectores y ramas organizados horizontal y verticalmente en la figura de “grupos” (Leff, 1974).

Posteriormente, el agotamiento de la estrategia de sustitución por importaciones dio paso a las reformas neoliberales que intentaron modernizar la economía orientándola al mercado exterior. Los ajustes en materia económica y política modificaron la relación del país con el gran capital, aunque dejaron intacta la “esencia de una matriz institucional elitista” (p. 10). Los procesos de privatización de activos estatales y de apertura comercial fueron la puerta de entrada a nuevos actores en la propiedad y control del capital en México.

En resumidas cuentas, las reformas neoliberales no modificaron la coalición política-empresarial en la cual siguió prevaleciendo el fuerte peso de las grandes organizaciones económicas, únicamente ocurrió un reacomodo en la élite económica que excluyó a viejos magnates e incorporó a otros, sobre todo relacionados con el sector financiero y de las telecomunicaciones. El resultado fue “una nueva correlación de fuerzas que finalmente debilitó al Estado frente al gran capital, dando lugar a un tránsito del autoritarismo fuerte del priísmo corporativista al autoritarismo débil del neoliberalismo” (p. 11). Adicionalmente se reestructuró la coalición dominante a favor de una oligarquía de poder monopólico financiero (Rivera, 1997).

La nueva correlación de fuerzas ahondó el debilitamiento estatal en las negociaciones con el gran capital, en particular “afianzó la alianza entre la tecnocracia y el gran capital monopólico financiero” y conservó beneficios para las cúpulas del poder [crony capitalism]. Mario Hernández lo denomina “marco institucional adverso al desarrollo” (p. 13) con el predominio de una lógica patrimonialista por parte de una clase política y empresariado parasitario que afianza una trayectoria histórica rentista. Una ingeniería política que establece acuerdos informales que privilegian a los grupos empresariales-políticos de la élite y las formas en las que las grandes organizaciones económicas producen su riqueza.

El aporte de Hernández es elaborar un análisis de la economía mexicana utilizando “el concepto de matriz institucional [que] permita vincular la importancia que tienen los nexos políticos en la relación entre el gobierno y el gran capital” (p. 13).

Las grandes organizaciones empresariales mexicanas y su impacto sobre la estructura económica

En 2009, tres cuartas partes de las empresas del país eran privadas y su mayoría empresas micro, pequeñas y medianas empresas (Dato crucial 1). Las empresas más grandes representan menos de 1% de las empresas de todo el país pero generan una cuarta parte del empleo nacional y aportan cerca de dos terceras partes del producto interno bruto (Dato crucial 2).

De acuerdo con Mario Hernández la matriz neoliberal agudizó la alta centralización del capital en México que aglutina el mercado en las grandes empresas, conformando “grupos oligopólicos, que mediante el tratamiento especial del poder político han recibido canonjías avaladas por el poder” (p. 14). Grupos favorecidos por las privatizaciones, subsidios directos y políticas económicas en material comercial, cambiaria, fiscal y monetaria que jugaron a su favor (Datos cruciales 3, 4 y 5).

El tipo de cambio real con un peso sobrevaluado favorece a las importaciones de insumos y bienes de capital aunque al mismo tiempo es un sesgo antiexportador. La política monetaria restrictiva encarece el crédito a la producción con un efecto multiplicador negativo que contrae la demanda, mientras que las altas tasas atraen capitales especulativos de corto plazo. La política fiscal otorga enormes privilegios fiscales al gran capital e impone una carga impositiva sobre la clase trabajadora (Dato crucial 4), un ejemplo son las ventajas en la contabilidad cuando las empresas se aglutinan como “grupo” en una sola contabilidad (holding). Se trata de un diseño institucional que alienta inequidades legales. Adicionalmente las ganancias bursátiles financieras están exentas de gravamen.

En general se observa que “la acción de política económica del Estado queda subordinada a una intención política que, a la vez que favorece a unos cuantos monopolios, obstruye la inversión productiva, limita la producción y la generación de empleos, afectando a la demanda, lo que desmejora al aparto productivo nacional, así como crea un círculo vicioso de mayores importaciones y encarecimiento de la producción doméstica, lo que afecta a la oferta” (p. 16-17). Para Mario Hernández el problema anuda tanto fallas de mercado, como fallas de coordinación y también institucionales, “propias de una matriz institucional que tolera el ejercicio del poder como exacción, lo que aplica tanto al poder económico como al político” (p. 17). Se trata de un Estado depredador adverso al desarrollo nacional por suscitar rentas monopólicas e incentivos adversos al fomento del aprendizaje y la innovación. En las etapas de la industrialización por sustitución los grupos económicos se centraron en industrias maduras de poco conocimiento y bajo desarrollo tecnológico. Después del periodo neoliberal, los grandes empresarios continuaron en industrias maduras con condiciones “cómodas” en ramas extractivas, manufactureras y de servicios: partes automotrices, alimentos y bebidas, farmacéutica y química básica, banca y seguros (Cuadro 4, 5 y Dato crucial 6).

Entre las empresas extranjeras destaca la industria automotriz y los bancos, lo cual corresponde con el desempeño exportador de las empresas transnacionales en el país que desarrollan las actividades de mayor valor agregado tecnológico (Dato crucial 7) y aprovechan el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) para sus ventas al exterior (cuadro 6).

El análisis debe abordar la falta de incentivos a la innovación en las grandes organizaciones empresariales con la prevalencia de mercados ineficientes que permite obtener rentas monopólicas y deja las tareas de investigación a las corporaciones extranjeras (cuadro 7 y 8). Esto profundiza la dependencia tecnológica con una escasa transferencia de conocimiento y aprendizaje a los encadenamientos nacionales.

“Resalta la carencia nacional de mecanismos institucionales por revertir esa dependencia mediante políticas de largo alcance” (p. 21). No hay políticas de desarrollo científico y tecnológico, ni una política industrial activa que pueda fomentar actividades de aprendizaje e innovación tecnológica.

En el entorno de los grandes grupos nacionales Hernández distingue dos terrenos: (i) las ramas industriales maduras (materias primas y bienes de consumo directo) con competidores de impacto global (Cemex) y hegemonía en el mercado interno (FEMSA y Bimbo); (ii) el de telecomunicaciones destacando Televisa, TV Azteca, América Móvil y Telmex. Son empresas que adquieren tecnologías extranjeras y las venden al mercado mexicano (Dato crucial 8).

Finalmente, el autor subraya que “algunos de los potentados que actualmente conforman la gran oligarquía no remontan sus orígenes a la burguesía industrial de la ISI, sino que son producto de un proceso de recomposición de la élite, producto de la ruptura del bloque hegemónico anterior y la conformación de uno nuevo” (p. 22).

Conclusiones

La dinámica económica y organizacional está influenciada por relaciones históricas, políticas y sociales. En el caso de México, las organizaciones empresariales forman parte de la estructura social a través de un entramado institucional que interviene en las trayectorias históricas del país basadas en el “ejercicio patrimonialista del poder” (p. 24). Desde la formación del Estado posrevolucionario prevalecen formas autoritarias en el ejercicio del poder, forjan una estructura corporativa que permitió el “afianzamiento de una trayectoria institucional” con el dominio de una burguesía nacional dentro de un escenario en el que prevalece el atraso. “Lo que resulta claro es que, aunque la reforma neoliberal cambió la correlación de fuerzas entre las élites, no modificó la naturaleza elitista del proyecto del gran capital y su alianza con el Estado; es decir, sólo alteró su composición sin alterar las reglas del sistema político, con lo que el gran capital resultó fortalecido al situarse en una posición jerárquica de relativa igualdad con el Estado, lo que significó el pasaje de un autoritarismo fuerte a un autoritarismo débil” (p. 24).

Las debilidades productivas estructurales de la economía mexicana son favorables al éxito de las organizaciones empresariales en el país con condiciones “cómodas”, rentistas en mercado doméstico, sin incentivo de competencia ni innovación. Son adversos al fomento del aprendizaje social e innovación. En resumen, en México prevalece una matriz institucional adversa al desarrollo desde la etapa de sustitución de importaciones hasta la modernización neoliberal. El reto actual radica “en cimentar las bases de un cambio de trayectoria histórica que permita, potencialmente, abrir las puertas a un futuro más alentador” (p. 25).