Giovanna Gasparello es una antropóloga italiana. Desde 2003 vive en México donde hace investigación etnográfica en regiones indígenas de Chiapas, Guerrero y Michoacán.

Introducción

El objetivo del texto es analizar las transformaciones sociales en centros urbanos, principalmente de Cancún, Playa del Carmen y Bacalar, que recibieron el apoyo gubernamental para activar al turismo como actividad económica.

Por su parte, el megaproyecto llamado Tren Maya tiene la pretensión de articular los territorios del Sureste mexicano mediante la construcción de un línea férrea de 1 500 km a través de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Aquí se destaca la conexión entre los ejes económico y turístico para incrementar la “derrama económica de esas entidades federativas”: a lo largo de la vía férrea se planea construir 12 paraderos y 19 estaciones.

Sin embargo, la autora señala que el turismo es una industria depredadora ambiental y socialmente. Además, impone patrones culturales ajenos, al tiempo que implanta enclaves económicos que generan desigualdades económicas entre quienes ven en el turismo una actividad de ocio y la población local.

La situación de violencia en el país se caracteriza por el creciente conflicto entre cárteles, el estado y empresas para controlar el territorio y la economía de diversos puntos estratégicos. Ante esta peligrosa situación, la administración de López Obrador señala que la actividad turística sería una “herramienta de reconciliación”. Sin embargo, el turismo es una actividad que promueve la desigualdad económica, la concentración de la riqueza y la segregación social y espacial.

Así, la contradicción del turismo es observable cuando se le considera como una actividad fundada en la “economía de lo innecesarios, lo superfluo” y del ocio. De esa manera es posible cuestionar cuál es el costo para la sociedad local.

Aunado a lo anterior, están los procesos de despojo de tierra y cultura, los cuales se vinculan a la urbanización turística. También destaca la explotación de los trabajadores locales que profundiza la situación de desigualdad económica.

Metodología

El texto pretende indicar cuáles serían las posibles repercusiones sociales del Tren Maya. Para ello, se utilizó un método de búsqueda de evidencias de determinados procesos como el despojo y la violencia estructural. La investigación se hace desde una perspectiva cualitativa, antropológica y etnográfica. Asimismo, la autora realizó estancias de investigación en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas.

Para interpretar la violencia, la autora retoma el análisis multidimensional de Galtung, quien identifica tres dimensiones de la violencia relacionadas entre sí: 1) violencia directa (actos violentos); 2) violencia estructural (como la desigualdad); 3) cultural (aspectos culturales utilizados para justificar otras violencias). La autora se centra en la violencias directas, producto de las disputas por el control territorial donde se realizan actividades de índole legal como ilegal.

Respecto a la violencia estructural, ésta se torna evidente en el contexto de la urbanización turística. Eso es observable en términos de la explotación de la fuerza de trabajo, la naturaleza y el patrimonio. La exclusión de clase, género y de grupo étnico también evidencia este tipo de violencia. Finalmente, la violencia cultural está implícita en la “turistificación de los espacios” de los pueblos indígenas.

De esta manera es posible afirmar que la realidad social del país se presenta como “una compleja acumulación social de violencias”, la cual rebasa la violencia criminal, ya que da paso a otras (como la violencia de género, doméstica, medioambiental, racial, generacional, etc.). Estas violencias se agudizan con las políticas neoliberales.

La autora retoma también las ideas de Misse, quien señala que las dimensiones clave de la acumulación de la violencia son el tráfico de mercancías ilegales y “la oferta de mercancías políticas como la corrupción y el clientelismo”.

Industria turística en Quintana Roo, entre lo legal y lo ilegal

El crecimiento del turismo lleva de la mano el incremento de la actividad delictiva. En los casos de Cancún y la Riviera Maya, el turismo impulsa la economía legal e ilegal. Ésta última se articula en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y en su venta local; en la trata de personas para la prostitución; y en el blanqueamiento recursos.

Esta situación es consustancial al modelo económico que pone en el centro el turismo como actividad económica, el cual no hubiera sido posible sin la construcción del Centro Integralmente Planeado (CIP) de Cancún en 1970.

El CIP se gestó mediante la “expropiación de grandes extensiones de tierras pertenecientes a los ejidos Isla Mujeres y A. Bonfil”. Es decir, se privatizó la propiedad social campesina. A esto se le puede considerar como un “proceso de despojo para la acumulación”.

Las grandes inversiones privadas que se necesitaron para la creación de la infraestructura turística se lograron mediante mecanismos legales e ilegales que, al mismo tiempo, favorecieron a las élites políticas y empresariales de la región. Los políticos han sido muy hábiles en manipular la normatividad y la institucionalidad desde los años ochenta del siglo XX. Uno de los casos destacables es el de Roberto Borge, exgobernador de Quinta Roo, quien está en la cárcel por corrupción y especulación de tierras.

La autora destaca el momento en que Quintana Roo se volvió un estado soberano de la República, ya que en ese momento la nueva entidad inauguró el CIP de Cancún. Desde esta perspectiva es posible ubicar el momento de la constitución de la institucionalidad en función del turismo y el desarrollo centrado en el turismo. Pero el impulso de la actividad turística no trajo consigo solamente el supuesto desarrollo, sino también una normalización de mercancías ilícitas y políticas que contribuyen a la acumulación de violencias.

Además, se resalta que las élites empresariales que invirtieron en el desarrollo del turismo en la región fueron las mismas que tomaron las riendas de los procesos de producción de normas y de creación de las instituciones en beneficio a sus intereses. A eso se le nombra captura del estado y el concepto hace referencia a la corrupción económica de los actores privados que influyen en la creación de leyes, decretos, regulaciones, etc., para favorecer sus intereses, en detrimento del bienestar colectivo.

En el caso de Quintana Roo, la institucionalidad se moldeó sobre bases lícitas e ilícitas de los negocios turísticos como la especulación, el acaparamiento de tierra, el desarrollo inmobiliario y la economía ilegal. Si se consideran las conexiones entre las élites políticas y los intereses empresariales, es posible señalar que Quintana Roo no fue un estado capturado, sino que siempre estuvo en cautiverio. Esto puede ser ilustrado con la trayectoria de los distintos gobernadores del estado en las últimas 3 décadas. Gobernadores como Mario Villanueva Madrid, Joaquín Hendricks, Félix González y Roberto Borge han estado vinculados con el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Cabe resaltar que el despojo de tierras, la especulación inmobiliaria, el narcotráfico y la trata de personas comparten un carácter funcional de la industria turística, así como la violencia directa. Las actividades económicas del narcotráfico están vinculadas con la violencia, la cual genera una serie de mercados ilícitos que van desde el tráfico de armas, hasta el reclutamiento forzoso. En la dimensión institucional está presente también el flujo entre lo legal y lo ilegal que son constitutivas de las políticas neoliberales. Así, las formas de acumulación legales son consideradas como expresiones criminales del capitalismo.

En los años noventa del siglo XX creció el poder de los cárteles. Éstos se implantaron en la costa del Caribe y organizaron una red de lavado de dinero en la que los empresarios mexicanos formaron parte. Por ejemplo, durante el mandato de Villanueva se impuso el desarrollo de la industria turística, esto se acompañó de la especulación de bienes raíces. Con la especulación se hizo posible la reinversión blanqueada de los productos de los mercados ilegales. En 2001, Villanueva fue detenido y acusado de narcotráfico y lavado de dinero para el cártel de Juárez.

Villanueva facilitó el movimiento de más de 200 toneladas de cocaína y puso a disposición del cártel de Juárez, puertos, aeropuertos, velívolos y seguridad. Mediante la ruta del Caribe, lanchas provenientes de Colombia llegaban a la costa mexicana para hacer la transferencia de cocaína en barcos del cártel de Juárez. Después, de los puertos de Cancún, Calderitas y Chetumal se ponía el cargamento en una ruta terrestre dirigida hacia el Norte del país.

Villanueva recibía entre 400 000 y 500 000 dólares por cada cargamento que transitaba sin problemas en el estado. Se estima que logró blanquear 19 millones de dólares que invirtió en cuentas de Lehman Brothers en Estados Unidos, Suiza y Bahamas.

Destinos turísticos como Cancún y la Riviera Maya tienen condiciones óptimas para las operaciones de redes criminales transnacionales debido a la rotación de visitantes y trabajadores, el volumen de las transacciones monetarias, la poca publicidad de los hechos violentos y su posición geoestratégica. En la región, el turismo aumenta: en 2019, casi 23 millones de personas visitaron Quintana Roo. En ese año, Cancún recibió 6 millones de visitantes. Quintana Roo es el estado con el consumo ilegal de drogas más elevado, una de ellas es la cocaína. Además, tiene uno de los índices más elevados de alcoholismo (12%).

Por otra parte, el lavado de dinero prospera y crece a través de proyectos de inversión. Se estima que el turismo presenta la principal oportunidad para blanquear divisas en el país. En Quintana Roo el turismo favorece flujos de lavado de dinero por miles de millones de dólares anualmente.

Respecto al control territorial, se señala que en 2020 Cancún, la Riviera Maya y Holbox estaban controlados por el cártel de Pacífico o de Sinaloa. La costa de Tulum y el municipio de Felipe Carrillo están controlados por los Zetas; mientras que la Costa Maya está bajo el comando del cártel Jalisco Nueva Generación.

La disputa territorial y por el control de mercados incrementa la violencia directa en homicidios y ejecuciones. La seguridad en estos lugares ha empeorado y se han reportado homicidios masivos en bares de Playa del Carmen y Cancún.

Mientras que el turismo se promueve como una actividad donde es posible disfrutar del sol y la playa, su correlato agresivo evidencia el despojo que la población local sufre. Este proceso se realiza para proceder con la construcción de complejos hoteleros que trae consigo el uso de drogas ilícitas, la prostitución y el daño a la dignidad de personas.

En 2020, Quintana Roo ocupó el tercer lugar entre los estados menos pacíficos, (ver Dato crucial 1). En Playa del Carmen y Cancún son cotidianas las balaceras; esto quedó claro durante el año 2020 donde se registraron en centros comerciales. Esto demuestra la imbricación entre las economías ilegales y legales. El capital generado por actividades ilícitas provocó el desarrollo de empresas y negocios. Luego, esta prosperidad se volvió blanco de extorsiones y secuestros dada la disputa por el control del cobro de piso entre distintos grupos delictivos.

A este respecto, la autora se centra en la evolución de los homicidios dolosos a nivel estatal y en algunos municipios. Campeche y Yucatán conservan una baja incidencia de homicidios dolosos y de los demás hechos violentos. Sin embargo, en Quintana Roo eso es diferente: en 2020 se convirtió en el quinto estado con más delitos del país. Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2020 se registraron uno o más asesinatos en Cancún.

Por su parte, la población se siente insegura, desconfía de la policía y percibe un deterioro del tejido social, (ver Dato crucial 2). Debido al incremento en la inseguridad (ver Dato crucial 3), Cancún registró una caída de la ocupación hotelera de 5 puntos porcentuales por año. En 2018, Playa del Carmen perdió 3.6% en ocupación.

Narcoaviones, tiburón blanco y militarización de los circuitos turísticos

En el municipio de Bacalar se da una elevada incidencia de homicidios dolosos; en 2019 se registraron 56 homicidios de este tipo por cada 100 000 habitantes. Bacalar reúne todos los serios inconvenientes que son causados por el “turismo como máquina de despojo”; entre ellos se destaca el cercamiento de los cenotes, la privatización del agua, el despojo de las tierras ejidales, la especulación de tierra y la contaminación ambiental.

La zona es vulnerable a la violencia y a los homicidios debido a su ubicación estratégica para el tráfico de cocaína proveniente de Colombia y Venezuela que se dirige a Florida, Estados Unidos. Es posible identificar el narcotriángulo situado entre Miguel Alemán, Río Verde, El Gallito y Los Limones. Este narcotriángulo se extiende hasta la frontera con Belice y se consolidó como el destino para la recepción de veleros procedentes de Centro y Suramérica.

El sistema integral de Vigilancia Aérea (SIVA) de la Fuerza aérea mexicana realizó un registro, entre 2018 y 2019, de los vuelos irregulares realizados por avionetas. En promedio se registraron 3 al mes. Desde 2020, el SIVA también detectó un incremento en la frecuencia de los vuelos (ver Dato crucial 4).

Bacalar está cerca de la costa meridional de Quintana Roo, donde se desarrolla el proyecto turístico articulado “alrededor del muelle de cruceros de Mahahual, el único puerto mexicano enteramente privado”. El tramo que va desde Punta Herrero y hasta la frontera beliceña es otro espacio clave para la recepción y el tráfico de cocaína.

Ahí, los narcotraficantes descargan el “tiburón blanco”, es decir, paquetes de cocaína que son enviados a la ruta terrestre hacia el norte del estado. Esos paquetes también se embarcan en el puerto de Mahahual. En este contexto, se militariza la región. En 2018 Peña Nieto inauguró la Ciudad Militar en Isla Mujeres, la cual está habitada por la décima Brigada de Policía Militar. En febrero de 2019 se enviaron 1 100 militares de refuerzo. La Ciudad Militar está diseñada para albergar a más de 3 000 soldados.

Asimismo, el Tren Maya parece implicar también el incremento de la militarización. El ejército se encargará de construir los tramos 6 y 7 del megaproyecto. También construirá el tramo que va desde Playa del Carmen hasta Cancún y el aeropuerto de Tulum.

Por su parte, el Programa para el ordenamiento territorial del Sureste, firmado en Tulum el 20 de diciembre de 2020, indica que una empresa dependiente de las fuerzas armadas coordinará la operación y administración del nuevo aeropuerto, junto con los de Palenque y Chetumal.

La militarización de estos proyectos se lleva a cabo en los tramos donde se presenta la violencia y el control criminal del territorio. El objetivo es proteger la obra e incrementar el control militar en la región.

Urbanización, incidencia delictiva y violencia estructural en las ciudades ribereñas

En esta sección, la autora resalta la conexión entre el incremento de la violencia, el aumento poblacional y el crecimiento urbano en el contexto del Tren Maya: "La raíz de la violencia estructural reside en la desigualdad, esto es, la distribución diferencial de poder, capital cultural o conocimiento, propiedad de los medios de producción, oportunidades y resultados" (p. 181).

Cancún tiene una de las más altas tasas de crecimiento demográfico de América Latina (ver Dato crucial 5) y un crecimiento urbano acelerado (ver Dato crucial 6). Este crecimiento promueve la segregación espacial y social. En Playa del Carmen esto es evidente ya que la playa se volvió un espacio privatizado y se construyeron ciudades para turistas con todos los servicios. Paralelamente se construyeron las comunidades de servicio al interior, cuyas condiciones son precarias y carecen de servicios básicos para los empleados del sector turístico.

Esa segregación es resultado del modelo turístico de enclave y favorece a los gobiernos estatales y a las empresas dedicadas a los servicios turísticos. Debido a la privatización de la costa en Playa del Carmen, los habitantes asentados en las comunidades de apoyo no tienen acceso a la tierra para la agricultura; así, dependen del empleo en el sector de los servicios. Habitantes de distintos municipios viven en condiciones materiales de pobreza (ver Dato crucial 7).

Quintana Roo tiene un producto interno bruto per cápita entre los más altos del país (170 000 pesos por habitante). Sin embargo, el estado se caracteriza por tener una elevada desigualdad económica, que difícilmente se resolverá si se sigue impulsando el modelo económico de desarrollo turístico. En los casi cincuenta años de existencia de Cancún, dicho modelo no ha creado la supuesta prosperidad social para todos los habitantes, sino una creciente desigualdad (ver Datos cruciales 8 y 9). La desigualdad económica y la segregación espacial conforman una situación de profunda exclusión social que alimenta la violencia estructural.

El desarrollo desigual de la urbanización trajo consigo espacios “carentes de infraestructura, donde el hacinamiento, la pobreza e inseguridad son evidentes”. Lo anterior provoca que los habitantes de estos espacios se enfrenten a “una situación de vulnerabilidad ante los demás, con mayores posibilidades de ser víctimas del crimen” (ver Dato crucial 10).

Una gran fracción de los homicidios dolosos registrados se comete en las comunidades de apoyo. Ello evidencia “la espacialización de las violencias, su identificación con un criterio de clase, y la invisibilización de la relación entre industria turística y violencia”.

Por otra parte, en los aspectos de la identidad étnica están incluidas relaciones de apropiación, despojo y resistencia. Cuando se estudia el contexto de urbanización de Tulum, se puede observar la invisibilización de los mayas indígenas que viven en la ciudad y trabajan en el sector turístico. A eso se le puede considerar un regreso a la servidumbre que se oculta en los supuestos de la modernidad y el acceso a los bienes materiales.

Ante las precarias condiciones de vida de los trabajadores asalariados, “los individuos llegan a desahogar la frustración en conductas violentas hacia los espacios más íntimos: la violencia familiar hacia los sujetos más débiles” como las infancias y las mujeres.

De esa forma se podría explicar también la alta incidencia de adicciones, e incluso, la alta tasa de suicidios en los sectores más vulnerables. Así, la autora afirma que “la construcción desigual de la sociedad en la región genera profundas contradicciones a nivel colectivo e individual, en las cuales se producen violencias de difícil solución”. Por otra parte, la violencia sexual y la prostitución infantil son también un resultado de “la exclusión y el adelgazamiento del tejido social” (ver Dato crucial 11).

Despojo a la sombra de las palmeras

El despojo de territorios y de culturas tiene un papel central en la configuración de violencias producidas por el turismo “como proceso de mercantilización espacial y social”. Por ejemplo, los “procesos de turistización” del corredor Cancún-Tulum aunado a la especulación de la tierra relacionada con procesos inmobiliarios son ejes centrales en la construcción socio-espacial desigual de la costa de Quintana Roo. Debido a lo anterior, la población trabajadora y migrante es desplazada. El despojo que se ha llevado a cabo debido a la construcción de infraestructura turística elimina la posibilidad de los dueños originarios de la tierra de decidir sobre ese recurso.

Cabe resaltar que el Fonatur es la institución estatal proveyó de terrenos a los políticos e inversionistas nacionales y extranjeros. De la misma forma, los fideicomisos se aseguraron como figuras jurídicas suficientes para encubrir el despojo, mediante la expropiación estatal o la privatización. Para la autora, “el despojo, ejercido como violencia directa sobre ejidatarios y pequeños propietarios de predios costeros, es expresión del proceso de especulación inmobiliaria” detonado por el CIP en Cancún a partir de 1990.

El despojo comenzó con la creación del municipio de Solidaridad en 1993 en Playa del Carmen. En el caso de Tulum, se ha documentado el uso de la violencia directa por parte de grupos armados para desalojar los predios costeros.

Con el despojo relacionado con el negocio inmobiliario se percibe con claridad la captura del estado. Aquí destaca el caso de Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo entre 2011 y 2016. En 2017 fue detenido por los delitos de “peculado, desempeño irregular de la función pública y operaciones con recursos de procedencia ilícita'' (ver Dato crucial 12).

Los “crímenes de cuello blanco” son característicos del capitalismo criminal y están vinculados directamente con la violencia en tanto comparten “el flujo de dinero que transita de los fraudes y despojos a las arcas estatales, o bien hacia inversiones ilícitas de políticos coludidos”.

También es necesario tomar en cuenta que bajo el capitalismo criminal, las utilidades de los negocios ilícitos entran nuevamente a las finanzas públicas o se invierten. Estas acciones implican el lavado de dinero. Esas también son formas violentas de llevar a cabo el despojo aunque no se utilice la fuerza y la coerción.

De esta manera, el despojo también puede ser considerado como la “interrupción de relaciones materiales por medio de las cuales se satisfacen necesidades básicas y se potencializan las capacidades humanas”. Este proceso está enraizado en la creación de desigualdades y en la violencia estructural.

Conclusión

El análisis multidimensional de las violencias es útil debido a que las entrevistas realizadas por la autora en distintas regiones afectadas por el Tren Maya coinciden en “localizar la degeneración violenta del desarrollo turístico como la primera preocupación relativa al megaproyecto”.

Este texto documentó la exacerbada violencia directa ligada al narcotráfico y al control del territorio y de las economías ilegales. Así, es posible observar la relación entre la violencia directa, las economías ilegales y la industria del turismo en Quintana Roo.

En este contexto, la autora afirma que el estado de Quintana Roo “nació cautivo de las expresiones criminales del capitalismo, formas de acumulación que expresan la continuidad entre las economías legales e ilegales”. Asimismo, la autora enfatizó las vertientes de raza, clase y género que articulan las dimensiones de la violencia. Por su parte, la urbanización pone en evidencia la desigualdad entre “quienes operan la economía turística, quienes disfrutan de los atractivos, y quienes trabajan para unos y otros”. La urbanización turística también trajo consigo la segregación social a lo largo de la costa del estado.

Mientras, el despojo de tierra, motor del desarrollo turístico, conecta a la economía ilegal con las élites políticas. El despojo implica la violencia directa y estructural. Además, este proceso es “la condición previa para el desplazamiento y nuevas urbanizaciones”.

El Tren Maya pretende construirse en contextos sociales desiguales donde no están garantizados los derechos humanos, al tiempo que la conflictividad y la desigualdad aumentan. Es evidente la relación entre el turismo y las economías ilegales. Entonces, es previsible que el impulso y la expansión del modelo turístico que implica el Tren Maya se compaginen con la propagación de las actividades ilícitas en nuevos territorios.

La Cuarta transformación no ha trastocado las estructuras políticas estatales ni a las élites político-empresariales locales. Esto genera dudas sobre el megaproyecto, el cual parece seguir los pasos del desarrollo turístico “planeado” en Cancún.

La autora señala que sí es urgente una intervención territorial en el estado, pero ella tendría que estar dirigida a la reducción de las desigualdades y a permitir que las comunidades urbanas y rurales experimenten alternativas económicas de acuerdo a sus propias perspectivas y expectativas para la vida futura.