Las políticas sociales de López Obrador diseñadas en parte para combatir la inseguridad, están siendo complementadas por la militarización de la seguridad pública, en la que el ejército está sustituyendo a la policía.

Luego de que el presidente dijera que donde hay una banda fuerte no hay enfrentamientos entre grupos se recordó a la política de administración de carteles de la droga que se implementó en el siglo XX con el poder absoluto del PRI, esta política complemento al aparato represor con un ejército y policía fuertes que quizá explicarían el interés por la militarización actual.

El ejército fue parte fundamental del poder del partido único y con la llegada de la alternancia política en el año 2000, el ejército necesitaba reinventarse para seguir siendo relevante. Tan solo durante la transición al gobierno de Fox se registró una deserción de 107 mil soldados y marinos, con Felipe Calderón el número llegó a 55 mil. Sin embargo, no se investigó si los altos mandos en el ejército tuvieron interés en fortalecer al crimen organizado para hacerse útiles de nuevo.

Las Fuerzas Armadas son de las pocas instituciones que no tuvieron cambios con la transición política, se conservan las estructuras militares, con ello los defectos como la falta de transparencia y la impunidad.

Para complementar la estrategia de seguridad actual es necesario que se reforme leyes, órganos, políticas de seguridad democrática y mecanismos de rendición de cuentas que transformen la operativa de las Fuerzas Armadas. Seguir por el actual camino es peligroso pues implicaría darles mayor poder político y económico.

Dejar las tareas de seguridad pública al ejército es otro error pues no es la función que deben desempeñar las fuerzas armadas, con las decisiones de seguridad actuales parece que regresamos a la pax-narca con un régimen autoritario.