Raúl Iglesias Nieto trabaja en el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México.

Pierre Gaussens trabaja en el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México.

En México, los altos niveles de violencia han implicado el desarraigo de muchas personas de sus espacios de residencia. Familias han sido obligadas a abandonar sus hogares por la violencia criminal que enfrentaron. En algunos casos, la mayoría de la población local resultó expulsada a la fuerza. Estos movimientos de desplazamiento forzado han sido masivos y tuvieron lugar en varias regiones del país.

Pese a su importancia, esta cuestión ha sido históricamente invisibilizada en México. Hasta la fecha no existe un marco legal que regule la materia, ni un organismo público especializado. Que no se haya realizado un esfuerzo de este tipo responde en parte al desinterés del Estado mexicano por las víctimas de desplazamiento interno forzado, asunto políticamente incómodo, particularmente para las instituciones encargadas de la seguridad pública.

El desplazamiento forzado es pensado comunmente en el marco de la crisis de seguridad que provocó la guerra al narcotráfico como un daño colateral, un efecto no deseado de las estrategias de seguridad y de las contiendas que enfrentan a actores armados. Sin embargo, este trabajo busca romper con esta visión dominante, para trascender las concepciones del desplazamiento forzado como una mera externalidad de la crisis de violencia y, en cambio, buscar una posible lógica subyacente en este fenómeno.

Más allá de la guerra al narcotráfico

No se pueden dejar de lado las consideraciones geopolíticas que inciden en las dinámicas de la violencia en México, ni seguir pensando que éstas se limitan a las drogas e, incluso, a los mercados ilícitos en general. Si bien el narcotráfico y su combate representan un componente importante de la crisis de seguridad, éstos han oscurecido la incidencia de fuerzas económicas de otro signo.

El hecho de que se haya mantenido el régimen prohibicionista a nivel internacional se debe principalmente a que permite la implementación de políticas de combate al narcotráfico que, a pesar de sus altos costos humanitarios, han resultado favorables a ciertos intereses económicos transnacionales, sobre todo aquellos ligados a los sectores financieros y extractivos, así como al complejo bélico-industrial.

Guadalupe Correa-Cabrera señala esta ambivalencia en la que el narcotráfico aparece como una excusa, al afirmar que “la guerra de México no ha sido una guerra contra las drogas, sino una guerra por el control del territorio, un área que es rica en hidrocarburos”. En este mismo sentido, Oswaldo Zavala explica que lo que comúnmente llamamos “narco” trata de la invención de un nuevo orden social que responde a intereses estratégicos por el control de unos recursos que, de otra manera, quedarían inalcanzables para el gran capital. La delincuencia organizada sería así convertida en un medio idóneo para penetrar territorios y romper la resistencia social que puede suscitar la explotación de sus recursos.

Ahora bien, de una manera similar a la desaparición, el desplazamiento forzado puede representar otro medio criminal que forme parte de estrategias de desarrollo. Los estudios de Oslender y Paley, en Colombia en particular, han revelado cómo el desplazamiento obedece a una política de control territorial, que busca neutralizar toda resistencia social a fin de garantizar la seguridad de las inversiones en regiones especialmente ricas en recursos naturales, a favor de empresas con capital nacional y extranjero.

En México, Díaz y Romo observan que “los estados y/o municipios expulsores son territorios en disputa por ubicación favorable y estratégica para las acciones criminales o bien por sus riquezas naturales […] los grupos armados desplazan a la población como parte de una estrategia deliberada".

La inscripción del desplazamiento forzado dentro de esta lógica de despojo, entonces, es la que ocupa el centro de preocupación inquisitiva del artículo.

Hipótesis

Una de las implicaciones clave de estas visiones críticas es que el desplazamiento forzado, en ciertos espacios, estaría funcionando como una palanca para el uso territorial de nuevas formas de desarrollo. Es en este sentido que el desplazamiento forzado puede figurar entre los mecanismos que integran procesos de acumulación por desposesión.

La hipótesis que guía la investigación es que los movimientos de desplazamiento forzado que han afectado la región del noreste mexicano, responde a una lógica de despojo capitalista expansivo, en la medida en que se asocian con estrategias de desarrollo, de naturaleza extractiva, para la explotación de las reservas de hidrocarburos no convencionales que allí se encuentran.

Metodología

México es un país petrolero, uno de los más grandes productores de hidrocarburos a nivel mundial. Sin embargo, desde hace unos años se enfrenta al llamado pico petrolero, con el agotamiento de sus reservas convencionales en el Golfo de México, por lo que empezó a explorarse yacimientos y recursos alternativos.

La exploración de estos yacimientos de hidrocarburos no convencionales se inscribió, además, en un contexto político en el que cobraba cada vez más fuerza la privatización del sector energético mexicano. Esta configuración es la que justifica la selección del noreste mexicano, específicamente en la Cuenca de Burgos, en la medida en que se trata de una región en la que confluyen dinámicas de violencia y migración con lógicas extractivas.

En suma, el noreste mexicano representa la intersección de una violencia extrema con unos intereses extractivos exacerbados, donde hay más probabilidades de encontrar movimientos de desplazamiento forzado que responden a procesos de despojo capitalista expansivo.

La investigación empírica sobre las personas y comunidades desplazadas por la violencia es relativamente escasa y, por lo general, de reciente publicación. Se tienen que hacer empíricamente observables las formas en las que el desplazamiento forzado funciona como un medio de despojo. Ante la falta de estadísticas, las investigaciones cuantitativas han de recurrir a aproximaciones indirectas.

Para el análisis de estas estadísticas, se construyó una base de datos sobre los 132 municipios que conforman los tres estados del noreste mexicano: Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Reúne siete variables de interés a nivel municipal, relativas a cambios demográficos, la evolución de la violencia y la presencia de los dos grandes proyectos de desarrollo del sector energético en la región, además de distintas variables de control de carácter socioeconómico. Los datos cubren un periodo de dos décadas, del año 2000 al 2020, dividido entre cuatro quinquenios siguiendo la periodicidad alternada de los Censos de Población y Vivienda (CPV) y las Encuestas Intercensales (EI) del INEGI.

El crecimiento poblacional y el porcentaje de viviendas deshabitadas son los indicadores de las dinámicas de vaciamiento que pueden haber ocurrido, así como determinan si, en efecto, este despoblamiento está de algún modo relacionado con la violencia, de tal manera que se pueda afirmar que existen indicios de desplazamiento forzado.

El primer indicador, la tasa de (de)crecimiento poblacional, cuando sea negativa debería indicar las pautas que sigue la disminución del número de habitantes a nivel municipal, a lo largo del periodo de estudio, arrojando algunos indicios de despoblamiento en ciertas partes de la región.

El porcentaje de viviendas deshabitadas representa el segundo indicador. Son consideradas como deshabitadas aquellas viviendas particulares completamente construidas y habitables, pero que no cuentan con residentes habituales y tampoco son utilizadas para fines comerciales al momento del levantamiento del censo. El porcentaje se calculó dividiendo el total de viviendas deshabitadas entre el número registrado en cada municipio.

El tercer indicador, la tasa de homicidios, es la principal variable con la que se miden tradicionalmente los niveles de violencia. Se estimaron las tasas correspondientes a cada año y se calcularon los promedios siguiendo la pauta quinquenal de los CPV y las EI.

También se incluyeron algunos indicadores de control, relativos a las dimensiones económica, laboral y social de la migración, emulando las estrategias metodológicas con el propósito de contrastar el efecto de dichas dimensiones con el de la violencia como posibles factores de expulsión de población y, así, poder distinguir el desplazamiento forzado de una emigración tradicional.

Estas técnicas permiten explorar en qué grado el abandono de viviendas es afectado por variables que están asociadas con la migración en general y el desplazamiento forzado en particular. Ajustando modelos correspondientes a distintos periodos, y observando a la vez los cambios en los coeficientes y su significancia estadística, se puede visualizar cómo han cambiado las relaciones entre el abandono de viviendas y las variables a lo largo del tiempo.

Resultados

Crecimiento poblacional

Se calculó el índice global correspondiente a la tasa de crecimiento poblacional. Una primera observación que se desprende es el dibujo de una franja de municipios a lo largo de la frontera con Texas, al menos en los tres primeros quinquenios. Esta franja es constituida por municipios del norte de Nuevo León, a los cuales se suman dos municipios del norte de Tamaulipas en la llamada “frontera chica” tamaulipeca.

En términos generales, el patrón de bajo crecimiento poblacional o de simple despoblamiento es más acusado en municipios con poblaciones pequeñas, predominantemente rurales o semirrurales. También es importante notar que este patrón precede a la guerra al narcotráfico, al encontrarse en el quinquenio 2000-2005. En el área de la Cuenca de Burgos se encuentran 10 municipios.

Viviendas deshabitadas

En 2005, el porcentaje de viviendas deshabitadas obtiene un índice de autocorrelación espacial global de 0.17 en 2010 y para 2020, desciende ligeramente a 0.23. Estos resultados sugieren un grado moderado de dependencia espacial. El patrón que emerge de estos mapas exhibe un abandono de viviendas que, durante la última década y media, ha sido especialmente acusado en el norte de Nuevo León y Tamaulipas y que, entre 2010 y 2020, parece extenderse hacia el centro con la aparición de conglomerados con altos indicios de vaciamiento.

Homicidios

Las tasas de homicidios registran un índice de autocorrelación global de 0.14 para el primer quinquenio, de 0.27 en el segundo (2005-2009), de 0.40 en el tercero (2010- 2014) y 0.50 en el último (2015-2019), es decir, conforme pasa el tiempo, la dependencia espacial de las tasas de homicidios se refuerza de forma significativa. En este sentido, muestran un alto grado de dependencia espacial y, además, parecen formar claros patrones geográficos. Nuevamente, los municipios más afectados por la violencia se concentran en la proximidad de la frontera.

Viviendas deshabitadas y homicidios

En términos del índice de autocorrelación global bivariado, la asociación entre el porcentaje de viviendas deshabitadas de 2005 y las tasas de homicidios del periodo 2000-2004 obtiene un coeficiente de 0.09; en el segundo quinquenio (2005-2009) el coeficiente es de 0.14; mientras que, para 2020 el índice de autocorrelación espacial es de 0.22.

Asimismo, se obtuvieron coeficientes de correlación de Pearson de 0.04 (2005), 0.10 (2010) y 0.37 (2020) entre cada par de variables, por lo que llama la atención la fuerza que cobra la (auto)correlación entre el abandono de viviendas y los homicidios a partir de la última década, pues es consistente de que la escalada de violencia indujo movimientos de desplazamiento forzado en la región.

Y es otra vez en el norte de Nuevo León donde coinciden las tasas más altas de homicidios y de viviendas desocupadas. En este sentido, cierta sección de los límites de Nuevo León y Tamaulipas muestra signos evidentes de despoblamiento que, al estar espacialmente correlacionados con la violencia homicida, parecen corresponder a movimientos de desplazamiento forzado.

Si bien este vaciamiento viene de años atrás, es probable que la violencia desencadenada por la guerra al narcotráfico haya jugado cierto papel en esta dinámica. Además, es llamativo el hecho de que municipios del noreste mantengan niveles altos de desocupación habitacional y que esté fuertemente asociada con hechos de violencia que ocurrieron años atrás.

Modelos para el abandono de viviendas

El principal resultado aquí radica en el hecho de que, para un municipio del noreste mexicano, ubicarse parcial o totalmente dentro del área de la Cuenca de Burgos surte un efecto positivo de una magnitud considerable y de alta significancia estadística sobre el porcentaje de viviendas deshabitadas, lo que refuerza la idea que el despoblamiento de los municipios concernidos antecede la guerra al narcotráfico y no es del todo imputable a la violencia de esta guerra. En comparación, las categorías para los municipios que se sitúan dentro de las coordenadas de la Cuenca de Sabinas, o que están intersecados por ambas cuencas, no figuran como estadísticamente significativas.

Para el quinquenio 2005-2010, el modelo registra un ajuste de la varianza similar al del modelo anterior. Es en este periodo cuando empieza la guerra al narcotráfico y, por ende, aumenta la violencia, pero sin llegar todavía a los niveles extremos alcanzados en la década siguiente, por lo que las tasas de homicidios vuelven a presentar un coeficiente negativo bajo y estadísticamente no significativo.

En comparación con el quinquenio anterior, los siguientes quinquenios correspondiente al porcentaje de viviendas deshabitadas, presenta mejores ajustes. En este sentido, el modelo para el abandono de viviendas en este año con tasas de homicidio del periodo 2010-2019 registra una bondad de ajuste considerablemente más alta.

Asimismo, las tasas de homicidios promediadas para esta década registran un coeficiente más alto y se acercan notablemente a la significancia estadística. Sin embargo, la variable continua que mejor explica el incremento de viviendas deshabitadas es nuevamente la ruralidad, que reporta un coeficiente considerable y muy significativo. Por su parte, los municipios que están en el área de la Cuenca de Burgos siguen reportando mayores niveles de abandono que los demás.

Las tasas de homicidio surten no solo un impacto considerable y positivo con la investigación, sino altamente significativo sobre la variable dependiente: a mayor violencia, mayor es el abandono de viviendas. A su vez, la ruralidad rinde de nuevo cuenta un efecto importante y significativo, mientras que los municipios dentro del área de la Cuenca de Burgos siguen experimentando una alta desocupación de viviendas en contraste con los que no viven ahí.

Es de notar que tanto la precariedad salarial como la marginación, como valores de control, no tienen significancia estadística, por lo que no parecen poder explicar las dinámicas de despoblamientos.

Conclusiones

Pese a estas limitaciones, este ejercicio exploratorio sirvió para identificar, a falta de estadística oficial, cuál es el indicador demográfico más confiable para dar cuenta del desplazamiento forzado en la región: las viviendas deshabitadas.

En primer lugar, se evidenció una fuerte tendencia al despoblamiento en algunos de los municipios situados en el área correspondiente a la Cuenca de Burgos. Entre estos municipios, son los rurales los más afectados por el patrón de abandono de viviendas. Esto concuerda con las observaciones de campo realizadas por Durin, quien también registró que la violencia criminal afectó con más fuerza a las comunidades rurales, al grado de perder porcentajes considerables de su población.

En segundo lugar, la violencia como factor de expulsión no cobra relevancia sino hasta cierto momento, expresado en tasas extremas de homicidios, que corresponde a los años más álgidos de la guerra al narcotráfico en la región noreste, durante el quinquenio 2010-2015.

El desplazamiento forzado ocurre cuando la violencia rebasa cierto umbral, es decir, cuando sus altos niveles hacen que el costo de permanecer se eleve demasiado y que, frente al riesgo de ser víctimas de un crimen, los habitantes decidan o se vean impelidos a abandonar sus hogares.

En tercer lugar, que el porcentaje de viviendas deshabitadas esté fuertemente correlacionado con hechos violentos ocurridos en años previos habla del efecto de vaciamiento que esta violencia pudo tener en su momento. Si bien el despoblamiento de los municipios rurales esté enraizado en procesos históricos de desestructuración del orden rural, los cuales anteceden la guerra al narcotráfico, resulta evidente que la violencia desencadenada por la guerra contribuyó a profundizar esta tendencia.

Por último, este vaciamiento responde a intereses geoestratégicos y que podría enmarcarse en una acción concertada mucho más allá de la operación de grupos criminales, para la cual la guerra es la continuación de la política por otros medios. Asimismo, el hecho de que los municipios más afectados, además de rurales, sean también fronterizos, apunta a que los intereses en juego trascienden la frontera para asociarse con los de la industria petrolera en Texas, en el marco de una contrarreforma política que abrió el sector energético nacional a la inversión extranjera.

Algunos municipios del norte de los estados de Nuevo León y Tamaulipas se han despoblado como producto del desplazamiento forzado, a raíz del auge de la violencia criminal durante la guerra al narcotráfico; entre ellos, los más afectados han sido los municipios rurales y fronterizos; y los municipios despoblados se encuentran en el área de la Cuenca de Burgos, que es la mayor reserva de gas de lutitas del país.