Ara Galán es historiadora, con maestría en educación y doctorado en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es activista y uno de sus principales temas de investigación ha sido las circunstancias del pueblo palestino.

Con frecuencia en muchos sectores de la sociedad los cuerpos militares no representan orden o seguridad, sino represión y violencia. Aunque por décadas se ha recurrido a resolver problemas de seguridad nacional con cuerpos militares, la conformación de la Guardia Nacional en México “resultó polémica”.

De acuerdo con Ara Galán, “la percepción social de las figuras militares en nuestro país ha cambiado con el paso de las décadas” (p. 2). Los cuerpos militares representaron amenaza y mostraron el poder represivo del Estado con los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971. De igual forma, el poder militar volvió a adquirir atención en los años recientes debido al combate contra el narcotráfico.

En realidad debería existir una responsabilidad ética para dirigir las fuerzas militares de un país. Se deben revisar “las políticas públicas empleadas para salvaguardar el orden nacional”(p. 2) sin soslayar los principios constitucionales, el derecho internacional y los derechos humanos. No obstante, en la práctica se deja de lado dicha responsabilidad ética debido a que las fuerzas militares en muchos países son capacitadas en materia de tecnología y los cursos especializados son impartidos por empresas que se dedican al desarrollo de sistemas de seguridad y combate al crimen organizado.

Cabe destacar que la provisión de armas, vehículos y tecnología policial y militar así como la capacitación a la Guardia Nacional está encomendada a varias empresas militares de origen israelí. En este sentido, Galán asegura que existe un “foco rojo” con relación al cumplimiento de acuerdos y tratados de paz internacionales por parte del gobierno mexicano.

La autora considera importante señalar las consecuencias de la ocupación israelí para el pueblo palestino. Desde hace 74 años se han cometido crímenes contra los palestinos. La Organización de Naciones Unidas (ONU), la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Amnistía Internacional (AI) y otros actores han catalogado a estos crímenes como genocidio.

Galán destaca el hecho de que las empresas que capacitan a la Guardia Nacional están dirigidas por ex militares de las Fuerzas de Defensa Israelí, mismas que han cometido crímenes de lesa humanidad en territorio palestino. El gobierno mexicano ha invertido millones de dólares en la compra de armas, tecnología y capacitación a las empresas de origen israelí.

Sin embargo, el incremento de armas y equipo bélico de México a Israel puede rastrearse desde 1994 con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Prueba de ello es que se utilizaron aviones Arava de origen israelí para realizar intervenciones en Chiapas. Asimismo, se han cuestionado los métodos de las empresas de seguridad originarias de Israel “por su alto nivel de violencia y por incitar a quienes entrenan a usar fuerza letal” (p. 4).

A lo largo de su texto, Galán señala que uno de los rubros en donde más ha influido la industria israelí en México ha sido en el espionaje. Desde 1990 se han hecho recurrentes denuncias relacionadas con la intervención en las comunicaciones privadas de distintos actores sociales a través del uso de la tecnología, específicamente con el uso del malware Pegasus de la empresa NSO GROUP y el software Cellebrite, ambos de origen israelí [ver datos cruciales 1 y 2].

La Dirección de Cooperación de Defensa Internacional del Ministerio de Defensa de Israel (SIBAT) “actúa esencialmente como agencia de promoción de la industria militar israelí y de los intereses y paradigmas ideológicos del Estado de Israel” (p. 5). Cabe destacar que uno de los cuatro representantes de SIBAT en América Latina está en México.

En abril de 2019 se llevó a cabo una reunión entre Jonathan Peled, el entonces embajador de Israel en México, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. El embajador Peled ofreció a la administración de AMLO las experiencias que Israel “ha acumulado” así como la “cooperación y aporte en todos los temas estratégicos que tienen que ver con el gobierno, con la seguridad pública” (p. 5).

Asimismo, en octubre de 2020 tuvo lugar una reunión entre los representantes de las fuerzas militares de Israel y México que dio como resultado un acuerdo relacionado con el intercambio de información de inteligencia sobre organizaciones criminales y el implemento de tecnología contra la ciberdelincuencia. Lo anterior da cuenta de la relación político, comercial y militar entre México e Israel.

El armamento, capacitación y tecnología que el gobierno mexicano compra a las empresas israelíes “ha servido para violentar a los movimientos sociales” (p. 6).

Empresas como Elbit System promueven sus productos como “probados en combate” y “con capacidades sobresalientes”. Ante estos hechos, no debe perderse de vista que dichos productos han causado daños y muertes al pueblo palestino.

Finalmente, la autora señala que a partir de la experiencia de los pueblos y la lucha social ha quedado en evidencia que lejos de representar un mecanismo para salvaguardar el orden público, las fuerzas militares han sido el vehículo de represión social utilizado por los Estados. El comercio de tecnología de guerra realizado entre México e Israel contraviene los principios constitucionales mexicanos, el derecho internacional y los derechos humanos.