Ángela María Buitrago es doctora en derecho por la Universidad Externado de Colombia. Fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. También forma parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que trabaja en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.

La historia de los países latinoamericanos está atravesada por redes de poderes fácticos que se adueñan de territorios. Este fenómeno se ha dado con la participación del Estado mediante políticas públicas que promueven el despojo y desalojo de las comunidades, en territorios específicos, con el objetivo de asegurar núcleos de poder. Históricamente los Estados latinoamericanos han sido herramientas de las élites económicas y políticas para favorecer sus propios intereses; lo novedoso es que las políticas son administradas por grupos criminales que operan junto a instituciones civiles y militares.

La entropía del sistema en América Latina

El caso mexicano y colombiano son similares pues tienen territorios habitados por diversos pueblos indígenas, existen múltiples violencias, y operan grupos criminales que disputan el control territorial. Las comunidades campesinas e indígenas son las más afectadas pues, en ocasiones, se vuelven parias desterritorializadas al interior de un estado-nación.

Estos fenómenos son producto de una construcción defectuosa del Estado, con poderosos sujetos, tanto legales como ilegales, que no se interesan por el bien público e imponen desplazamientos y despojos. A su vez, esto sucede debido a que la forma actual del Estado corresponde a modelos capitalistas donde gobierna la regla, el orden y el mandato de dominación relativa. Es clara la distancia entre lo que dice la Constitución y la realidad social. Los países latinoamericanos tienen sistemas entrópicos, y sus Estados se están reconfigurando provocando anormalidades.

Tanto el Estado colombiano como el mexicano tienen similitudes, se trata de Estados en reconfiguración, con problemas de acoplamiento, y con múltiples grupos criminales que van capturando espacios institucionales para imponer una agenda formada desde criterios de exclusión y poder. Estos fenómenos favorecen una estatalidad caudillista, mafiosa y clientelar, fomentan el acaparamiento de tierras, y la aparición de nuevas formas de despojo y desplazamiento que benefician a sujetos específicos.

Para reconducir el Estado hacia un modelo que privilegie los derechos de las personas, es necesario identificar las formas en que cada Estado se está reconfigurando.

Colombia: Las realidades de violencia y desarraigo

El conflicto armado en Colombia ha servido para ocultar las causas estructurales de violencia y desarraigo, y, también, para crear espacios de poder y mantener a determinadas élites en estos espacios. Por mucho tiempo, muchos y muchas colombianas han sufrido violencia, desplazamiento y ejecuciones; por lo que es necesario identificar que esos fenómenos son producto de determinados dispositivos que operan con intereses específicos.

La legislación colombiana distingue entre despojo y abandono forzado. Mediante esta distinción se construyeron mecanismos jurídicos para proteger el derecho a la tierra. El problema es que el desplazamiento forzado no es la única forma de despojar a las personas del uso del territorio. De hecho, el territorio colombiano tiene fuertes problemas de despojo territorial que muchas veces sirve a la agroindustria y afecta principalmente a comunidades afrodescenientes (Dato Crucial 1).

La vinculación ilegal entre lo público y lo criminal se intensifica

En Latinoamérica lo ilegal es una práctica social arraigada. La corrupción propicia una esfera pública inestable y la cultura de la ilegalidad. La complicidad entre lo político y lo criminal es parte de un sistema de ventajas. El esquema de construcción del poder “genera una mezcla entre lo institucional y lo ilegal como práctica permanente para mantener el control, para generar mecanismos de riqueza para los detentadores de ese poder y para garantizar su supervivencia” (p. 154).

El apoyo estatal a grupos criminales es una forma de reconstruir el propio Estado y desconocer las constituciones. Cada vez es más evidente que hay alianzas de autoridades del Estado con grupos y redes delictivas. La coexistencia de instituciones estatales y grupos criminales evidencia que el Estado estratégicamente ignora señales de peligro para permitir que sucedan exterminios en determinados territorios. Se trata de Estados criminales e ineficaces, cuyas alianzas con grupos ilegales crean contextos donde la violación de los derechos humanos es la norma.

Lo grupos criminales son usados para atacar, desplazar, despojar y forzar a las personas a abandonar sus territorios; también operan dispositivos organizados de poder que juegan con la legalidad para posibilitar estos fenómenos. En varios países lo político y lo criminal están vinculados e incrustados en grupos de fuerza publica. El control de la fuerza pública y la interacción con los grupos criminales “crea un sistema paralelo que se basa en lo ilegal como fundamento de la actividad del Estado” (p. 155). Analizar las complejas y diversas redes criminales articuladas entorno a un Estado criminal posibilitaría explicar el crecimiento y la superioridad de determinados grupos criminales, y su reforzamiento cuando impiden el esclarecimiento de ciertos hechos.

El juego entre lo legal y lo ilegal forma un grupo de poder criminal que adoptan los Estados para para justificar sus intereses. Al mismo tiempo, las instituciones oficiales mediante funcionarios públicos, civiles y élites económicas diseñan mecanismos para encubrir, y aumentar el anonimato y el poder. En Colombia la alianza entre narcotráfico y política fue evidente pues sujetos directamente participes llegaron al poder legislativo y muchos congresistas se aliaron con el paramilitarismo. Esto creó hegemonías de poder que sostenían relaciones horizontales con funcionarios públicos y militares, y permitieron asesinar impunemente.

En Colombia está sumamente extendido el control de las territorialidades mediante distintos mecanismos como la negación de alimentos, violaciones, desplazamientos forzados, entre otros. Estas prácticas son realizadas por el Ejército Nacional, el paramilitarismo, las FARC y el ELN. Muchas veces, los grupos armados, principalmente los paramilitares, actúan al servicio de empresas privadas y bajo la complicidad del los agentes de seguridad del Estado (Datos Cruciales 2 y 3).

México: corrupción generalizada, desapariciones masivas y la cercanía a Estados Unidos

En el caso mexicano también hay enlaces históricos entre el crimen, la política y la economía. Un Estado federativo en ciertas ocasiones favorece el desarrollo de estructuras que se adueñan del poder político (Dato Crucial 4). La corrupción fortalece la cooptación del Estado y la compra de estatus y poder. En México la esfera política se subordinó al narcotráfico, y se ha estado reconfigurando debido a la transición política federal, estatal y municipal. En el momento en que los grupos criminales se imponen, la clase política pasa a ser defensora, ante el Estado y la sociedad, de mantener los cambios realizados por la inyección de capital proveniente del narcotráfico.

Otro elemento importante es la dinámica económica pues es un eje estructural que puede relacionarse con la violencia. Por ejemplo, en ciudades mexicanas fronterizas con Estados Unidos se ha extendido la presencia de maquiladoras, pero no hay dinámicas de industrialización; por lo que estos espacios permanecen como geografías residuales. Ante la falta de industrialización y mejora de la calidad de vida la violencia se volvió un fenómeno estructural.

La selección de funcionarios de alto nivel que pueden ser cooptados por grupos criminales, posibilita políticas de violencia cuyo objetivo es mantener en el poder a determinados sectores. La cooptación de todos los elementos que diseñan las políticas públicas es la demostración de que el sistema sirve a determinados intereses.

Los aspectos señalados son una constante en los informes de los países latinoamericanos. Por tanto, es posible señalar que se trata de un esquema globalizado que responde a estructuras de poder internacionales que permiten implementar políticas transnacionales que reconfiguran Estados y atentan contra los derechos humanos. Los vínculos de las fuerza de seguridad pública con organizaciones criminales han provocado que la violencia opere en beneficio del crimen organizado, y, en México las dimensiones del problema son sumamente grandes (Dato Crucial 5).

El desplazamiento y la desaparición surge debido a la aplicación de políticas de violencia y agresión que se materializan mediante redes criminales. El narcotráfico casi siempre genera redes que se introducen en el terreno político. En muchas regiones la democracia es una farsa pues el voto está condicionado por la violencia, y las elecciones solamente regulan, desde lo político, los intereses mafiosos enquistados en todo el aparato estatal. Se trata de mecanismos que permiten a las personas vinculadas a las redes criminales tener un mismo eje de acción en los distintos poderes de gobierno.

Estado cooptado, Estado capturado, Estado clan: la relevancia de las redes macro criminales

Es posible comprobar la existencia de Estados capturados, cooptados, o fallidos; pero es necesario añadir la categoría de Estado clan, donde las personas de un clan mantienen un monopolio del poder. Esta forma del Estado hace posible afirmar que existe una violencia que extermina personas y territorialidades mientras mantiene la hegemonía del poder.

La violencia extrema se ha institucionalizado como parte de la gobernanza, y, estratégicamente, se usa para perpetuar la hegemonía de determinado poder político. La micropolítica y el biopoder son formas de gobierno en Latinoamérica, pues el sistema anormal que ha surgido en está región necesita del control a todos los niveles. Las organizaciones criminales actuales son transnacionales, por lo que sus prácticas se extienden de forma homogénea con el objetivo de mantener su poder y economía, y para cumplir sus objetivos exterminan personas, territorios y ecosistemas, con la participación cómplice de los Estados (Datos Cruciales 6 y 7).

Fragmentos de una contraestrategia

Sin un control efectivo de las estructuras políticas, jurídicas y legislativas, no podrá diseñarse un marco legislativo efectivo que proteja a las personas que se ven afectadas por contextos de violencia e impunidad. Lamentablemente se siguen diseñando políticas de exclusión utilizando la violencia. Para combatir la perpetuación de estos sistemas y sus políticas mafiosas la transparencia es fundamental.

El análisis de la reorganización de las autoridades y sus funciones debe ser analizada minuciosamente pues puede revelar redes e intereses ocultos. Mediante casos concretos como el de México, se pueden revelar las estructuras y vinculaciones entre lo político, lo económico y lo criminal. Las redes criminales son multinacionales y sus métodos para cooptar Estados son comunes, por lo que deben estudiarse para ser contenidas. De mantenerse la alianza entre crimen y Estado no será posible garantizar ningún derecho y se continuaran exterminando sujetos en beneficio de un sistema basado en el terror y la violencia.

Es necesaria una investigación minuciosa y objetiva, que revele la estructura de las redes y alianzas político-criminales para asignar responsabilidades y quebrantar los vínculos que han generado fenómenos de desaparición, desplazamiento, entre otras violencias. Para realizarla es necesario acudir a mecanismos externos o tribunales internacionales, pues uno de los grandes problemas es que el sistema jurídico está cooptado, forma parte del pacto de impunidad, y por tanto, la propia estructura del sistema impide la investigación y judicialización.

La proliferación de la corrupción y la cooptación del sistema jurídico depende de las vinculaciones del sistema con las políticas y la impunidad. El fortalecimiento de este sistema necropolítico solo se explica porque la justicia es ineficaz; por tanto, la países deben garantizar que se persigan las prácticas de corrupción y cooptación.