Luis Tapia estudió una licenciatura en Filosofía y tiene un doctorado en Ciencia Política. Su trabajo se ha centrado en el análisis de las dinámicas sociopolíticas que ocurren fuera del estado.

Durante los primeros años del siglo XXI varios países de América Latina asistieron a un ciclo de reformas políticas como producto de largos procesos de acumulación fuerzas populares y organización política que se enfrentaron a diversos aspectos del neoliberalismo. Este ciclo reformista se desarrolló durante las primeras dos décadas del siglo XXI, pero en los últimos años de la segunda década comenzó su agotamiento y desarticulación. Dicho agotamiento en algunos casos se presenta como cambio de administración y en otros como descomposición interna y crisis política.

El texto busca profundizar en las formas de participación y organización política popular-comunitaria y su articulación con proyectos políticos que posibilitaron el ciclo reformista. El objetivo es realizar una valoración sobre las posibilidades y límites de las tendencias políticas actuales; así como delinear los rasgos de algunas condiciones de posibilidad del ciclo reformista y algunas diferencias nacionales relevantes.

El elemento común entre los países que atravesaron por el ciclo reformista es que sus procesos son producto de una reacción y crítica al neoliberalismo, aunque de formas variadas. En países con mayor industrialización como Brasil y Argentina la reacción contra el modelo neoliberal surge de la desintegración social causada por las privatizaciones que redujeron la economía industrial. Mientras que en casos como Bolivia, la reacción contra el neoliberalismo provino de movilizaciones contra la ampliación de la mercantilización sobre los comunes como el agua.

En Bolivia y Ecuador las movilizaciones antineoliberales se articularon con un ciclo de movilizaciones anticoloniales, de cuestionamiento al colonialismo interno y demandas por reconfigurar los estados a través del reconocimiento de las culturas, territorialidades y formas de autogobierno comunitarias con orígenes anteriores a la invasión europea. Es decir, había fuerzas pugnando por formas de gobierno nacional que incluyeran la diversidad de culturas mediante un gobierno plurinacional.

El ciclo reformista fue posible por una acumulación política larga, producto tanto de acciones políticas colectivas y populares encabezadas por trabajadores, así como la articulación de movimientos comunitarios de unificación entre pueblos. Los procesos de organización y unificación comunitaria indígena así como la creación de espacios de actividad política con formas asamblearias fueron la condición de posibilidad del ciclo reformista. Dichos rasgos se observan con nitidez en la experiencia de la Coordinadora del Agua en Cochabamba.

El caso brasileño es peculiar en tanto el gobierno del Partido dos trabalhadores (PT) es producto de un largo proceso de crecimiento cuyos orígenes están en el sindicalismo industrial metalúrgico. Por tanto, el ciclo brasileño se trata de una dinámica más moderna de desarrollo de fuerzas políticas de trabajadores de izquierda que aglutinan el poder necesario para un cambio político.

Al analizar la relación entre las formas de acción y organización política que posibilitaron el ciclo reformista y su vínculo con las dimensiones del proyecto político-social, es notoria la diferencia entre casos. En Bolivia y Ecuador una de las fuerzas centrales fue la pluralidad de procesos de organización y unificación de pueblos indígenas que empezaron a cuestionar el neoliberalismo y al propio estado. Estos procesos formaron un proyecto político que buscaba una reforma profunda del estado, así como de la sociedad y la política. Se exigieron asambleas constituyentes y se articuló un horizonte de posibilidad para construir un estado plurinacional que revierta la neoliberalización de la naturaleza mediante el reconocimiento de territorialidades comunitarias. Al mismo tiempo, se exigió la democratización de la vida política a través del reconocimiento de las formas de gobierno comunitarias, así como el diseño de una forma de gobierno común con las naciones indígenas.

Dichos proyectos tienen una relevancia central, eran novedosos y atendían a problemas históricos relacionados con los patrones de dominio coloniales. Las bases fueron las redes de asambleas comunitarias y el trabajo colectivo de unificación intercultural en las que se debatió sobre el neoliberalismo, el colonialismo interno y se empezó a imaginar un estado plurinacional. Las formas de unificación más grandes desembocaron en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y para Bolivia tanto el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). Dichas fuerzas pusieron en crisis al neoliberalismo; pero no participaron del gobierno que gestionó el ciclo reformista.

En Ecuador el gobierno lo asumió un partido vinculado a la organización ciudadana contra el autoritarismo, no de los procesos que impulsaron un estado plurinacional. Este partido es una fuerza reformista que desarrolló un proyecto de modernización occidentalizante mediante la combinación de nacionalismo y extractivismo. Es decir, se ampliaron los sistemas de salud y educación, entre otros, al tiempo que profundizó el despojo contra pueblos indígenas.

En Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS) surgió del sindicalismo cocalero que para defender sus intereses corporativos participando de las instancias estatales. La movilización de fuerzas comunitarias y antineoliberales pusieron en crisis al gobierno neoliberal, y las fuerzas políticas acumuladas se canalizaron electoralmente a través del MAS. En su proyecto, el MAS no contemplaba crear una asamblea constituyente ni un estado plurinacional, esto se incorpora después de las grandes movilizaciones de 2003. Otra de las demandas generalizadas era la nacionalización de los hidrocarburos, la cual también fue asumida por el MAS y le permitió, mediante una nacionalización parcial, financiar la creación de una nueva red de poder político y estatal en el país.

En Argentina no hubo movilizaciones comunitarias, sino una fuerte experiencia de extensas redes asamblearias. La política traspasó las instancias estatales, se gestaron múltiples procesos de organización y discusión para hacer frente a la descomposición social y reconstruir el país. En esta coyuntura surgió la fuerza peronista liderada por Kirschner, la cual relanza el proyecto de ampliar el estado integrando a más sectores sociales a la vida política y económica. El kirchnerismo logró reactivar la economía e impulsar la integración social mediante la reinserción de sectores populares al mercado de trabajo y de consumo; gracias a esto, logró un considerable margen de apoyo y legitimación.

La consolidación de gobiernos reformistas fue posibilitada por ciclos de participación política ampliada. En Ecuador y Bolivia dicha ampliación fue producto de los procesos de unificación regional y nacional creados por formas de organización comunitarias. En Argentina proliferaron las asambleas integradas por personas con objetivos locales, creando una política hecha fuera de los partidos y vivida en la asamblea vecinal o local. En Brasil la participación política se articuló mediante sindicatos y partidos políticos; por tanto, la participación política se dio sobre todo a través de procesos electorales.

El caso de Venezuela es distinto pues fue Hugo Chávez al asumir el gobierno quien impulsó espacios de organización y participación comunal. Estos espacios buscaban canalizar y ampliar la participación política, así como organizar la producción local. Es decir, fue un proceso de ampliación de la participación política promovida desde el estado.

El proceso de Uruguay es un tanto parecido al de Brasil. El gobierno de izquierda surgió de la articulación de sindicatos y partidos de izquierda en un frente que participó constantemente en las elecciones. Cuando el frente triunfa electoralmente accesa al gobierno y promueve políticas públicas redistributivas para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población.

Al analizar el vínculo entre el ciclo reformista, las formas de participación política y la dimensión del proyecto político resaltan otras particularidades. En Argentina la dinámica asamblearia no articuló un proyecto de sociedad alternativa. El desborde político mediante las asambleas produjo una crisis gubernamental al tiempo que se organizó la vida política comunitaria para enfrentar la reproducción social tanto a escala local como nacional. En otras palabras, ante la crisis en los procesos de reproducción social se amplió el espacio político a través de la organización de múltiples asambleas locales.

En Bolivia y Ecuador las movilizaciones estaban ligadas a una reforma profunda del estado y a una transformación de la sociedad expresados mediante las demandas de una asamblea constituyente y la articulación de un proyecto político alternativo. En Brasil no hubo intenciones de crear un nuevo tipo de estado ni de sociedad; lo que hubo fue un programa redistributivo para reducir los niveles de pobreza y ampliar la integración económica de las clases más marginadas.

En Venezuela, Chávez tenía un proyecto de un nuevo tipo de estado y sociedad que precisaban de crear estructuras de organización y movilización popular. También había un proyecto geopolítico de articulación latinoamericana orientada a incrementar la independencia política en la región y a crear condiciones favorables para procesos de reformas internas. De hecho, la Unión de Naciones Suramericanas buscó cumplir el proyecto geopolítico.

Con excepción de Venezuela, el ascenso de gobiernos de izquierda no implicó la ampliación de la organización de espacios políticos que articularan a la sociedad civil, a los movimientos sociales ni las formas de organización y vida política comunitaria de las naciones indígenas. Por el contrario, los espacios políticos activados con anterioridad se debilitaron y desarticularon.

Dicho proceso ocurrió de distintas formas. En Argentina con la cooptación y la sustitución de las dinámicas asamblearias por la distribución de bienes mediante programas sociales estatales. Los espacios de organización política ampliada se transformaron en espacios de administración de políticas públicas redistributivas, cambiando el propio sentido de la dinámica asamblearia. En Brasil los gobiernos del PT incluyeron un consejo socioeconómico en el que representantes de la sociedad civil podían participar junto al gobierno en la elaboración de la política económica; pero esto no era una dinámica central y el partido y las instituciones estatales eran quienes gestionaban todo el proceso.

En Ecuador hay un pronto alejamiento de la CONAIE y se visibiliza que el proyecto político de modernización occidentalizante implica la expulsión de los indígenas de la política estatal y el despliegue de políticas que afectan a sus territorios. En Bolivia sucede algo similar. El MAS articula alianzas con distintos sectores de las clases trabajadoras y el partido se vuelve una vía para ingresar a las instituciones estatales; pero el ingreso implica el silenciamiento de los aliados, por lo que hay un proceso de pérdida de voz y autonomía. Estos procesos permitieron concentrar poder político, reconfigurando la vida política y encuadrándola bajo formas estatales mediante la desarticulación de los espacios de vida política ampliada que posibilitaron la crisis del gobierno neoliberal.

El argumento central de este análisis es que el ascenso al gobierno de fuerzas aparentemente de izquierda no significó “la creación de nuevos espacios políticos que impliquen la incorporación de los sujetos que producen la crisis del neoliberalismo en procesos de deliberación, negociación y toma de decisiones comunes, y en el mejor de los casos de articulación de un proyecto político común. El conjunto de las fuerzas que asumieron la dirección de los gobiernos reformistas, le apostaron a una reconcentración de la política en las nuevas burocracias” (p.237).

Solamente en Venezuela se promovió la ampliación del espacio político mediante la organización popular a escala comunal; pero, al mismo tiempo, se buscó mantener esa dinámica bajo control estatal. Con el tiempo esto se volvió uno de los núcleos de tensión entre gobierno y fuerzas populares. Aunque, a la vez, este proceso ha permitido una forma de resistencia contra los poderes oligárquicos y transnacionales que buscan recuperar el poder estatal. Chávez logró formar algunas estructuras de organización y participación para desarrollar su proyecto; pero no se logró generar la capacidad y los procesos colectivos que permitieran seguir con el trabajo después de su muerte. Por tanto, con el fallecimiento de Chávez se inició un largo proceso de debilitamiento al tiempo que continúa el asedio de las fuerzas nacionales y extranjeras de oposición.

Los militantes de los partidos en el gobierno se convirtieron en una nueva burocracia involucrada en casos de corrupción. Las denuncias de corrupción jugaron un papel clave en la caída del PT en Brasil y del kirchnerismo en Argentina. El ciclo de precios altos de las materias primas permitió a los gobiernos reformistas articular políticas públicas redistributivas con bases sociales ciudadanas en el mejor de los casos y con redes clientelares para el mantenimiento del poder en los casos contrarios.

Los gobiernos fueron perdiendo su capacidad de impulsar proyectos políticos reformistas y articularon una nueva fase de extractivismos. Cuando la coyuntura económica fue favorable, los gobiernos no impulsaron procesos de reconfiguración de la estructura económica, sino que reforzaron la dinámica de exportación de materias primas. De hecho la exportación primaria fue el centro de su política económica, por lo que se exacerbaron las tensiones y conflictos con organizaciones indígenas, comunitarias y campesinas.

El resultado del ciclo progresista no fue la articulación de reformas que permitieran la transición hacia nuevas formas de la sociedad y del estado. Lo que se logró fue la creación de nuevas burocracias políticas surgidas de los partidos políticos de izquierda y de núcleos corporativos laborales que dirigieron una nueva fase de desarrollo extractivista en contra de múltiples territorialidades. Por tanto, los gobiernos reformistas no avanzaron en ningún proceso de descolonización. Más bien se trató de una actualización del colonialismo interno tanto en la esfera política como en la económica. En Bolivia, por ejemplo, el gobierno ni siquiera reconoce a las organizaciones de pueblos indígenas como sujetos políticos.

Algunos de estos gobiernos, como el del MAS y el de la revolución ciudadana, accedieron al poder estatal con la tarea de impulsar la renacionalización y descolonización de la economía, así como la construcción de una democracia multicultural. Esos compromisos no formaban parte de esos partidos, pero el asumirlos les permitió legitimarse como fuerzas electorales que supuestamente harían cambios sustanciales. La cuestión es que no los desarrollaron. Por el contrario, las nuevas burocracias se acoplaron a las élites económicas e impulsaron la expansión del extractivismo para la explotación de hidrocarburos, minerales y la construcción de megaproyectos energéticos, de circulación comercial y en beneficio de la acumulación de capital transnacional. Es decir, los gobiernos reformistas usaron recursos públicos para construir proyectos en beneficio del capital transnacional.

El ciclo reformista está en declive, en algunos países como Argentina la derecha recuperó el poder estatal. Una de las razones del declive es que los gobiernos reformistas se transformaron en fuerzas de derecha. En Bolivia el MAS es la nueva derecha pues funge como fuerza estatal que atenta contra los derechos políticos de los pueblos indígenas y de quienes hacen política de forma autónoma.

Los sujetos que limitan las libertades políticas, que ejercen el poder estatal de formas autoritarias, que conceden territorios indígenas y campesinos al capital transnacional asegurando estos territorios de formas represivas, se convierten en fuerzas de derecha tanto en lo político como en lo económico. En este sentido, las fuerzas políticas que asumieron el gobierno con promesas de cambio agotaron y perdieron la dimensión de cualquier proyecto político democratizante y de descolonización. Por el contrario, se volvieron una burocracia política que impulsa una recolonización ampliada para ocupar territorios en favor del extractivismo.

Este fenómeno se explica por el hecho de que las fuerzas que asumieron los gobiernos reformistas reprimieron los espacios de vida política organizados fuera del estado que pusieron en crisis al neoliberalismo. No hubo procesos de democratización mediante la articulación de espacios políticos en los que se respetara la autonomía de las diversas fuerzas que buscan la construcción colectiva de países más democráticos.

Por tanto, pasamos de un momento reformista con nacionalizaciones parciales y políticas redistributivas que no transformaron la estructura capitalista, a otro momento en el que las fuerzas que encabezaron los gobiernos progresistas están vaciadas de cualquier proyecto político democratizante. Estas fuerzas continúan participando en las elecciones con el único objetivo de mantenerse o volver al poder, pero manteniendo un proyecto de explotación extractivista. Los partidos del ciclo reformista tampoco están buscando articular un nuevo proyecto alternativo o procesos de reformas democratizantes. De hecho, en varios países la disputa electoral solo es una competencia entre fuerzas de derechas.

Uno de los rasgos del ciclo reformista fue que los gobiernos articularon la coexistencia entre grupos económicos neoliberales, un núcleo de nacionalizaciones de algunos recursos clave y la expansión de un capitalismo de estado acompañado de políticas redistributivas. Se combinó el estatismo nacionalista con el extractivismo trasnacional. Pero cuando los precios de las materias primas comenzaron a bajar, la gestión neoliberal cobró fuerza y los procesos de resistencia las fuerzas estatales fueron reprimidos violentamente.

Los gobiernos progesistas enfrentan de forma estructural el conflicto entre una política económica neoliberal y las resistencias populares. Las administraciones reformistas tienden a profundizar los elementos neoliberales de sus gobiernos, especialmente el extractivismo, creando coyunturas en las que se articulan fuerzas de resistencia política. En este sentido, estamos ante una nueva fase de luchas antineoliberales.

Por otra parte, los gobiernos progresistas también enfrentan su declive en el plano electoral. La derrota del kirchnerismo, la del PT en Brasil, la del Frente Amplio de Uruguay y la crisis política de Bolivia son muestra de que el ciclo reformista está agotado. Estas fuerzas perdieron la capacidad de administrar la macroeconomía de sus países, así como la legitimidad que les permitiera mantener el poder estatal.

Algunas de las fuerzas que posibilitaron el ciclo reformista y pusieron en crisis al neoliberalismo ahora son fuerzas de resistencia en los territorios comunitarios y campesinos sobre los que se despliegan proyectos extractivistas. Además, estas fuerzas materializan políticas de defensa de las condiciones para la reproducción de la vida colectiva. Aunque muchas otras fuerzas han sido desarticuladas y eliminadas.

En un primer momento existió la posibilidad de articular un proceso político de transformación gracias a la acumulación de procesos y fuerzas que buscaban cambios sociopolíticos. Después, los sujetos que se apropiaron de esa aglutinación de fuerzas pasaron a operar como desorganizadores, y represores. Ahora no hay un horizonte de posibilidad inmediato en el que se vislumbren formas de generar una transformación mediante las instituciones del estado. Será necesario un largo proceso de resistencia en el que se puedan rearticular fuerzas y proyectos con la capacidad de sustituir tanto la política extractivista como al propio estado y las estructuras capitalistas. Estamos en el tiempo de la política fuera del estado, contra el estado y el capital, y en defensa de la vida.