De la cuarta de forros

Tras la caída del Muro de Berlín, el "fin de la historia" prometió paz, democracia y prosperidad. Apenas 10 años después, el nuevo siglo se precipitó en la guerra, y tanto el autoritarismo como la polarización extrema cobraron fuerza rápidamente. La condición declinante del capitalismo implica una tendencia secular al autoritarismo en el que las fuerzas militares, públicas y privadas, devienen sujetos sociales de primer orden. En ese contexto general, emergen y se consolidan las corporaciones militares privadas, primero como entidades complementarias y, actualmente, como sujetos influyentes en múltiples conflictos bélicos y, sobre todo, como artífices, proveedores y beneficiarios de las actividades militares y de seguridad.

Este libro se acerca al tema de la privatización de la guerra desde una perspectiva latinoamericana que aúna el papel de las políticas de militarización emprendidas por gobiernos tanto de derecha como progresistas, con la expansión de las actividades de corporaciones privadas. Como en otros campos, la acción estatal abre camino a corporaciones en actividades que en el pasado les fueron vedadas por “razones de seguridad nacional” y crea importantes negocios privados que tienen como objeto la guerra, la destrucción, la muerte y el control social. Este análisis se divide en dos partes. La primera aborda los casos de México, Brasil y Colombia, países que cuentan con los mayores presupuestos militares de la región y una presencia importante de las corporaciones militares privadas. La segunda presenta dos acercamientos especializados: las corporaciones de las potencias militares globales, Estados Unidos, Reino Unido, China y Rusia, y las relaciones entre corporaciones militares y las administradoras financieras, rasgo peculiar de la financiarización global.

Introducción (fragmento)

Este libro presenta un conjunto de investigaciones sobre uno de los actores más relevantes de las guerras contemporáneas: las corporaciones militares privadas (CMP). En la tradición académica dominante, las guerras son estudiadas como conflictos entre estados —cada uno con sus propias fuerzas armadas—, que se enfrentan, casi siempre, por disputas geopolíticas y territoriales. Aunque la participación de corporaciones privadas tiene una larga tradición (bajo la forma de fuerzas mercenarias y de empresas proveedoras de bienes y servicios militares), fue a partir de la llamada guerra contra el terrorismo, emprendida por Estados Unidos y sus aliados, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, que las CMP alcanzaron la masa crítica para ser consideradas como un factor esencial de los conflictos bélicos y parte destacada de la fuerza militar con que cuentan las potencias globales —de manera particular, Estados Unidos—.

Desde el final de la Guerra Fría, una fracción del liderazgo estadounidense impulsó cambios significativos en las estructuras y doctrinas militares: el derrumbe de su mayor rival, Unión Soviética, y el desmembramiento del imperio este-europeo, crearon las condiciones para reducir el tamaño de las Fuerzas armadas estadounidenses, privilegiando la guerra aérea y teledirigida, así como los sistemas informáticos y telemáticos que permitieron nuevas formas de diseño y operación. La proliferación de organizaciones islamistas radicales y otras fuerzas contrarias al expansionismo estadounidense generaron una situación que fue aprovechada para multiplicar los sistemas de supervisión y las operaciones teledirigidas. Los ataques suicidas de 2001, primera acción bélica en territorio estadounidense desde los bombardeos japoneses en Pearl Harbor en 1941, consolidaron la llamada Revolución de los asuntos militares y el proceso de privatización de la guerra.

Esta transformación llevó al extremo la idea neoliberal de convertir todas las actividades en ámbitos de obtención de ganancias (incluidas las que son exclusivas de los estados y en las que se define el sentido de la soberanía), al trasladar a las corporaciones privadas algunas de las tareas militares y de seguridad. Esta “apertura” acotó el supuesto monopolio legítimo de la violencia que caracteriza a los estados modernos; al tiempo que creó un enorme mercado militar para las corporaciones privadas. A partir de atender labores logísticas, propias de la retaguardia, como son el abastecimiento, la alimentación, el vestido, la limpieza, las CMP se convirtieron en proveedores militares de las fuerzas armadas. De manera paulatina, los contratistas privados participaron en escenarios de combate directo y en las tareas estratégicas de supervisión, espionaje, y las tristemente célebres operaciones especiales: sabotajes, secuestros y asesinatos selectivos (Kinsey, 2006; Singer, 2008; Godfrey et al., 2014; Dover, Dylan y Goodman, 2017; Hanson y Lin-Greenberg, 2019; Díaz, 2021).

Bajo la doctrina de la “dominación de espectro completo”, el liderazgo estadounidense articuló una renovada capacidad militar, en la que las fuerzas armadas estatales son complementadas tanto por los servicios de la llamada inteligencia como por la participación de los contratistas privados. En la visión del liderazgo estadounidense este cambio en los asuntos militares requiere de la participación de otros actores que lleven a cabo procesos que no pueden ser realizados por las fuerzas oficiales, ya sea porque la ley lo impide o porque las instancias oficiales no cuentan con las tecnologías y el personal necesarios.

Desde el punto de vista de las CMP, estas transformaciones significan una evolución del complejo militar-industrial que se consolidó durante la Segunda Guerra Mundial, en el que las empresas se limitaban a proveer de bienes y servicios (sobre todo equipos militares). En el nuevo escenario se transita hacia la articulación de un complejo de defensa y seguridad en que las fuerzas armadas y las corporaciones privadas se complementan y potencian los alcances e intensidad de las operaciones militares (Avant, 2005; Ceceña, 2006; Chamayou, 2013; Romaniuk y Burgers, 2017). Un rasgo cualitativo de esta transformación es que las CMP no sólo son beneficiarias y ejecutoras de las operaciones militares ordenadas por sus clientes, sino que de manera gradual devienen sujetos de los conflictos, cuyas decisiones siguen su propia agenda, al extremo de perjudicar a sus clientes al obtener beneficios por atender solicitudes de los bandos que se oponen en un mismo conflicto (Axelrod, 2014; Mazzetti et al., 2019; McFate, 2019).

Bajo diferentes formas y ritmos, las nuevas configuraciones de la guerra creadas en Estados Unidos se generalizaron hacia el conjunto de países con una mínima estatalidad y capacidad para pagar los bienes y servicios militares. La proliferación de las CMP creó un mercado abierto, en el que países y grupos combatientes que no son potencias militares pueden comprar y contratar los medios para operar. Los grupos militares de África, que intercambian riquezas naturales (petróleo, diamantes, etc.) por armamento y personal militar, son el ejemplo típico de esta planetarización del paradigma actual de la guerra.

En América Latina también operan las nuevas formas de organizar y llevar a cabo las guerras. A diferencia de las potencias globales, en estos países el fortalecimiento de las fuerzas armadas tiene dos objetivos principales: 1) combatir las fuerzas disruptivas de los grupos criminales; 2) contener y eventualmente neutralizar o aniquilar las insurgencias sociales que proliferan como resultado de las condiciones de vida y de trabajo predominantes. Así, uno de los rasgos notables de la evolución de las fuerzas armadas en América es su papel en el llamado “control de masas”, actuando en contra de migrantes, pobladores de los asentamientos urbanos marginales, y diversas formas de protesta social masiva. Este tipo de movilizaciones son “contenidas” y reprimidas mediante el arsenal diseñado para operar bajo el principio de espectro completo, cuyo rango de intervención va desde la llamada inteligencia (espionaje, infiltración, análisis) hasta las operaciones callejeras de contención —represión en la que se utilizan armas no letales y letales—, pasando por la ingeniería social, el asistencialismo y la propaganda en medios de comunicación, entre los recursos más utilizados.

Las realidades estructurales como son el desempleo, los bajísimos niveles de vida, el predominio de las relaciones precarias de trabajo, el abandono de los medios rurales, el pasmo económico y un largo etcétera, sumadas a la ausencia de políticas estatales para combatir la extrema desigualdad, determinan que tales movimientos masivos no cesarán; por el contrario, tenderán a incrementarse, como muestran las actuales oleadas migratorias en México. Por ende, también se acentuará la respuesta predominante de los gobiernos de la región: fortalecer las fuerzas armadas.

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