Silvia Ribeiro es una investigadora y periodista uruguaya. Directora del Grupo ETC, asociación internacional especializada en la investigación y difusión acerca de la actividad de corporaciones agroalimentarias, los impactos de las nuevas tecnologías y movimientos populares. Es redactora en la Jornada y Desinformémonos. Fundadora de la revista latinoamericana de Biodiversidad.

El registro y certificación de variedades de maíces nativos, programa “estrella” de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), es presentado como una forma de apoyo a las y los productores rurales de maíz. Sin embargo, Silvia Ribeiro lo denuncia (junto a la gestión del organismo sobre las semillas) como una vía para facilitar la discriminación, empobrecimiento y contaminación transgénica.

Aumentar los bancos de germoplasma (espacios que conservan la diversidad genética de especies agrícolas, forestales, pecuarias y microbianas) como “muestrarios de variedad”, solo da cuenta de una relación lucrativa entre el gobierno y las empresas privadas/trasnacionales, donde estas últimas seleccionan las variedades que luego pueden modificar y plantar al amparo del gobierno y de las leyes de propiedad intelectual sobre semillas.

Quienes impulsan estos proyectos, Victor Villalobos y Sol Ortiz, personajes con gestiones y relaciones dudosas dentro de administraciones públicas pasadas, conocidos por su promoción y defensa de la industria transgénica, y encumbrados por instituciones promotoras de la agricultura industrial -el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Centro International de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), Bayer, Syngenta, Cortea, etc.- son como el “zorro” que cuida “que las gallinas engorden”.

En su momento, 2013, protestas de organizaciones sociales, campesinas y ambientalistas detuvieron los permisos de siembra experimental y comercial de maíz transgénico. Ahora, sin embargo, el registro y aumento de los acervos de bancos genéticos (mientras el T-MEC demanda que México adapte sus leyes sobre la propiedad intelectual de semillas) apunta a facilitar la "prospección” empresarial, eligiendo y creando nuevas variedades transgénicas.

Por otra parte, las certificaciones otorgadas por el gobierno reconocerán zonas productoras de maíz natío legalmente, lo que (lejos de ayudar) dividirá “de facto” a las comunidades agrícolas entre quienes no pueden (pequeñas comunidades) y quienes pueden (el resto del país) sembrar transgénicos, motivo por el que las empresas celebran la aprobación del proyecto de ley a nivel federal.

La enorme diversidad de maíces nativos es producto de un largo proceso de trabajo colectivo, dinámico y sofisticado. Indígenas, campesinas y comunidades han entablado -por 10 mil años- un continuo dialogo con las semillas, el medio en el que se desarrollan (el suelo, las condiciones meteorológicas, etc.) y sus gustos/necesidades/condiciones particulares: “Como recuerda Ramón Vera Herrera en un artículo importante para entender lo que está pasando [¿Quién le teme al maíz mexicano libre de transgénicos?], el maíz no es una cosa, es un entramado de relaciones”.

Homogeneizar el maíz “nativo” es un grave error. Como apunta Ribeiro, no es un tipo o una variedad que se pueda aislar o catalogar. Aislar, clasificar y poner en un banco de genes la complejidad del conocimiento campesino, como lo pretende la Sader, es imposible. Los derechos integrales, territorios, formas de vida y subsistencia de las comunidades deben ser respetados. La solución -añade Ribeiro- no es gotear selectivamente apoyos parciales (derivando en amenazas de patentamiento y discriminación), sino apoyar “a los pueblos del maíz, en sus propias condiciones”.