En los años ochenta del siglo XX, la torre de Donald Trump, político y empresario estadounidense, ubicada en Nueva York, fue utilizada para atraer a oligarcas, influyentes figuras políticas y económicas como compradores. Con el tiempo, más de 20% de las ventas de propiedades asociadas a Trump se realizaron en lugares de baja transparencia, como Panamá y las Islas Caimán; muchas de estas transacciones fueron en efectivo, lo que permitió a los compradores evitar prestamistas. Esto despertó sospechas de varios medios de comunicación sobre la práctica de lavado de dinero.

Durante la presidencia de Trump, de 2017 a 2021, la sospecha sobre sus negocios aumentó, al igual que las ventas anónimas en sus propiedades, alcanzando más de dos tercios del total en 2017; esto genera interrogantes acerca de si los compradores esperaban influir en las decisiones políticas de su administración.

Aunque se ha debatido mucho sobre los comportamientos de Trump y su desprecio por las normas, su estilo empresarial ya reflejaba un universo ético alternativo antes de asumir la presidencia. En este contexto, donde las reglas que rigen la vida cotidiana se rompen con facilidad, se estima que hasta 10% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial se oculta a través de empresas anónimas y fondos en paraísos fiscales, lo cual permite que el dinero procedente de actividades criminales, robos o evasión de impuestos, permanezca oculto.

Oliver Bullough y Tom Burgis, periodistas destacados, le han adjudicado términos como “Moneyland” y “Kleptopia” para describir este fenómeno, donde la impunidad y la evasión fiscal son básicos.

La cleptocracia moderna, un sistema en el que el poder se basa en la corrupción institucionalizada y el robo de recursos, es un ejemplo de la gobernanza de Trump. Ejemplo de ello es Vladimir Putin, presidente de Rusia, el cual ha sido clave en la creación de un modelo que permite a dictadores ocultar sus fortunas y mantenerse en el poder, inspirando a otros regímenes autoritarios a adoptar prácticas similares para proteger sus intereses y asegurarse de no perder el control.

La invasión rusa a Ucrania ha llevado a una creciente comprensión de la economía secreta como una amenaza a la seguridad nacional para democracias como Estados Unidos, Reino Unido y Europa. Aunque antes se veía como un problema menor, ahora se considera este “secretismo” en los negocios como prácticas que debilitan la democracia.

Medidas como la confiscación de yates son insuficientes; se requiere cerrar los sistemas que permiten el secreto financiero, lo que incluye el papel de bancos y bufetes de abogados en la creación de esta opacidad. El senador estadounidense Sheldon Whitehouse señala que la falta de transparencia fomenta la apatía y el extremismo, por lo que es esencial abordar la economía secreta para proteger los principios democráticos. Muchos otros políticos interesados en el tema se han involucrado en ello con varias acciones, por ejemplo, David Cameron, político británico, organizó una cumbre anticorrupción en 2016; también Joe Biden expresidente de Estados Unidos, integró estos temas en su Consejo de Seguridad Nacional, destacando la importancia de enfrentar la corrupción para fortalecer la democracia.

Se han observado cambios concretos alrededor del mundo respecto a la cleptocracia, por ejemplo, en Gran Bretaña, se han introducido requisitos de identificación para registrar empresas, y en Estados Unidos, las nuevas normativas exigen que la mayoría de las empresas proporcionen información básica sobre sus beneficiarios finales. De hecho desde agosto de 2024, el Departamento del Tesoro estadounidense amplió los requisitos de cumplimiento en el sector inmobiliario y para asesores de inversiones en el ámbito privado; por lo tanto, estos esfuerzos indican un cambio hacia una mayor transparencia en los negocios, aunque todavía existen lagunas que permiten la evasión.

No obstante, aún existen limitaciones en las medidas implementadas para combatir la cleptocracia y el lavado de dinero, como las leyes de privacidad en Unión Europea y las demandas en Estados Unidos.

A pesar de algunos cambios legales, los poderosos líderes empresariales y sus aliados seguirán resistiendo la divulgación de información, pues durante la administración de Trump, la aplicación de leyes anticorrupción se debilitó, reflejando la falta de interés en combatir prácticas corruptas.

Otro desafío es el rápido flujo de las transacciones anónimas, las cuales pueden circular a través de múltiples cuentas en distintos países, mientras que los funcionarios encargados de rastrear estos flujos a menudo carecen de recursos y pueden temer enfrentarse a personas influyentes.

Para abordar este problema, se necesita una coalición internacional liderada por los países ricos, para cambiar leyes y promover la transparencia en el sistema financiero, integrando a funcionarios de finanzas, líderes comunitarios de ciudades afectadas por la cleptocracia, y activistas con conocimiento local sobre el robo de dinero. Se menciona el ejemplo de Alexei Navalny, quien utilizó documentales en YouTube para revelar las conexiones entre la riqueza de los líderes rusos y la pobreza de la población, enfatizando la importancia de comunicar efectivamente la relación entre la corrupción y las dificultades cotidianas de las personas.

Otra buena estrategia es la creación de una alianza internacional contra la desigualdad, que involucre a gobiernos democráticos, medios de comunicación y activistas para abordar la corrupción de manera integral e ir más allá de investigaciones y procesos judiciales aislados; en su lugar, realizar una campaña que conecte los hallazgos con la vida cotidiana de las personas.