Introducción

Ante el colapso climático antropogénico y la renuencia por parte de los actores hegemónicos a abandonar el modo de producción capitalista, a nivel global surge lo que Breno Bringel y Maristella Svampa (2023) denominan el “consenso de la descarbonización”; un acuerdo que aboga por un cambio en la matriz energética y propone la sustitución de los combustibles fósiles por energías “bajas en carbono” (por ejemplo, las llamadas “energías renovables” o “energías bajas en carbono”). En las agendas y los planes de acción climática, este “consenso” se manifiesta, principalmente, en la denominada “transición energética”.

Basta con ver los datos históricos sobre el suministro y la producción de energía para darnos cuenta de que esta transición es más bien una “adición” (debido a que representa nuevas fuentes de energía sumadas a las fósiles, mas no las reemplaza).¹ Más aún, esta transición, que puede ser denominada transición energética “hegemónica” o “corporativa” (Bertinat, Chemes y Forero, 2020), al estar inscrita en lógicas de mercantilización de la naturaleza y liderada por corporaciones privadas guiadas por la maximización de ganancias, representa únicamente la apertura de nichos de mercado por medio de un cambio tecno-productivo post-fósil (Slipak y Argento, 2022). Así, esta transición hegemónica, impuesta desde arriba, requiere de tierra y recursos para el desarrollo de infraestructuras de energías bajas en carbono, por lo que se acompaña de la expansión de las fronteras geográficas y tecnológicas de la economía-mundo (Scheidel et al., 2023).

Para algunos autores la transición energética promueve prácticas de “extractivismo verde”: una continuación del modelo extractivista presente sobre todo en América Latina.² Para Dunlap et al. (2024), este nuevo extractivismo se diferencia del primero en la medida en que: i) utiliza las crisis socioecológicas para generar nuevos mercados “verdes” o para reforzar los ya existentes, ii) moviliza reclamos de sostenibilidad ecológica a su favor, y iii) se fundamenta en premisas falsas sobre la renovabilidad de los “recursos”. Es relevante señalar que este “extractivismo” se vincula con el tradicional al hacer uso de sus infraestructuras y herramientas. Así, califican como extractivismo verde tanto a los procesos de extracción de “minerales estratégicos” para producir la tecnología necesaria para la captación de energías bajas en carbono y la generación de electricidad a partir de ellas (extractivismo indirecto), como a la creación de la infraestructura a gran escala en que se llevan a cabo estas operaciones, debido a la apropiación de tierras y los impactos ecológicos negativos que resultan de la extracción de energía (extractivismo directo).

En este proceso, la apropiación de tierras y otros recursos esenciales para la transición perpetúa las relaciones de intercambio asimétricas, resultado de la extracción de valor (Brock et al., 2021; Sovacool, 2021; Bruna, 2022; Ulloa, 2023). Estas dinámicas reproducen y están ancladas en desigualdades socio-ecológicas estructurales preexistentes relacionadas con la geografía (intercambios entre sures y nortes, así como entre zonas urbanas y rurales) (Canelas y Carvalho, 2023), o con aspectos identitarios que se intersectan entre sí, como la raza-etnia (Sovacool, 2021) y el género (Mang-Benza, 2021).

En este marco, el presente ensayo tiene como objetivo explorar una de las desigualdades que se profundiza por la transición energética hegemónica: aquella articulada por el género, en convergencia con otras dimensiones de la identidad. También, se busca discutir la pertinencia de una “justicia de género” en esta y otras perspectivas de la transición. Para ello, se recopilan y analizan los principales hallazgos de la bibliografía especializada en este campo. Siguiendo la categorización de Dunlap et al. (2024), el ensayo se centra en la interacción entre el género y las operaciones de extractivismo directo, específicamente en la infraestructura a gran escala destinada a la generación de energías bajas en carbono. Esta delimitación responde a que, aunque los impactos del extractivismo indirecto (como la extracción de minerales estratégicos) son profundamente relevantes para la vida de las mujeres, como destacan Fernandes y Salvático (2023), el campo del extractivismo directo ha sido menos explorado. Además, resulta especialmente pertinente en el contexto de países como México, donde las legislaciones y características geográficas favorecen el desarrollo de este tipo de infraestructura.

¿Por qué estudiar género y transición energética?

En las sociedades modernas occidentales, el género es un componente central de las relaciones sociales, construido a partir de las diferencias entre los sexos, y funciona como una forma primaria de organización y significación del poder. En otras palabras, el género, como constructo social, no solo divide grupos societales, sino que también los jerarquiza. Esta división-jerarquía es histórica en la medida en la que cumple con funciones políticas, económicas y sociales (Conway et al., 1996). Así, el género articula dimensiones de la vida en sociedad. Para Nancy Fraser (1996), por ejemplo, el género es “un principio estructurante básico de la economía política”.

En los análisis socio-ambientales, es el campo de la ecología política feminista el que ha reconocido la existencia de “ecologías de género permeadas por poder” (Rochelau y Nirmal, 2015: 796). En este campo se movilizan diversos conceptos, premisas y metodologías para el estudio de las diferencias sociales ancladas en el género y su vinculación con el acceso y el control de los elementos ambientales, así como los efectos socio-ambientales de su gestión. Algunas de los temas que resultan más relevantes en estos análisis son la división sexual del trabajo y los trabajos de reproducción de la vida, las diferencias de género en la participación política en temas ambientales, los vínculos entre la gestión de la naturaleza y las violencias o exclusiones, además de la existencia de subjetividades de género.

Estas divisiones resultan aún más relevantes cuando se toma en cuenta que las relaciones de género convergen con relaciones étnico-raciales, de clase y otras. Esta intersección da como resultado una organización social profundamente jerarquizada que articula distintos sistemas de opresión. En América Latina, por ejemplo, los estudios decoloniales han expuesto cómo las construcciones de género no se entienden sin las construcciones de raza-etnia, ya que ambos son modelados por una misma “modernidad-capitalista-colonial-patriarcal” (López Nájera, 2022). Así, estas dos categorías son claves en el estudio del extractivismo en la región y su impacto en la vida de las mujeres. Conceptos como “feminismos territoriales” o “ecofeminismos comunitarios” son puestos sobre la mesa por mujeres (principalmente indígenas y campesinas), para denunciar las violencias de las que son objeto, tanto ellas como sus territorios debido a su condición de mujeres racializadas.

En este contexto, estudiar el género a la luz de la transición energética hegemónica es crucial para comprender cómo las dinámicas de poder y las desigualdades estructurales pueden reproducirse o transformase en este proceso, así como las capacidades o limitantes de dicha transición para promover relaciones de género justas. Asimismo, permite entender el lugar del género en propuestas alternativas de relaciones entre humanos y humanos-naturaleza.

Infraestructura para la captación de energías bajas en carbono y género

En la actualidad, se pueden distinguir dos tipos de investigaciones que analizan la relación entre la infraestructura destinada a la captación de energías bajas en carbono y el género. El primero de ellos son los estudios realizados desde el enfoque de la justicia energética. La segunda clase de trabajos se enfoca en analizar proyectos de infraestructura a gran escala para la captación de energías bajas en carbono y sus impactos de género en los territorios afectados. A continuación, se repasarán los principales hallazgos de cada una de estas líneas de investigación.

Estudios de energía, justicia energética y género

En el ámbito académico, el concepto de “justicia energética” se refiere a un enfoque de investigación que aboga por la aplicación de los principios de justicia a la política y seguridad energéticas, la producción, los sistemas y el consumo de energía, así como al activismo en este campo. Además de ser un marco analítico, constituye una agenda normativa que extrapola los elementos de la teoría de la justicia al ámbito de la energía, principalmente los principios de distribución, reconocimiento y procedimental. Así, la justicia energética evalúa los orígenes de las injusticias, las partes de la sociedad afectadas y los procedimientos para reducir dichas injusticias (Jenkins et al., 2016).

En cuanto al género como sistema social de desigualdad y jerarquización, las investigaciones se centran en exponer y denunciar la falta de participación y liderazgo de las mujeres a lo largo de los esquemas de producción de energías bajas en carbono, debido a lo que las autoras y autores llaman “regímenes de género” (Allen et al. 2019; Fraune, 2015). Basándose en esta exclusión, proponen la inclusión de evaluaciones de género en la producción de las energías bajas en carbono (Standal y Feenstra, 2021), así como la incorporación de las aportaciones de la teoría feminista, antirracista, indígena y postcolonial al entendimiento de “justicia energética” (Mejía-Montero et al., 2023; Sovacool et al. 2023).

Al escrutar la cadena de producción de la energía, las investigaciones realizadas desde esta perspectiva tienen en cuenta los impactos sociales de la construcción de infraestructuras para la captación de energía baja en carbono y ponen énfasis en la transición energética como oportunidad para cerrar las desigualdades sociales en el ámbito energético. Sin embargo, a menudo, estos estudios se centran más en las oportunidades que ofrecen los esquemas energéticos y dejan de lado, o en un segundo plano, los efectos materializados y localizados, así como las múltiples violencias que convergen y se refuerzan por la expansión de la frontera energética.

En contraste, otras investigaciones dentro de este marco sí señalan que los efectos perniciosos de la “transición” se deben a su naturaleza corporativa (a escala comercial) y su inserción en las cadenas de valor preexistentes. Ejemplo de ello son las investigaciones de Ryan Stock (2023), Benjamin Sovacool y Ryan Stock (2023 y 2024) y Ryan Stock y Trevor Britelholtz (2024), que señalan que las injusticias basadas en el género y la etnia (o raza), como la exclusión de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, no son solo un efecto de la transición energética. Estas injusticias también representan estructuras de poder que se refuerzan con esta transición hegemónica. Las conclusiones de estas investigaciones apuntan a la transición, en lugar de tener el potencial de cerrar brechas sociales, tiene el potencial de exacerbarlas.

Estudios situados proyectos de infraestructura a gran escala

En contraste, otro tipo de investigaciones se ha dedicado a estudiar la interacción entre el género y los proyectos de infraestructura a gran escala para la captación de energías bajas en carbono (especialmente la solar y la eólica). Esta relación es abordada desde diversas aristas, tales como los impactos diferenciados de los proyectos de infraestructura en la vida de las mujeres que habitan los territorios, la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, las posturas de las mujeres dentro de los conflictos ecológico-distributivos y su acceso a los beneficios, así como las lógicas de género en las narrativas y estrategias empresariales de las corporaciones extractivistas. Aunque algunos de estos últimos trabajos establecen vínculos con el marco de justicia energética, su principal aporte radica en el análisis situado de las dinámicas locales, develan las estructuras localizadas que articulan los impactos de género y que facilitan la implementación de los proyectos de infraestructura orientados a la generación de utilidades.

En cuanto a la primera de estas vertientes, los impactos de género que son más destacados son el desplazamiento y la falta de acceso de las mujeres a la tierra debido a su cercamiento y privatización (Singh, 2022; Stock y Britelholtz, 2020; Stock y Britelholtz, 2024; Vázquez García y Sosa Capistrán, 2022; Mulvaney, 2024), y con ello, la separación respecto de sus medios de subsistencia (Lieu et al., 2020; Sareen et al., 2023; Stock et al., 2023; Haldar et al., 2024; Ghosh et al., 2023). Estas investigaciones ponen énfasis en las presiones sobre la tierra y el cambio en su uso que resultan de los proyectos a gran escala de energías bajas en carbono (principalmente parques fotovoltaicos). En este sentido, utilizan conceptos como despojos solares (solar dispossesions) (Stock y Britelholtz, 2024) o despojos de energías renovables (renewable energy dispossession) (Singh, 2022), para señalar la desigualdad en la distribución de los efectos negativos,³ en la que grupos marginalizados (como mujeres indígenas, rurales o campesinas) son desposeídas de sus medios de vida para posibilitar la construcción de infraestructuras.

En segunda instancia, y en consonancia con los hallazgos de los análisis de justicia energética, los estudios situados visibilizan la exclusión de las mujeres en los espacios formales de toma de decisiones relativa a los proyectos de infraestructura (injusticia procedimental) (Gay-Antaki, 2016; Haldar et al. 2024; Vázquez García y Sosa Capistrán, 2022). Algunas de las investigaciones de este tipo se han focalizado en México, tratando los casos de proyectos de infraestructura a gran escala de energía eólica. Señalan que dos de las razones de dicha exclusión son: la falta de derechos de propiedad de las mujeres sobre la tierra comunal (ejidos) (Vázquez García y Sosa Capistrán, 2022), así como la falta de entendimiento entre los modelos liberales de participación (que toman a las mujeres como portadoras de derechos individuales) y la división sexual del trabajo (Gay-Antaki, 2016).⁴ Esta exclusión se relaciona con la falta de acceso a los beneficios de los proyectos (principalmente los ingresos derivados del arrendamiento de la tierra).

Vinculadas con los dos temas anteriores, otras investigaciones se centran en explicar la posición de las mujeres en la red de actores que participan en los conflictos ecológico-distributivos relacionados con infraestructuras de energías bajas en carbono y su relación con el acceso a los beneficios derivados.⁵ Este tema se explora en los conflictos ecológico-distributivos en torno a proyectos eólicos en México. Se ha demostrado que, mientras los terratenientes y las autoridades políticas apoyan mayoritariamente dichos proyectos y los procesos institucionales de negociación, las personas con menor acceso a la tierra y los beneficios derivados de su arrendamiento (como las mujeres) tienden a oponerse (Dunlap, 2018; Vázquez García y Zepeda Cancino, 2022; Mejía-Montero et al., 2023). También se señala la forma en la que, como parte de su oposición, las mujeres articulan la resistencia en una agenda política más amplia, que incluye temas de género, justicia social, soberanía y activismo ambiental (Mejía-Montero et al., 2023).

Un último aspecto que se encontró es el uso de discursos y estrategias que emplean lógicas de género para legitimar o deslegitimar los proyectos de infraestructura, o aspectos relacionados. Alevgul Sorman y Rayn Stock (2024) describen cómo los megaproyectos de energía solar son presentados por sus promotores mediante discursos asociados a lo masculino (tecnología, securitización, capitalización, acceso continuo a la energía, heroísmo, etc.), que se posicionan en los imaginarios como superiores a las soluciones asociadas a lo femenino (cuidado, reparación, distribución y comunidad).⁶ Asimismo, se analiza cómo las corporaciones extractivistas reproducen narrativas de las mujeres como víctimas y proponen estrategias que pretenden “incluir” a las mujeres desde una lógica liberal (estrategias gender positive) para legitimar sus prácticas; por ejemplo, integrarlas en sus filas laborales (Stock, 2021), apoyar cooperativas de mujeres (Ryser, 2019), o crear programas exclusivos para ellas (Gay-Antaki, 2016).

Muchas de estas investigaciones hacen uso de un marco analítico interseccional, al establecer cómo la clase y la etnia (o raza) son aspectos identitarios de las mujeres que influyen en sus posiciones dentro de las jerarquías sociales al interior de sus países o comunidades. Estos factores resultan claves en relación con la propiedad de la tierra, la integración laboral de las mujeres en los proyectos de captación de energía, y su participación en los modelos de toma de decisiones. De esta manera, se argumenta que las jerarquías interseccionales no pueden comprenderse de manera aislada al analizar la relación entre el género y la infraestructura que sostiene la expansión de la frontera energética. Son estas intersecciones las que estructuran las dinámicas de exclusión y acceso a los recursos, así como las desigualdades en los procesos de consulta y distribución de beneficios.

Discusión: El lugar del género en las transiciones

La idea de la transición energética, tal cual la conocemos hoy en día, fue popularizada por primera vez por el presidente de Estados Unidos, James Carter, en 1977, quien frente al declive de las reservas de petróleo y gas natural declaró que Estados Unidos debía prepararse para “una conservación estricta y el uso renovado del carbón y de fuentes de energía renovables permanentes como la energía solar”. Asimismo, sostuvo que este cambio sería “el mayor desafío” de aquella generación estadounidense, pero que sería necesario para mantener un sistema energético estable, así como el nivel de vida en el país y las “instituciones libres”.⁷

De acuerdo con la Agencia internacional de energías renovables, 2023 marcó un récord en el despliegue de energías bajas en carbono en el mundo, por lo que estas fuentes están creando “oportunidades económicas magníficas para los países” (IRENA, 2024). Este “cambio tecno-productivo post-fósil” no contempla demandas sociales o ecológicas (más allá de la reducción en las emisiones de CO2) dentro de esta “transición”.

Secundando las demandas cada vez más numerosas de mujeres defensoras del territorio o activistas, la investigación académica muestra que las desigualdades de género, convergentes con otras jerarquías sociales, siguen presentes o incluso son exacerbadas por la generación de energías bajas en carbono. Esto pone en duda la capacidad de la transición hegemónica para traer consigo justicia social o un cambio socio-ecológico positivo que vaya más allá de un cambio en la matriz energética global (argumento que, como se mencionó anteriormente, también es cuestionable).

Sin embargo, existen otras transiciones que, al entender la necesidad de reducir las emisiones de CO2 y de encontrar nuevas fuentes de energía, como solo uno de los muchos problemas a atender, abogan por una agenda socio-ecológica más amplia. Desde estas propuestas (que surgen principalmente en el Sur global), la transición se refiere a una “transformación radical, democrática y democratizadora, apuntando a un cambio holístico en diferentes niveles y temas estratégicos” (Svampa et al. 2022: 65). Esta transición ecosocial posiciona como uno de sus ejes la justicia de género (junto a la de clase, etnia, ente otras) y la coloca a la misma altura de prioridad que el cambio en la matriz energética.

Estos proyectos, además, perciben a la crisis climática y la escasez de reservas de energías fósiles como solo una cara de las múltiples crisis socio-ecológicas a las que nos enfrentamos (devastación socioambiental, crisis de los cuidados, crisis alimentaria, militarización, entre otras). Entienden estas caras como entrelazadas y con un origen en común: las rupturas de las interdependencias y las ecodependencias en el capitalismo. Así, abogan por agendas feministas post-extractivistas orientadas por la reproducción de la vida (humana y no humana) y no por la valorización del capital. Al hacerlo, ponen el énfasis en las relaciones socio-ecológicas desiguales entre los grupos involucrados en la cadena de producción de energía, así como en las divisiones ficticias articuladas por el género tales como la esfera de la producción y la reproducción (los trabajos de cuidados), o el ámbito público y privado. Para sus adeptas y adeptos, esta transición tiene que ver con “las definiciones de la vida que queremos” (LATFEM, 2022).

Conclusión

El colapso climático, si bien es la principal amenaza para la vida en el planeta hoy en día, también se está convirtiendo en una narrativa que fundamenta la expansión de la frontera energética hacia otros territorios y cuerpos a través de la transición energética hegemónica. En estas geografías, la extracción de valor se sirve de las relaciones socio-ecológicas asimétricas previas e implanta nuevas formas de intercambio desigual. Un ejemplo de ello son las relaciones entre hombres y mujeres, principalmente en los territorios en donde los “minerales estratégicos” son extraídos o donde es construida la infraestructura a gran escala para la captación de energías bajas en carbono.

El hecho de que los promotores de esta transición se sirven de las relaciones patriarcales existentes en los territorios (al tiempo que dan origen a nuevas) es un tema que se ha denunciado y estudiado en los movimientos y la academia feminista. En el ámbito científico, este tema suscita especial interés en la comunidad académica del Norte global, donde se recurre al marco de justicia energética para analizar y abordar las desigualdades derivadas de la transición energética. Aunque dicho marco ofrece herramientas valiosas al enfocarse en las asimetrías a lo largo de las cadenas de producción de energía, resulta insuficiente para abordar las injusticias de género (y otras) en la medida en la que la mayor parte de las investigaciones de este tipo ignoran la naturaleza de dicha transición extractivista/mercantilizada y su imbricación con las estructuras económicas, sociales y políticas existentes.

Los estudios situados ponen en evidencia que las exclusiones y desigualdades que enfrentan las mujeres en estos contextos están atravesadas por jerarquías interseccionales vinculadas a la clase, la etnia, y el género. Estas investigaciones apuntan a que las desigualdades se concentran en países del Sur global, como India y México, en donde los impactos de género de los proyectos a gran escala para la captación de energías bajas en carbono parecen ser una continuación de los del extractivismo histórico (privatizaciones, separación de los medios de subsistencia, falta de acceso a los beneficios y a los procesos de toma de decisión).

Por tanto, no sorprende que sea en esas mismas latitudes donde surgen las propuestas de otras transiciones; unas que ven en la búsqueda de soluciones a la crisis climática, una oportunidad para sacudir las estructuras que conducen hacia el colapso civilizatorio. Estas perspectivas, además, ven a las divisiones y jerarquías de género en el ámbito de la energía no solo como un tema de inclusión/exclusión, sino también como una estructura que hay que deconstruir para asegurar la reproducción de la vida. De esta manera, el análisis de género en el marco de la transición energética no es solo un ejercicio académico, sino una herramienta para repensar el tipo de transición y de relaciones sociales que queremos.

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