Las fuerzas armadas mexicanas, específicamente la Secretaría de la defensa nacional (Sedena) y la Secretaría de marina (Semar), han gastado más de lo presupuestado para 2024, según denuncias de organizaciones civiles como el Centro de investigaciones económicas y presupuestarias (CIEP).

Uno de los principales problemas señalados es la opacidad en el manejo de recursos, especialmente en contrataciones públicas relacionadas con proyectos como el Tren Maya, operado en su totalidad por militares. La organización Poder destaca en su informe Militares S.A. de C.V. que existe resistencia a transparentar información sobre estas operaciones.

Los cuestionamientos al aumento del presupuesto militar se centran en dos ejes principales: primero, que algunos contratos gestionados por las fuerzas armadas podrían obstaculizar negociaciones pacíficas, como en el caso del Tren Maya; y segundo, la falta de transparencia en la asignación de recursos públicos, lo que dificulta la rendición de cuentas. A pesar de estas críticas, las fuerzas armadas recibieron en 2024 dos de cada 10 pesos destinados a inversión pública, sin los controles necesarios.

Además, se señala que en los procesos de compras públicas predomina la adjudicación directa, método que debería usarse solo en emergencias. También se cuestiona la falta de políticas de ahorro verificables, ya que algunas compras de Sedena incluyen precios de ventanilla sin justificación clara. Asimismo, se ha contratado a empresas con presuntos conflictos de interés, lo que agrava las preocupaciones sobre la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.

Estas son las empresas consentidas de los militares

Durante los primeros nueve meses de 2024, Sedena y Semar realizaron contrataciones por servicios diversos, con un gasto total significativo (22.2 miles de millones de pesos en contrataciones de servicios). Entre las empresas que recibieron los contratos más cuantiosos se encuentran Angar Azcapotzalco S.A. de C.V., por la compra de camionetas de lujo (2.5 miles de millones de pesos); Trans Ce Cargos S. de R.L., por mantenimiento de aeronaves (2.2 miles de millones de pesos); DLG Industrias S.A. de C.V., por la adquisición de vagones de carga (1.1 miles de millones de pesos); PEGSA Construcciones S.A. de C.V., por servicios de construcción en el Puerto de Dos Bocas (935.4 millones de pesos); y la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, por el traslado de militares en camiones rentados (793.4 millones de pesos).

Este gasto en contrataciones equivale a casi la mitad del presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México en el mismo período. Además, se destaca que las fuerzas armadas prefieren mayoritariamente la contratación sin concurso, utilizando modalidades como adjudicación directa por montos máximos de excepción, concursos con invitación a tres empresas y adjudicaciones por patentes (con 63% de la contratación sin concurso, y 3 871 adquisiciones realizadas bajo modalidades como adjudicación directa). Solo una minoría de los contratos se otogaron mediante concurso, lo que refleja una falta de transparencia y competencia en los procesos de compras públicas (2 017 contratos se emitieron mediante concurso).

¿Quiénes son estas empresas?

Las empresas más beneficiadas por los contratos militares en 2024 incluyen a Angar Azcapotzalco, parte del consorcio Grupo Andrade y Heraldo Media Group, que recibió un contrato millonario por la compra de camionetas al menudeo, sin generar ahorros significativos (dato crucial 1). Otra firma destacada es Trans Ce Cargo, señalada por tener vínculos con el obradorismo y recibir contratos sin concurso, con representación legal ligada a figuras cercanas al gobierno.

DLG Industrias, otra empresa favorecida, ha participado en proyectos como el Tren Turístico Puebla-Cholula y el Tren Maya, acumulando contratos millonarios durante años (dato crucial 2). PEGSA Construcciones también ha sido beneficiada, aunque ha enfrentado señalamientos por licitar con empresas que comparten dueños, lo que podría generar ventajas indebidas, según la Auditoría Superior de la Federación.

Finalmente, un sindicato de transportistas, cuyo líder promueve activamente los programas sociales del gobierno actual, también recibió contratos importantes.

Estas empresas reflejan una tendencia hacia la asignación de contratos sin transparencia suficiente, con posibles conflictos de interés y falta de competencia en los procesos de licitación.