Alberto Acosta es un economista ecuatoriano. Compañero de lucha de los movimientos sociales. Ministro de Energía y Minas en 2007. Presidente de la Asamblea Constituyente entre 2007 y 2008. Profesor universitario. Autor de varios libros.

Introducción
La violencia vinculada a procesos extractivistas provoca disrupciones en los ámbitos de la justicia, la democracia y la economía. Esto deriva de las flexibilizaciones ambientales aplicadas por los Estados, que promueven lógicas rentistas, clientelares y autoritarias en beneficio de empresas transnacionales y privadas. De este modo, se favorecen escenarios donde convergen la ilegalidad y la alegalidad, constituyendo un amplio negocio para el crimen organizado.

De las violencias coloniales a las republicanas

El extractivismo se remonta a los viajes de Cristóbal Colón en 1492, que dieron acceso a materias primas de las Indias y consolidaron la dominación colonial y un sistema mundo capitalista.

Hoy, la violencia estructural sigue siendo el sello de procesos extractivistas que, bajo el discurso de progreso y desarrollo, legitiman la explotación capitalista. Los países de la periferia quedan sujetos a una acumulación primaria exportadora.

El extractivismo consiste en extraer recursos no renovables en gran escala o con procesos intensivos para exportarlos como commodities, ya sean minerales, petróleo, productos agrarios, forestales o pesqueros. Aunque no siempre requiere inversiones enormes, genera altos ingresos a costa de dañar instituciones, medio ambiente y territorios culturales, afectando incluso a países vecinos.

Se asocia a la acumulación originaria, acaparamiento de tierras, desposesión y extracción, es decir, saqueo y devastación colonial y neocolonial. El uso de la naturaleza responde a las demandas del capital en una mercantilización constante, atrapando incluso a quienes critican este modelo en lógicas extractivistas y rentistas.

Como señaló Marx, el capital obtiene plusvalor de la fuerza de trabajo y también de la renta de la naturaleza. Si no logra acumular por producción, recurre a la especulación basada en el extractivismo, registrando en mercados futuros recursos como petróleo o cereales.

Una forma reciente es el extractivismo verde, vinculado a cumbres climáticas y al consenso de descarbonización, que mercantiliza la naturaleza. Ejemplos son los mercados de carbono y los bonos, así como la creciente demanda de litio y cobre para autos eléctricos, madera de balsa para aerogeneradores y prácticas como el fracking, que erosiona el subsuelo y contamina el agua.

Paradojas y patologías de la maldición de la abundancia

La abundancia de recursos naturales puede convertirse en un factor de pobreza al condicionar la dinámica económica de los países que la poseen. Aquellos con fuerte dependencia de la extracción y exportación de materias primas (en su mayoría ubicados en el nodo del Sur Global) suelen enfrentar más obstáculos para generar bienestar que los que carecen de tales riquezas.

Esta situación, conocida como paradoja de la abundancia o maldición de los recursos, es herencia de un pasado colonial que aún sostiene la acumulación capitalista de los antiguos centros colonizadores.

En estos territorios, la riqueza se concentra en pocas manos y se transfiere hacia los polos centrales del capitalismo, perpetuando la dependencia del mercado mundial. Bajo esta lógica predominan las “ventajas comparativas” del libre mercado, la privatización como supuesto camino único hacia la eficiencia y la mercantilización de lo humano y lo natural.

El modelo extractivista reduce salarios y elimina la presión para invertir en productividad o protección ambiental, favoreciendo corrupción, cortoplacismo y conflictos socioambientales. Empresas y gobiernos crean marcos jurídicos favorables, surgiendo Estados rentistas, autoritarios y paternalistas que monopolizan tanto la violencia como la riqueza natural.

Estos Estados buscan más ingresos fiscales y delegan el desarrollo regional a empresas, en un proceso de desterritorialización. Se impone un Estado policial que reprime a las víctimas, descuida obligaciones sociales y protege a las compañías. Durante booms exportadores, los gobernantes procuran perpetuarse en el poder con una visión de modernidad que margina a los pueblos originarios.

La falta de acuerdos nacionales, instituciones democráticas sólidas y respeto a derechos humanos facilita la aparición de grupos de poder aliados con transnacionales, banca, sectores empresariales, Fuerzas Armadas y aristocracia obrera vinculada al extractivismo.

En estos países, gobiernos y élites capturan el Estado, medios, universidades y fundaciones. Persiste el vínculo con el crimen organizado: minería ilegal ligada a bandas y mineras “legales” que la fomentan para luego intervenir, además de comunidades que participan, como cooperativas mineras en Bolivia.

Se incrementa la infiltración de drogas en exportaciones agrícolas, el comercio ilegal de madera y el tráfico de personas, fauna, combustibles y armas. No se respetan áreas protegidas, territorios indígenas ni ecosistemas. La Amazonía enfrenta no solo emprendimientos extractivistas y colonización descontrolada, sino también la lógica del narcotráfico transnacional, con producción y tráfico de cocaína.

Esto deriva en una barbarie institucionalizada mediante la normalización de prácticas violentas. En América Latina, la acumulación extractivista es central tanto en gobiernos neoliberales como en autodenominados progresistas, tendencia reforzada por la pandemia.

A más extractivismos, más patriarcado, más colonialidad y menos democracia

Con frecuencia se acepta el despojo extractivista como precio para lograr progreso y desarrollo. Las economías ligadas históricamente a un comercio exterior injusto, acumulan deudas históricas y ecológicas que las naciones del capitalismo metropolitano no asumen. A esto se suma la biopiratería, impulsada por transnacionales que patentan plantas y saberes indígenas.

Las violencias patriarcales se reproducen: hombres ocupan los trabajos “duros” en minería, petróleo, pesca o agroindustria, mientras las mujeres realizan labores igualmente extenuantes y funcionan para la prostitución. En este contexto, la violencia de género y los feminicidios son comunes, aunque las mujeres lideran cada vez más la resistencia y la construcción de alternativas.

Se suma la violencia empresarial y estatal que avasalla comunidades, reprime y criminaliza defensores de la vida, afectando sobre todo a pueblos originarios con visiones contrarias a la modernidad impuesta. Los Estados, con apoyo de empresas, controlan territorios mediante compras irregulares de tierra, desalojos y complicidad judicial. Las regalías sirven como “pacificación fiscal” y el clientelismo premia la sumisión. Los ingresos del extractivismo permiten a gobiernos neutralizar opositores, reforzar controles y reprimir a críticos, ignorando consultas socioambientales.

Conclusiones: las urgentes demandas del futuro

El extractivismo y las políticas que lo sostienen forman parte de una necropolítica que alimenta una civilización basada en mercancía y desperdicio. Su patrón colonial de violencia se fusiona con esquemas tecnológicos, comunicacionales y financieros permeados por el crimen organizado.

Urge desmontar el mito de sus bondades, superar el espejismo del desarrollo y fortalecer la resistencia comunitaria, tejiendo solidaridades regionales e internacionales. El posextractivismo es clave para enfrentar el colapso climático. El horizonte debe ser un mundo pluriversal donde ningún pueblo sea marginado ni explotado, y todos los seres vivan con dignidad y en armonía.