Richard G. Wilkinson es epidemiólogo social y profesor emérito de la Universidad de Nottingham. Se ha especializado en estudiar los efectos de la desigualdad en la salud y en la cohesión social. Es cofundador de The Equality Trust, organización dedicada a la investigación y difusión sobre desigualdad económica.

Kate E. Pickett es profesora de Epidemiología en la Universidad de York y cofundadora de The Equality Trust. Su trabajo académico ha examinado las consecuencias sociales, sanitarias y ambientales de la desigualdad. Junto con Wilkinson, es autora de libros influyentes como The Spirit Level y The Inner Level.

Los autores sostienen que, ante las crisis ambientales, sociales y humanitarias, el planeta ya no puede sostener los costos de la desigualdad económica ni el consumo desmedido de los más ricos. Entre 2020 y 2022, el 1 % más acaudalado acumuló casi el doble de la nueva riqueza mundial que el resto de la población conjunta, y en 2019 generó tanto dióxido de carbono como los dos tercios más pobres de la humanidad (datos cruciales 1 y 2).

Esta concentración de riqueza y poder genera estrés social y deterioro estructural. Las sociedades con mayores brechas de ingreso presentan más homicidios, encarcelamientos, obesidad, mortalidad infantil y menor confianza pública. En Estados Unidos, la tasa de homicidios es once veces superior a la de Noruega, y su encarcelamiento es diez veces mayor (dato crucial 3).

Incluso las personas ricas vivirían mejor en sociedades más igualitarias, con menos violencia y mejor salud mental. Además, la desigualdad implica altos costos públicos: Reino Unido podría ahorrar más de 100 mil millones de libras anuales si redujera su desigualdad al nivel promedio de los países más equitativos de la OCDE. Para los autores, alcanzar mayor igualdad es un requisito central para la sostenibilidad ambiental y social (dato crucial 5).

Las ansiedades sociales provocan estrés

La desigualdad intensifica las ansiedades de estatus, entendidas como el miedo a ser juzgado por el nivel económico o social. Este tipo de estrés psicobiológico tiene efectos demostrados sobre la salud: eleva la hormona cortisol y puede duplicar las tasas de mortalidad (dato crucial 3 y 6).

En sociedades desiguales, las diferencias visibles —vivienda, ropa, transporte o educación— refuerzan percepciones de superioridad e inferioridad. Esto mina la autoestima y la confianza interpersonal. Estudios demuestran que la ansiedad por el estatus se incrementa en todos los grupos de ingreso cuando crece la brecha económica (dato crucial 6).

El estrés también afecta conductas de salud. Las personas bajo presión crónica son menos propensas a mantener dietas adecuadas o hacer ejercicio y fuman con mayor frecuencia. La competencia por el prestigio social genera agresividad: la violencia y el acoso escolar son más comunes en sociedades desiguales. Por ejemplo, el llamado bullying es seis veces más frecuente y los homicidios cinco veces más altos en los estados estadounidenses con mayores desigualdades (dato crucial 3 y 6).

Para los autores, esta evidencia indica que la desigualdad no solo produce pobreza material, sino un ambiente psicosocial que deteriora la salud y multiplica la violencia en todos los estratos sociales (dato crucial 4).

El estatus impulsa el consumo

Las diferencias de ingreso también impulsan el consumismo. Cuando la riqueza se asocia al valor personal, las personas tienden a comprar bienes de prestigio para demostrar posición social. Este fenómeno, descrito por el economista Thorstein Veblen como “consumo ostentoso”, se intensifica donde la desigualdad es mayor (dato crucial 5).

Los países con brechas más amplias destinan una proporción mayor de su producto interno bruto a publicidad, y las vidas exhibidas por los ricos en medios masivos establecen patrones aspiracionales de lujo: casas de veraneo, autos costosos, viajes o moda.

El impacto ambiental de esta dinámica es severo. Según Oxfam, el 1 % más rico de la población produce 100 veces más emisiones de carbono que el promedio de las personas en la mitad más pobre del planeta. Así, la desigualdad agrava tanto el cambio climático como la injusticia global (datos cruciales 1 y 2).

La resistencia a las políticas ambientales también se relaciona con la percepción de inequidad. Las protestas de los gilets jaunes en Francia contra un impuesto ecológico al combustible mostraron que la población rechaza las medidas percibidas como injustas, especialmente cuando los ricos no comparten el costo.

Los autores elaboraron un índice de desempeño ambiental que evalúa cinco áreas: contaminación del aire, reciclaje, emisiones de los ricos, progreso hacia los Objetivos de desarrollo sostenible, y cooperación internacional. Los resultados evidencian una correlación directa entre igualdad y desempeño ambiental.

Las sociedades más igualitarias muestran mayores niveles de confianza, cohesión y apoyo a la protección ambiental. En ellas, entre 10 % y 20 % más de personas priorizan el medio ambiente sobre el crecimiento económico, y los gobiernos tienden a ser más pacíficos y solidarios: Suecia y Noruega destinan cerca de 1% de su ingreso nacional bruto a ayuda internacional, frente a 0.2 % de Estados Unidos (dato crucial 5).

Los tomadores de decisiones deben actuar

El artículo concluye que reducir la desigualdad es condición fundamental para enfrentar las crisis globales. Los gobiernos deben actuar con urgencia mediante políticas fiscales, laborales y corporativas que redistribuyan la riqueza.

Los autores proponen restaurar impuestos progresivos sobre los ingresos más altos, semejantes a los aplicados en Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX, cuando las tasas superaban 70 %. Estos recursos permitirían financiar la transición energética y fortalecer los sistemas públicos de salud (dato crucial 5).

También recomiendan acuerdos internacionales para cerrar paraísos fiscales, ya que la evasión corporativa cuesta a los países pobres alrededor de 100 mil millones de dólares anuales, cantidad suficiente para educar a 124 millones de niños y evitar hasta 8 millones de muertes maternas e infantiles.

Otra opción es implementar un impuesto al consumo, calculado como ingreso personal menos ahorro, para desincentivar el gasto excesivo, junto con gravámenes a la publicidad, especialmente la que promueve el consumo de lujo.

En el ámbito empresarial, las políticas deben fomentar modelos cooperativos y propiedad compartida. Se cita el caso del grupo cooperativo Mondragón, donde la relación máxima entre el salario más alto y el más bajo es de 9 a 1, frente a la proporción de 200 a 1 en las mayores empresas del índice FTSE 100. Estas estructuras más equitativas mejoran la sostenibilidad y la ética corporativa (dato crucial 5).

Wilkinson y Pickett subrayan que la igualdad no es una cura única, pero sí el eje integrador de la salud, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Las naciones que adopten políticas múltiples y coordinadas avanzarán más rápido hacia un futuro justo y habitable.

Finalmente destacan que la desigualdad económica se encuentra en el centro de los problemas sociales, de salud y ambientales. Aunque no constituye una solución única, su reducción es un requisito indispensable para avanzar hacia sociedades más sanas, pacíficas y sostenibles. Los países que adopten estrategias múltiples para disminuirla estarán en mejores condiciones para enfrentar las crisis globales actuales y futuras.