El agua en la Cuarta Transformación. El dilema de lo urgente contra lo esencial. La concentración corporativa en la alimentación y en la agricultura
Peniche, Salvador (2025), "El agua en la Cuarta Transformación. El dilema de lo urgente contra lo esencial", Aleida Azamar y Carlos Rodríguez [2025], Miradas críticas sobre las políticas ambientales en la Cuarta Transformación, CDMX, UAM-X y Fundación Rosa Luxemburg, agosto, https://rosalux.org.mx/wp-content/uploads/2025/08/miradascriticasop.pdf
Salvador Peniche Camps es economista, maestro en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Sociales. Ha sido profesor invitado en el Instituto de Desarrollo Sustentable de la Universidad de la Columbia Británica y egresado del Programa Superior de Estudios sobre el Desarrollo Sustentable de El Colegio de México. Su investigación se centra en la economía ecológica, con énfasis en la gestión del agua y el impacto ambiental de la actividad económica. Es fundador y presidente de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica y miembro de la Sociedad Internacional de Economía Biofísica.
El artículo analiza la estrategia de gestión del agua durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). El argumento central señala que, frente a la crisis hídrica, las políticas públicas se enfocaron en resolver el abasto inmediato sin atender las causas estructurales del problema. Esta orientación privilegió medidas urgentes por encima de lo esencial: modificar el modelo productivista y mercantil del agua que reproduce el deterioro de las reservas y su calidad.
Historia de un colapso anunciado
La disponibilidad promedio anual de agua en México cayó de 10 mil m³ por habitante en 1960 a menos de 4 mil en 2012, y se proyecta que en 2030 descenderá a 3 mil. Las causas combinan factores naturales, como el cambio climático y las sequías, con determinantes humanos: sobreexplotación de acuíferos, contaminación y un modelo económico basado en la exportación intensiva de agua virtual en productos agrícolas e industriales: "En cierto sentido, podemos afirmar que el posicionamiento privilegiado de las exportaciones mexicanas en el mercado mundial en años recientes y su fuente de competitividad se debe en parte importante, no a la innovación tecnológica o la productividad del trabajo, sino a la exportación masiva de agua virtual gratuita (en la agricultura) o de muy bajo precio (en la industria)".
Regiones del Norte y Centro del país ya enfrentan “estrés hídrico extremo”, definido por Naciones Unidas como el acceso a menos de 1 000 m³ per cápita (datos cruciales 1 y 2).
Los vertidos humanos ha convertido los ríos y lagos en macro-cloacas y muchos acuíferos sufren sobreexplotación. En 2019, de 653 acuíferos, 105 estaban sobreexplotados, 32 salinizados y 18 contaminados con agua marina. A ello se suma que 73% de los cuerpos de agua presentan contaminación con metales pesados, microplásticos o residuos industriales. El espíritu productivista de la política hídrica, orientada a sostener exportaciones, ha significado una pérdida acelerada de reservas y un riesgo para la viabilidad hídrica del país (datos cruciales 2 y 3).
La cuadratura del círculo o la realidad de las buenas intenciones
El gobierno de la 4T se planteó como un proyecto de justicia social, alcanzando logros notables en salarios y reducción de la pobreza, pero mantuvo la lógica del crecimiento económico como motor del bienestar. Bajo esta premisa, se continuó con el modelo extractivo y de explotación de la naturaleza, similar al de gobiernos neoliberales, aunque con un discurso distributivo.
El análisis desde la economía ecológica cuestiona este enfoque, pues sostiene que los sistemas productivos dependen de límites biofísicos que ya se encuentran comprometidos. La política hídrica de la 4T mantuvo la visión ingenieril centrada en incrementar la oferta de agua a menor costo, relegando una gestión sustentable. Aunque hubo intentos de frenar nuevas concesiones de acuíferos y prohibir el uso de agua en prácticas como la fractura hidráulica, el modelo de fondo no se transformó.
México, al no contar con grandes cuerpos de agua superficiales y con una distribución desigual del recurso, enfrenta la urgencia de diseñar estrategias de largo plazo que integren sustentabilidad, recarga de acuíferos y reducción del consumo. No obstante, la política se orientó a medidas de corto plazo y a la explotación acelerada de las últimas reservas subterráneas.
La política pública desarrollista del gobierno democrático: ¿existe o no un bono socioambiental?
El autor argumenta que el discurso de la 4T sugirió la existencia de un “bono socioambiental”, es decir, una supuesta reserva ecológica que puede sacrificarse a cambio de crecimiento económico y justicia social. Bajo esa lógica, se desatendieron problemas estructurales de las cuencas. Ejemplo de ello son las concesiones: de poco más de 2 mil permisos en la etapa previa al neoliberalismo, se pasó a medio millón en 2018, concentrados en manos de grandes beneficiarios (dato crucial 4).
El marco legal pendiente de la Ley General de Aguas refleja estas tensiones. Aunque se buscó priorizar el derecho humano al agua y frenar concesiones en zonas con estrés hídrico, las iniciativas se estancaron en el Congreso y enfrentaron bloqueos judiciales de actores privados. En el plano institucional, Conagua se mostró incapaz de dar un viraje estructural, con problemas de corrupción y limitaciones operativas.
El Programa Nacional Hídrico 2020-2024 tuvo como ejes garantizar el derecho al agua, la eficiencia productiva y la reducción de vulnerabilidades; sin embargo, sólo algunos rubros de regulación ambiental y anticorrupción mostraron avances. La obra pública priorizó el crecimiento y las exportaciones, con excepción de dos proyectos que consideraron límites biofísicos: El Zapotillo y el parque ecológico de Texcoco.
El caso de la presa El Zapotillo resultó emblemático: la 4T modificó el proyecto para evitar la inundación de comunidades y destinó el agua al uso local. El acto incluyó una disculpa pública y el reconocimiento de derechos vulnerados, lo que marcó un precedente en la política hídrica.
Conclusiones preliminares
La política de aguas de la 4T tuvo un carácter contradictorio. Si bien atendió urgencias de abasto y resolvió casos puntuales, no transformó las causas estructurales del deterioro hídrico: el modelo desarrollista de crecimiento económico. Las reservas de agua continúan en retroceso y no existe legislación ni estrategia integral que priorice su protección. El caso de El Zapotillo mostró la posibilidad de replantear decisiones estatales en función de límites biofísicos y justicia social, pero se trató de una excepción y no de la norma (datos cruciales 5 y 6).
En suma, la gestión hídrica del periodo analizado privilegió lo urgente sobre lo esencial: asegurar el acceso inmediato, sin cambiar el modelo que agudiza la crisis del agua en México.
1) La disponibilidad anual de agua en México pasó de 10 mil m³ por habitante en 1960 a menos de 4 mil m³ en 2012, y se proyecta que en 2030 descenderá a 3 mil m³, lo que ubica al país en la categoría de estrés hídrico.
2) En 2019, de los 653 acuíferos nacionales, 105 estaban sobreexplotados, 32 presentaban salinización y 18 sufrían intrusión marina, lo que muestra un deterioro acelerado de las principales reservas de agua.
3) 73% de los cuerpos de agua en México muestra contaminación con metales pesados, microplásticos o residuos industriales, lo que compromete tanto la calidad del recurso como la salud pública.
4) Las concesiones de agua se multiplicaron de poco más de 2 mil en la etapa previa al neoliberalismo a cerca de 500 mil en 2018, con una concentración marcada en manos de grandes usuarios industriales y agrícolas.
5) La figura 1 muestra la disponibilidad natural media, la superficie, la población y la contribución al PIB en cada región. Evidencia que el norte y centro del país concentran población y actividad económica en zonas con disponibilidad de agua muy limitada, lo que acentúa la vulnerabilidad hídrica.
6) La gráfica expone el crecimiento de las exportaciones en el periodo, vinculando este incremento con la presión sobre los recursos hídricos, ya que la estrategia exportadora se sostiene en la extracción intensiva de agua virtual contenida en bienes agrícolas e industriales.
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El artículo de Salvador Peniche Camps sitúa la política hídrica de la Cuarta Transformación en el dilema entre atender lo urgente y enfrentar lo esencial. Este planteamiento se vincula de manera directa con la línea de Combate y adaptación frente a la destrucción del ambiente, ya que muestra cómo las estrategias gubernamentales priorizaron el abastecimiento inmediato frente al deterioro estructural del ciclo hidrológico. La adaptación quedó reducida a medidas de emergencia sin transformar las dinámicas de uso intensivo del agua por parte de la agroindustria y las exportaciones basadas en “agua virtual”.
La Destrucción del ambiente se refleja en datos que documentan la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación de 73% de los cuerpos de agua y la sequía en 85% del territorio nacional. No obstante, el autor concentra su análisis en la acción del Estado y deja en segundo plano la responsabilidad de los grandes consumidores privados. Aquí se abre un vacío para investigar cómo los sectores industriales y agroexportadores participan en la degradación hídrica y cómo se benefician de políticas públicas que privilegian el crecimiento económico.
El texto toca tangencialmente la relación entre grandes corporaciones y destrucción del ambiente en México, al señalar la presión ejercida por las exportaciones agrícolas e industriales intensivas en agua. Sin embargo, no desarrolla en detalle los mecanismos de apropiación del recurso hídrico por parte de corporaciones transnacionales ni su influencia en el diseño de la política pública. Este vacío constituye un campo prioritario de investigación para el LET: analizar cómo las cadenas de valor globales intensifican el colapso de las reservas de agua en México.
El eje Papel de las corporaciones transnacionales en el colapso sistémico del agua queda implícito, ya que el artículo reconoce el agotamiento del metabolismo social hídrico pero no lo vincula de manera explícita con las dinámicas del capital transnacional. El énfasis en la responsabilidad estatal deja sin explorar las formas en que las CTN agroalimentarias, mineras y de bebidas configuran un patrón extractivo insostenible que profundiza el riesgo de colapso.
Finalmente, la dimensión de relaciones entre empresas, estado y sociedad aparece en el caso de la presa El Zapotillo, donde la intervención gubernamental corrigió un diseño de infraestructura que afectaba comunidades locales. Sin embargo, el análisis no explora cómo la sociedad civil, los movimientos socioambientales y las empresas configuran relaciones de conflicto y negociación en torno al agua. El vacío aquí consiste en estudiar la gobernanza hídrica como un espacio de disputa tripartita donde confluyen intereses estatales, corporativos y comunitarios.
