César Enrique Pineda Ramírez, sociólogo por la UAM y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM (mención honorífica). Investiga conflictos socioambientales, la relación capital-naturaleza y la autonomía comunitaria; coordina el seminario «Autogestión, territorio y autonomías comunitarias», es Investigador SNI I y desde 2024 es profesor-investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora.

Introducción

En el marco de la brutal reconfiguración de la economía mundial se intensifica una pugna feroz por el control de la naturaleza: la ofensiva extractiva de corporaciones y capitales impacta territorios donde persisten resistencias desde comunidades indígenas, campesinas y comunales. Este artículo se ubica dentro de la teoría del conflicto socioambiental y propone un marco teórico relacional, integrador y dinámico que muestra cómo la apropiación de la naturaleza reproduce relaciones asimétricas de poder en una dimensión claramente eco-política.

El enfoque vincula las dinámicas estructurales con los actores en conflicto, desvela los procesos mediante los cuales cada sujeto atribuye sentido a la confrontación y los enlaza con una teoría de la acción capaz de explicar el antagonismo entre corporaciones, gobiernos y movimientos comunitarios. Así, aporta a la comprensión teórica al poner en relación patrones históricos de poder, capital y naturaleza con los dispositivos de dominación y con las percepciones de amenaza, agravio e injusticia que alimentan la resistencia organizada.

1. Conflictos socio-ambientales o ecopolíticos: una reformulación

La reestructuración del régimen de acumulación, junto con las reformas regulatorias, configuró un nuevo orden que subordinó la naturaleza a los intereses del capital. El régimen de acumulación designa el conjunto de mecanismos que permiten producir, distribuir y mantener la riqueza dentro del capitalismo. A su vez, el modo de regulación describe la función estatal que garantiza la competencia entre empresas, conserva la estabilidad del sistema y contiene los conflictos sociales.

Ambos procesos transformaron la relación con la naturaleza. En este contexto, surgió un régimen ecológico mundial, entendido como la forma global de apropiación y control de los bienes naturales mediante instituciones y mecanismos de mercado que aseguran el flujo de energía, alimentos, materias primas y trabajo hacia los centros de poder económico.

De esta dinámica nació el nuevo régimen corporativo-medioambiental, que reforzó la subordinación de los ecosistemas al capital. El término régimen se refiere a un entramado de instituciones, normas, tecnologías y discursos que configuran un sistema estable de poder. Lo corporativo-medioambiental alude a la gestión empresarial de la naturaleza bajo una lógica de mercado que privilegia la rentabilidad sobre la preservación. En este modelo, la apropiación deja de ser una simple extracción de recursos y se convierte en una técnica de control político.

La extracción reorganiza los flujos bióticos, que comprenden los procesos vitales como el agua, los suelos o la biodiversidad, junto con los flujos abióticos, que incluyen minerales, gas y energía. Estos flujos se modifican mediante tecnologías extractivas, biotecnologías y redes financieras que sostienen la acumulación y consolidan el dominio del capital sobre la naturaleza.

El nuevo orden territorial se apoya en una territorialidad corporativo-estatal, donde las corporaciones y los Estados administran los espacios naturales como parte del mercado. Este régimen impulsa el acaparamiento de tierras, concentra la producción agroindustrial, fortalece la pesca industrial y consolida un imperialismo energético que reproduce las desigualdades del extractivismo.

Además, reorganiza los paisajes para acelerar los intercambios comerciales. La expansión urbana y turística privatiza los ecosistemas y transforma los territorios en espacios de inversión. De este modo, el capital actúa como una fuerza geográfica que rediseña el entorno natural para mantener su propia reproducción económica.

Estas transformaciones alteran los metabolismos sociales, concepto que describe los modos comunales de acceso, apropiación, transformación y consumo de los bienes naturales. Los metabolismos sociales reflejan el equilibrio entre las prácticas humanas y los ciclos ecológicos que sostienen la vida.

Cuando ese equilibrio se rompe, se deterioran los saberes bioculturales, se fragmentan las identidades productivas y se debilitan las redes de cooperación que sostenían la organización comunal. La pérdida de estos vínculos reduce la capacidad de las comunidades para mantener su reproducción material, mientras las instituciones colectivas quedan expuestas a presiones tecnológicas o financieras que profundizan su dependencia.

La apropiación de la naturaleza se convierte en un instrumento de disciplina. Las leyes, concesiones y regulaciones ambientales obligan a las comunidades a integrarse al mercado o a abandonar sus territorios. Este fenómeno se conoce como descomunización, concepto que representa la pérdida de los bienes comunes junto con la disolución de las formas colectivas de vida.

La contradicción entre la expansión del capital extractivo y las economías comunales constituye la matriz del conflicto eco-político. La resistencia surge cuando la subordinación rebasa los límites tolerables, lo que transforma el agravio en acción colectiva dirigida a la defensa de los territorios y de la vida comunitaria.

Comprender la conflictividad eco-política implica articular tres niveles de análisis. El primero son las estructuras globales de acumulación, que establecen las reglas generales del capitalismo. El segundo corresponde al régimen ecológico mundial, que define las normas que regulan la apropiación de la naturaleza a escala planetaria. El tercero se refiere a los metabolismos sociales, que expresan las prácticas mediante las cuales las comunidades reproducen su existencia.

La interacción entre estos niveles produce tensiones que se manifiestan en conflictos políticos. En este entramado también surgen las tecnologías de vigilancia ambiental, entendidas como mecanismos institucionales, legales o técnicos que regulan el acceso a los recursos y disciplinan los territorios. Para Pineda, los conflictos socio-ambientales no son simples disputas ecológicas, sino expresiones del poder que el capital ejerce a través de la naturaleza frente a las comunidades que buscan preservar su autonomía y su derecho a existir.

2. La política del capital

La acumulación del capital se sustenta en el control de las materias primas. La necesidad de aumentar las ganancias lleva a las corporaciones a concentrar capitales, dominar los mercados internacionales y convertir los recursos naturales en instrumentos de valorización. Su racionalidad estratégica coloca la expansión y la reducción de costos por encima de toda consideración social o política. En ese marco, las variaciones del precio de los bienes naturales se interpretan como oportunidades para extender el control territorial. Así, el capital transforma los ciclos económicos en una herramienta para asegurar la continuidad de su proceso de acumulación.

El éxito de las corporaciones depende menos de su eficiencia técnica que de las redes de poder que conforman con los Estados. Estas alianzas garantizan financiamiento, facilitan el acceso a la tecnología, fortalecen la protección jurídica de las inversiones y consolidan la estructura del gobierno corporativo, entendido como el conjunto de normas e instituciones que dirigen y controlan las empresas. La colaboración política entre los gobiernos y las multinacionales refleja el carácter imperial del sistema, ya que el respaldo diplomático, el cabildeo internacional y el apoyo financiero protegen las operaciones más allá de las fronteras nacionales. En consecuencia, la política estatal se convierte en una herramienta que legitima la expansión global del capital.

La competencia entre Estados por recursos estratégicos intensifica las presiones diplomáticas y comerciales. Las potencias con superioridad tecnológica amplían su influencia en territorios que carecen de medios para proteger sus bienes naturales. Frente a la incertidumbre que generan los rivales o los conflictos locales, las corporaciones optan por acciones calculadas: negociar acuerdos parciales, retirar inversiones, ejercer presión económica o confrontar de manera directa a los actores movilizados. Esta capacidad de decisión otorga a la empresa transnacional un papel central en la política global. Su poder no se limita a los mercados, sino que también incide sobre los territorios, los gobiernos y las comunidades.

En la práctica, las corporaciones elaboran evaluaciones de riesgo político que combinan información económica, financiera, social y ambiental. Este tipo de análisis mide la posibilidad de que los cambios legales, la inestabilidad gubernamental o las protestas sociales afecten las operaciones empresariales. Sin embargo, dichos estudios suelen omitir factores ecológicos y culturales, lo que genera un desfase entre la lógica del capital y la realidad de los territorios.

Al no considerar las condiciones locales, las estrategias corporativas reproducen tensiones que terminan derivando en conflictos sociales. Este desequilibrio evidencia el modo en que la racionalidad económica ignora las dimensiones políticas y comunitarias de los espacios donde interviene.

La autoimagen de creadoras de riqueza permite a las corporaciones justificar su expansión y legitimar sus acciones. En ese discurso aparecen las estrategias blandas, como la inversión social, la responsabilidad corporativa o el diálogo con actores civiles. Estas medidas buscan construir consenso y administrar las relaciones con los stakeholders, concepto que en la lectura designa a todos los actores que influyen o pueden verse afectados por las actividades empresariales. No se limita a los inversionistas, sino que abarca comunidades, gobiernos, trabajadores y organizaciones sociales.

Cuando las estrategias de consenso resultan insuficientes, emergen las estrategias duras, que incluyen litigios, campañas de desprestigio o espionaje. Finalmente, Pineda introduce el concepto de tecnologías coercitivas, que agrupa los medios materiales y simbólicos que se utilizan para contener la resistencia social mediante control informativo, represión o manipulación científica.

La externalización mediante contratistas y proveedores amplía la capacidad de acción de las corporaciones, aunque dispersa las responsabilidades y complica la rendición de cuentas. A través de la teoría de los stakeholders, las empresas clasifican a los actores según su poder, legitimidad y urgencia, con el fin de decidir con quién mantener diálogo y a quién excluir.

En conjunto, la política del capital se compone de alianzas estatales, innovaciones tecnológicas, marcos regulatorios y estrategias sociales orientadas a mantener la estabilidad del sistema y maximizar las rentas. Para Pineda, la articulación entre la evaluación del riesgo político, las tácticas consensuales y los mecanismos coercitivos define la conducta del capital transnacional frente a la conflictividad socioambiental contemporánea.

3. Estados, regulación y apropiación de la naturaleza

Las transformaciones regulatorias y administrativas alteraron la función del Estado dentro de la economía global. Las reformas neoliberales buscaron atraer capital extranjero mediante la adecuación de territorios, instituciones y marcos legales. La gestión de la naturaleza se integró a esa estrategia como parte del proceso de acumulación.

En consecuencia, las decisiones sobre los recursos fueron desplazadas a organismos técnicos o foros supranacionales donde prevalece la lógica del capital. Dichos espacios establecieron tratados y mecanismos de protección que priorizan la estabilidad de las inversiones sobre la deliberación pública. Tal desplazamiento generó asimetrías jurídicas que reducen la autonomía estatal; además, profundizó la vulnerabilidad de las comunidades frente al poder corporativo.

Pineda define al Estado como forma política del capital, expresión que explica su papel en la organización del sistema económico. A través de su estructura, produce mercados, establece límites regulatorios, garantiza condiciones de competencia y preserva la reproducción del capital. Dicha función no actúa de modo uniforme. Depende de la posición de cada país dentro del sistema internacional, del régimen político existente o de la orientación de su gobierno. Por consiguiente, el Estado se convierte en mediador entre las exigencias globales del capital y las particularidades de su contexto nacional.

El proyecto neoliberal transformó la capacidad estatal mediante incentivos, concesiones y reformas que facilitaron la incorporación de bienes comunales al mercado. Este proceso fortaleció la lex mercatoria mundial, noción que alude al conjunto de normas internacionales que aseguran la protección de la inversión privada frente a la legislación interna.

Tal estructura jurídica traslada la gestión de los recursos naturales hacia tribunales o mecanismos controlados por el capital transnacional. De ese modo, se impuso un proceso de reterritorialización, entendido como la reorganización de los espacios locales conforme a los intereses de la acumulación global.

La integración de corporaciones extranjeras en el aparato estatal profundizó la relación centro-periferia al mismo tiempo que reforzó el intercambio ecológico desigual. Estos conceptos describen el flujo permanente de materias primas, energía y recursos naturales desde las economías dependientes hacia los centros industriales.

Las naciones periféricas, con instituciones frágiles o tecnología limitada, dependen de las inversiones externas para sostener su actividad productiva. Esta dependencia impide resistir los modelos extractivos; además, mantiene un orden económico que concentra beneficios en los países industrializados mientras desplaza los costos ambientales hacia las regiones subordinadas.

Las negociaciones entre Estados y corporaciones se ajustan según las coyunturas políticas o las oscilaciones de precios internacionales. Las empresas emplean tácticas de cabildeo, arbitraje o acuerdos con élites locales para garantizar concesiones y minimizar controles ambientales.

Tales prácticas muestran la capacidad del capital transnacional para operar en distintos marcos normativos sin alterar su propósito principal. En este contexto, el Estado se convierte en un terreno de disputa donde las políticas públicas pueden favorecer tanto la expansión empresarial como los intentos de regulación, dependiendo de la correlación de fuerzas entre actores estatales, económicos o comunales.

Cuando los gobiernos adoptan posturas menos subordinadas al capital, la confrontación se redefine. Algunos procuran recuperar la gestión soberana de los recursos naturales, aunque sin romper con el modelo extractivo. Pineda denomina contrainsurgencia corporativa al conjunto de tácticas utilizadas por las empresas para contener la resistencia social, entre ellas la cooptación de autoridades, el soborno o la privatización de la seguridad. En contextos institucionales débiles, la impunidad permite la continuidad de tales estrategias.

Aun así, los movimientos comunales recurren a instrumentos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, las alianzas locales o la denuncia pública con el fin de defender sus territorios. Estas acciones no siempre revierten la apropiación, aunque transforman las correlaciones de poder. La política estatal frente a la naturaleza conjuga coerción, regulación y negociación, lo que revela la tensión constante entre capital y comunidad.

4. Comunidades subalternas y ecologismo-comunitario

La centralidad de los movimientos de base comunal en los conflictos ecológicos se explica por su propio metabolismo social. Este metabolismo tiene como fundamento los ecosistemas locales y el entramado comunitario que los sostiene. La defensa de la tierra equivale a defender la comunidad y su modo de vida. Tanto la economía ecológica como el marxismo reconocen la conexión material entre naturaleza y reproducción social. Ambos enfoques muestran que la acumulación por despojo fractura esa relación, mientras la noción de metabolismos sociales y la idea de producción de lo común permiten rastrear formas de vida que desaparecen al perder su base material

El autor advierte sobre los riesgos de simplificar a las comunidades al tratarlas como unidades homogéneas. La diversidad interna, las jerarquías y las estrategias de negociación obligan a un análisis cuidadoso. Gramsci y Modonesi entienden la subalternidad como una condición mutable que combina obediencia relativa, resistencia y adaptación. Esa condición produce comportamientos ambivalentes que oscilan entre la integración parcial al sistema dominante y la búsqueda de márgenes de autonomía capaces de sostener la reproducción comunal.

Históricamente la comunidad fue subordinada por el Estado y por poderes regionales. En América Latina, la formación de los Estados nacionales absorbió las estructuras comunales y reeditó jerarquías coloniales. Tales procesos debilitaron la capacidad de autogobierno e impusieron mandos externos. Sin embargo, esa subordinación no anuló la posibilidad de reorganización ni de creación de proyectos emancipatorios. Las comunidades actuales son resultado de esa historia de sometimiento, adaptación y resistencia, pues aprendieron a persistir dentro de escenarios dominados por la expansión capitalista

La subordinación también adopta una dimensión racializada y etno-clasista. Esta forma de jerarquía devalúa los saberes comunales y legitima la supuesta superioridad técnica del mercado. Las relaciones de poder se territorializan mediante apropiaciones diferenciadas de la naturaleza que generan segregación, explotación y despojo. En esa estructura, la dominación se materializa en el espacio, transformando los territorios en instrumentos de control y disputa simultánea

Comprender la política comunal exige analizar los niveles de autonomía frente al Estado y frente a actores locales. También requiere identificar si las prácticas comunitarias conservan compatibilidad ecológica o reproducen formas extractivas, además de reconocer si las respuestas colectivas son unitarias o fragmentarias. La historicidad étnica y regional explica por qué tanto los Estados como las corporaciones suelen desconocer las dinámicas locales. Esa falta de comprensión produce rupturas internas que son aprovechadas por actores dominantes para dividir a las comunidades y neutralizar su capacidad de resistencia

Frente a la oferta de compensaciones o rentas, algunas comunidades pactan acuerdos de mitigación; otras los rechazan desde la memoria de agravios, el arraigo identitario y la valoración moral de la tierra. Esa decisión política conforma una subjetivación colectiva en la que la indignación surge de experiencias históricas de humillación y sacrificio. Autores como Moore Jr., Thompson, Jasper y Flam destacan que la emoción sancionadora constituye un juicio moral expresado de forma colectiva. La acción depende de liderazgo, de espacios deliberativos y de estructuras organizativas capaces de sostener movilizaciones; sin ellos, la protesta se dispersa, aunque con coordinación puede transformarse en antagonismo duradero

Conclusiones

La apropiación de la naturaleza se enlaza con relaciones de poder que las teorías centradas en impactos suelen omitir. Ese vínculo material y político constituye el eje del conflicto eco-político, donde la disputa por recursos se convierte en una relación de mutua determinación entre actores. Comprenderla exige mediaciones que revelen intereses, necesidades, memorias y valoraciones que orientan cada acción colectiva.

El cambio del régimen de acumulación y del modo estatal de regulación configura un régimen socioecológico mundial que redefine las jerarquías entre clases dominantes y subalternas. Esa transformación desplaza el control de la naturaleza hacia el ámbito corporativo-estatal y obliga a comunidades rurales e indígenas a aceptar un dominio adverso o a resistirlo. Las coaliciones entre corporaciones y gobiernos, la dependencia tecnológica y la debilidad institucional de economías periféricas explican la reproducción de la subordinación.

El Estado actúa como forma política del capital al garantizar la reproducción general de la acumulación. Aunque sus orientaciones varían, mantiene como prioridad la estabilidad de las operaciones corporativas. La lógica de la acumulación convierte la ganancia en principio rector y transforma la protesta comunal o el disenso político en amenaza. Esta racionalidad genera estrategias de control que combinan consenso aparente con coerción abierta, ampliando los márgenes de conflicto.

La movilización comunal expone los antagonismos esenciales del poder que atraviesa la naturaleza. Su defensa de la tierra condensa luchas materiales, éticas e identitarias que articulan memoria y dignidad frente al despojo. El conflicto eco-político no se reduce a la disputa por recursos, sino que enfrenta dos modos de existencia: uno que concibe la naturaleza como mercancía y otro que la reconoce como fundamento colectivo de vida.