Detrás de la avaricia por los bienes naturales: militarización silenciosa en México
Azamar, Aleida [2023], "Detrás de la avaricia por los bienes naturales: militarización silenciosa en México", Aleida Azamar, Disputa por los bienes naturales: militarización y fuerzas armadas en México, México, UAM-X, Terracota, pp. 61-84, https://www.researchgate.net/publication/373717648_Disputa_por_los_biene....
Aleida Azamar Alonso, Doctora en Economía internacional y desarrollo, es investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y Coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de múltiples redes académicas, ha publicado más de 150 trabajos, coordinado libros y participado en más de 200 congresos. Sus líneas de investigación se centran en economía política, economía ecológica, extractivismo, energía, ecofeminismo y conflictos socioambientales.
La expansión de megaproyectos y la explotación de recursos naturales en México se acompaña de un reforzamiento militar del espacio público: fuerzas armadas y la Guardia Nacional asumen tareas de protección de obras y vigilancia territorial para garantizar operaciones extractivas, mientras las afectaciones ambientales, sociales y laborales alimentan confrontaciones locales que pueden escalar en violencia.
El análisis combina medidas cuantitativas inspiradas en los estudios del Centro Internacional de Bonn para Estudios de Conflictos y del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo con una lectura cualitativa que atiende cambios normativos e prácticas institucionales; así se documentan reformas constitucionales que facilitan la intervención castrense en seguridad civil y en la ejecución de infraestructura, y se ilustran intervenciones concretas en casos como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, Dos Bocas, el Proyecto Integral Morelos y el Corredor Interoceánico.
Lejos de ser un fenómeno aislado, la militarización muestra continuidad histórica pero adopta ahora una retórica de nacionalización que busca normalizar la presencia militar y desactivar cuestionamientos, lo que plantea dudas sobre la eficacia de esa estrategia para resolver conflictos y sobre sus efectos en derechos, transparencia y rendición de cuentas.
Estrategia de seguridad militar en México
Las reformas legales de 2018 y la modificación del artículo 129 de la Constitución en 2019 reordenaron la arquitectura de la seguridad pública y allanaron el camino para que las fuerzas armadas asumieran funciones que antes correspondían a cuerpos civiles; como resultado se creó la Guardia Nacional (GN), diseñada con apariencia civil pero formada y dirigida en gran medida por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR).
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) pasó a coordinar políticas, pero la formación, el entrenamiento y buena parte de la jerarquía operativa quedan bajo la tutela de la SEDENA y de la SEMAR, lo que explica la predominancia de personal castrense en la GN y la persistencia de prácticas militares en tareas de seguridad pública.
Informes internos y planes organizacionales de la SEDENA señalan la reducción progresiva del componente civil en la GN, lo que convierte la estrategia de seguridad en un proceso de militarización de facto. Ese giro desplaza énfasis del diálogo y la mediación hacia la contención y el control, erosiona la confianza ciudadana y la rendición de cuentas, y limita la capacidad institucional para abordar las causas sociales y estructurales de la violencia en contextos de conflicto por proyectos e infraestructura.
¿En qué consiste la militarización?
La reforma constitucional reciente y otros cambios legales entregaron herramientas para que la SEDENA se instale en ámbitos que antes controlaban autoridades civiles. Ese desplazamiento se cristaliza en la formación y el mando de la GN bajo influencia militar y en la adopción por parte de instituciones policiales de procedimientos de neutralización que privilegian la eliminación de objetivos sobre la gestión pacífica de conflictos.
En ese marco la distinción doctrinal entre un ejército encargado de la seguridad interior y una policía dedicada a la prevención se diluye, con el efecto práctico de que las fuerzas armadas terminan ejerciendo funciones policiales y las instituciones civiles incorporan culturas de uso de la fuerza. Las métricas cuantitativas existentes, como las propuestas por el Centro Internacional Bonn para la Conversión (BICC, actualmente Centro Internacional de Bonn para Estudios de Conflictos), apenas captan gasto y efectivos y ocultan estas transformaciones normativas y prácticas.
Describir la militarización solo con números produce una visión mutilada. Comprender la realidad exige análisis que expongan discursos, planes organizativos y rutinas operativas que permiten a las fuerzas armadas apropiarse de competencias civiles y limitar la capacidad de órganos estatales para coordinar políticas públicas.
Análisis cuantitativo de la militarización
La medición de la militarización a nivel mundial se ha apoyado en el índice elaborado por el Centro Internacional Bonn para la Conversión y el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, cuyo método clasifica a los países en función del gasto destinado al aparato de defensa, el personal reclutado y el número de armas en relación con su población. La lógica es multidimensional, pero privilegia lo económico y reduce a cifras un fenómeno atravesado por dinámicas políticas y sociales, por lo que solo ofrece una visión parcial.
El cálculo del índice global se realiza a partir de ponderaciones que normalizan los valores con el fin de evitar distorsiones y distribuyen el peso entre gasto público y recursos humanos. Bajo este esquema surgen resultados que pueden parecer contradictorios, como el caso de Israel, señalado como el país más militarizado pese a que sus cifras absolutas lo colocan lejos de los primeros lugares. El contraste con la población y con indicadores sociales revela que el aparato de defensa tiene un peso desproporcionado respecto al conjunto nacional.
La misma metodología ubica a Estados Unidos en posiciones inferiores, aunque concentra el gasto militar más alto del planeta. La magnitud de su economía y su población diluyen la proporción, lo que muestra el sesgo de los indicadores y la capacidad de las grandes potencias para encubrir niveles de militarización con el manto de sus dimensiones económicas.
En América Latina, las dictaduras del siglo pasado dejaron cuerpos de seguridad con rasgos castrenses que aún sostienen prácticas violentas, visibles en Chile, Colombia o Brasil. En contraste, México aparece con bajo nivel de militarización según el índice, aunque la realidad demuestra lo contrario desde que el ejército fue desplegado en tareas de seguridad pública y en la contención de resistencias frente al extractivismo.
La brecha entre la medición cuantitativa y la experiencia social revela que el problema no se limita al dinero invertido, sino a la penetración de lógicas militares en instituciones civiles y al uso de la fuerza armada para reprimir protestas.
Este enfoque muestra sus límites al reducir la complejidad de la militarización a números que nunca reflejan del todo la violencia estructural que conlleva. La expansión de los cuerpos castrenses sobre funciones civiles y la subordinación de comunidades frente a proyectos extractivos exponen que detrás de cada índice hay realidades ocultas que escapan al análisis estadístico.
Intensificación del extractivismo a través de la militarización
En Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) denunció la amenaza que representa el avance del Tren Maya en territorios autónomos. Los tramos más vigilados son precisamente los controlados por la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se han desplegado tropas armadas para contener la resistencia. Desde 1994 el EZLN sostiene un control comunal en Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, y la presencia militar se lee como una provocación dirigida a quebrar la autonomía indígena.
La militarización también llegó a Michoacán. La comunidad de Cherán, que en 2008 expulsó a talamontes y autoridades locales para establecer su policía comunitaria, enfrenta hoy un notable incremento de patrullajes militares y de la Guardia Nacional. Lejos de fortalecer la seguridad, este despliegue genera tensión y revive temores de choques con la organización comunal que sostiene la defensa del bosque.
En paralelo se consolidó un cuerpo especializado: la policía minera. Creada en 2020 para custodiar recursos estratégicos, pronto se orientó a la protección de proyectos privados como los de Fresnillo plc en Sonora. Recluta exmilitares y elementos de la Guardia Nacional, funcionando como guardia corporativa. Su existencia confirma la prioridad del Estado por resguardar los intereses extractivos frente a los reclamos comunitarios. Algo similar ocurrió en Puebla, donde la Guardia Nacional desalojó violentamente a comunidades que mantenían ocupada la planta embotelladora de Bonafont.
Los megaproyectos más relevantes de este sexenio quedaron en manos militares. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fue construido y administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, con miles de especialistas castrenses movilizados y un presupuesto que se duplicó respecto al inicial. La Refinería de Dos Bocas en Tabasco también multiplicó su costo y estuvo marcada por conflictos laborales reprimidos por la policía militar.
El Proyecto Integral Morelos, con sus termoeléctricas y gasoductos, fue aprobado bajo una consulta vigilada por soldados y acompañado por el asesinato de Samir Flores. El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se colocó bajo administración de la Secretaría de Marina, con promesas incumplidas hacia comunidades que hoy rechazan el proyecto.
El Tren Maya, además de atravesar territorios indígenas, simula consultas locales bajo presencia armada e intimida a la población. Las denuncias de violencia contra mujeres y los constantes desalojos exponen cómo el ejército se convirtió en constructor y policía al mismo tiempo. En los tramos donde opera la Secretaría de la Defensa Nacional, la resistencia es más férrea y el despliegue militar más agresivo.
El extractivismo militarizado no se limita a obras de infraestructura. La inclusión de las fuerzas armadas en sectores civiles como la construcción redujo ingresos fiscales, porque las obras del ejército se realizan sin impuestos y con opacidad legal. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción señaló la forma en que este esquema erosiona tanto la economía pública como la privada, al tiempo que refuerza económicamente a las propias instituciones castrenses.
Conclusiones
El despliegue militar se ha convertido en la herramienta predilecta del Estado mexicano. A fuerza de reformas y ajustes legales, se abrió la puerta para que el ejército extendiera su dominio más allá de sus funciones originales, convirtiéndose en actor central de la seguridad y de los megaproyectos extractivos e industriales. Esta apropiación de atribuciones rompió los límites del pacto social y subordinó las instituciones civiles.
La militarización no significó un avance en seguridad, sino lo contrario. Las fuerzas armadas, diseñadas para la confrontación directa, operan bajo la lógica de neutralizar objetivos, lo que multiplica la violencia en comunidades que resisten despojos territoriales y obras de infraestructura. La Guardia Nacional se fortaleció con mandos militares, pero la violencia homicida no se redujo, lo que revela la fragilidad de la policía civil que quedó sin inversión ni capacitación.
En paralelo, el ejército se transformó en contratista de obras públicas y absorbió recursos colosales. Cada proyecto ejecutado bajo su control se caracteriza por opacidad, sobrecostos y demoras, sin generar mejoras sustantivas respecto a constructoras civiles. Esta dinámica refuerza sus privilegios económicos y coloca a las empresas privadas en desventaja frente a un competidor favorecido por el poder político.
El saldo es la consolidación de un modelo en el que los militares garantizan la continuidad de la acumulación de capital a través de la violencia y el control de territorios. Lejos de resolver problemas de seguridad o de desarrollo, la militarización asegura la expansión de un poder castrense con capacidad de imponer, vigilar y desplazar cualquier resistencia social.
1) De acuerdo con Global Peace Index, publicado por el Institute for Economics and Peace (2022), México ocupa el lugar 137 de 163 respecto a violencia en el mundo, debido sobre todo al gran número de homicidios provocados por conflictos internos.
2) En 2017, Israel registró gasto en defensa de 19 miles de millones según la base que usa el Centro Internacional Bonn para la Conversión (BICC), cifra intermedia en términos absolutos, pero el índice lo ubicó con militarización muy alta por la proporcionalidad entre su aparato de defensa y su población y por el peso relativo que asigna la metodología.
3) En 2019, México acumuló más de 800 conflictos socioambientales en minería, hidrocarburos, agua, bosques e infraestructura, con presencia castrense (cuerpo militar) en varios casos, mientras la aceleración normativa y la formación de la Guardia Nacional bajo la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) no quedaron reflejadas de forma plena en la medición cuantitativa del Centro Internacional Bonn para la Conversión (BICC).
4) En 2022 el conjunto de obras militares en la zona norte del país, como el libramiento ferroviario en Nogales, la reubicación de la aduana de Estados Unidos y la vía elevada en Tijuana, superó un estimado de 30 miles de millones de pesos mexicanos. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles inició con un presupuesto de 75 miles de millones de pesos mexicanos, pero en 2022 ya alcanzaba 125 miles de millones de pesos mexicanos, además movilizó más de 40 mil empleos y cerca de mil especialistas militares.
5) El Tren Maya fue calculado inicialmente en 144 miles de millones de pesos mexicanos, sin embargo en 2022 la cifra se elevó a 200 miles de millones de pesos mexicanos. La Refinería de Dos Bocas en Tabasco comenzó con un presupuesto de 154 miles de millones de pesos mexicanos, pero en 2022 se estimaba en casi 293 miles de millones de pesos mexicanos. El Proyecto Integral Morelos incluyó termoeléctricas iniciadas en 2012 y concluidas en 2015, aunque su operación se autorizó hasta 2021 tras una consulta realizada en 2019 bajo vigilancia militar.
6) En 2018, Estados Unidos reportó gasto militar de 650 mil millones con población superior a 300 millones y un peso cercano a 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB), y aun así la ponderación del Centro Internacional Bonn para la Conversión (BICC) lo situó lejos de los primeros lugares debido al efecto de su tamaño económico y demográfico sobre los cocientes.
7) En la gráfica 1 se muestra que entre 2004 y 2021 la violencia homicida en México mostró un crecimiento abrupto que expone la incapacidad del Estado para contenerla. Los niveles iniciales eran relativamente bajos y estables, pero a partir de 2008 se dispararon con fuerza hasta marcar un punto crítico en 2011. La caída que siguió resultó breve y en 2015 comenzó otra escalada que llevó las cifras a su punto más alto en 2018 y 2019. Aunque en 2021 los números se redujeron un poco, el nivel se mantuvo muy por encima del de los primeros años de la serie, dejando claro que la violencia se consolidó como una constante.
8) Conforme a la gráfica 2, se observa que en 2021 la Guardia Nacional se integró principalmente con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que representa la mayor parte de sus efectivos. Le siguen los elementos que provienen de la Policía Federal y, en menor proporción, los de la Secretaría de Marina (SEMAR).
9) El cuadro del índice de militarización elaborado por el Centro Internacional Bonn para la Conversión (BICC) muestra cómo se distribuyen los factores que permiten medir el peso del aparato castrense en un país. Se distinguen tres grandes categorías: gastos, personal y armamento. En la primera se incluyen las erogaciones militares en comparación con el producto interno bruto y con el gasto en salud. En la segunda se consideran tanto el número de efectivos y paramilitares frente al total de habitantes como las reservas disponibles y la proporción respecto al número de médicos. Finalmente, el rubro de armamento se centra en las armas pesadas calculadas en relación con la población.
10) El índice BICC de militarización en América Latina revela trayectorias contrastantes. México sobresale con un crecimiento sostenido que lo coloca en 2021 por encima de todos los demás países, seguido de cerca por Argentina. Brasil, que mantenía valores moderados hasta 2017, presenta un incremento abrupto que lo aproxima a los niveles más altos.
Por el contrario, Colombia y Chile mantienen índices más bajos y relativamente estables, aunque con ligeras oscilaciones en dos décadas. La gráfica muestra que México no solo conserva una tendencia ascendente constante, sino que termina por consolidarse como el país con mayor militarización en la región, marcando una clara distancia frente al resto.
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Los últimos gobiernos han usado a las fuerzas armadas como su herramienta predilecta para imponer miedo en lugar de justicia. Con reformas a modo y cambios constitucionales entregaron al ejército y a la Marina funciones que nunca debieron asumir. En lugar de fortalecer a las policías civiles, eligieron militarizar el país, disfrazando esta estrategia como solución a la violencia, cuando en realidad profundizó los problemas y dejó a las instituciones civiles en ruina.
El ejército hoy no solo patrulla calles, también construye aeropuertos, refinerías y trenes, mientras concentra recursos públicos con total opacidad. Se volvió contratista y juez al mismo tiempo, protegido por un blindaje político que lo exime de rendir cuentas. Los proyectos que encabeza están manchados por sobrecostos, retrasos y conflictos sociales, pero se mantienen a toda costa para garantizar la continuidad de intereses económicos.
La Marina tampoco queda fuera de este desvío. Su función debería centrarse en vigilar los mares, salvaguardar los puertos, aplicar la legislación marítima y proteger ecosistemas clave con especies endémicas. En cambio, fue arrastrada a obras de infraestructura lejos del litoral, mientras el contrabando, la pesca ilegal y la devastación marina avanzan sin una respuesta contundente.
La militarización se consolidó como política de Estado, no como solución de seguridad, sino como un modelo de control territorial y de protección de negocios disfrazados de desarrollo. Al convertir al ejército y a la Marina en pilares de los megaproyectos y guardianes de intereses privados, los gobiernos renunciaron a su responsabilidad con la sociedad, deterioraron la vida democrática y redujeron el futuro del país a una ecuación de obediencia y miedo.
