Alejandra Toscana Aparicio es doctora en Estudios Latinoamericanos y profesora-investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Sus líneas de investigación se centran en política ambiental, energía y conflictos socioambientales en América Latina.
Pedro Canales Hernández es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana y profesor-investigador en la misma institución. Su trabajo académico aborda temas de economía política, energía, recursos naturales y procesos de globalización en México y América Latina.

Introducción

La introducción contextualiza el deterioro de la política ambiental en México durante los últimos años y plantea que existe un desfase significativo entre los compromisos públicos del Estado mexicano y las acciones implementadas en materia de protección ambiental, cambio climático y transición energética. El texto señala que, pese a que México ha firmado múltiples acuerdos internacionales y ha incorporado metas climáticas en su normativa interna, las políticas públicas recientes muestran retrocesos sustantivos, especialmente en términos de prevención de impactos, respeto a los derechos socioambientales y fortalecimiento institucional.

El documento destaca que este rezago se hace evidente en proyectos de infraestructura de gran escala impulsados por el gobierno federal, los cuales han sido priorizados sin evaluaciones rigurosas, con debilidades en los procesos de consulta y con afectaciones a ecosistemas y comunidades locales. En este sentido, la introducción presenta la refinería Olmeca de Dos Bocas como un caso emblemático que permite ilustrar la brecha entre discurso y práctica en materia de transición energética y combate al cambio climático.

Asimismo, el artículo plantea que la política ambiental mexicana se encuentra atravesada por prácticas de opacidad, corrupción, militarización de territorios, criminalización de la protesta socioambiental y debilitamiento institucional. Esto ha generado un escenario donde las decisiones estratégicas se toman sin incorporar participación ciudadana efectiva, sin considerar impactos acumulativos y sin mecanismos de transparencia robustos. La introducción establece que este conjunto de factores ha limitado la capacidad del país para avanzar hacia modelos de desarrollo compatibles con la justicia ambiental y la mitigación del cambio climático.

Finalmente, el texto subraya que el análisis del caso Dos Bocas permite observar la articulación entre decisiones energéticas, modelos de gobernanza, riesgos tecnológicos y socioambientales, y los efectos directos sobre comunidades locales. La introducción concluye que este estudio de caso es fundamental para comprender los rezagos estructurales de la política ambiental mexicana y para reflexionar sobre la urgencia de una transformación profunda en las formas de concebir y gestionar el territorio, los recursos naturales y las infraestructuras estratégicas.

El cambio climático y los compromisos de México

El texto expone que México ha asumido compromisos climáticos internacionales a través del Acuerdo de París, principalmente mediante sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por su sigla en inglés). Estos compromisos plantean metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, adaptación y fortalecimiento de la resiliencia. Sin embargo, el documento señala que dichas metas han sido consideradas insuficientes por organismos internacionales, ya que no son compatibles con trayectorias que limiten el calentamiento global por debajo de 1.5 °C. Además, el país enfrenta rezagos estructurales en la actualización de las NDC, la implementación de políticas sectoriales y la generación de información pública necesaria para su evaluación.

Por otra parte, el texto describe que durante los gobiernos de Vicente Fox (2000–2006) y Felipe Calderón (2006–2012) se consolidó la arquitectura institucional del cambio climático en México. Bajo Fox se fortalecieron programas orientados a integrar el discurso ambiental en políticas públicas, especialmente a través del crecimiento de dependencias y órganos vinculados a la protección ambiental. En esta etapa se impulsaron reformas relevantes a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que desde su creación en 1988 constituye el marco normativo base de la política ambiental mexicana. Durante el sexenio de Fox se promovieron instrumentos de ordenamiento ecológico y se establecieron lineamientos para la gestión de recursos naturales, aunque con capacidades institucionales aún limitadas.

El documento explica que con el gobierno de Felipe Calderón se dio un salto en la formalización de la política climática. Bajo este sexenio se elaboró la primera Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC, 2009), instrumento rector que definió directrices para mitigación y adaptación en sectores como energía, transporte, uso del suelo y recursos hídricos. Asimismo, Calderón impulsó fuertemente la política climática como parte de su agenda internacional, presentando a México como líder climático, especialmente durante la COP16 en Cancún. Aunque estos avances consolidaron una narrativa de compromiso climático, el documento señala que coexistieron con una expansión acelerada de megaproyectos extractivos y energéticos, lo que generó una contradicción estructural entre el discurso ambiental y el modelo económico dependiente del petróleo y la minería.

El texto destaca que durante esta etapa también se avanzó en instrumentos institucionales que más tarde se integrarían en la Ley General de Cambio Climático (LGCC), promulgada en 2012. Este marco normativo creó el Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC), una estructura intergubernamental que articula dependencias federales, gobiernos estatales y municipales, y que incluye al Consejo de Cambio Climático como órgano consultivo. A pesar de su amplitud, el documento indica que el SINACC ha funcionado con recursos limitados y sin mecanismos vinculantes que obliguen a las instituciones a cumplir metas climáticas, lo que ha reducido su efectividad.

Finalmente, el documento subraya que, aunque México ha asumido compromisos internacionales —como el Acuerdo de París y sus NDC—, la ejecución real de estos compromisos muestra un retroceso notable en los últimos años. Las metas condicionadas y no condicionadas han sido consideradas insuficientes por organismos internacionales, mientras que la política energética nacional continúa priorizando combustibles fósiles y proyectos de infraestructura intensivos en emisiones. El texto advierte que, pese a contar con un andamiaje jurídico amplio, México enfrenta rezagos importantes en la alineación entre su legislación climática y las decisiones energéticas, económicas y territoriales que definen sus emisiones de corto y largo plazo.

La refinería Olmeca de Dos Bocas

El documento describe que la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, se convirtió en uno de los proyectos emblemáticos del gobierno mexicano durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentándose como una obra estratégica para avanzar hacia la autosuficiencia energética y reducir la dependencia de combustibles importados. Se señala que, desde su anuncio, el proyecto fue clasificado como “prioritario y de seguridad nacional”, lo cual permitió acelerar trámites, modificar procedimientos administrativos y restringir acceso a información pública relacionada con estudios técnicos, impactos ambientales y autorizaciones sectoriales. Según el texto, esta clasificación facilitó un manejo discrecional de los procesos de aprobación y justificó la opacidad en torno a decisiones clave.

El documento expone que, pese a la magnitud del proyecto, la construcción inició sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) debidamente aprobada, lo cual representó una violación directa al marco legal vigente. La Secretaría de Energía argumentó que el proyecto podía comenzar mediante autorizaciones condicionadas y procedimientos extraordinarios, mientras que organizaciones y especialistas señalaron que tales decisiones comprometían la legalidad del proceso. El texto destaca que la MIA definitiva fue autorizada cuando la obra ya estaba en marcha, en un contexto donde los análisis de impactos acumulativos, riesgos tecnológicos y afectaciones a ecosistemas costeros quedaron limitados o incompletos.

El artículo subraya que Dos Bocas se localiza en una zona altamente vulnerable a inundaciones, erosión y variabilidad climática. La región es considerada un sitio de riesgo por la presencia de manglares, humedales y terrenos inestables que funcionan como barrera natural frente a eventos hidrometeorológicos. El documento señala que la remoción de vegetación, el relleno de humedales y el dragado acelerado modificaron dinámicas ecológicas fundamentales y expusieron aún más el territorio a contingencias ambientales y climáticas. Asimismo, se mencionan impactos asociados al aumento de tráfico marítimo y terrestre, la generación de residuos y las emisiones derivadas de las operaciones de refinación.

Finalmente, el texto aborda que el proyecto ha implicado costos económicos significativamente superiores a los presupuestados inicialmente. Se destaca que el monto final se triplicó respecto a las estimaciones originales y que diversos informes oficiales reconocen retrasos, ajustes técnicos y ampliaciones presupuestales. Según el documento, estos sobrecostos y modificaciones se relacionan con la premura política por finalizar la obra dentro del periodo presidencial, lo cual influyó en la toma de decisiones técnicas y administrativas. La refinería es presentada como un caso paradigmático de cómo la prioridad política otorgada a megaproyectos energéticos puede situarse por encima de criterios ambientales, técnicos y financieros, generando incertidumbre sobre sus impactos a largo plazo.

La cuestión de la corrupción

El documento expone que la construcción y operación de la refinería Olmeca en Dos Bocas se ha visto atravesada por múltiples señalamientos de corrupción, irregularidades administrativas y opacidad en el manejo de recursos públicos. Se describe que la obra fue adjudicada sin una licitación pública convencional, utilizando procedimientos excepcionales que limitaron la transparencia en la selección de empresas contratistas, el diseño de los contratos y la supervisión de gastos. El análisis señala que la Secretaría de Energía (SENER) y Petróleos Mexicanos (PEMEX) concentraron un control extraordinario sobre los procesos de decisión, reduciendo los mecanismos de contrapeso institucionales y debilitando las facultades de fiscalización de órganos como la Auditoría Superior de la Federación.

El texto indica que la refinería ha presentado sobrecostos significativos respecto al presupuesto originalmente anunciado, lo que ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia del gasto y la existencia de posibles desvíos. Se documenta que los costos estimados pasaron de 8 mil millones de dólares a cifras que superan ampliamente los 16 mil millones, sin que las autoridades hayan proporcionado información detallada sobre las modificaciones del presupuesto, los contratos involucrados o los criterios técnicos que explican dichos incrementos. Asimismo, el documento señala que la falta de claridad en los informes públicos dificulta identificar las responsabilidades administrativas y limita la capacidad ciudadana de exigir rendición de cuentas.

El artículo también aborda la participación de empresas privadas vinculadas a actores políticos cercanos al gobierno federal en contratos asociados a la obra. Se menciona que diversas investigaciones periodísticas y reportes de organizaciones civiles han identificado redes empresariales beneficiadas por adjudicaciones directas y por contratos derivados de ampliaciones presupuestales. El texto sostiene que estos señalamientos no han sido aclarados por las dependencias correspondientes y que la información oficial permanece fragmentada o incompleta, lo que favorece condiciones para posibles actos de colusión o conflictos de interés.

Finalmente, el documento subraya que la lógica de “seguridad nacional” utilizada para blindar información relacionada con la refinería ha restringido aún más la transparencia. Bajo este argumento, se han reservado documentos, evaluaciones técnicas, impactos ambientales y detalles presupuestarios, lo que impide auditorías completas y limita el escrutinio público sobre una de las obras de infraestructura más grandes del sexenio. La sección concluye que la combinación de adjudicaciones directas, sobrecostos crecientes, reservas de información y ausencia de mecanismos claros de supervisión institucional configura un escenario propicio para la corrupción y profundiza la opacidad en la política energética de México.

La gestión de riesgos tecnológicos y socioambientales

El documento expone que la gestión de riesgos asociados a megaproyectos de infraestructura energética en México presenta rezagos estructurales que se reflejan en insuficiencias normativas, omisiones institucionales y una aplicación limitada de los instrumentos de evaluación ambiental. La refinería Olmeca de Dos Bocas es tomada como caso emblemático debido al volumen de sustancias peligrosas involucradas en los procesos de refinación y almacenamiento, los riesgos inherentes a su operación en una zona costera vulnerable y el acelerado ritmo de construcción al que fue sometida. El texto señala que el proyecto debió haberse sometido a evaluaciones integrales de riesgo tecnológico, análisis de probabilidad de accidentes mayores y planes de respuesta articulados con sistemas urbanos y ambientales locales, los cuales no se realizaron a la escala requerida.

El artículo detalla que la evaluación de impacto ambiental (EIA) y las MIA presentadas para Dos Bocas fueron fragmentadas, con estudios parciales que no reflejaron la magnitud del complejo industrial ni el carácter acumulativo de sus impactos. Se menciona que la capacidad institucional de la SEMARNAT y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) se ha visto debilitada en los últimos años por recortes presupuestales y reestructuraciones administrativas, lo que limita la revisión técnica de proyectos con alto nivel de riesgo. Asimismo, el documento subraya que los instrumentos específicos para riesgos tecnológicos —como los estudios de riesgo, análisis de escenarios de accidente, modelación de dispersión de sustancias tóxicas y planes de protección civil— no fueron integrados de forma coherente al proceso regulatorio.

El texto resalta que la ubicación de la refinería en una zona de humedales costeros, cercana a áreas urbanas y sujeta a inundaciones recurrentes, incrementa la vulnerabilidad ante eventos extremos, incluida la posibilidad de derrames, incendios y explosiones. La región presenta además antecedentes de incidentes petroquímicos y afectaciones por la operación de infraestructura energética previa, elementos que deberían haber sido incluidos en el análisis de riesgo acumulado. Sin embargo, el documento apunta que los estudios disponibles no incorporaron suficientemente la interacción entre riesgo tecnológico e impactos socioambientales, como la contaminación de cuerpos de agua, la pérdida de servicios ecosistémicos y la exposición de comunidades locales a emisiones atmosféricas peligrosas.

Finalmente, el artículo sostiene que la ausencia de una gestión robusta de riesgos afecta tanto la seguridad industrial como la protección ambiental y social. La falta de coordinación interinstitucional entre SEMARNAT, ASEA, Protección Civil y autoridades estatales y municipales debilita la preparación ante emergencias y la capacidad de respuesta en caso de accidentes mayores. Además, la falta de transparencia en la publicación de estudios técnicos impide que la sociedad civil y las comunidades locales evalúen los riesgos reales asociados al proyecto. De esta manera el documento concluye que la gestión de riesgos en México permanece rezagada respecto a estándares internacionales, lo que coloca a la población y a los ecosistemas en una situación de mayor vulnerabilidad frente a megaproyectos energéticos como la refinería de Dos Bocas.

La militarización y sanción de la protesta

El texto señala que, en el contexto de los megaproyectos energéticos y de infraestructura impulsados durante la actual administración, la militarización se ha consolidado como un eje central de la política pública. La participación de las Fuerzas Armadas se extiende más allá de tareas de seguridad, incorporándose a funciones administrativas, logísticas y operativas en obras estratégicas como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la Refinería Olmeca de Dos Bocas. La asignación de estas obras a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR) ha generado un entorno en el que el seguimiento, vigilancia y control territorial se realiza mediante dispositivos militares que reemplazan o subordinan a autoridades civiles. El capítulo subraya que esto ha favorecido condiciones restrictivas para la vigilancia ciudadana, la transparencia y el ejercicio de derechos colectivos.

El documento describe que la militarización se articula con mecanismos de sanción hacia procesos de protesta social en territorios donde se instalan megaproyectos. En comunidades rurales e indígenas, la resistencia a obras energéticas y a actividades industriales —como refinerías, gasoductos, termoeléctricas o corredores logísticos— se ha encontrado con la presencia de cuerpos militares y de seguridad pública que limitan la movilidad, documentan la actividad de defensores del territorio e intervienen para dispersar manifestaciones. El texto indica que estas intervenciones han derivado en criminalización de liderazgos comunitarios, denuncias por intimidación y la apertura de carpetas de investigación contra habitantes que participan en procesos de organización territorial o en defensa del medio ambiente.

El capítulo también destaca que la declaración de los megaproyectos como “de seguridad nacional” amplía de manera significativa el margen legal para restringir el acceso a información, limitar la deliberación pública y justificar la intervención de fuerzas militares. Esta clasificación permite acelerar permisos, reducir evaluaciones ambientales y blindar obras estratégicas frente a litigios o mecanismos de participación social. Además, la consideración de estos proyectos como esenciales para el desarrollo nacional ha permitido establecer perímetros de seguridad y operativos de control que afectan la vida cotidiana de las comunidades, modifican rutas de tránsito y dificultan la celebración de asambleas o actos públicos de oposición.

Finalmente, el texto señala que la militarización y la sanción de la protesta se desarrollan en un contexto donde defensores ambientales en México enfrentan un alto nivel de riesgo. Organizaciones locales e internacionales han documentado agresiones, amenazas y asesinatos vinculados a conflictos socioambientales, especialmente en regiones donde convergen megaproyectos, actividades extractivas y disputas territoriales. El capítulo sostiene que este entorno inhibe la participación social en temas ambientales y debilita los procesos comunitarios de vigilancia y protección del territorio. La sección concluye que la creciente presencia militar en la política ambiental y energética constituye un componente estructural del rezago institucional, al limitar el debate público, restringir derechos y profundizar escenarios de conflictividad en las regiones donde se instalan obras estratégicas.

El Programa Especial para el Cambio Climático

El texto señala que el Programa Especial para el Cambio Climático (PECC) es uno de los instrumentos de planeación más relevantes dentro de la política climática mexicana, pues aterriza de manera operativa los objetivos contenidos en la Ley General de Cambio Climático (LGCC) y en los compromisos internacionales del país. De acuerdo con el documento, el PECC está diseñado para establecer acciones específicas de mitigación y adaptación, asignar responsabilidades institucionales y definir indicadores de seguimiento que permitan evaluar el desempeño gubernamental en materia climática. La autora destaca que el programa ha tenido varias versiones a lo largo de distintas administraciones, pero presenta inconsistencias importantes entre su diseño técnico y su implementación real, lo que ha limitado su efectividad.

En el periodo analizado, se subraya que el PECC experimentó un vacío operativo debido a retrasos en su publicación y a la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional. El documento sostiene que, aunque el programa establece líneas de acción para sectores estratégicos —como energía, transporte, bosques, agricultura y ordenamiento territorial—, la falta de articulación entre dependencias y la reducción de capacidades institucionales impidieron que las metas se integraran de manera transversal en las políticas públicas. Asimismo, se señala que las dependencias involucradas carecieron de recursos suficientes y de personal especializado, lo que contribuyó a que varias acciones quedaran sin ejecución o se implementaran de forma parcial.

Otro problema señalado es la desalineación entre el PECC y otras políticas sectoriales, especialmente en el caso del sector energético. El texto menciona que la apuesta gubernamental por megaproyectos fósiles —como la expansión de refinerías, el aumento de la capacidad termoeléctrica y la promoción de combustibles fósiles como insumo estratégico— es incompatible con los objetivos del PECC en materia de reducción de emisiones. Esta contradicción estructural provocó que la política climática quedara subordinada a las prioridades energéticas y económicas del gobierno federal, lo que, según el análisis del documento, redujo el alcance del programa como instrumento de transición y planificación climática de largo plazo.

Finalmente, la autora destaca que el PECC careció de mecanismos de participación social significativos y de herramientas sólidas de monitoreo y evaluación. La falta de transparencia en el seguimiento de metas, la ausencia de sistemas públicos de información accesible y la carencia de evaluaciones independientes limitaron la capacidad del programa para generar rendición de cuentas. Cabalmente, el documento concluye que el PECC, pese a ser un instrumento normativamente robusto, ha sido debilitado por la falta de articulación institucional, la contradicción con políticas energéticas dominantes y la ausencia de mecanismos efectivos de gobernanza climática, lo que ha contribuido al rezago general de la política ambiental en México.

Afectaciones sociales y ambientales locales

El documento expone que los megaproyectos impulsados en los últimos años —incluyendo la Refinería Olmeca de Dos Bocas, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya— han generado afectaciones socioambientales significativas en las regiones donde se desarrollan. Según el texto, estas afectaciones se derivan tanto de los procesos de construcción como de los cambios estructurales que estos proyectos introducen en los territorios. En el caso de Dos Bocas, el artículo destaca que la transformación de humedales, manglares y cuerpos de agua ha alterado ecosistemas de alta sensibilidad ecológica, provocando pérdida de biodiversidad y fragmentación de hábitats. Estas alteraciones también han afectado la capacidad de los ecosistemas locales para proveer servicios ambientales como protección contra inundaciones, regulación hídrica y captura de carbono.

El texto resalta que las comunidades aledañas han enfrentado impactos directos en sus medios de vida tradicionales. En zonas costeras de Tabasco, pescadores, recolectores de moluscos y comunidades dedicadas a actividades de subsistencia han reportado disminución en la disponibilidad de recursos marinos y dificultades crecientes para acceder a áreas que históricamente han utilizado. Los procesos de relleno de terrenos, dragados y modificaciones al litoral han influido en la calidad del agua y en los ciclos reproductivos de especies locales. Las comunidades también han señalado afectaciones a la salud vinculadas a la exposición a polvo, ruido, tránsito constante de maquinaria pesada y contaminación derivada de derrames o fugas en zonas industriales ampliadas.

El documento indica que, en muchas de estas regiones, las afectaciones socioambientales se han profundizado debido a deficiencias en la evaluación de impacto ambiental. Se mencionan irregularidades como autorizaciones fragmentadas, omisiones en la identificación de riesgos, falta de análisis acumulativos y ausencia de mecanismos de consulta adecuados para pueblos y comunidades. Estas omisiones han generado escenarios en los que los proyectos avanzan sin considerar de manera integral las dinámicas ecológicas del territorio ni las necesidades, preocupaciones o derechos colectivos de las poblaciones locales. El texto subraya que, en varios casos, los impactos reales superan por mucho lo establecido en las evaluaciones iniciales.

Finalmente, el documento apunta que las afectaciones no se limitan a lo ambiental, sino que incluyen procesos de despojo, conflictividad social y deterioro del tejido comunitario. Las comunidades han reportado presiones para vender tierras, desplazamientos indirectos por aumento del costo de vida, llegada de actores externos y tensiones internas provocadas por desigualdades en la distribución de beneficios. Asimismo, la presencia de fuerzas de seguridad y la participación del ejército en las obras ha generado un ambiente de vigilancia y control que inhibe la organización social y la protesta. El capítulo concluye que los impactos locales de los megaproyectos reflejan los rezagos en la política ambiental y la ausencia de una estrategia de desarrollo que incorpore justicia socioambiental y participación plena de las comunidades afectadas.

Conclusiones

El capítulo concluye que la política ambiental mexicana presenta rezagos estructurales que impiden avanzar hacia una acción climática coherente y de largo plazo. Se señala que, aunque México ha construido un andamiaje institucional relevante —incluyendo la LGEEPA, el Sistema Nacional de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Especial para el Cambio Climático—, su implementación ha sido intermitente y vulnerable a los cambios sexenales. Como resultado, los avances normativos no se traducen en transformaciones materiales en territorio, particularmente frente al aumento de riesgos sociales, ambientales y climáticos. El texto destaca que estos rezagos se profundizan cuando los proyectos prioritarios del Ejecutivo federal —como la Refinería Olmeca de Dos Bocas— se orientan hacia combustibles fósiles, lo cual limita la capacidad del país para cumplir con sus compromisos internacionales.

El documento subraya que la articulación entre política energética, política ambiental y compromisos climáticos es contradictoria. Mientras México mantiene compromisos formales en materia de mitigación y adaptación, las inversiones públicas continúan dirigidas a expandir infraestructura fósil y reforzar instituciones militarizadas para vigilar, gestionar y garantizar la realización de megaproyectos. Esto genera tensiones entre los marcos institucionales diseñados para enfrentar el cambio climático y las decisiones ejecutivas que priorizan objetivos de seguridad energética en el corto plazo. El capítulo indica que la falta de coordinación interinstitucional, así como la ausencia de mecanismos de evaluación transparentes, dificulta el cumplimiento efectivo de las metas climáticas anunciadas.

El análisis final destaca que la militarización y la criminalización de la protesta constituyen un elemento transversal que obstaculiza la gobernanza ambiental. El uso de instituciones castrenses en la ejecución de megaproyectos, la vigilancia territorial y la gestión de riesgos modifica el papel tradicional del Estado en materia ambiental y desplaza canales civiles de rendición de cuentas. De forma paralela, la presencia de la Secretaría de Marina en la operación de Dos Bocas intensifica la opacidad sobre los impactos socioambientales, al mismo tiempo que reduce los espacios de participación social. El capítulo concluye que estas dinámicas debilitan la capacidad del Estado para actuar de manera preventiva frente a los riesgos medioambientales y aumentan la conflictividad socioecológica en regiones estratégicas.

Finalmente, el texto sostiene que los rezagos identificados no pueden entenderse únicamente como fallas técnicas, sino como efectos acumulados de decisiones políticas que han privilegiado la expansión de infraestructura energética fósil, la centralización del poder ejecutivo y el debilitamiento de instituciones ambientales. Las conclusiones enfatizan que el país enfrenta un escenario en el que los marcos legales vigentes pierden capacidad para orientar la acción pública si no se acompañan de voluntad política, mecanismos de implementación, financiamiento suficiente y estructuras civiles sólidas. El capítulo cierra señalando que, sin una reorganización profunda de prioridades gubernamentales y sin fortalecer la participación comunitaria, México continuará reproduciendo vulnerabilidades ambientales, tecnológicas y sociales que limitan su capacidad de adaptación frente a la crisis climática.