Introducción

No es protección lo que trae la militarización, es sometimiento. Bajo discursos de seguridad, se impone como un engranaje que normaliza la violencia y legitima la dominación. En vez de construir sociedades estables, desgarra derechos, arrasa territorios, extrae recursos y deja a las comunidades en ruinas. El propósito real no es la seguridad humana, sino la preservación del dominio de quienes concentran el poder político y económico.

El auge militar del siglo XX mostró hasta dónde llega esta lógica depredadora. Con presupuestos desbordados, gobiernos entregados a la industria armamentista y ejércitos desplegados por todo el planeta, el resultado fue un siglo marcado por la mayor cantidad de muertes registradas en la historia. El fin de la Guerra Fría no alivió esta tendencia: la violencia se transformó, se dispersó y multiplicó en nuevas zonas, como lo demuestra la inclusión de México entre los escenarios de guerra más sangrientos.

Lo nuclear consagró esta dinámica de poder. La Guerra Fría convirtió el control de arsenales atómicos en la pieza central de la supremacía internacional, mientras alianzas como la Organización del tratado del Atlántico Norte (OTAN) o el Pacto de Varsovia aseguraban la expansión de bloques enfrentados. El 11 de septiembre de 2001 reactivó con más fuerza el uso de la fuerza: la militarización se consolidó como el corazón del capitalismo global, con un mercado bélico que lucra con cada nueva catástrofe.

La retórica de la paz es solo una máscara. Detrás de ella se esconde la exportación de prácticas violentas diseñadas para blindar los privilegios de unas élites que siguen dictando las reglas del orden mundial. Las sociedades subordinadas terminan cargando con estrategias de seguridad que no responden a sus necesidades ni amenazas, sino a los intereses de quienes controlan la maquinaria militar.

La Seguridad Humana

El colapso de la Guerra Fría no solo reordenó el mapa de poder, también expuso la fragilidad de un modelo de seguridad que giraba en torno al Estado. De ese vacío emergió una propuesta distinta: la seguridad humana, entendida como protección directa de la vida y no como preservación de fronteras o regímenes.

Este viraje puso en tela de juicio la centralidad del factor militar. La fuerza armada dejó de ser vista como sinónimo de estabilidad y se abrió paso la idea de que la seguridad debía medirse en función de la salud, el acceso a alimentos, la estabilidad económica o el cuidado del entorno natural. El individuo, no el aparato estatal, pasó a ser la referencia.

Así, la seguridad humana rompió con la visión unidimensional y reveló que las amenazas reales son múltiples y no se agotan en lo bélico. Hambre, colapso ambiental, pobreza, represión y violencia cotidiana son manifestaciones de la misma inseguridad que se oculta bajo discursos estatales de defensa.

Seguridad Política

La represión que acompaña a la militarización desfigura el sentido de la política. Lo que debería ser un espacio de derechos y participación se convierte en un terreno controlado por la fuerza, donde la presencia de soldados equivale a miedo constante y a la anulación de libertades básicas.

El efecto inmediato de este modelo es visible: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y silenciamiento de cualquier oposición. Más allá de los campos de batalla, la militarización impone una violencia cotidiana que desplaza millones de personas y convierte el exilio en condición de supervivencia.

En la práctica, los Estados que sostienen estas estrategias no garantizan seguridad, sino su contrario. La seguridad política, en vez de significar dignidad y protección de la vida, queda reducida a un mecanismo de control donde la represión sustituye a la justicia y la obediencia reemplaza a la ciudadanía.

Seguridad Comunitaria

El tejido social es la primera víctima cuando la militarización se instala en un territorio. La comunidad, que debería ser un espacio de refugio, se fragmenta bajo controles militares que imponen redadas, retenes y toques de queda. La vida cotidiana se convierte en una rutina de vigilancia permanente donde la desconfianza sustituye a la solidaridad.

La ocupación armada no solo limita la movilidad, también pulveriza los lazos de cooperación que sostienen a las personas frente a la adversidad. Allí donde antes existían redes de apoyo, aparece el miedo como norma, y la cohesión se convierte en ruina. La seguridad comunitaria deja de ser una garantía de convivencia y pasa a ser un escenario de represión y debilitamiento colectivo.

Seguridad Personal

La militarización reduce la vida humana a un botín expuesto. La violencia se multiplica en todas sus formas: guerras que arrasan comunidades, torturas que desgarran cuerpos, feminicidios que se repiten sin freno, explotación infantil que convierte a menores en mercancía, hostigamientos, robos y asaltos que refuerzan un clima de amenaza constante. La seguridad personal se desintegra bajo esta lógica, donde la existencia no se protege, se vulnera.

Los conflictos no terminan cuando se callan las armas. Sus efectos persisten en ciudades destruidas, en hospitales y escuelas inservibles, en economías estancadas y en familias desplazadas. La guerra se adhiere al suelo y a los cuerpos, transformando el tiempo de posguerra en un terreno minado de inseguridad.

Las minas son la metáfora más brutal de esta herencia. Fabricadas a bajo costo, permanecen enterradas décadas después, dispuestas a mutilar o matar a cualquiera que las pise. No distinguen edades ni condiciones, y al mismo tiempo roban la tierra cultivable, el agua, los caminos y los espacios donde deberían levantarse hogares y hospitales. Su función no termina con la batalla: siguen marcando el destino de comunidades enteras mucho después del fin del conflicto. La seguridad personal, en este escenario, ya no es derecho ni resguardo, sino una resistencia precaria frente a una violencia que se vuelve eterna.

Seguridad Alimentaria

El hambre no aparece como fenómeno aislado, sino como consecuencia directa de la guerra y la militarización. Los campos son devastados, los mercados se paralizan y el acceso a lo básico se vuelve imposible. En este contexto, el alimento deja de ser un derecho y se convierte en un arma de control político y social.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han señalado que los conflictos armados destruyen la seguridad alimentaria. El hambre no resulta de la falta global de alimentos, sino de la inaccesibilidad creada por saqueos, desplazamientos y destrucción de infraestructura. Lo que debería ser un derecho universal se reduce a privilegio manipulado por la lógica militar.

Seguridad Ambiental

El ambiente quedó atrapado en la lógica de la guerra. Los recursos naturales dejaron de ser sustento y se volvieron botín de disputa, donde la militarización asegura extracción violenta y devastación de territorios. El control de diamantes, petróleo y maderas valiosas significó muerte, desplazamiento y pobreza para comunidades enteras.

El modelo capitalista colocó el consumo de las potencias industriales por encima de la vida de los pueblos subordinados. Mientras los países centrales disfrutan de altos niveles de bienestar, las sociedades dependientes enfrentan degradación ecológica y pérdida de sus medios de supervivencia. La seguridad ambiental se borró: la naturaleza, en lugar de proteger, se convirtió en escenario de dominación y ruina.

Seguridad Económica

La economía global se sostiene sobre un desequilibrio estructural que concentra fortunas en una élite y condena a millones a la precariedad. La desigualdad no responde únicamente a la distribución injusta de la riqueza, también se intensifica en territorios sometidos a la guerra. Allí, la militarización arrasa viviendas, tierras, hospitales y escuelas, anulando cualquier posibilidad de sustento y reduciendo las opciones de vida a la mera supervivencia.

El desvío de recursos hacia el gasto militar agudiza esta situación al relegar inversiones en salud y educación. Lo que se presenta como política de seguridad socava en realidad el bienestar de las sociedades, deteriora su calidad de vida y multiplica la inseguridad económica.

Colombia ofrece un ejemplo claro de estas fracturas. La guerra prolongada y la pandemia ampliaron las brechas regionales, dejando a las comunidades rurales sin acceso real a servicios básicos. Los sectores más vulnerables, en especial mujeres, niñas, niños y activistas sociales, enfrentan una violencia cotidiana que los expone al reclutamiento, al narcotráfico y a la explotación sexual. La seguridad económica, que debería garantizar dignidad, se convirtió en privilegio reservado para unos pocos, sostenido por la violencia estructural y la lógica militar.

Seguridad en Salud

La militarización convierte la salud en un terreno de vulneración. Los conflictos no solo generan muertos y heridos, también saturan hospitales, destruyen infraestructura y bloquean la atención médica regular. Lo que debería ser un derecho universal se transforma en privilegio inalcanzable en medio de la guerra.

Haití se convirtió en ejemplo brutal de este deterioro. Bajo el amparo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Misión de Estabilización desplegada entre 2004 y 2017 dejó un saldo marcado por masacres, epidemias y abusos sexuales. En lugar de construir seguridad, los cascos azules operaron como agentes de violencia que llevaron enfermedades, asesinaron civiles y explotaron a mujeres y niñas.

Las secuelas fueron irreparables: epidemias instaladas de manera permanente, miles de muertes y cientos de miles de enfermos, además de generaciones nacidas en condiciones de violencia sexual. La militarización, lejos de resguardar la vida, erosionó el sistema sanitario y convirtió la salud pública en un campo arrasado por la guerra y el abuso.

Conclusiones

El poder global se sostiene en mecanismos que mutan según la época, pero mantienen una constante: la militarización como herramienta de control. Su función no es garantizar seguridad, sino perpetuar desigualdad. Al legitimar la dominación del norte sobre el sur, asegura privilegios para unos pocos y condena al resto al despojo permanente.