Daliri Oropeza Álvarez es fotógrafa y periodista mexicana especializada en defensa del territorio, derechos indígenas y derechos culturales. Ha colaborado en medios como El Economista, La Jornada de Oriente, Pie de Página, entre otros. En 2015 le fue otorgado el segundo lugar del XI Premio Rostros de la Discriminación «Gilberto Rincón Gallardo».

Desde el pasado 21 de agosto de 2024, la comunidad Ojital Viejo (de población totonaca) se encuentra afectada debido a la contaminación del río Cazones. Con ellos, se suma el entorno natural y los animales que cohabitan el espacio. ¿La causa? El derrame de crudo por parte de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

A 50 días del incidente, la comunidad no obtuvo respuesta por parte de la empresa ni de las autoridades. El 16 de septiembre de 2024 se vieron obligados a cerrar un tramo de la carretera Chote-Coatzintla. Con el paso del tiempo y las lluvias, la situación empeoró.

Los habitantes de Ojital denuncian sensaciones de malestar y mareo. Además de señalar que el arroyo que cruza su comunidad (y forma parte del río Cazones) perdió su tono incoloro. Asimismo, tortugas y peces desaparecieron con la llegada del combustible negro.

Por otra parte, la población depende en gran medida del suministro de agua que brinda el arroyo. Algunas personas utilizan el recurso hídrico para lavar ropa, asear el hogar o dar de beber a sus animales. La comunidad está muy preocupada.

Tata Romualdo García de Luna (maestro y guía espiritual totonaco) denuncia que, con la llegada de las exploraciones y explotaciones petroleras, su comunidad se vio afectada desde distintos frentes. En primer lugar, lamenta el hecho de que muchos campesinos sean tentados por el dinero y, de esta manera, accedan a vender sus terrenos. Esto solo propicia aún más el saqueo y explotación de sus tierras.

La violencia que reciben estas personas viene de generaciones atrás. Muchos recuerdan el saqueo de tierras y quema de chozas que vivieron en carne propia sus abuelos. Por otro lado, Romualdo comenta que la búsqueda del equilibrio natural a veces se paga con sangre. Lamenta que muchos compañeros suyos fueran silenciados con la muerte a causa de aspirar al bien común.

A pesar de los evidentes abusos y agresiones hacia su comunidad, Romualdo y sus colegas buscan soluciones desde la paz. En este sentido, tratan de concientizar a los campesinos para fortalecer los lazos entre comunidad y naturaleza. Pese a que esto no resulte nada sencillo, mantienen la esperanza.

El diagnóstico del estado de cosas es alarmante. Algunas organizaciones alertan sobre diferentes impactos en el medio natural circundante a Ojital Viejo (datos cruciales 1 y 2). Por su parte, Pemex, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente (Profepa) se hacen de la vista gorda. Se muestran negligentes y discriminatorias.

Alejandra Jiménez, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, menciona que el derrame ocurrió en la parte alta de la comunidad, cerca de un manantial. Y señala que las causas fueron la falta de mantenimiento del pozo 852 de Pemex y la posterior negligencia de la empresa para retirar el crudo derramado (dato crucial 3).

El archivo de Semarnat identifica un historial de problemáticas persistentes de esta región totonaca con Pemex y empresas privadas (datos cruciales 4 y 5). Alejandra Jiménez cuenta que no hay datos suficientes. No se registran indicadores sobre los terrenos federales donde pasan los gaseoductos y oleoductos de Pemex.

En contra parte, la misma Alejandra Jiménez, señala que, pese a la antigüedad de la actividad petrolera en la región, la comunidad carece de servicios esenciales. No disponen de universidades decentes, hospitales de calidad, doctores o medicamento suficientes.

Finalmente, los empleados de Pemex, con sus herramientas y equipo rudimentarios, no hacen más que empeorar la situación. En este contexto, lo ideal sería imponer sanciones rigurosas a Pemex y reparar el daño causado. Sin embargo, parece que hacen falta desastres en mayor cuantía y gravedad para que el Estado se digne a hacer algo. Sobre todo sí se trata de comunidades indígenas.