Tom Perkins es reportero independiente de Hamtramck, Míchigan, que escribe sobre medio ambiente, alimentación y política. Ha escrito numerosos artículos sobre la calidad del agua para medios de comunicación como The Guardian, The Detroit Metro Times, HuffPost y Civil Eats.

Las grandes empresas tecnológicas —Google, Microsoft y Amazon— dependen de centros de datos de gran escala para procesar el tráfico digital global; con el auge de la inteligencia artificial esa demanda se ha multiplicado y ha impulsado la construcción de nuevas instalaciones en múltiples regiones, muchas veces en contextos regulatorios débiles, porque esos centros requieren suministros eléctricos muy elevados y acceso masivo a agua para sus sistemas de enfriamiento.

Esos centros no solo consumen recursos: integran materiales y equipos que contienen compuestos fluorados persistentes. Los PFAS son una familia extensa de alrededor de 16 000 compuestos utilizados para hacer productos resistentes al agua, las manchas y la grasa; no se degradan naturalmente y tienden a acumularse en agua, suelos, sedimentos y en la sangre humana, y su exposición se ha ligado a cáncer, defectos al nacer, disminución de la inmunidad, alteraciones del colesterol y enfermedades hepáticas.

Actualmente hay dos modos de enfriamiento: el enfriamiento por agua que exige grandes volúmenes y que pueden incluir aditivos químicos que, liberados al ambiente, mientras que los sistemas de dos fases que emplean f gases (gases fluorados), como refrigerantes potentes que pueden presentar fugas generan un residuo de refrigerante al final de su vida útil y subproductos tóxicos.

Además, el rápido y constante reemplazo de hardware en los centros de datos lo convierte en grandes generadores de basura electrónica cuya gestión no destruye totalmente estos compuestos. Las consecuencias en comunidades alrededor de las plantas productoras de gases fluorados —como las instalaciones de Chemours en Parkersburg (Virginia Occidental) y Fayetteville (Carolina del Norte)— denuncian contaminación del agua, suelo y aire y reportan afecciones a la salud.

Una de las grandes barreras para hacerle frente a este problema es que estas empresas no están obligadas a poner a disposición publica la información sobre los volúmenes o tipos de químicos empleados, lo que deja a comunidades y reguladores sin información suficiente para medir riesgos o exigir mitigaciones. Esa opacidad alimenta la desconfianza y dificulta la política pública efectiva.

Activistas y asociaciones sin fines de lucro presionan a las autoridades, recogen testimonios de salud, llevan casos a audiencias estatales y promueven leyes que obliguen a reportes sobre PFAS y emisiones en procesos de enfriamiento; su acción es la principal palanca para forzar transparencia y controles regulatorios en ausencia de vigilancia industrial voluntaria.