Steven Levitsky es un politólogo estadounidense, profesor de gobierno y director del Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos en Harvard e investigador principal para la democracia en el Consejo de Relaciones Exteriores.

Lucan A. Way es profesor distinguido de democracia en la Universidad de Toronto, codirector del Programa Petro Jacyk para el Estudio de Ucrania y copresidente del Consejo Editorial del Journal of Democracy.

La primera elección de Donald Trump a la presidencia en 2016 provocó una enérgica defensa de las instituciones democráticas por parte de diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, en este segundo mandato existe una indiferencia generalizada hacia las amenazas constantes a la democracia estadounidense. Hoy en día la democracia se encuentra más débil que nunca en la historia moderna de Estados Unidos (dato crucial 1).

Las instituciones que deberían de proteger la democracia están fallando. Esto se demostró cuando Trump violó una de las principales reglas de la democracia al tratar de anular los resultados de una elección y bloquear una transferencia pacífica de poder. A pesar de esto, el Congreso no lo responsabilizó y el Partido Republicano terminó respaldándolo plenamente. En 2024 ganó la presidencia con una campaña abiertamente autoritaria y gracias a la decisión de la Suprema Corte cuenta con amplia impunidad en su segundo mandato.

A diferencia de su primer mandato, Trump controla por completo al Partido Republicano y declaró que solo quiere gobernar con personas leales. Lo que se avecina no es una dictadura fascista clásica sino un autoritarismo competitivo^*, en donde hay elecciones multipartidistas, las oposiciones son reales y se compite por el poder, pero el sistema no es democrático ya que el partido titular moldea el campo electoral persiguiendo y atacando a la oposición. La competencia es real pero injusta.

Durante este segundo mandato, el gobierno de Donald Trump podría usar agencias como el IRS (la oficina de impuestos), el sistema regulatorio o demandas legales para castigar a opositores, empresas críticas y medios independientes. La oposición no desaparecerá, pero será más arriesgada, lo que podría desincentivar la resistencia y facilitar el afianzamiento de un régimen autoritario, con consecuencias duraderas para la democracia estadounidense y global.

El estado como arma

La democracia estadounidense se encuentra en peligro, la represión a manifestaciones y las deportaciones masivas pueden violar las libertades civiles básicas. Sin embargo, el autoritarismo tomará una forma más sutil: la politización y la instrumentalización de la burocracia gubernamental. Los funcionarios de gobierno son actores importantes en la vida política, económica y social ya que determinan quien es perseguido, a quién se le auditan los impuestos y cuándo se aplican las normas. (dato crucial 2).

Actualmente ninguna democracia está exenta de esta politización. Por ello, Estados Unidos ha creado una serie de reglas y normas que impiden que el gobierno politice a las instituciones clave. Tras el escándalo de Watergate, Estados Unidos reforzó estas protecciones y la mayoría de los dos millones de empleados federales gozan de estabilidad laboral. Sin embargo, movimientos autoritarios recientes en países como Hungría, Polonia, India, Turquía, Venezuela y El Salvador muestran un patrón común: el despido de funcionarios profesionales y reemplazo por personas leales, particularmente en instituciones encargadas de investigar, regular o supervisar elecciones.

Trump planea replicar esa estrategia mediante la reactivación de Schedule F, un mecanismo que permitiría reclasificar a decenas de miles de empleados públicos y despedirlos sin causa para sustituirlos por aliados. Cuando los gobiernos usan el estado como arma, empleando todo su poder para perjudicar y debilitar sistemáticamente a la oposición, la democracia liberal se empieza a fracturar. Estados Unidos se encamina hacia la politización y el uso como arma de instituciones como el IRS, FBI y el Departamento de justicia.

La politización de las agencias federales servirá para investigar y procesar a rivales, acosar a la sociedad civil y proteger a los aliados del enjuiciamiento

Impacto y ley

La forma visible del uso del estado como arma es la percusión selectiva. Se suelen desplegar los ministerios de justicia, las fiscalías y agencias de inteligencia para investigar a políticos rivales, medios de comunicación, editores, periodistas, líderes empresariales, universidades y otros críticos.

Trump expresó abiertamente su intención de procesar a rivales, incluyendo a Liz Cheney y otros miembros del comité que investigaron el 6 de enero. Para facilitarlo eligió para puestos clave a figuras como la fiscal general Pam Bondi y el director del FBI Kash Patel, comprometidos con la idea de perseguir a sus “enemigos”.

Aunque muchos de estos casos no terminen en prisión por la independencia de los tribunales, las investigaciones pueden arruinar la vida de los que son perseguidos ya que generan altos costos legales, daño a la reputación y presión para sus familias.

Los esfuerzos para debilitar a las oposiciones están facilitados por un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes que empodera al Departamento del tesoro para retirar el estatus de exención fiscal a cualquier organización que considere que respalda el terrorismo, siendo el "terrorismo" definido de manera muy amplia y ambigua.

La persecución a los adversarios no se limitará al Departamento de justicia o el FBI. Otras agencias podrían ser usadas para auditar y presionar a críticos, donantes demócratas o empresas opositoras, siguiendo el ejemplo de gobiernos como el de Turquía, que utilizó auditorías fiscales para destruir medios independientes.

Los autócratas electos también usan rutinariamente demandas por difamación y otras formas de acción legal para silenciar a sus críticos en los medios. Trump ha usado litigios para desgastarlos. El sorpresivo acuerdo de ABC News pagando 15 millones de dólares para evitar un juicio por difamación demuestra cómo las acciones legales, incluso infundadas, pueden intimidar y debilitar a la prensa.

La administración Trump recurrirá al Departamento de educación contra las universidades, que como centros de activismo opositor son objetivos frecuentes de la ira de los gobiernos autoritarios competitivos. No se necesita apuntar directamente a todos sus críticos para silenciar la mayoría de ellos. Lanzar unos pocos ataques de alto perfil puede servir como un elemento de disuasión efectivo.

Trampa de miel

Un estado usado como arma no solo sirve para castigar a opositores, sino también para cooptar y comprar apoyo. Los gobiernos autoritarios competitivos usan rutinariamente la política económica y las decisiones regulatorias para recompensar a individuos, empresas y organizaciones políticamente afines. Esto ocurrió en países como Hungría, Rusia y Turquía, donde la cooperación del sector privado se aseguró mediante recompensas y castigos selectivos. Si Trump empieza a actuar de forma similar, las consecuencias políticas serán profundas ya que empresarios evitarán financiar a la oposición o apoyar a medios independientes.

Las principales empresas estadounidenses tienen mucho en juego en las decisiones arancelarias y en la adjudicación de contratos gubernamentales. Si los líderes empresariales se convencen de que es más rentable evitar financiar a candidatos de la oposición o invertir en medios independientes, cambiarán su comportamiento.

De hecho, su comportamiento ya comenzó a cambiar, poderosos CEOs que una vez criticaron el comportamiento autoritario de Trump ahora se apresuran a reunirse con él, elogiarlo y darle dinero. Gigantes como Amazon, Google, Meta, Microsoft y Toyota duplicaron sus contribuciones para su inauguración. Meta incluso eliminó su programa de verificación de datos, algo que Trump interpretó como resultado de sus amenazas legales.

Un patrón similar está surgiendo en el sector de los medios. Antes de las elecciones presidenciales de 2024, tanto The Washington Post controlado por Bezos como el propietario de Los Ángeles Times Patrick Soon-Shiong, anularon su respaldo a Kamala Harris.

Raqueta de protección

Este patrón tiene antecedentes en Estados Unidos, como durante y después de la Reconstrucción, las autoridades del Sur permitieron campañas de terror del Ku Klux Klan que consolidaron un régimen de partido único. Estados Unidos experimentó un marcado aumento de la violencia de extrema derecha durante la primera administración Trump. Después del 6 de enero de 2021, cientos de participantes fueron encarcelados y la violencia disminuyó. Sin embargo, el perdón de Trump volvió a enviar el mensaje de que la violencia política será tolerada o protegida, lo que probablemente incentive nuevas amenazas y ataques contra periodistas, críticos y opositores.

Hoy en día el Partido Republicano abandonó su compromiso con las reglas democráticas básicas, incluyendo aceptar la derrota electoral y rechazar sin ambigüedades la violencia política. Aunque presidentes anteriores también utilizaron agencias gubernamentales con fines políticos, como Hoover con el FBI o Nixon con el Departamento de justicia, el contexto actual es distinto ya que los estándares democráticos son más altos y la polarización partidista es mayor.

Además, la gran mayoría del partido republicano tiene la idea de que las instituciones estadounidenses están siendo corrompidas por ideologías de izquierda. Los movimientos autoritarios suelen abrazar la noción de que las instituciones de su país han sido contaminadas por enemigos. Este enfoque refleja estrategias de líderes autoritarios contemporáneos, como Orban en Hungría quien enseñó a sectores conservadores que el estado no debe desmontarse, sino usarse como arma política. Para sus seguidores en Estados Unidos, Hungría se convirtió en un modelo de cómo utilizar el poder ejecutivo para favorecer causas de derecha y hostigar a los opositores.

El usar al estado como un arma no es una característica nueva de la filosofía conservadora, sino una característica ancestral del autoritarismo.

¿Inmunidad total?

Es posible que la administración de Donald Trump dañe a la democracia, pero es poco probable que se consolide un régimen autoritario. Las instituciones estadounidenses son más fuertes que las de Hungría, Turquía y otros países con regímenes autoritarios competitivos. Un poder judicial independiente, el federalismo y las elecciones de mitad de período probablemente limitarán el alcance del autoritarismo de Trump.

Trump también carece del apoyo masivo que permitió a otros líderes autocráticos, como Bukele, Chávez, Fujimori o Putin, imponer reformas que consolidaron su poder. Los líderes con baja popularidad enfrentan mayores resistencias de legisladores, tribunales, la sociedad civil y aliados internos, lo que suele hacer fracasar sus intentos autoritarios, como ocurrió con Castillo, Yoon Suk-yeol y Bolsonaro.

También en comparación con otros regímenes autoritarios competitivos, las organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos están entre las mejor organizadas, financiadas y con más militantes del mundo, lo que las hace más difíciles de "reprimir".

El punto débil

Un gobierno autoritario no reprime abiertamente a la oposición. Un estado armado incrementa los costos de oponerse al gobierno, lo que lleva a que muchos críticos opten por retirarse de la vida pública o guardar silencio.

Las democracias necesitan de oposiciones fuertes. Aunque es poco probable que los críticos de Trump sean encarcelados o asesinados, el mayor costo de hacer oposición llevará a muchos de ellos a abandonar el ámbito político. Por lo tanto, las redacciones de los medios, conscientes de ser un objetivo, pueden comenzar a suavizar su cobertura crítica del gobierno.

A medida que más líderes y partidarios se autocensuran o se retiren, la oposición social disminuye. Este retraimiento ocurre de forma gradual y silenciosa, pero tiene efectos profundos; políticos prometedores abandonan sus carreras, empresarios dejan de financiar a la oposición, medios moderan sus investigaciones y universidades reprimen voces críticas por temor a represalias. Esto tendrá consecuencias colectivas ya que dañan la capacidad de resistencia democrática.

Además del debilitamiento visible, existe un daño invisible aún mayor, la oposición que nunca llega a formarse. Jóvenes profesionales evitan involucrarse y ciudadanos renuncian a protestar o participar políticamente. El resultado es una sociedad menos crítica y una oposición debilitada, lo que reduce la presión sobre un gobierno con tendencias autoritarias.

Mantener la línea

Estados Unidos está en el camino hacia el autoritarismo competitivo. La administración Trump ya ha comenzado a infiltrarse en las instituciones estatales y desplegarlas contra los oponentes. La oposición solo puede existir si se mantiene en el juego. La oposición bajo el autoritarismo competitivo puede ser desalentadora, pero sin esta, se deja el camino libre para que el autoritarismo tome el control.

^* Se trata de "un sistema en el que los partidos compiten en las elecciones, pero el abuso de poder del gobernante inclina la balanza en contra de la oposición... Bajo el autoritarismo competitivo, la arquitectura formal de la democracia, incluidas las elecciones multipartidistas, permanece intacta. Las fuerzas de oposición son legales y visibles, y compiten seriamente por el poder. Las elecciones suelen ser batallas ferozmente disputadas en las que los gobernantes tienen que sudar la gota gorda. Y de vez en cuando, los gobernantes pierden, como ocurrió en Malasia en 2018 y en Polonia en 2023. Pero el sistema no es democrático, porque los gobernantes manipulan las reglas del juego al utilizar la maquinaria gubernamental para atacar a los oponentes y cooptar a los críticos. La competencia es real, pero injusta".