La dirección desde la cual el gobierno estatal de Querétaro organiza la política pública del agua queda clara: “el agua es primero para las grandes tecnológicas, como Amazon, Microsoft, Google”. El gobierno prioriza otorgarles suministro, concesiones de tierra, incentivos fiscales y condiciones preferenciales de energía; mientras, el agua de Querétaro se reparte entre las industrias aeroespacial, automotriz y ahora también las grandes empresas tecnológicas. Estas corporaciones acaparan gran parte del recurso proveniente del Valle de San Juan del Río.

Estas grandes empresas tecnológicas controlan 66% de la capacidad de la nube informática global donde se aloja y de la que dependen la información de personas y actores públicos como centros educativos, sector salud y la gestión administrativa.

Además, estas tecnológicas están vinculadas con empresas de vigilancia y seguridad que establecen vínculos con el sector bélico. Esa infraestructura constituye una “gran base para sus negocios, que incluyen el apoyo al genocidio en Palestina y el desarrollo de sistemas extremos de vigilancia de la población”. Esto muestra que el control de la nube se traduce en poder sobre instrumentos de represión y acumulación.

Con el crecimiento de la inteligencia artificial, se demanda la construcción de centros de datos a hiperescala (“los centros de datos son la base física de las nubes de computación y del tráfico digital”), que requieren volúmenes constantes y masivos de agua y energía. Además, generan ruido permanente y reconfiguran territorios enteros bajo un régimen de escasa regulación ambiental y gran opacidad sobre consumos de agua y descargas contaminantes.

Las empresas ofrecen soluciones técnicas para disminuir el consumo de agua; sin embargo, los métodos alternativos de enfriamiento elevan de manera significativa la demanda energética, trasladando la externalidad hídrica hacia la matriz eléctrica y generando, en consecuencia, una mayor dependencia de energía fósil.

Las protestas de comunidades y colectivos exigen límites al uso industrial del agua, mayor transparencia en consumos y moratorias a nuevas instalaciones que agravan la crisis del acuífero, con un déficit anual y pozos en riesgo. La privatización de facto del servicio (la ley estatal de 2022) y la amenaza de una “doble ley” que diferencie normas para la población y para la industria, consolidan la apropiación corporativa y profundizan la desigualdad en el acceso. En ese marco la respuesta es sencilla: el agua debe priorizarse para la vida, las comunidades y la biodiversidad.