Maritza Islas Vargas es Doctora en ciencias de la sostenibilidad. Coordinadora del Grupo de Trabajo “Metabolismo social, Justicia ambiental” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).

La principal fuente de energía en la actualidad se deriva de los combustibles fósiles. La contaminación generada por la quema de hidrocarburos y su disponibilidad no renovable plantean la necesidad de una transición energética. Sin embargo, la promesa de la desfosilización y desmaterialización ha exacerbado el impacto ambiental al basarse en la demanda de minerales extraídos del Sur global.

El extractivismo es un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales, así como en la expansión hacia territorios considerados como improductivos. Además, es el principal responsable del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la crisis por contaminación y residuos (dato crucial 1). Así lo reporta el Panel Internacional de Recursos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en su informe titulado Perspectivas de recursos globales.

La explotación acelerada de acervos energéticos es un punto de quiebre entre el uso humano de la energía y en la relación social con el ambiente. La desestabilización del sistema climático ha sido provocada por las emisiones antropogénicas a partir de la Revolución Industrial, sin que haya existido un proyecto planificado de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. En la actualidad se hace evidente el límite físico del régimen energético ante el agotamiento de los hidrocarburos de fácil acceso.

Los organismos internacionales, corporaciones y gobiernos han adoptado la transición energética como solución para afrontar la crisis climática, sin embargo, esta estrategia no resuelve el problema de fondo, por el contrario, exacerba catástrofes sociales y ambientales.

El problema radica en que incluso las opciones de renovables de energía, como parques eólicos o fotovoltaicos, se encuentran bajo la lógica de crecimiento de capital que hace imposible un declive en el consumo energético. Además, privatiza los beneficios y socializa los costos ambientales.

Existe una confianza en la tecnología como medio para reducir el consumo de recursos. Esta confianza en la tecnología es una vía que apuesta por no cambiar el modelo económico basado en la acumulación infinita de ganancias.

En el capitalismo, las transiciones energéticas no conducen a una disminución del consumo energético sino en el uso de fuentes diferentes de energía que en realidad implica el aumento del uso de energía.

Se identifica una disputa entre los actores que promueven la transición energética hacia fuentes renovables. Por un lado, se encuentra quienes cuestionan si debe seguirse un modelo descentralizado de distribución de energía o si es necesario un modelo a gran escala. Por otro lado, están quienes abogan por mecanismos de mercado y de participación de capital privado.

Estas visiones, diametralmente contrarias, tienen un fondo sociopolítico y económico. Mientras la primera señala la necesidad del abandono de la lógica de crecimiento ilimitado de acumulación capitalista, la segunda apuesta por la perpetuación de la acumulación.

Otro punto importante es la geopolítica de los recursos que se necesitan para la transición energética. El extractivismo ha generado una infraestructura financiera y política a través de ciertos grupos que tienen capacidad de control sobre los territorios. Además, de las afectaciones sociales y ambientales que genera el extractivismo minero se encuentra una exacerbación de la violencia capitalista, racista y patriarcal sobre las comunidades desplazadas de sus territorios para la mercantilización de sus recursos.

Las promesas incumplibles de la transición energética

La transición energética propuesta desde el discurso hegemónico no es la solución para frenar o atenuar el cambio climático. El incremento del extractivismo fósil y minero garantizan la reproducción del sistema y sus desigualdades. Esto implica, cada año, un aumento en el consumo total de energías (dato crucial 2).

La necesidad de la transición energética está más relacionada con intereses económicos para mantener los niveles de producción y consumo que con la emergencia ambiental. Ante este escenario, la organización colectiva alternativa debe promover la descarbonización social y ambiental, la descentralización y desprivatización de las tecnologías, así como el respeto a derechos de acceso a la información y a la justicia de las comunidades afectadas.