Hacia el 2025 la especie humana se dirige a una crisis civilizatoria sin precedentes, como consecuencia de un sistema económico injusto y ecocida. Enfrentamos diferentes estados de multicrisis, en los que el cambio climático destaca como una de las principales. Podemos afirmar, incluso, que nos encontramos ante un colapso ambiental. En 2024 se superó el umbral de la temperatura de 1.5 °C, que estableció el Acuerdo de París, en 2015, para evitar el punto de inflexión ecosistémico. Los efectos de superar este umbral se presentan en todos los rincones del mundo.

En esta coyuntura de riesgo e incertidumbre, pero también de resistencia al modus operandi de las élites capitalistas, que han vulnerado las condiciones sociales y ambientales, el presente artículo pretende desenmascarar las lógicas capitalistas que operan en la diplomacia climática. Desde lo institucional y hegemónico, porque es ahí donde se toman las decisiones más importantes que definen lo que deberían hacer –o no– los estados y otros actores del sistema internacional. Desde la diplomacia climática, porque es dentro y fuera de todos los espacios de enunciación de donde se deben hacer grietas a las lógicas del actual sistema económico.

Asimismo, se pone en cuestión la efectividad de la narrativa de la transición energética, particularmente en América Latina, para atender este colapso. Es verdad que tenemos que transitar hacia energías limpias, descarbonizar la economía, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y eliminar la dependencia de los combustibles fósiles. Miles de informes científicos lo demuestran. El costo de no hacerlo serán pérdidas económicas extremas y, sobre todo y más importante, pérdidas humanas, de especies y de ecosistemas. Sin embargo, la transición, no debe servir a la continuación de las lógicas del mercado voraz, debe servir a la Tierra. No debe operar como el único medio para mitigar el cambio climático y alejarnos del colapso, debe funcionar como un mecanismo paralelo que atienda las lógicas estructurales de sobreproducción y consumo, desigualdad, acumulación de la riqueza en pocas manos y mercantilización de la vida.

Este análisis busca visibilizar las contradicciones en la cooperación internacional sobre cambio climático, que incumplen los acuerdos internacionales. Sin intenciones de anular los avances alcanzados en los foros multilaterales, ni oponerse a las energías renovables, invita a un cambio radical, sistémico, anticolonial y postcapitalista. Este cambio debería suponer una transformación profunda en nuestra forma de ser y estar en el mundo, en el que el enfoque no sea solo una transición energética, sino ante todo una transición socioecológica. No debemos conformarnos con los avances lentos o inexistentes de la diplomacia climática, que perpetúan las lógicas económicas actuales. Es imperativo luchar por una defensa genuina de la Tierra. Por ello, se presentan también alternativas y reflexiones sobre cómo replantear la diplomacia climática, priorizando la vida sobre el capital.

Panorama general de la diplomacia climática

En 2025 han transcurrido 80 años desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas (onu), más de medio siglo desde la primera conferencia del clima, en 1972, y 10 años desde el Acuerdo de París. Tres hitos del sistema multilateral y, en particular, de la cooperación internacional acerca del cambio climático. Suficiente tiempo ha pasado para considerar que, si hace décadas existían múltiples advertencias sobre la crisis ambiental, deberían presentarse avances significativos para evitar una catástrofe. Sin embargo, esa no es la realidad. El colapso ambiental está aquí y no viene solo, sino aunado a diferentes estados de multicrisis, que nos direccionan a una crisis civilizatoria.

No podemos negar que hay avances importantes para afrontar la crisis planetaria desde diferentes espacios de enunciación, incluyendo los institucionales. Empero, no responden a la urgencia requerida, ni priorizan a los grupos más vulnerables, que son los más afectados. Debemos ser críticos y contundentes: los tomadores de decisiones no están avanzando como deberían para afrontar los diferentes riesgos climáticos y multiescalares de nuestra sociedad. La misma onu enunció en 2023 que “el mundo se expone a fracasar estrepitosamente en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. De las aproximadamente 140 metas que se establecieron para cumplirlos, la mitad están lejos de seguir la trayectoria deseada; y más de 30% de estas metas no han tenido ningún avance (onu, 2023). Desde el ángulo climático la situación es similar: las acciones tomadas no están en camino de limitar la temperatura a 1.5 °C, como lo establecen varias perspectivas científicas, para evitar el colapso ambiental. De hecho, en 2024 ya se superó el margen de los 1.5 ºC, y hay 66% de probabilidades de que se rebase ese umbral de manera continua entre 2025 y 2027 (McGrath, 2023).

Los principales espacios en los que se toman las decisiones en materia ambiental, las conferencias de las partes (cop por su sigla en inglés), resultado de la Convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático (cmnucc), expresan derrotas constantes también. Desde la primera reunión, celebrada en Berlín en 1995, hace 30 años, los pasos son lentos, torpes y con titubeos. La última de ellas, la cop29, celebrada en Bakú, Azerbaiyán, no fue la excepción. Como rasgo peculiar de esta cumbre, los activistas ambientales no fueron los únicos en elevar la voz en contra de sus resultados, también algunos Estados –principalmente del Sur global– demostraron su decepción por la falta de ambición mostrada.¹ Diversos representantes abandonaron la sala de negociaciones en el último día como protesta.

Esta reunión, llamada la COP del financiamiento, debía lograr una nueva meta de financiamiento climático (ncqg, por su sigla en inglés) que dotara de instrumentos financieros al Sur global para hacer frente a las consecuencias del cambio climático –exacerbadas por el Norte global. Para ello, los países en desarrollo, como mínimo, demandaron el despliegue de 1.3 billones de dólares y, sin embargo, la cifra final establecida fue de apenas 300 mil millones de dólares anuales a 2035, es decir, apenas la cuarta parte de lo que se esperaba alcanzar.

Los acuerdos han aumentado sin pausa desde la consolidación de la diplomacia climática; además, han demostrado ser más cuantitativos que cualitativos. Sin mecanismos jurídicamente vinculantes ni organismos especializados en la rendición de cuentas por el derecho internacional ambiental, muchos de ellos han quedado en el incumplimiento parcial o total. En otras palabras, la proliferación de tratados internacionales en defensa del medio ambiente ha ocultado la verdad de imperfecciones congénitas, las cuales justamente son las que permiten que los Estados terminen aceptando fácilmente la adopción de esos tratados (Villa, 2013: 175).

Es fundamental hallar las fallas en la diplomacia climática y en los entornos institucionales, hegemónicos y dominantes, porque no podemos permitir retrocesos indeseados, ni avances superficiales que no aborden las causas estructurales de la crisis civilizatoria. No se debería consentir, porque se trata de vidas humanas en riesgo, de ecosistemas enteros en devastación y de millones de especies en extinción. Cada año los estados parte de la cmnucc se reúnen para negociar nuestro futuro, pero sin desarrollar cambios radicales, postcapitalistas y anticoloniales. Es crucial entender que esta falta de voluntad política y priorización de los intereses económicos son, asimismo, consustanciales para el capitalismo.

Desde los espacios académicos, particularmente desde áreas como la ecología política, la sociología ambiental, el ecomarxismo y el pensamiento ambiental latinoamericano se ha estudiado cada vez más la relación del capitalismo, del modo de vida imperial, y de la racionalidad occidental,² como causantes de la crisis civilizatoria y del colapso ambiental. Las lógicas de la sobreproducción y el consumismo, la mercantilización de la vida, la idea falaz del crecimiento económico ilimitado, la acumulación de la riqueza en pocas manos, y la priorización del tener sobre el ser, son solo algunos de los elementos que caracterizan al sistema económico actual, y que atentan contra el planeta.

La racionalidad occidental, aquella que desde los inicios del colonialismo mercantilista desentendió la coexistencia del humano con la naturaleza, en su etapa actual exacerba a niveles de desquiciamiento materialista e individualista, delegando la importancia de preservar los bienes naturales. En palabras de Enrique Leff, “la problemática ambiental emerge como una crisis de civilización: de la cultura occidental; de la racionalidad de la modernidad; de la economía del mundo globalizado [...] que conduce la cosificación del ser y la sobreexplotación de la naturaleza” (2004: ix).

La racionalidad dominante se refleja en la sociedad consumista, que aumenta y con ello también el poder otorgado a las grandes empresas transnacionales, a las energías contaminantes y a los multimillonarios, que son año tras año más ricos. Esto se puede ejemplificar con el sector textil y la moda rápida que surgen dentro del capitalismo. La industria de la moda destruye, saquea y explota los bienes naturales (por ejemplo, la fabricación de una camisa de algodón puede requerir alrededor de 2 500 litros de agua), para producir a escalas innecesarias (con la ropa existente actual podríamos vestir hasta 6 generaciones), con el objetivo de enriquecer a una minoría (por ejemplo, el hombre más rico del mundo, Bernard Arnault, dueño de Louis Vuitton, Christian Dior y Sephora, tiene una fortuna de 233 mil millones de dólares, lo que representa más que el pib total de países enteros como Panamá, Costa Rica, Ecuador o Uruguay), a costa de la destrucción ambiental (esta industria es responsable de 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero), y del deterioro social (diversas empresas de esta área enfrentan a demandas por emplear a niños y niñas), al tiempo que fomenta el mismo ciclo de injusticia climática (actualmente se compra 60% más ropa que en el año 2000, y la tendencia va en aumento).

En ese sentido, a pesar de la extensa bibliografía que denuncia al capitalismo como el motor del ecocidio e injusticia global, no se incorpora como punto de reflexión en la diplomacia climática. En Naciones Unidas las propuestas no trastocan las lógicas económicas dominantes. Pareciera haber una desconexión entre la teoría crítica y la práctica, ya que no surgen iniciativas sólidas que aborden el colapso ecológico y civilizatorio a través de un cambio en las estructuras económicas. Existe una alarmante ausencia de enfoques postcapitalistas, decoloniales y transgresores frente a las élites capitalistas y el imperialismo fósil desde estos espacios. Por el contrario, espacios como las cop sirven de foro para grandes cabilderos petroleros y para acuerdos que perpetúan el lavado verde (greenwashing y la defensa del statu quo. Durante la cop29, por ejemplo, los grupos de presión vinculados a los combustibles fósiles superaron en número a las delegaciones de casi todos los países (Noor, 2024).

Ante esto, cabe preguntarse: desde la diplomacia climática ¿dónde quedan las propuestas transformadoras que sí aboguen por cambios radicales en las estructuras socioecológicas? ¿acaso no hay voces decoloniales y deconstruidas dentro del sistema multilateral que propongan un verdadero cambio de paradigma? ¿no es urgente desafiar el sistema capitalista desde cualquier espacio de enunciación? ¿qué no hay que trastocarlo y provocarlo todo, aun si es desde entornos institucionales?

En lugar de propuestas que sumen grietas al sistema que hoy nos condena, en la diplomacia climática prevalecen aquellas que refuerzan su corrupción. A costa de la crisis social y ambiental, las élites estatales, corporativas, tecnológicas y financieras idean estrategias para continuar acumulando riqueza, a expensas de una gran parte de la población. Desde el discurso occidental, se promueve un desarrollo sostenible y un capitalismo verde que, lejos de apuntalar hacia un futuro respetuoso con los equilibrios ecológicos, refuerzan la crisis civilizatoria y eluden un cambio radical. Ante la crisis ecológica-civilizatoria, “la respuesta de la corriente hegemónica de la economía fue internalizar las externalidades [...] [de los] procesos ecológicos, los servicios ambientales y el clima sometiéndolos a las reglas de una racionalidad económica ajena a las condiciones de la vida” (Leff, 2024: 18)

Ejemplo de lo anterior son los Objetivos de desarrollo sostenible (ods), aprobados en el 2015 por los 193 miembros de la onu. “La expresión desarrollo sostenible vino a significar la voluntad de relanzar el proceso económico sin contrariar el proceso de valorización del Capital” (Leff, 2024: 20). Esto se denota en el objetivo 8, de crecimiento económico, donde no hay propuestas que apuesten por un alto a la sobreproducción desmedida del Norte global.³ Los ods, de igual manera, optan por la erradicación de la pobreza, como el objetivo 1, pero ¿cuándo se ha negociado seriamente para lograr el fin de la acumulación de la riqueza en pocas manos? El 1% más rico ha acaparado casi dos tercios de la nueva riqueza generada en los últimos dos años, casi el doble que el 99% restante de la humanidad (oxfam, 2023a).

Si pensamos en los acuerdos o resoluciones más importantes de la diplomacia climática, podemos referenciar a la cmnucc, el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París. No obstante, ninguno de ellos hace críticas para un verdadero cambio de paradigma de las lógicas estructurales del capitalismo, la sobreproducción, el consumismo, o la acumulación de la riqueza. No han incluido reflexiones sobre: el decrecimiento del Norte global; la responsabilidad de las empresas transnacionales y a los multimillonarios por el daño ambiental; la igualdad social. Por ejemplo, no han mencionado que la crisis ecológica-civilizatoria es responsabilidad de una minoría de la población; el 1% más rico contamina tanto como los dos tercios más pobres de la humanidad (oxfam, 2023a), y los milmillonarios generan más emisiones de carbono en tan solo 90 minutos que una persona promedio en toda su vida (oxfam, 2024). Por otra parte, el 1% más rico de la población mundial fue responsable de 16% de las emisiones de co2 totales en 2019 (oxfam, 2023b), lo que representa el doble de las emisiones totales de co2 de toda América Latina en cualquier año registrado (edgar, 2024).⁴

Con el objetivo de ofrecer un muestreo sobre cómo los acuerdos mencionados abordan o no, las causas estructurales del cambio climático, particularmente en relación con algunas de las dinámicas del capitalismo que las sustentan, se presenta la siguiente tabla. Para ello, se considera relevante distinguir las referencias en tres categorías: aquellas en las que no se mencionan explícitamente, las que lo hacen, pero únicamente en el preámbulo o la exposición de motivos, y las que sí se abordan directamente en los artículos.

Tabla 1. Muestreo de características de las lógicas capitalistas en los acuerdos climáticos

La trampa capitalista en la transición energética de la diplomacia climática

Como se ha esbozado, las lógicas capitalistas en los espacios de cooperación internacional se apuestan como cambios dentro de las relaciones imperantes, pero en realidad, buscan la continuidad del sistema, enmarcados en la necesidad de sostener la acumulación de capital, de diversas maneras. En las negociaciones multilaterales sobre cambio climático se pueden analizar desde las diferentes áreas dedicadas al cumplimiento del Acuerdo de París (ap), como las que corresponden a adaptación, pérdidas y daños, financiamiento climático, rendición de cuentas o los mercados de carbono. Una de las más importantes, y la que compete a la presente sección, es la relacionada con la mitigación, presente en los artículos 2, 3, 4 y 5 del ap, centrada principalmente en la reducción de los gases de efecto invernadero (gei). Las directrices para ello se enuncian en las Contribuciones nacionalmente determinadas (ndc, por su sigla en inglés),⁵ los compromisos climáticos que contienen los planes detallados para lograr dicha reducción. Según el artículo 4.1 del ap:

las Partes se proponen lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible, [...] y a partir de ese momento reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, [...] para alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por los sumideros en la segunda mitad del siglo...

En ese sentido, la mitigación al cambio climático por reducción de gei es un pilar central en la diplomacia climática, pero a lo que hay que prestar atención es a la narrativa principal que se usa para alcanzarlo: la Transición energética justa (tej). Aunque aún no existe una definición oficial, según el Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (2024), la tej es aquella que busca equilibrar la reducción de emisiones de gei con el desarrollo económico y social. Para ello, a lo largo de diversos documentos multilaterales se han emitido llamados a promover esta transición, como lo evidencian el Plan de acción de Unión Europea sobre la energía limpia, la Declaración de los líderes del g7 sobre la transición energética y el Balance mundial (Global Stocktake, gst, por su sigla en inglés).

El gst resulta de particular interés, porque es la evaluación oficial más reciente sobre cómo avanzan las Partes en los objetivos climáticos, y cómo pueden seguir aumentando sus compromisos. El gst, desarrollado como mandato del ap, basado en más de 1 600 documentos, estableció en su numeral 28 la necesidad de triplicar la capacidad mundial en energías renovables y duplicar la tasa media anual de mejora de la eficiencia energética a nivel mundial para 2030. Esto creó las condiciones para que, durante la cop28, en 2023, 117 países se comprometieran a lograr estos objetivos.

Así, impulsar las energías renovables para mitigar el cambio climático se ha convertido en una propuesta central para afrontar la crisis ambiental. Desde los foros multilaterales, la expresión transición energética se acompaña de las palabras justa, sostenible, equitativa o inclusiva; cada vez más es más usada desde los planes para cumplir con los objetivos del ap. Según el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (pnud, 2022), los principios para una transición justa se reflejan en 38% de las ndc y 56% de las estrategias a largo plazo, así como en un número creciente de iniciativas mundiales importantes. Su popularidad es entendible, porque la razón es clara y cierta: necesitamos abandonar los combustibles fósiles que contaminan el planeta.

No obstante, la tej no pretende un cambio en las estructuras de dominación, por el contrario, las reproduce. Por ejemplo, fomenta una visión corporativista-tecnocéntrica, donde los actores hegemónicos ven en la transición energética un potencial de acumulación de riqueza y posicionamiento hegemónico y geopolítico que se podría denominar “universo del ambientalismo corporativo” (Bertinat et al., 2021).

Pruebas de lo anterior se pueden hallar en los recursos institucionales. Por ejemplo, una columna del Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (2024) enunció: “las empresas que abrazan la sostenibilidad pueden acceder a mercados emergentes y en crecimiento para obtener una ventaja competitiva”. En otra columna del Foro económico mundial, se publicó: “es fundamental centrarse en la creación de argumentos empresariales a favor de la transición energética” (2024). En 2022, en un análisis de Climate Tracker sobre la cobertura de los medios de comunicación acerca de la tej, se concluyó que la percepción sobre la energía se maneja como una mercancía, promoviendo que la transición sea positiva o no, en tanto haya mayores ganancias económicas.

La lógica que favorece el poder corporativo se encuentra también en la manera en la que la tej se presenta ante los pueblos indígenas, como una ayuda al progreso y a la civilización. Es el caso de Jennifer Morris, directora ejecutiva de Nature Conservancy, que aconseja a los inversionistas de energías renovables para identificar las comunidades más dispuestas a recibir proyectos de desarrollo (Foro económico mundial, 2024). Estos proyectos se fundamentan desde la racionalidad hegemónica, que excluye la racionalidad ambiental y repite patrones coloniales. Tal como los conquistadores europeos, que al llegar a la Amazonía se encontraron con una forma distinta de sentir y pensar el mundo; no comprendieron el respeto indígena hacia la naturaleza y sus componentes (Olórtegui, 2007). Tal como pasa ahora, que las narrativas de los pueblos originarios desafían y compiten con las concepciones dominantes sobre lo que sea y haya de ser la humanidad (Rueda et al., 2022).

Otro aspecto clave a considerar, es que la transición energética existe junto con las zonas de sacrificio, en especial en los países en desarrollo, que son de donde mayoritariamente obtienen los recursos los países ricos para la transición. A pesar del potencial de regiones como América Latina para transitar a energías renovables, según el Índice de transición energética del Foro económico mundial, los países que ocupan las 10 primeras posiciones en invertir en la tej son todos del Norte global: Suecia, Dinamarca, Finlandia, Suiza, Francia, Noruega, Islandia, Austria, Estonia y Países Bajos.

En contraposición, en América Latina, que posee entre 60 y 80% del litio a nivel mundial, mineral crítico para la tej, tiene más peso el entusiasmo por el aprovechamiento económico que la preocupación por las salvedades ambientales y sociales (Carrere, 2023). En un contexto en el que este mineral podría aumentar hasta 40 veces su producción en las próximas dos décadas, empresas, sobre todo de Estados Unidos, Australia, Canadá y Corea del Sur, hacen presencia en los territorios de América del Sur para obtener el oro blanco. Además, a sabiendas que su extracción requiere aproximadamente 2.2 millones de litros de agua por tonelada, en zonas que tienden a la sequía, resultaría perjudicial para el medio extraerlo en las cantidades que planean las grandes corporaciones.

Otros minerales clave para la tej y que están presentes en América Latina, como el cobalto, el cobre y el níquel, también experimentarán un crecimiento acelerado de su demanda, según algunas estimaciones de hasta 900% (Foro económico mundial, 2023). Esto convierte a nuestra región en un blanco estratégico para las potencias globales, especialmente para China y Estados Unidos. Ambos países, en el marco de su guerra comercial, han iniciado disputas en la materia. Por ejemplo, China anunció la paralización de venta de algunos de estos minerales a Estados Unidos, en respuesta a las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles (Carbajal, 2024); mientras, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos llama “actividad maligna” a la presencia de China en América del Sur por opacar sus intereses imperialistas.

De esta manera, la narrativa de la transición energética abre las puertas a otro tipo de extractivismo, conocido como extractivismo verde: “una nueva dinámica de extracción capitalista y de apropiación de materias primas, bienes naturales y mano de obra, especialmente en el Sur global (aunque no de modo exclusivo), con el propósito de llevar a cabo la transición energética verde” (Bringel y Svampa, 2023).

Ante estas posiciones es necesario un punto crítico hacia la transición energética: es necesario descarbonizar la economía y reducir las emisiones de gei, pero no como único mecanismo para atender la crisis ambiental, ni mucho menos desde las lógicas económicas y de poder dominantes. La transición debe ser socioecológica, radical y estructural. En palabras de Maristella Svampa:

El problema principal no es el qué, sino el cómo. La descarbonización es bienvenida, pero no de esta manera. Entre las finalidades de esta descarbonización hegemónica no se encuentran la desconcentración del sistema energético, el cuidado de la naturaleza, mucho menos la justicia climática global, sino otro tipo de motivaciones como la captación de nuevos incentivos financieros, la reducción de la dependencia de algunos países en búsqueda de la seguridad energética, la ampliación de los nichos de mercado o la mejoría de la imagen de las empresas (Bringel y Svampa, 2023).

Contexto latinoamericano de la transición energética y el extractivismo verde

América Latina, como se ha expuesto, es altamente vulnerable al extractivismo verde que asegurará la transición energética. Los efectos negativos de esta lógica se experimentan, por ejemplo, en la región atacameña de Chile y en el Triángulo del Litio en Argentina. Debido al alto consumo de agua que demanda la extracción del litio, existe una amenaza latente con la ruptura del frágil equilibrio hídrico. En estas regiones se tienden a secar los acuíferos y las reservas de agua, porque son zonas caracterizadas por la aridez y el estrés hídrico (Svampa, 2023). Frente a estas afectaciones, se han organizado resistencias que buscan proteger sus territorios y modos de vida.

Por eso, en otras geografías de América Latina, las resistencias de los territorios a cualquier tipo de extracción, sea verde o no, ha sido constante a lo largo de los años. Por ejemplo, “en 1995 el pueblo u’wa, que habita en la frontera de Colombia y Venezuela [...] proclamó un manifiesto público en el que afirmaban que preferían ‘una muerte digna’ antes que permitir la explotación de su tierra” (Lang et al., 2023). Ellos declaraban ante el estado y las empresas: “ustedes hablan de negociaciones y consultas con los U’wa. La madre tierra es sagrada. No hay nada para negociar”.

Más recientemente, a finales de 2024, el Consejo de Pueblos Atacameños contra las empresas mineras presentó una denuncia por el hundimiento del salar de Atacama, provocado por la extracción de litio en Chile. Las dos compañías que operan en el corazón del salar extraen cada año más de 63 mil millones de litros de agua salina de las capas más profundas del desierto, lo que equivale a casi 2 mil litros por segundo (Montoya, 2024). Una investigación liderada desde la Universidad de Chile expuso que, al menos desde 2019, una zona al suroeste del salar, con una extensión de 8 km de largo y 4 km de ancho, experimenta un hundimiento que fluctúa entre 1 y 2 centímetros anuales (SoyChile, 2024).

Ante estas circunstancias, la transición energética debe realizarse atendiendo, en paralelo, las causas estructurales del sistema económico, y desde políticas que prioricen tanto la Tierra como las demandas de los más vulnerables. Hacer esto podría resultar en un liderazgo climático de América Latina por encima de cualquier otra región. De acuerdo con la Organización latinoamericana de energía (olade), América Latina y el Caribe ya es la región más verde del mundo. En su matriz energética primaria, el 31% de su energía producida proviene de fuentes renovables en comparación con el 14% a nivel mundial.

En un contexto en el que la región enfrenta desafíos relacionados con el acceso limitado a electricidad en zonas rurales, altos costos de energía y utilización de leña en las zonas más vulnerables (Peralta y Delgado-Plaza, 2024), las posibilidades de implementar un modelo descentralizado a partir de energías renovables de acuerdo con las condiciones del territorio se observan como una alternativa propicia para zonas de difícil acceso, que también son menos pobladas (Calvo, 2021). Esto podría atender, por lo tanto, la pobreza energética que refleja las inequidades en regiones tan desiguales como la misma América Latina. Por ejemplo, en México, Greenpeace presentó la Estrategia nacional de democracia energética para combatir la pobreza energética mediante el uso de energías renovables. En este documento, puso de manifiesto casos de éxito de proyectos de soberanía energética que funcionan desde la economía solidaria, como las cooperativas indígenas de la Sierra Norte de Puebla, el Colectivo Las mariposas de la comunidad de Tapotzingo, Tabasco, y las chocolateras y cacaoteras de Comalcalco, en Tabasco (Tobías, 2024).

Alternativas y reflexiones para una diplomacia climática que impulse una transición socioecológica

Albert Einstein decía que “locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”, y esto es lo que ha pasado desde los espacios internacionales cuando se plantean soluciones energéticas. Se han realizado esfuerzos para aminorar la crisis ecológica-civilizatoria sin atender las lógicas materiales ajenas a la coexistencia intrínseca del humano y la naturaleza. Si queremos lograr cambios sustantivos, los esfuerzos deben ser distintos, subversivos, contrahegemónicos, postcapitalistas y decoloniales. En palabras de Michael Löwy:

No hay solución a la crisis ecológica en el marco del capitalismo, un sistema enteramente volcado al productivismo, al consumismo, a la lucha feroz por las partes de mercado, a la acumulación del capital y a la maximización de los beneficios. Su lógica intrínsecamente perversa conduce inevitablemente a la ruptura de los equilibrios ecológicos y a la destrucción de los ecosistemas. Las únicas alternativas efectivas, capaces de evitar la catástrofe, son las alternativas radicales (Löwy, 2020).

Con esto, entramos ya a una etapa en la que se va deslindando, con mayor nitidez, una visión del mundo donde habrá que enfrentar un dilema supremo entre colapso o transformación civilizatoria, entre extinción o supervivencia (Toledo, 2019):

La verdadera respuesta a la crisis ecológica sólo podrá hacerse a escala planetaria y a condición de que se realice una auténtica revolución política, social y cultural que reoriente los objetivos de la producción de los bienes materiales e inmateriales (Guattari, 1996, p.9).

Por lo tanto, desde la diplomacia climática tendrán que impulsarse otras propuestas de corte radical que estén fuera de la razón occidental. Esto implica, en primera instancia, que desde los informes oficiales se reconozca que el colapso ambiental no es consecuencia de toda la actividad humana per se, sino de la actividad capitalocena. Lo que no se nombra, no existe. Aunque todas y todos debemos ser parte de la solución, no es transparente ni justo generalizar las deudas ecológicas e históricas –como lo han hecho las mismas publicaciones del ipcc, el grupo más importante de expertos en cambio climático. No hay punto de comparación entre lo que emite (y gana, acapara y saquea) una persona o un país rico, con lo que lo hace una comunidad indígena o una región vulnerable del Sur global.

Debe existir, al mismo tiempo, una coproducción del conocimiento, toda vez que los responsables políticos dependen en gran medida de la producción, preservación y transmisión del conocimiento, pero este está colonizado (Wilkens & Datchoua-Tirvaudey, 2022). Por ejemplo, los documentos climáticos apelan a “la mejor ciencia disponible”, pero esto a menudo aísla de facto otras visiones del mundo, como la de los pueblos indígenas que reflejan una fuerte conexión de espiritualidad con la Tierra, pocas veces entendida desde el razonamiento positivista, materialista e individualista. Las prácticas y cosmovisiones originarias, en cambio, son las que han demostrado cuidar el entorno natural. Léase un fragmento de los aportes indígenas respecto a la relación sociedad-naturaleza.

No puede haber crecimiento y mejoramiento para la humanidad en detrimento de la “naturaleza”, pues todo esfuerzo por mejorar el bienestar humano tiene que estar articulado con un equilibrio mayor que es ecológico y, en última instancia, cósmico. El ser humano no es la medida de todas las cosas, sino un puente mediador para contribuir a constituir y restituir la armonía y el equilibrio universal. Cualquier desarrollo debe estar orientado a y en beneficio de la colectividad. La vida es un conjunto de relaciones entre los humanos, así como entre la humanidad y la Madre Tierra caracterizadas por la reciprocidad y la complementariedad (Marañón, 2020).

Los espacios internacionales, como las cop, donde se vociferan cientos de discursos y de promesas, podrían apostar por un cambio narrativo que denote una racionalidad ambiental y no económica-occidental. Las palabras que se deberían escuchar en lugar de desarrollo, crecimiento económico, tecnología, dinero, y transición energética, deberían ser las de sustentabilidad, redistribución económica, soluciones ecosistémicas, derechos de la naturaleza, y transición socioecológica. “Aquellos que aún insistan en la vía del desarrollo y la modernidad son o suicidas, o al menos ecocidas, y sin duda históricamente anacrónicos” (Escobar, 2016).

Los tomadores de decisiones, además, deben ser más contundentes sobre el papel que han jugado los actores capitalistas como las empresas transnacionales y los multimillonarios. El estado se doblega ante los intereses económicos que imponen las grandes corporaciones, traspasando y compartiendo el dominio de poder con los acaparadores de la riqueza. Los foros de negociación multilateral deberían responsabilizarlos a ellos también. Esto sería, entonces, poner sobre la mesa el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, aplicado no solo desde el espectro estadocéntrico.

Las propuestas que emergen en las resoluciones deberían incorporar medidas transversales con la desigualdad y otros aspectos geopolíticos coyunturales. Esto es, apelar a una distribución económica que no sólo se dé entre particulares, grupos o regiones Norte-Sur, sino también desde los objetivos a donde llegan los flujos financieros. Por ejemplo, en 2023, los 31 miembros de la otan gastaron 1.34 billones de dólares, equivalentes a 55% del gasto militar mundial (Shen, 2024). Estas cifras son mayores que lo que se ha invertido por año en planes climáticos. Tan solo la nueva meta de financiamiento climático acordada en la cop29 fue un billón de dólares más baja. Pasa lo mismo entre personas ricas, quienes, por no ser responsabilizadas por el colapso ambiental, prefieren invertir cantidades millonarias en opulencias banales. La transición energética tendría que ir más allá del cambio de la matriz energética. Descarbonizar sí, pero con justicia climática (Bringel y Svampa, 2023). Los compromisos climáticos internacionales y nacionales, como lo son las ndc o las estrategias a largo plazo, deberían introducir una visión holística hacia una transición socioecológica. Esto, reconociendo que “la transición socioecológica es un horizonte mayor que debe servir para plantearnos preguntas más radicales acerca del tipo de sociedad en la que queremos vivir, [y] sobre los modelos de desarrollo que estamos proponiendo para el futuro” (Svampa, 2023).

Finalmente, considerando que la transformación debe ser sistémica, desde los diálogos formales o informales de los entornos institucionales, deberían emanar más reflexiones y debates fructíferos en torno a propuestas como el ecosocialismo, la economía del buen vivir y el decrecimiento, y no hacia eufemismos del colapso como capitalismo verde o capitalismo solidario. El capitalismo sostenible es, necesariamente, un capitalismo en expansión que depende de la acumulación y las ganancias (O’Connor, 2002). En cambio, las agendas deberían incluir alternativas al capitalismo, por ejemplo, aquellas presentadas en los llamados Eventos paralelos (Side Events) que se desarrollan en las cop, en los que diversos actores pueden formar parte de paneles, conferencias, o incluso tener pabellones para debatir temas particulares. Debemos apropiarnos de dichos espacios y hacerlos nuestros para alzar la voz en defensa de la justicia climática.

Conclusiones

Las transiciones profundas no solo son posibles, sino que son, ante todo, necesarias. Como afirma Angela Davis, activista afroamericana, “debemos actuar como si fuera posible transformar radicalmente el mundo. Y debemos hacerlo todo el tiempo”. Como se afirma en el saber popular: “la peor lucha, es la que no se hace”; esta contienda no debe enmarcarse solo en las calles o en los textos académicos, sino de igual manera en los pasillos donde se reúnen los tomadores de decisiones. Desde todos los frentes, y contra todo pronóstico, se debe alzar la voz como nunca antes por una diplomacia climática postcapitalista. Antes que la crisis civilizatoria nos alcance, se debe construir un camino que descabale el statu quo político y económico, y que conduzca al rescate de la naturaleza como centro, tanto de nuestros pensamientos como de nuestras acciones, y no como un recurso cosificado, mercantilizado y perversamente explotado.

Bibliografía

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^* Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam, y Diplomada en cambio climático y transiciones justas por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es activista, conferencista e investigadora por la justicia climática en América Latina, exdiplomática juvenil de México ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Correo electrónico: pame_escobarv@politicas.unam.mx
¹ Durante la cop29 diversos países hicieron intervenciones contundentes sobre la falta de ambición climática. Por ejemplo, en la Reunión única y de composición abierta “Qurultay”, convocada por el presidente de la cop29, la Coalición de naciones con bosques tropicales señaló: “el ritmo de nuestro progreso sigue siendo profundamente preocupante a pesar de que se presentaron pruebas convincentes sobre los entendimientos compartidos de la urgencia. Las negociaciones avanzan demasiado lento para cumplir con la escala de los desafíos que enfrentamos” (Coalition for Rainforest Nations. (21 de noviembre de 2024). Statement at the plenary “Open-ended single-setting Qurultay” convened by the COP29 President. United Nations Framework Convention on Climate Change. https://unfccc-events.azureedge.net/COP29_105917/agenda
² La racionalidad occidental hace referencia al entendimiento, los discursos y las acciones que han tenido las sociedades occidentales hacia la realidad histórica y del mundo, conteniendo su cultura, epistemologías y saberes. Desde el colonialismo o capitalismo temprano, por ejemplo, la racionalidad occidental, –la de los estados europeos–, se posicionó como racista-supremacista, impositiva-universal y separada de la naturaleza (Escobar Vargas, 2023).
³ En 2025, el Día de la sobrecapacidad de la Tierra fue el 24 de julio; este indicador evidencia que si todas las personas que habitan el planeta tuvieran el nivel de consumo que Qatar, Luxemburgo o Singapur la fecha hubiera sido en febrero; y desde marzo si viviéramos como en Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Bélgica o Emiratos Árabes. También este análisis expuso que necesitaríamos cinco planetas para satisfacer las necesidades humanas al ritmo de consumo de Estados Unidos (Earth Overshoot Day, 2025).
⁴ Dato de 2023, según la suma de emisiones totales de co2 de los países latinoamericanos, recabadas en la base de datos de Emisiones para la investigación atmosférica global (edgar, por su sigla en inglés). Los 3 mayores emisores de la región sumaron 2.95% del total global: Argentina, 0.47%; Brasil 1.23%; y México, 1.25%.
⁵ Las ndc forman parte del ciclo para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de París. Son instrumentos que deben ser presentados cada 5 años por las Partes de la cmnucc, estableciendo metas para reducir las emisiones de gei y así limitar la temperatura a los 2 °C. Las ndc deberían alinearse con las Estrategias de largo plazo (lts, por su sigla en inglés), los Reportes bienales de transparencia (btr, por su sigla en inglés) publicados cada dos años, y el gst, presentado cada cinco años. Se espera que este ciclo permita alcanzar el cero neto de emisiones de carbono para 2050.