Capítulo 1. La disciplina económica frente al problema energético

Cita: 

Chemes, Jorge (2025). “Capítulo 1. La disciplina económica frente al problema energético”, Marco Kofman (ed.), Energía, economía y poder: Una mirada crítica del problema energético, Buenos Aires, CLACSO, pp. 23-45, https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2025/11/Kofman_Energia-economi...

Fuente: 
Libro
Fecha de publicación: 
2025
Tema: 
La transición energética corporativa como mecanismo de acumulación
Idea principal: 

    Jorge Chemes es un investigador, docente y activista argentino, especializado en la intersección de la ingeniería eléctrica y las ciencias sociales. Miembro destacado de la organización Taller Ecologista de Rosario y becario del CONICET, su trabajo se centra en la transición energética desde una perspectiva crítica y popular. A diferencia de los enfoques puramente técnicos, Chemes analiza la energía como una relación social y un derecho humano, cuestionando los modelos corporativos de "capitalismo verde" (como la fiebre del hidrógeno verde) y abogando en su lugar por sistemas energéticos descentralizados, democráticos y comunitarios que promuevan una verdadera justicia socioecológica.


    Una grieta insalvable en la teoría

    La disciplina económica, en general, trató la energía como una mercancía más, hasta bien avanzado el siglo XX. Por ello, no existe un campo desarrollado que estudie específicamente cómo las sociedades se organizan para abastecerse y consumir energía. Las diferentes concepciones económicas dividen el abordaje de esta cuestión en dos grandes universos teóricos.

    Las economías de los mercados

    El pensamiento económico hegemónico concentra su análisis en la capacidad de los mercados para asignar recursos. Esta visión concibe la economía como un proceso horizontal, donde los actores toman decisiones racionales para maximizar el placer y minimizar el displacer. Por lo general, los mercados se autorregulan y garantizan relaciones económicas horizontales. Cuando esto ocurre, la economía se mueve hacia un estado de equilibrio eficiente y socialmente deseable.

    La intervención estatal se justifica solamente si existen fallas de mercado. Un ejemplo de falla se observa en mercados que requieren grandes inversiones iniciales. El alto monto de inversión actúa como barrera para la entrada de nuevas empresas, lo que otorga a la primera compañía una ventaja monopólica que el estado debe regular. Los defensores del liberalismo económico argumentan que las intervenciones externas, como la fijación de precios mínimos o el otorgamiento de subsidios, distorsionan los precios y vuelven ineficiente la asignación de recursos.

    Las economías del poder

    Gran parte del pensamiento heterodoxo, denominado economía política, se enfoca en las asimetrías de poder y en la dimensión vertical del proceso económico. La apropiación del excedente económico resulta el punto central de la disputa entre los diferentes actores. El estado, los sindicatos y los monopolios forman parte integral del entramado de relaciones económicas.

    El proceso económico resuelve en simultáneo tres aspectos fundamentales: la producción (qué, cuánto y cómo se produce), la distribución (cómo se reparte) y la acumulación (el crecimiento futuro). El excedente económico es un término esencial en este enfoque. Se define como toda producción por encima de lo necesario para mantener a los productores, reponer las materias consumidas y cubrir el desgaste de herramientas. La forma que adopte este excedente (históricamente, pirámides o bienes de capital) depende de quién se lo apropia, lo cual resulta de una disputa permanente.

    Se expone el caso de Argentina, donde los salarios reales cayeron entre 2015 y 2023. Los sectores empresariales concentrados captaron una porción mayor del excedente económico, y el excedente tendió a fugarse, lo cual compromete la capacidad futura del proceso económico para producir bienes y servicios (datos cruciales 1-3).

    La economía y la preocupación por la energía

    El estudio de los problemas energéticos cobró impulso tras la posguerra y se potenció nuevamente con la crisis energética de mediados de los años setenta del siglo XX. La visión liberal de la energía la trata como una mercancía que debe alcanzar su equilibrio de precios, cantidades, tecnologías y fuentes a través del mercado. El estado puede intervenir, pero solo para simular la competencia que ocurriría en un mercado normal. En contraste, la economía política ofrece un análisis más complejo. La energía se considera un factor que determina las posibilidades de reproducción del proceso económico.

    La visión económica liberal de la energía

    La perspectiva económica liberal identifica una conexión directa entre lo económico y la eficiencia. Los defensores de esta visión argumentan que la economía, operando a través de los mercados, tiende de forma natural y permanente hacia formas de mayor eficiencia.

    La energía se considera una mercancía más, comparable a cualquier otra de las que se comercializan. Por lo tanto, debe alcanzar su equilibrio de precios, cantidades, tecnologías y fuentes por medio de los mecanismos del mercado. La intervención del estado se asume como una posibilidad, principalmente debido a las características técnicas específicas de los mercados energéticos. Estos mercados suelen requerir gran inversión de capital y tienen una tendencia natural hacia la monopolización. Sin embargo, se espera que el estado se dedique exclusivamente a recrear la competencia que existiría en un mercado normal no intervenido, lo cual representa una paradoja.

    Cuando estas corrientes analizan problemas energéticos, suelen concentrarse en los aspectos relacionados con los costos y las tasas de retorno de los diferentes proyectos de inversión. Esta aproximación es común en los informes elaborados por instituciones como el Banco Mundial o la Agencia Internacional de la Energía. Estas instituciones concluyen que el principal problema en el sector energético es la distorsión impuesta por la acción estatal.

    La visión de la economía política de la energía

    Desde la perspectiva de la economía política, donde el poder y la asimetría de las relaciones sociales son centrales, el problema de la energía resulta complejo. Se concibe la energía como un factor que determina las posibilidades de reproducción del proceso económico, y que a la vez está condicionado por dicho proceso.

    Para este enfoque, la energía es una mercancía equiparable a otras, aunque se le presta especial atención por su rol en la producción, la distribución y la acumulación. El estudio del problema energético implica considerar cuatro dimensiones clave:

    1. Mercancía: La energía es una fuente de valor y un generador de excedentes, cuya apropiación depende del poder de los actores involucrados en su producción.

    2. Insumo clave: Es fundamental para la elaboración de otros bienes y servicios. Esto expande la disputa por los excedentes más allá de su proceso productivo.

    3. Vector distributivo: Dado su peso en el presupuesto de los hogares, el costo de la energía afecta la distribución de ingresos en la sociedad. Las regulaciones estatales sobre subsidios y tarifas cumplen un papel esencial en la redistribución de ingresos.

    4. Bien estratégico: La energía resulta fundamental en el proceso económico global y para los esquemas de desarrollo nacionales. Puede impulsar o limitar un ciclo de crecimiento económico.

    Generalmente, el estudio de la energía interesa a los investigadores de la macroeconomía, ya que su precio afecta los costos de las empresas, los ingresos familiares, la situación fiscal, y tiene implicaciones sobre el nivel de la actividad económica y el empleo.

    La economía política aporta herramientas para comprender la dinámica que lleva a una sociedad a profundizar la explotación de un recurso específico. El foco se pone en la trama de los actores y las relaciones de poder: quiénes ganan, quiénes pierden, y cuáles son las consecuencias para la continuidad del proceso económico local.

    Energía, ambiente y desarrollo económico: críticas y límites disciplinares

    Desde sus orígenes, la ciencia económica reconoció a la naturaleza como un factor determinante en la producción de mercancías. Sin embargo, este tema quedó subordinado a la preocupación principal de la economía: cómo los límites ambientales afectaban los procesos de acumulación.

    Esta visión acotada dominó el campo disciplinar hasta mediados del siglo XX, durante el auge de las teorías del desarrollo económico. En ese momento, Estados Unidos impulsó ideas sobre cómo los países debían alcanzar el desarrollo económico. Se aceptó, incluso desde la ortodoxia económica, que el libre cambio no bastaba para igualar el nivel de desarrollo de todos los territorios. Se argumentó que los países subdesarrollados debían recibir ayuda financiera internacional para un "gran empuje" que liberara sus fuerzas productivas y rompiera las cadenas del atraso.

    Un ejemplo de esta política fue el programa "Alianza para el Progreso", anunciado por el presidente estadounidense Kennedy en 1961. El plan buscó generar condiciones para el despegue económico de los países pobres de América Latina. Estas teorías pretendían fortalecer la fe en el capitalismo frente a los crecientes movimientos civiles y políticos críticos (dato crucial 4)

    La cuestión ambiental se convirtió en un problema de tratamiento particular para la economía a partir de los años setenta del siglo XX. Dos detonantes clave fueron el Informe al Club de Roma de 1972, que planteó los límites ambientales al crecimiento, y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano de Estocolmo, también de 1972.

    La economía ambiental (EA) surgió de las corrientes económicas hegemónicas (neoclásicas). Esta derivación incorporó problemas como la contaminación o la pérdida de recursos no renovables. Para integrarlos al cuerpo teórico, la EA les buscó una expresión monetaria y los incluyó como "costos no reconocidos".

    Posteriormente, la economía ecológica (EE) surgió con críticas al pensamiento económico tradicional, tanto ortodoxo como heterodoxo. La EE postula que el sistema económico es un subsistema de la biósfera y se debe estudiar en relación con ella. Una de sus premisas metodológicas más fuertes es la insustituibilidad del capital natural por el capital socialmente fabricado. Frente al concepto de la EA de "el que contamina paga", la EE argumenta que ciertas intervenciones en la naturaleza son irreversibles y no pueden compensarse ni repararse.

    La crítica ambiental y el economicismo

    El discurso político que se estructura a partir de la lógica económica resulta performativo; es decir, busca generar transformaciones sociales basándose en promesas compartidas, como reducir la pobreza o generar empleo. No obstante, la relación entre una política económica específica y el cambio social efectivo no es lineal, ya que los resultados dependen de un marco amplio de conflictos entre actores dentro de cada territorio, condicionados por factores externos.

    El discurso político que usa el cálculo económico como eje pierde credibilidad cuando las transformaciones prometidas no ocurren. Por ejemplo, el avance de la explotación de recursos (como Vaca Muerta o la minería) no se correlaciona con la reducción de los niveles de pobreza o la mejora de las cuentas externas del país.

    El cuestionamiento a las políticas económicas de corte desarrollista se traduce en una crítica a los principios económicos que las sustentan. De ahí surgen fuertes críticas a la idea de crecimiento y a la herramienta que lo mide, el producto interno bruto (PIB).

    Respecto al crecimiento, se argumenta que redistribuir resulta más importante que aumentar la producción. El PIB es un indicador estandarizado que solo registra los bienes y servicios producidos y, además, comercializados en un año. Este indicador invisibiliza aspectos clave.

    El PIB no mide el trabajo no remunerado de reproducción y cuidado (crítica feminista) ni el saldo ambiental de las actividades económicas (crítica ambientalista). El PIB es una herramienta limitada, pero útil en periodos cortos para estudiar la capacidad de una economía de generar flujos de ingresos.

    La crítica cuestiona si el crecimiento económico implica prosperidad para la mayoría o si basta con redistribuir para garantizar una vida digna. Para la economía política, la producción, distribución y acumulación son parte de un proceso único. Esto implica que una distribución justa puede traer aparejado un tipo específico de crecimiento.

    El crecimiento de la producción históricamente ha permitido atender actividades no estrictamente productivas, aunque centrales para la reproducción social, como la salud, la educación y la protección ambiental. Estos aspectos se abordan con los excedentes económicos generados. Sin embargo, son las resistencias sociales al capitalismo las que logran destinar esos excedentes a dichos fines.

    Transición(es) energética(s) por Jorge Chemes

    El término transición energética (TE) se utiliza para describir un proceso de cambio histórico, un desafío socioeconómico hacia el futuro o un concepto analítico para explicar los cambios sociotécnicos. Debido a esta característica polisémica, el concepto posee diversas definiciones.

    Las definiciones de TE se asocian a cambios en las estructuras económicas (por ejemplo, el paso de economías primarias a la industrialización), sociodemográficas (como la urbanización), culturales (patrones de consumo) y tecnológicas. La TE no es un concepto nuevo, pues la humanidad ha experimentado diversas transiciones históricas, marcadas inicialmente por el cambio en el uso de combustibles (de la leña al carbón y luego a los fósiles). Estas transformaciones no solo reemplazaron las fuentes de energía, sino que también causaron cambios radicales en los sistemas productivos, el transporte, la urbanización y las comunicaciones.

    Históricamente, la conceptualización de la TE ha contado con la intervención de movimientos sociales. Por ejemplo, en Alemania, la idea de TE surgió en los años setenta del siglo XX con los movimientos antinucleares. En la década siguiente, en Estados Unidos, los trabajadores de la industria química y petrolera impulsaron el concepto de transición justa tras la crisis del petróleo de 1973. Actualmente, diversos movimientos sociales asocian el adjetivo "justa" con la noción de justicia socioambiental.

    Si bien los movimientos contrahegemónicos abordaron el término TE hasta principios del siglo XXI, en los últimos quince años, la narrativa ha sido adoptada por estados, corporaciones, la industria de petróleo y gas, y las agendas de investigación científica. Por esta razón, la TE es un concepto en disputa, polarizado entre dos narrativas extremas: la corporativa y la popular.

    Transición energética corporativa

    Esta narrativa se motiva por la crisis ambiental causada por el cambio climático. La TE corporativa busca iniciar un nuevo ciclo de acumulación capitalista, denominado "acumulación por conservación y desfosilización".

    El discurso de la TE corporativa se basa en una urgencia inmediata ante el colapso ambiental. Este enfoque responsabiliza a toda la humanidad por el cambio climático sin distinguir las responsabilidades ni los grados de impacto. Colocando la energía en el centro del mercado capitalista, esta visión propone transformar la matriz energética maximizando la productividad económica de los proyectos de energías renovables. Para lograrlo, busca instalar grandes centrales de generación en sitios donde los recursos necesarios son abundantes. Su objetivo no es modificar las lógicas de consumo, sino sustituir fuentes de energía para sostener un modelo de desarrollo de crecimiento infinito y continuar la concentración de riqueza y poder.

    Transición energética popular

    La narrativa popular interpreta el problema como una crisis civilizatoria enmarcada en el capitaloceno, donde lo ambiental es solo uno de los componentes, junto al social y el económico. Por ello, se requiere una transición socioecológica donde la TE es un subsistema de un todo más complejo.

    Aunque esta narrativa acepta la urgencia del colapso, plantea diferencias en cuanto a la velocidad de la transición para el Sur global. Esto se fundamenta en la mayor responsabilidad de los países del Norte global en la generación de gases de efecto invernadero, conocida como deuda ecológica. La TE popular promueve que la transición genere equidad socioambiental e inclusión social. Propone proyectos de menor escala para fomentar el desarrollo endógeno con participación y democratización ciudadana, sin priorizar únicamente la maximización de los rendimientos económicos.

    Esta perspectiva concibe la energía como un satisfactor de necesidades básicas, un derecho y una herramienta de distribución de riqueza. La transición que propone no es solo física (de matriz energética), sino del sistema energético completo. Es fundamental cambiar la centralidad de lo humano para diseñar un desarrollo basado en la interdependencia y la ecodependencia. Para esta visión, la energía debe ser interpretada como una fuerza que constituye la reproducción y el cuidado de la vida.

Datos cruciales: 

    1. Los salarios cayeron 30 % en comparación con el año 2015, llegando a ese nivel al cierre de 2023.

    2. La transferencia de ingresos a favor de los sectores empresariales concentrados en Argentina, entre 2015 y 2023, fue estimada en un monto equivalente a más de 250 mil millones de dólares.

    3. Gráfico 1: Transferencia de ingresos del salario al capital, 2015-2023. Muestra la transferencia de ingresos de los salarios hacia el capital en el período especificado.

    4. El programa "Alianza para el Progreso", anunciado en 1961, destinaría 20 mil millones de dólares para inversiones en América Latina a lo largo de los años sesenta del siglo XX.

Nexo con el tema que estudiamos: 

    El texto aporta elementos teóricos cruciales para la investigación al desmantelar la neutralidad de la economía energética y exponer las dinámicas de poder detrás de la "transición energética corporativa". El texto valida la hipótesis sobre el rol de las CTN en el colapso sistémico al explicar cómo estas corporaciones cooptan la crisis climática para instaurar un nuevo ciclo de "acumulación por desfosilización", buscando perpetuar un modelo de crecimiento infinito incompatible con los límites biofísicos y acelerando así la destrucción ambiental bajo una fachada de adaptación. Asimismo, el análisis sobre la disputa por el excedente económico y el papel del estado ilustra las complejas tensiones entre empresas, gobierno y sociedad , contrastando la lógica de lucro corporativo con una "transición popular" que entiende la energía como un derecho y un vector de justicia distributiva frente a la crisis civilizatoria.