Teresa Anderson es experta en políticas e incidencia política en temas de justicia climática. Coordina las políticas, programas, publicaciones, comunicaciones, campañas y redes de justicia climática de la federación ActionAid y es jefa de delegación y portavoz de la Alianza para la Acción en las COP.

Paula Castro Rodríguez es economista multidisciplinaria. También es asesora de política de justicia climática en ActionAid.

Los flujos financieros le están fallando al planeta

El dinero del mundo está fluyendo en la dirección contraria para la preservación del ambiente. La crisis climática está directamente ligada al dinero: dinero alimentando la crisis, poco dinero a soluciones, flujos financieros extractivos que acentúan la desigualdad. Según el Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ^[1] el financiamiento está más dirigido hacia las causas del cambio climático que hacia las eventuales soluciones.

Flujos financieros privados y públicos continúan incentivando el crecimiento de las dos principales industrias que causan la crisis climática: combustibles fósiles y agricultura industrial. Industrias que aunque pretenden satisfacer necesidades, están controladas por poderosas corporaciones transnacionales ejerciendo un modelo de negocios que implica concentración de tierra y riqueza. Estas dos industrias se están expandiendo agresivamente por el Sur global, donde los países ya se ven afectados de manera desproporcionada por los impactos de la crisis climática.

A pesar del acuerdo global “Acuerdo de París de 2016” de Naciones Unidas, en el que los gobiernos se comprometieron a hacer que sus flujos financieros se liguen con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, los flujos de dinero siguen acelerando el cambio climático.

El informe de ActionAid de 2023, mostró cómo los bancos mundiales canalizaron financiación privada hacia actividades de corporaciones de combustibles fósiles desde 2016 en el Sur global (dato crucial 1). En cuanto a la agricultura industrial corporativa en el Sur global, la financiación bancaria ascendió a millones de dólares en el mismo periodo (dato crucial 2).

Estas corporaciones llevan a cabo actividades en el Sur global, donde extraen recursos y estos recursos son utilizados en países del Norte global, donde tienen su sede central.

En lugar de fortalecer servicios públicos en el Sur global y fortalecer las economías locales y nacionales, los beneficios van dirigidos a sus sedes centrales y accionistas.

Las autoras señalan que los países ricos del Norte tienen la responsabilidad de proporcionar financiación climática en forma de subvenciones a los países del Sur global, quienes han sido los más afectados por el cambio climático. Sin embargo, los países ricos continúan dando menos de lo debido en lo que respecta a financiación climática (dato crucial 3). Aunado a esto, la mayoría de financiación fue por préstamo, lo que solo aumenta el endeudamiento de países del Sur global (dato crucial 4).

El apoyo basado en subvenciones es esencial para que los países y comunidades más afectados de la crisis climática puedan recuperarse y reconstruirse, fortaleciendo la resiliencia a impactos futuros y transitando hacia soluciones verdes.

El informe ActionAid de 2023, encontró que entre 2016 y 2022, una mínima parte del volumen de financiación climática proporcionada por los gobiernos del Norte global fue dirigida hacia iniciativas relacionadas con el clima en las industrias de los combustibles fósiles y la agricultura industrial en el Sur global (dato crucial 5). Las financiaciones climáticas para soluciones están siendo socavadas por los bancos que continúan financiando la destrucción climática.

Atención en la finanzas públicas de los países

Aunque en principio, los gobiernos deberían utilizar sus finanzas públicas nacionales para servir al bien público, en la práctica suele actuar de forma muy diferente.

Las corporaciones de combustibles fósiles y de agricultura industrial están llevando al límite al planeta, acaparando parte de la financiación pública mientras que la soluciones climáticas siguen estando infrafinanciadas. Las finanzas públicas del Sur global sirven para la extracción y explotación por parte del Norte global.

Los gobiernos cuentan con mecanismos para el beneficio del bien público, entre los principales la financiación pública: servicios públicos, desarrollo de instituciones estatales y asignación de subsidios.

Estas herramientas deberían servir para satisfacer los derechos humanos básicos, sin embargo las instituciones públicas que contribuyen a la crisis son las corporaciones estatales de combustibles fósiles, agricultura industrial y los bancos estatales que canalizan fondos públicos en forma de préstamo para corporaciones perjudiciales para el ambiente. Estos gobiernos suelen utilizar fondos públicos para apoyar los sectores energético y agrícola.

Según el reporte de InfluenceMap, las corporaciones nacionales tienen historial en influir en las decisiones de los políticos del Sur global para adaptar políticas públicas a sus intereses comerciales. Mientras tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones financieras multinacionales, presionan con frecuencia a los países del Sur global para que inviertan en combustibles fósiles e implementen medidas de austeridad mediante la eliminación de subsidios.

Influencia externa en las políticas públicas

El grupo Penár Agropecuaria es considerado uno de los grupos más influyentes en Brasil, representando los intereses de empresas multinacionales como JBS, BASF y Cargill. Este grupo de presión fue clave en la aprobación de una legislación que socava los derechos territoriales indígenas y abre sus territorios a la minería y el agronegocio.

También se ha descubierto que empresas de combustibles fósiles de Japón y Corea del Sur han influido en los políticos de Vietnam para acelerar y aprobar nuevos proyectos de gas natural licuado. A través de La Agencia japonesa de cooperación internacional, Japón ha influenciado desde la redacción del Plan maestro de energía y electricidad del gobierno de Bangladesh proponiendo que el país dependa de los combustibles fósiles así como del hidrógeno y la captura y almacenamiento de carbono.

También las empresas europeas de combustibles fósiles han intentado asegurar vías de desarrollo energético basadas en gas para África, mientras debilitan políticas de reducción de gas en Unión Europea.

El FMI ha alentado a muchos países a expandir la extracción de combustibles fósiles para pagar su deuda. En Zambia, los objetivos del FMI exigieron al gobierno reducir sus gastos en servicios públicos: limitaciones a los subsidios de combustibles, las tarifas eléctricas, el restablecimiento del IVA y los impuestos sobre combustibles.

La captura corporativa del Sur global ha sido facilitada por las corporaciones transnacionales, las instituciones financieras internacionales y las agencias financieras. Dicha influencia suele otorgar protección y poder a regímenes autoritarios, al tiempo que indemniza a corporaciones por violaciones de derechos humanos, destrucción ecológica y cambio climático.

Subsidios directos, indirectos, explícitos e implícitos

Los subsidios directos suelen verse como pagos de gobiernos al sector privado o a individuos ya sea en dinero o mediante reducciones de impuestos, incentivos a las inversiones, reducción de costos operativos, o la baja de precios que pagan los consumidores por un producto o servicio. En cuanto a los subsidios indirectos, los gobiernos suelen cubrir o contribuir a reducir costos que de otro modo serían pagados por el sector privado.

Los subsidios directos e indirectos se consideran explícitos, pues son claros en su intención de apoyar a las industrias. Además, cuando los costos de reparar los daños sociales y ambientales causados por estas industrias (cubiertos por los gobiernos) son externalizados, suelen contabilizarse como subsidios “implícitos”. ^[2]

En las negociaciones climáticas de la COP26 y COP27 en 2021 y 2022 respectivamente, los gobiernos acordaron acelerar esfuerzos para eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. Un año después en la COP28, los países acordaron transitar hacia la eliminación de combustibles fósiles. Mientras estos acuerdos siguen vigentes en papel, en realidad estos compromisos están lejos de la realidad, ya que los subsidios a combustibles fósiles han aumentado desde los Acuerdos de París (dato crucial 6).

Financiamiento público a la agricultura industrial

Los análisis de ActionAid examinan en profundidad este patrón de financiación pública en el Sur global, la región donde la crisis climática ha afectado con mayor intensidad (dato crucial 7). Este estudio revela que el sector de la agricultura industrial ha recibido millones de dólares en subsidios de financiación pública de los países del Sur global, también muestra cómo el sector de la agricultura industrial recibe fondos públicos que podrían cubrir la educación primaria de todos los niños de África subsahariana.

Las corporaciones que se benefician de subsidios públicos incluyen a las empresas más grandes del sector como Yara, Bayer Corporation, Syngenta, Cargill y JBS. Muchos de estos subsidios otorgados a los agricultores terminan en las manos de estas corporaciones.

Un estudio en Brasil concluyó que debido a que 3/4 partes de la cadena de suministro de soya del país está controlada por corporaciones transnacionales, los subsidios otorgados a los grandes productores brasileños terminan financiando indirectamente a estas transnacionales.

Sin embargo, los países del Norte global otorgan subsidios proporcionalmente mayores a estas corporaciones (dato crucial 8). La magnitud de captura corporativa puede observarse a través del Subsidy Tracker de Good Jobs First (https://subsidytracker.goodjobsfirst.org/).

El problema también es generalizado en Europa. Los subsidios a la corporación Yara han sido de millones de euros anuales. Estos subsidios han sido directamente vinculados al daño climático causado por los fertilizantes de dicha empresa.

Subsidios públicos para combustibles fósiles

En análisis de ActionAid sobre subsidios públicos otorgados por gobiernos del Sur global a los combustibles fósiles revela los beneficios que este sector recibió durante 2016 y 2023 (dato crucial 9).

Corporaciones de combustibles fósiles como Shell se benefician de subsidios de países del Sur global, bajo la forma de apoyos a la inversión extranjera y como apoyo directo al sector del petróleo y gas.

Los gobiernos del Norte global también continúan alimentando la crisis climática. Aunque el Norte global solo agrupa una cuarta parte de la población mundial, sus subsidios anuales promedio han aumentado (dato crucial 10). El costo real ha sido mucho mayor que el de los subsidios directos y comprende tanto el costo de recuperarse de los impactos climáticos devastadores así como los costos de reparar los daños ambientales y sociales causado por las catástrofes.

El aumento de los impactos climáticos significa que esta cifra ha crecido casi cada año desde el acuerdo de París y se espera que siga aumentando. Evidencias recientes también sugieren que los gobiernos del Sur global han visto cómo los subsidios de combustible agotan sus presupuestos públicos.

Fondos públicos que alimentan daños públicos

Los sectores de combustibles fósiles y de agricultura industrial controlan las políticas y presupuestos energéticos y agrícolas de los países del Sur global que son quienes sufren los peores impactos causados por estas empresas. Tanto agencias de Naciones Unidas como el FMI han determinado que estos subsidios han avivado la crisis climática.

En el Sur global el control corporativo sobre la formulación de políticas ha resultado en una falta de sistemas alternativos de agroecología y energía renovable, en la medida en que los gobiernos continúan brindando sus escasas finanzas públicas hacia esas corporaciones.

Aunque son dirigidos a agricultores para fortalecer el acceso de las comunidades a alimentos y energía y son importantes para las personas que los reciben, las entidades y personas receptoras los canalizas a la compra de productos de las corporaciones líderes, que resultan las principales beneficiarias de la acción estatal.

Los fondos públicos se están canalizando hacia estas industrias en lugar de hacia soluciones climáticas alternativas y democráticas. Esta captura de las finanzas públicas socava la oportunidad de que se produzcan transiciones justas. Las asignaciones de subsidios están creando dependencia de sistemas que aceleran la crisis climáticas y dañan a las comunidades.

Además, los subsidios pagados por los ciudadanos contribuyentes del Sur global mejoran el entorno operativo de las multinacionales, siendo los principales accionistas del Norte global quienes cosechan las ganancias. En última instancia, los escasos recursos públicos de algunas de las naciones más pobres están enriqueciendo a las elites del Norte global.

Un camino pedregoso para la inversión en energías renovables

ActionAid también examina los volúmenes de inversión pública en energías renovables en distintos países clave, comparándolos con los subsidios públicos para combustibles fósiles.

En 2021 la inversión de energías fósiles en el Sur global mostró una baja preocupante reduciéndose 46% (dato crucial 11). Esta inversión pública promedio anual ha sido menos de 1/40 parte de los subsidios para combustibles fósiles (datos cruciales 12 y 13).

En países productores de combustibles fósiles como Sudáfrica, Bangladesh y Nigeria, se ha subsidiado masivamente al sector fósil mientras mostraban apoyo mínimo a las renovables. Mientras tanto, la ambición de Kenia de ser un líder global en energías renovables se ve respaldada por la inversión en renovables, que supera a la dedicada a los combustibles fósiles. En 2024, la reducción de subsidios a la gasolina, queroseno y diésel (con el fin de ayudar a los consumidores kenianos a cubrir sus necesidades de combustibles) provocó protestas en todo el país. Al recortar los subsidios a los consumidores, el gobierno declaró su intención de priorizar los subsidios que benefician a productores de combustibles fósiles. Mientras que las corporaciones siguieron recibiendo financiación pública, las personas más pobres del país soportaron los costos desproporcionados de los combustibles.

La reacción negativa por el enfoque de Kenia de reorientar los subsidios, subraya la importancia de una transición justa al reasignar los subsidios. Los cambios en la financiación pública deben seguirse cuidadosamente para proteger los derechos de las personas que viven en pobreza. Se deben implementar alternativas accesibles, democráticas y medidas de protección social para ayudar a personas de bajos ingresos.

Falta de financiación pública para la agroecología

Aunque está demostrado que la agroecología es un enfoque transformador del sistema alimentario, la financiación hacia el Sur global para la agroecología es insuficiente tanto en cantidad como calidad. Los proyectos del Fondo Verde para el Clima dedicados a la agroecología solo representaron 1/10 del total invertido en proyectos agrícolas.

El análisis de ActionAid de 2024 sobre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) indica un sesgo hacia el sector agroindustrial. A finales de 2023, el BEI dejó proyectos pendientes para el sector agrícola y forestal. Estudios de caso demuestran que este banco no parece priorizar el apoyo a la agricultura sostenible, financiando a cambio proyectos de apoyo a productos básicos de exportación, prácticas agrícolas e industriales insostenibles y grandes empresas.

Estas tendencias sugieren una falta sistémica de apoyos a los enfoques agroecológicos a través de finanzas internacionales y multilaterales.

Zambia y Zimbabue: Historia de dos países

Zimbabue se ha convertido recientemente en un pionero en la adopción de políticas agroecológicas progresistas. El aumento en los precios de fertilizantes vinculado a los altos costos de combustibles fósiles por la guerra de Ucrania, junto a las devaluaciones monetarias, han contribuido a este cambio de rumbo.

Esto junto al aumento de temperaturas y la disminución de precipitaciones, ha impulsado al país a tomar medidas basadas en la agroecología que pueden proporcionar a los agricultores herramientas y conocimientos alternativos para asegurar la seguridad alimentaria. El compromiso con la agroecología en Zimbabue comienza a reflejarse en su asignación presupuestaria, aunque aún queda camino por recorrer.

Al contrario, en Zambia la mayor parte del presupuesto agrícola se va hacia fertilizantes derivados de combustibles fósiles (dato crucial 14). Tan solo una mínima parte del Programa de Desarrollo y Productividad Agrícola del Ministerio de Agricultura de Zambia va dirigido en apoyar a los agricultores para adoptar prácticas agroecológicas.

En Zimbabue, la mitad del presupuesto nacional agrícola en 2023-24 se destinó a subvencionar insumos agroindustriales como fertilizantes y semillas. Aunque esto tiene que cambiar con el tiempo, ya hay logros significativos como en el presupuesto agrícola, en el que 34% fue dirigido a agricultores para que adopten prácticas agroecológicas que puedan ayudarles a alejarse de los agroquímicos destructores del clima (dato crucial 15).

Notas
[1]El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (abreviado como IPCC) es un órgano científico que evalúa el conocimiento científico, técnico y socioeconómico sobre el cambio climático.

[2]Este texto solo se basa en el apoyo financiero proporcionado explícitamente a los sectores destructivos para el ambiente. No incluye subsidios implícitos.