Isabel tenía 25 años cuando dejó Medellín por una oportunidad de trabajo en un club nocturno en la República Dominicana para apoyar a su hija y padres desempleados. El anuncio de Facebook prometía una buena paga y costos de viaje cubiertos. Al llegar le quitaron su pasaporte y ya debía 6 mil dólares por el viaje. La deuda solo podía pagarse con trabajo sexual. Diariamente fue forzada a trabajar en burdeles mientras su deuda crecía y sin pago alguno.

Las personas son traficadas por dos razones: explotación sexual, la mayoría mujeres y niñas, o trabajo forzado en minas, granjas o fábricas, los hombres (datos cruciales 1 y 2).

Conforme los cárteles de la droga se han expandido en América Latina, sus operaciones se han vuelto más sofisticadas y el tráfico de personas se ha tornado más importante. José Monteiro de la organización Misión de Justicia Internacional (IJM, por su sigla en inglés) menciona que han establecido la infraestructura, rutas de contrabando, redes de lavado de dinero y oficiales corruptos, lo que constituye una red más amplia de negocios ilícitos (dato crucial 3).

La minería ilegal de oro es la manera más rentable de emplear trabajo forzado. Los grupos criminales reclutan hombres prometiendo buena paga en Perú y Brasil, y al llegar a los campos los guardias armados no les permiten irse (dato crucial 4). La mujeres y niñas también son traficadas a estas zonas y luego llevadas a burdeles para servir a los mineros.

Según Jeremy McDermott de Crimen en Perspectiva (IC por su sigla en inglés), en sitios como Medellín, Ciudad de México y Lima los grupos que venden drogas a turistas ahora también ofrecen mujeres. Los vuelos baratos y la actitud relajada de los gobiernos respecto a la prostitución ha ayudado al turismo sexual (dato crucial 5).

La prostitución es legal en gran parte de América Latina. Algunas mujeres la ven como una forma de escapar de la pobreza. Betty Pedraza de la organización Espacios de Mujer menciona que, los traficantes explotan esa vulnerabilidad, ofrecen a las trabajadoras sexuales una mejor paga con gastos cubiertos y al llegar les retiran sus documentos y las rotan entre burdeles. Otras son forzadas de lleno.

El internet ha facilitado a las bandas la ejecución de esta trampa. Las redes sociales les permiten acercarse directamente a la gente con menos esfuerzo, creando confianza y obteniendo datos personales para controlarla.

Algunos turistas sexuales buscan niños. De acuerdo con la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas, la explotación sexual con fines comerciales en menores en Centro América y el Caribe se ha disparado desde el 2019 (dato crucial 6).

El Departamento de Estado de Estados Unidos denomina a México y República Dominicana destinos para perpetradores de explotación sexual infantil extraterritorial. Stefan Andrés Correa fue sentenciado de por vida después de hacer 45 viajes a Medellín en los que abusó de más de 50 niñas (dato crucial 7).

Los traficantes se aprovechan del creciente número de personas desplazadas y vulnerables por colapso económico, particularmente venezolanas (dato crucial 8).

En las ciudades frontera de Colombia florece la industria webcam ilícita. Se repite el patrón, los gánsteres prometen trabajo a venezolanas recién llegadas, toman sus documentos y las encierran en casas donde hacen actos sexuales para clientes en línea.

El tráfico de personas está muy abajo en la lista de prioridades de los gobiernos. La mayoría de las víctimas no son halladas (dato crucial 9). Incluso cuando lo son, la justicia es errática. Los jueces y la policía no tienen el entrenamiento para reconocer el tráfico de personas o manejar los casos. La corte pide pruebas de coerción física dejando de lado tácticas sutiles como las deudas. Las personas migrantes se llevan la peor parte porque se les trata como trabajadores indocumentados en lugar de víctimas.

Si los gobiernos le dan poca atención al trabajo sexual, le dan aún menos a otras formas de trabajo forzado, muchas rampantes y creciendo. Colombia no tiene una sentencia por trata de mano de obra desde 2018. Brasil tiene una ley anti-trata desde 2016 pero no hay una sola sentencia. Los casos se reducen a violaciones laborales y se cierran con multas.

La ganancias de las drogas han enriquecido a las bandas, mientras que el presupuesto para las organizaciones no-gubernamentales anti-trata se ha desplomado por los cortes a la ayuda al exterior, ordenados por Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Isabel escapó con ayuda de una organización no gubernamental colombiana y la policía local, pero dice que hay muchas más víctimas aún atrapadas.