Salvador Maldonado Aranda es Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México, Maestro y Doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus líneas de investigación son violencia y vulnerabilidad social en procesos locales y transnacionales.

El texto plantea que ante el aumento de la violencia en México, es necesario realizar una reflexión critica sobre evolución del crimen organizado y las políticas de seguridad aplicadas en los últimos años. Señala que el contexto es especialmente relevante por la cercanía de un cambio de gobierno, el cual deberá enfrentar una realidad compleja marcada por la criminalidad y la impunidad. Aunque la promesa de una nueva política de seguridad orientada a la paz generó grandes expectativas, con el tiempo se ha extendido una percepción de deterioro social.

Por ello se propone ir más allá del discurso de “abrazos, no balazos” para analizar sus efectos políticos, sociales y las consecuencias cotidianas de la estrategia gubernamental frente a las violencias.

Este artículo analiza el papel del crimen organizado en los procesos de pacificación y construcción de la paz en México y en especial en la forma en que el estado lo concibe y actúa frente a él. Aunque la estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se presentó como una alternativa a la “guerra contra el narcotráfico” y fue vista inicialmente como esperanzadora, en la práctica ha resultado contradictoria.

Al no enfrentar directamente al crimen organizado, pero mantener y ampliar el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, se han generado nuevas dinámicas de violencia que cuestionan la pacificación prometida. En este texto se propone comprender esta paradoja y analizar sus consecuencias desde una reflexión cualitativa.

Frente a ello, el autor no busca centrarse en el análisis estadístico ni en los cambios numéricos de la inseguridad, ya que estos suelen utilizarse para construir aparentes verdades más que para comprender de fondo las transformaciones sociales. Sin embargo, las cifras nos muestran una realidad lamentable. Existe un aumento en las desapariciones (dato crucial 1). En cuanto a delitos del fuero común, si bien los homicidios dolosos, feminicidio, secuestro y extorsión se mantuvieron en un nivel promedio ascendente, los demás parecen haber bajado la tasa, pero no se sabe si es por la efectividad de los elementos de seguridad o por la falta de denuncias.

El crimen organizado no puede analizarse únicamente a partir de sus costos económicos, sociales o humanos, ya que es un fenómeno más amplio y complejo. Aunque suele asociarse principalmente al narcotráfico, este tiene antecedentes en otros mercados ilegales con larga trayectoria histórica, como el robo de autos y de mercancías.

Es necesario no reducir el crimen organizado a simples bandas delictivas o cárteles, ya que esta visión lo presenta como una desviación moral del estado de derecho y refuerza la idea de un poder estatal incuestionable, sustentado en narrativas simplistas sobre la descomposición social. Frente a ello, es importante retomar la perspectiva de Charles Tilly, quien propone entender el crimen organizado como un elemento central en la formación de los estados nacionales.

La transformación del crimen organizado en México está ligada a la reconfiguración del régimen político y a la conversión neoliberal del estado, que fracturaron el sistema posrevolucionario y desreguló la economía.

La pérdida de antiguos mecanismos de corrupción llevó a muchos grupos de la elite a buscar nuevas fuentes de financiamiento en el narcotráfico, cada vez más dependiente de la protección política local y regional. Las reformas constitucionales de los años noventa del siglo XX fortalecieron a estados y municipios, favoreciendo redes de impunidad que consolidaron sistemas de poder criminal. Todo ello coincidió con la expansión global de nuevos mercados de drogas.

Actualmente el crimen organizado es el resultado de la articulación entre la lógica neoliberal del capital, la configuración de élites políticas, la violencia estatal y las dinámicas locales en torno al control de recursos y territorios. En muchas regiones de México se ha consolidado como un sistema de poder propio que atraviesa la economía, la política y la vida social. Este sistema se manifiesta en una amplia gama de actividades, desde el narcotráfico y los mercados informales. Como resultado, se ha producido una diversidad delictiva cada vez más peligrosa, impulsada por nuevos negocios ilícitos que difuminan las fronteras entre legalidad e ilegalidad.

Un caso destacado de cooptación estatal por el crimen organizado es el de Veracruz, donde desde 2010 una alianza entre grupos criminales y las élites políticas locales permitió una violencia generalizada mediante la captura de instituciones judiciales y de seguridad. Bajo este esquema, las desapariciones, secuestros, extorsiones y control de economías ilícitas fueron parte de un régimen político sostenido por el poder armado de Los Zetas.

Chiapas se ha convertido recientemente en un territorio altamente disputado, donde confluyen intereses criminales y control de rutas ilegales. La macrorregión que incluye Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Querétaro y Guanajuato, está marcada por la economía ilegal del huachicol. Aunque el gobierno de López Obrador inició acciones para combatir este delito, estas fueron temporales y derivaron en secuestros, extorsiones y mercados ilegales transfronterizos, sostenidos por alianzas entre grupos delictivos, fuerzas de seguridad y actores ligados al negocio legal del combustible.

El robo de hidrocarburos solo es posible mediante sistemas de poder articulados a distintas escalas. El caso de Guanajuato muestra cómo esta economía ilegal se sostiene por la conexión entre grupos criminales, acceso a información estratégica de Pemex y estructuras de seguridad, lo que permitió la expansión del cártel de Santa Rosa de Lima. El combustible extraído ilegalmente se inserta en mercados mayormente legales, como gasolineras, estaciones de gas y corredores industriales, generando beneficios económicos indirectos y reduciendo costos de producción.

En Guanajuato se vive un ciclo de violencia excepcional vinculado al mercado ilegal de combustibles, sin que el gobierno federal haya desmantelado estas estructuras por sus altos costos políticos. El estado concentra altos niveles de homicidios, desapariciones y asesinatos de policías municipales, especialmente en municipios como Celaya y León. Este caso ilustra cómo el crimen organizado se ha integrado a economías regionales y sistemas de poder locales, reconfigurando las violencias cotidianas, una dinámica que también se repite en entidades como Zacatecas, San Luis Potosí y Chiapas.

Esto nos indica que el crimen organizado se reorganiza y mantiene con mayor eficacia en su interacción con el estado, ya que difícilmente puede operar de forma estable sin intermediarios gubernamentales, empresariales o civiles.

Desde esta perspectiva, el crimen organizado funciona como una forma de criminalidad empresarial, donde la frontera entre legalidad e ilegalidad se convierte en una oportunidad de emprendimiento. Por ello, se propone dejar de analizar el crimen organizado de la manera en que lo analiza el estado, ya que el discurso que presenta a los cárteles como el mal absoluto oculta la existencia de complejos sistemas de poder en los que participan élites, empresarios y diversas instituciones, reconfigurando continuamente la economía política criminal.

La “guerra contra el crimen” impulsada durante el gobierno de Calderón distorsionó la comprensión del crimen organizado. Aunque existían estructuras criminales complejas, su representación reducida justificó la militarización de la seguridad y la idea de “limpiar” a la sociedad de enemigos internos. Los intentos posteriores de Peña Nieto por matizar esta estrategia no modificaron sus efectos, y el resultado ha sido un aumento sostenido de la violencia hasta niveles sin precedentes.

A pesar de que el gobierno de López Obrador criticó acertadamente los efectos humanos de las políticas punitivas anteriores y propuso una nueva narrativa de paz, en la práctica reprodujo errores estratégicos similares. Su discurso sobre la imposibilidad de encarcelar a todos los responsables fue interpretado como un mensaje de impunidad, mientras que la consigna de “abrazos, no balazos” generó incertidumbre, especialmente entre los sectores más afectados por la violencia. Esta ambigüedad discursiva tranquilizó a élites y empresarios, pero profundizó el agravio de las víctimas.

Asimismo, el Plan Nacional de Paz y Seguridad ha mostrado resultados cuestionables en justicia, derechos humanos y construcción de paz, destacando como punto central la continuidad y legalización del papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública. Aunque se presentó a la Guardia Nacional como alternativa, en los hechos se trata de una corporación militarizada que reproduce las mismas limitaciones y problemas reconocidos por el propio gobierno.

El verdadero trasfondo y las implicaciones prácticas de la política de seguridad de “abrazos no balazos” es que no sólo buscó evitar el desgaste de las fuerzas armadas, sino también proteger simbólicamente la figura presidencial y su autoridad frente a escenarios de confrontación abierta con grupos criminales. Episodios como el “Culiacanazo” y la toma de ciudades por grupos armados evidencian que una respuesta militar directa habría puesto en entredicho al presidente. En la práctica, esta política derivó en una estrategia militarizada de disuasión territorial, basada en despliegues armados, control del territorio y detenciones selectivas de líderes criminales.

Sin embargo, al centrarse en el control territorial y en acciones mediáticas, la estrategia dejó intactos los sistemas de poder criminal que operan de manera estructural, generando sólo una apariencia de eficacia estatal frente al crimen organizado.

Michoacán es el caso más significativo de lo anterior. Aunque históricamente ha mantenido altos niveles de violencia, tras las elecciones de 2018 se observaron dinámicas contrastantes en municipios clave. En Apatzingán, pese al triunfo de Morena, la violencia se redujo temporalmente, mientras que en Zamora las tasas delictivas aumentaron de forma drástica. Ambos municipios son territorios estratégicos para el crimen organizado, particularmente por la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que disputa el control de esas regiones.

Mediante un pacto de actores armados y autoridades, se generó un equilibrio forzado que permitió el repliegue del CJNG y la consolidación del control territorial de Cárteles Unidos. Este arreglo implicó la división del territorio, la regulación de actividades delictivas y la normalización de la extorsión como “impuestos de protección”, lo que redujo ciertos delitos y produjo una tensa calma. Sin embargo, este orden criminal fue frágil y colapsó en 2023 con nuevas incursiones del CJNG, provocando violencia y desplazamientos forzados. El testimonio de una autoridad de la Iglesia subraya que la actuación estatal no erradicó el crimen organizado, sino que facilitó su arraigo y la prolongación del sufrimiento social.

Se puede contrastar el caso de Zamora con el de Apatzingán para mostrar los límites de la política de seguridad vigente. En Zamora, la violencia se disparó desde 2018 con demostraciones armadas de gran escala (dato crucial 2) y se ha mantenido en niveles extremos, ubicando a la ciudad entre las más violentas del mundo. Pese al despliegue de fuerzas armadas, nuevos destacamentos y coordinación institucional, la violencia letal no ha disminuido. Esto sugiere que no ha sido posible construir acuerdos o equilibrios criminales como en Apatzingán.

Los casos de Michoacán, junto con otros estados, evidencian las limitaciones de la estrategia de seguridad del Plan Nacional de Paz. Aunque el estado ha fortalecido su presencia militar, no ha logrado desarticular los sistemas de poder criminal, mientras los grupos delictivos continúan regulando el orden social. La disuasión territorial ha derivado en abusos, como extorsiones y violencia por parte de fuerzas de seguridad, agravando la inseguridad cotidiana.

La estrategia de disuasión ha terminado reforzando al crimen organizado, otorgándole mayor impunidad y facilitando su reconfiguración territorial. Lejos de recuperar el control, el estado ha perdido capacidad de dominio en amplias regiones, donde las fuerzas armadas deben negociar su presencia ante grupos que conocen mejor el territorio. Esto ha derivado en una gobernabilidad criminal crónica, en la que actores armados legales e ilegales coexisten y disputan la imposición de un orden social que regula mercados y relaciones de poder.

La política de disuasión ha dejado intactas las estructuras de la criminalidad empresarial incrustada en el estado, permitiendo la continuidad de la extorsión sobre sectores productivos clave sin posibilidad de denuncia. La militarización territorial refuerza una visión reducida del delito y genera dos efectos principales: la restricción de derechos y libertades civiles, y el creciente protagonismo de las fuerzas armadas en decisiones políticas. En este sentido, la herencia del gobierno de López Obrador es un país con problemas de violencia no resueltos, agravados por la militarización y el fortalecimiento del poder militar, sin lograr desarticular los sistemas de poder del crimen organizado.