Las demandas señalan la participación de las compañías en actividades ilegales, como la perforación, el dragado y el desecho de sus residuos sin permisos correspondientes, lo que intensifica la erosión costera y el deterioro de los ecosistemas locales.

Las empresas petroleras argumentan que estas demandas son afectaciones directas a la estabilidad energética de Estados Unidos, por lo que han intentado trasladar los casos de los tribunales estatales a los tribunales federales, alegando que de esta manera podrán recibir un juicio más justo (dato crucial 1).

Para sustentar esta solicitud, las compañías invocaron la ley de destitución de funcionarios federales, afirmando que sus actividades estaban relacionadas con los contratos de suministro de combustible durante la Segunda guerra mundial.

No obstante, el tribunal federal rechazó este argumento, debido a que la extracción de petróleo no se realizó bajo las órdenes directas de un funcionario federal. Además, las empresas petroleras no lograron demostrar que las acciones que ocasionaron daños ambientales estuvieran amparadas por los contratos de combustible de ese período.