Introducción

Los estudios que se han hecho sobre riesgos, desastre y desarrollo hablan sobre las deficiencias institucionales, extractivismo, desigualdad y exclusión. Estos se encuentran ligados a dos condiciones socioambientales: la vulnerabilidad social y el incremento de exposición a amenazas.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) tiene desde 1999 una serie de estudios sobre el impacto socioeconómico de los desastres por año. Se identifica el impacto que tienen estos sobre las finanzas públicas (datos cruciales 1, 2 y 3).

Las cifras sobre desastres se asocian a aspectos fundamentales de los riesgos socioambientales. La vulnerabilidad y la exposición se observan en las carencias de la vivienda en México. Estas condiciones se han medido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (datos cruciales 4 y 5).

Los desastres no solo impactan a la vivienda y la infraestructura, también a otras áreas del desarrollo social. Destacan tres dimensiones representantes de la falta de recuperación en el mediano y largo plazo: 1) impactos en la economía de las regiones afectadas; 2) impactos en la salud y 3) desplazamiento interno forzado. Los anteriores no son considerados dentro de la legislación y la programación en México.

Las propuestas siguientes consideran retos y carencias del marco legal en información y capacidad de los diferentes niveles de gobierno. Se consideran mecanismos de atención y recuperación, pensando en la condición actual del país respecto a su estructura fiscal y mecanismos financieros para la gestión de casualidades.

Propuesta estratégica 1. Afinar los mecanismos para la evaluación de riesgos socioambientales

La evaluación de los riesgos socioambientales es vital para el desarrollo de herramientas de política pública. El país cuenta con el Atlas Nacional de Riesgos, que permite conocer los peligros a los que estamos expuestos y que ha crecido en contenido y complejidad.

Pero, faltan factores por agregarse a la Planeación Nacional del Desarrollo que reducirán los riesgos e impactos regionales. Aun cuando el Programa Nacional de Protección Civil 2022-2024 incluye el conocimiento de riesgo, la capacidad de incidencia es limitada porque la Ley General de Protección Civil no contiene los conceptos y alcances que permitan una gestión integral de riesgos y desastres.

Parte de esta desactualización se ve en la dificultad para analizar los riesgos socioambientales sin las amenazas. Se debe afinar y regionalizar los indicadores de vulnerabilidad. Un ejemplo es la falta de comprensión de los efectos de la expansión urbana en inundaciones o fracturamiento del suelo, que llevan a una incorrecta atribución de impactos a fenómenos físicos. Las evaluaciones de riesgos requieren efectuarse a una escala regional y local que bajo el esquema actual es costosa e inalcanzable.

La forma en la que se crean instrumentos de evaluación en la actualidad se asocia al problema de la descentralización en México. Estos instrumentos son parcialmente financiados por programas federales y comisionados a privados o instituciones de educación superior, ellos cumplen el desarrollo de la información en escala y resolución indicada. Estos estudios son muy costosos. Requieren conocimientos avanzados que no se reflejan en los Atlas y cuya complejidad sobrepasa a los equipos y el presupuesto ejecutable.

Los municipios tienen responsabilidades sobre la definición de uso de suelo, procesos de zonificación y normativas de construcción. Sin embargo, no tienen la capacidad fiscal para financiar tareas locales de gestión integral de riegos socioambientales. Contar con Atlas de Riesgos Municipales cofinanciados por la federación es indispensable, más insuficiente, para la gestión de riesgos. Se requieren de metodologías adecuadas para entender la acción humana en el análisis de riesgo y revisar acuerdos de cooperación entre los niveles de gobierno.

Las tareas estratégicas para esta propuesta son:

1. Actualización del marco legal sobre la gestión integral de riesgos considerando acuerdos internacionales donde México es firmante.

2. Generación de un conjunto de Normas Oficiales Mexicanas sobre la gestión integral de riesgos socioambientales incluyendo:
2.1. Zonificación primaria y secundaria con un enfoque en los efectos de la isla de calor urbana.
2.2. Seguridad estructural con consideración en arquitectura regional típica, materiales de construcción locales y procesos integrando conocimientos existentes sobre peligro sísmico.
2.3. Sistemas de información territoriales que integran evaluaciones de riesgo con instrumentos de uso de suelo, registros públicos de la propiedad y de obras.

3. Reformulación de las formas de generación del Atlas de Riesgos, con nuevos mecanismos de participación de las instituciones de educación superior y entidades federativas de investigación.

Propuesta estratégica 2. Alinear la medición de los impactos de los desastres en congruencia con indicadores de desarrollo humano

La evaluación oficial de los impactos tiene como base la metodología desarrollada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La metodología sintetiza aprendizajes relevantes en la región sobre daños y pérdidas. A esta se le han sumado estimaciones de las Evaluaciones de Necesidades Post Desastre (PDNAS, por su sigla en inglés), que establecen indicadores que permiten saber los requerimientos de intervención para la recuperación en el mediano y largo plazo.

Bajo PDNAS, los daños se definen como afectaciones durante un siniestro expresado en términos monetarios que incluyen activos físicos. Mientras que las pérdidas se definen como flujos alterados por el desastre y valoran lo que se dejará de producir. Tomando esto en cuenta, CENAPRED solo cuantifica daños.

Estos estudios resultan insuficientes para entender la integralidad de los impactos de los desastres en México. Se habla de daños y pérdidas no económicos, un término que abarca bienestar no material. Ya que, los indicadores de las afectaciones son diferentes si el enfoque es sobre los activos perdidos.

No es posible el diseño de indicadores y metas para reducir el deterioro del bienestar con métricas de valor económico. En las pérdidas y daños hay salud mental, patrimonio cultural y tejido comunitario desatendido.

Algunas auditorías señalan las deficiencias del financiamiento y de los procesos del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). Existen múltiples problemas como la identificación de beneficiarios,, deficiencias en los trabajos y ausencia de líneas de tiempo e indicadores para la recuperación. Lo anterior se deriva de la falta de evaluación de impactos para ajustar herramientas financieras y organizacionales.

Las tareas estratégicas para esta propuesta son:

1. Armonización entre el marco legal en la gestión integral de los riesgos y las dimensiones del bienestar establecidas en la Política Nacional de Desarrollo Social. Asimismo, en instrumentos de medición de la pobreza y el bienestar. Se requiere la reformulación completa del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural.

2. Acuerdos con el sector salud para ampliar la evaluación epidemiológica en desastres, para añadir al seguimiento indicadores sobre padecimientos asociados a desastres y que no tienen seguimiento oficial.

3. Indicadores de bienestar perdido para una nueva perspectiva de la recuperación. Las víctimas experimentan también pérdida de protección y tiempo, por lo que requieren cuidados adicionales que se tiene que considerar.

Conclusión

Las propuestas desarrolladas sintetizan el cambio necesario para los riesgos socioambientales. Los riesgos se multiplican en zonas vulnerables. Pero, los esfuerzos y recursos se enfocan en lo material sin considerar otros aspectos del bienestar. Con el cambio climático, se debe de hacer una mayor gestión de los riesgos socioambientales e impactos dentro del desarrollo del país.