The Economist es una publicación semanal en lengua inglesa, con sede en Londres, que aborda la actualidad de las relaciones internacionales y la economía mundial. Publicó su primer número el 2 de septiembre de 1843 bajo la dirección de James Wilson.

La regulación de la inteligencia artificial (IA) se volvió un conflicto político en Estados Unidos porque esa tecnología promete avances económicos y médicos, pero también abre disputas sobre empleo, vínculos sociales y concentración de poder. Alex Bores, informático y asambleísta estatal de Nueva York, llevó esa tensión a su campaña al Congreso con una propuesta nacional para obligar a las empresas de IA a reportar incidentes graves y bloquear modelos capaces de causar daños críticos, como afectaciones severas a la seguridad pública, la economía o la vida social (dato crucial 1).

Su derrota por poco margen frente a Micah Lasher, candidato demócrata de perfil más tradicional, reveló una fractura dentro de la industria tecnológica: grupos de campaña financiados por magnates del sector intentaron frenarlo, mientras otros lo respaldaron porque defendía límites federales (dato crucial 2).

La disputa cruza a republicanos y demócratas porque ambos partidos temen que una regulación mal diseñada frene a las empresas estadounidenses y permita que los modelos chinos de IA alcancen ventaja competitiva. Desde la izquierda progresista, la crítica apunta contra los multimillonarios tecnológicos, la pérdida de empleos sindicales y las herramientas vendidas como sustitutos de vínculos humanos. Maurice Mitchell, dirigente del Working Families Party, partido de izquierda que respalda a candidatos demócratas, advierte que algunos productos de IA se promocionan como reemplazo de terapeutas o amistades reales.

Desde la derecha, el senador republicano Josh Hawley coincide con Teamsters, sindicato vinculado al transporte y al trabajo organizado, al denunciar que grandes corporaciones podrían enriquecer a pocos mientras desplazan trabajadores de oficina y obreros. Su rechazo también incorpora el temor a una IA que acelere el aislamiento juvenil y alimente proyectos transhumanistas de élites tecnológicas.

El Congreso discute iniciativas sobre seguridad y vigilancia, pero legisla más lento de lo que avanzan los nuevos modelos de IA. Donald Trump pasó de intentar frenar normas estatales a respaldar un marco federal permisivo para la IA, y después restringió el acceso extranjero a los modelos estadounidenses más recientes.

Sin una ruta partidista coherente, el debate se desplaza hacia la distribución de las ganancias futuras: Bernie Sanders, senador de izquierda, propone que la población reciba una participación en grandes empresas de IA, mientras otros sectores defienden un ingreso básico universal, es decir, un pago regular para quienes pudieran quedar desplazados por la automatización.